El 18 de diciembre de 1975, en la ciudad de Pasto, después de cuatro años cuatro meses de injusta prisión, fueron declarados inocentes y puestos en libertad cinco trabajadores, directivos del sindicato de la empresa Indupalma, víctimas de una infame persecución por parte del capital extranjero y la justicia del gobierno colombiano. Se les acusaba de un asesinato que no habían cometido. Lo que en realidad se castigaba era el haberse atrevido a enfrentarlo en forma valiente y sin desmayos la salvaje explotación a que son sometidos los trabajadores en nuestro país.
Una empresa que nace destilando sangre
Al sur del departamento del Cesar, entre el río Magdalena y la cordillera, se encuentra la población de San Alberto. Región extraordinariamente fértil que, como tantas otras en nuestro país, ha sido presa del apetito voraz de los monopolios extranjeros gracias a los “buenos” oficios de intermediarios nacionales y gobiernos entreguistas.
La historia se inicia por el año 58 cuando llegaron a San Alberto unos siniestros personajes. Van comisionados por el monopolio norteamericano Grasco para apoderarse de las tierras de la región. Utilizando medios que van desde el engaño y la intimidación hasta el crimen logran despojar de sus parcelas a los campesinos.
Sobre esta tierra mal habida y regada por la sangre de muchos trabajadores humildes que cayeron por defenderla, se funda en el año 59 la Empresa Industrial Agraria “La Palma” S.A.(Indupalma), financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), bajo los planes de la Alianza para el Progreso y perteneciente a la firma Moris Gutt, agente, como es obvio, de los monopolios norteamericanos.
Para iniciar las plantaciones de palma africana, gran productora de aceite, se trae a una firma francesa con experiencia en el Congo que con inusitada crueldad, reflejo de una mentalidad colonialista semejante a la de la United Fruit Company en la bananeras, comienza a explotar a los trabajadores según su lema: “Más vale palma africana que la vida de un obrero colombiano”.
Explotados y traicionados
Con una temperatura de 40 grados, más de tres mil personas laboran de sol a sol desbrozando, fumigando, cortando el fruto y transportándolo a la planta procesadora. A pesar de lo agobiante del trabajo los salarios son irrisorios, las condiciones de salud y vivienda más parecen las de una plantación de esclavos y los continuos y masivos despidos mantienen a los trabajadores en una angustiosa incertidumbre: en cualquier momento, víctimas del desalojo, pueden encontrarse con sus hijos y sus pocos bienes al borde de la carretera y la desesperación.
Pero a la empresa todo esto no le basta. Es necesario aplicar otros métodos más eficientes para aumentar sus ganancias y así, en 1965, impone el sistema de contratistas. Setecientos trabajadores son obligados a firmar un nuevo tipo de contrato a término fijo, ya no directamente con ella sino con un tercero, llamado contratista, que engancha personal y hace las veces de patrón y capataz. De esta manera arrebata a los trabajadores derechos duramente conquistados como son: el derecho a sindicalizarse, el pago de horas extras, prima, cesantía, servicios médicos. Una táctica ya conocida y que responde a las exigencias de los monopolios norteamericanos para aumentar sus ganancias a costa del trabajo, la salud y la vida del obrero colombiano, con el beneplácito de nuestros gobernantes.
Contra esta monstruosa situación a lo largo y tenaz batallar ha caracterizado a los trabajadores de Induplama. En 1962 fundaron su sindicato. Dirigido inicialmente por Festra (CSTC) cayó luego en garras, de Utrasán (UTC), quien con su ya muy conocida actitud patronal, plagada de traiciones a los intereses de los trabajadores, entrega las pocas conquistas logradas y llega al colmo de pactar con la empresa en 1969 el despido del 25% anual de los trabajadores.
Esta aberrante situación llega a su fin en julio de 1.970, cuando la parte más avanzada de los trabajadores, encabezados por el compañero Víctor Manuel Moreno, derrotan a la camarilla utecista y eligen una nueva junta directiva. Se inicia desde ese mismo momento la batalla por la desafiliación de la UTC. Se logra, y el sindicato se coloca bajo la dirección del Bloque Sindical Independiente de Santander, que seguía la política de unidad revolucionaria de la clase obrera y de lucha contra las camarillas patronales y gobiernistas UTC y CTC desarrollada por el Movimiento Independiente y Revolucionario, MOIR.
La Junta Directiva del sindicato, conformada por Víctor M. Moreno, Isaías Mejía, Israel George, Anaximandro Escobar y Víctor Cárdenas, después de desarrollar una intensa campaña en las bases, con la que se ganó la simpatía de los trabajadores de contratistas y el apoyo de los campesinos y colonos de la región, presentó un pliego de peticiones elaborado democráticamente. El primer punto y central del pliego exigía la abolición del infame sistema de contratistas.
La respuesta de la empresa no se hizo esperar: ciento veinte trabajadores de contratistas son despedidos, se militariza la plantación, se intenta repetidamente el soborno y el chantaje para destruir el sindicato. Por el otro lado, los trabajadores cada vez más unidos resisten en sus posiciones, organizan sus fuerzas y se preparan para la huelga.
La discusión del pliego pasa por varias etapas. La intransigencia de la compañía y sus maniobras contra el sindicato hacen imposible cualquier arreglo. Ante esta situación los trabajadores se lanzan a la huelga.
La huelga
Esta se inició el 20 de febrero de 1.971 a las cinco de mañana. Brigadas de trabajadores se tomaron las entradas a la plantación, sellaron con la bandera nacional las puertas de las oficinas y la tesorería, dejando sin plata a los rompehuelgas que tenía preparados la compañía. Hubo algunos enfrentamientos con la tropa y el puesto militar instalados desde la fundación de la empresa con el pretexto de proteger la vida y bienes de los trabajadores, fue convertido en centro de negociaciones.
El 26 de febrero el gobierno nacional decretó el Estado de Sitio debido a la agitación desatada por el asesinato de estudiantes en Cali, perpetrado por la fuerza pública: el ejército intentó, repetida e inútilmente tomarse la plantación. Las comisiones de solidaridad enviadas por los trabajadores, fueron detenidas en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Sin embargo la combatividad de la huelga y la solidaridad recibida de todos los lugares del país por la clase obrera obligaron a la empresa y al gobierno, después de 27 días de huelga, a ir a tribunal de arbitramento. El 14 de mayo se firmó un laudo arbitral.
Una infame acusación
Pero la empresa no admitía derrotas. Desató una intensa persecución y desconoció lo aprobado en el laudo. Mil doscientos trabajadores de contratistas fueron despedidos, se efectuaron brutales desalojos, contrataron matones para intimidar a los trabajadores y a sus familias. Autoridades civiles y militares respaldaban a la empresa.
El 9 de septiembre de 1971 apareció muerto el jefe de personal. Un disparo hecho a quemarropa y en oscuras circunstancias que no fueron aclaradas, por la investigación inicial, plagada de errores y contradicciones, como si se tratara de ocultar lo que realmente sucedió, sirvió a la empresa para destruir el sindicato, acusando de la autoría intelectual del asesinato a los directivos del sindicato.
Los compañeros Víctor Manuel Moreno, Isaías Mejía, Israel George, Anaximandro Escobar y Víctor Cárdenas fueron detenidos con sospechosa rapidez y conducidos a la prisión de Aguachica. Trataron de comprar a Víctor Cárdenas para que acusase a sus compañeros; al negarse éste en forma radical, fue torturado por el DAS. Estos hechos fueron denunciados posteriormente por Cárdenas en la ampliación de la indagatoria.
La justicia colombiana
Cinco trabajadores inocentes son detenidos, paseados de prisión en prisión, torturados, vejados y arruinadas sus familias. Transcurren 52 meses sin que sean llamados a juicio. Un espléndido ejemplo de la efectividad de la justicia colombiana contra el pueblo.
De Aguachica son llevados a Río de Oro y de allí a Valledupar, donde el juez, comprado por la compañía, abre un expediente torcido y malévolo, y aplaza el juicio por seis veces consecutivas durante dos años. Por esa época la agitación y la protesta pidiendo el juicio y la libertad para los presos de Indupalma es nacional. La ola de indignación que produce el atropello dentro de los sectores populares atemoriza al gobierno y a la empresa y no se atreven a realizarlo. Es mucho lo que está en juego. El juicio ya no es un juicio criminal, es un juicio político. Se enfrentan dos enemigos irreconciliables. Es el Estado intermediario y venal fusionado con el capital extranjero contra la clase trabajadora colombiana.
En este combate la compañía no escatima medios ni dinero para engrasar los ejes y las pequeñas piezas de la maquinaria judicial a fin de ponerla a su servicio, lanzarla contra el pueblo y llenar las cárceles de trabajadores, cuyo único crimen fue levantar su voz para mejorar la vida de su clase. Desde las Bananeras hasta el caso de los trabajadores petroleros de Barranca la historia se repite. Los juececillos brincan y bailan como saltimbanquis borrachos al sonido de las monedas de la gran poderosa influencia reptan silenciosas por el Ministerio del Trabajo y otras oficinas del gobierno. Pastrana le cuelga la Cruz de Boyacá a Moris Gutt, “benefactor de la patria”.
Se aplica un régimen de terror a los trabajadores en la plantación y se le arrebata la personería jurídica al sindicato. La justicia colombiana que según reza la Constitución “es un servicio público a cargo del Estado”, se convierte en estos casos en un servicio privado pagado por las grandes empresas. Lo mismo que un guardaespaldas se alquila a un gran señor.
Víctor M. Moreno y sus cuatro compañeros, después de permanecer dos años detenidos en Valledupar, son nuevamente trasladados. A pesar de sus componendas con la justicia del Cesar y Santander la compañía se dio cuenta que no le era posible realizar el juicio que ella deseaba, en esta región del país. Las continuas manifestaciones de protesta y la solidaridad de la clase obrera de Santander, la Costa Atlántica, Antioquía y el centro del país para con los detenidos, se lo impedían.
Hasta se llegó a publicar, en “Vanguardia Liberal” de Bucaramanga: “Se dijo extraoficialmente que la interferencia en este importante proceso proviene del grupo oposicionista MOIR, al cual pertenecen los cinco sindicados”.
Como un ladronzuelo que afanosamente busca un escondrijo para ocultar el producto de sus fechorías, el gobierno y la empresa cambiaron constantemente de sitio a los dirigentes sindicales, buscando un lugar a donde no llegara la acción de las masas trabajadoras y estudiantiles, para poder realizar impunemente el juicio y condenar a los inocentes. Pusieron sus esperanzas en el sur del país. Los compañeros fueron trasladados a Cali y luego a Pasto. Pero allí también había trabajadores y organizaciones populares que hicieron suyo el problema.
Una victoria del pueblo
Durante los dos años que permanecieron detenidos en Pasto un interminable desfile que gente que representaba diversos organizaciones políticas consecuentes, sindicatos, asociaciones estudiantiles y campesina, periódicos y revistas de izquierda, pasó por la prisión ofreciendo apoyo y solidaridad a los detenidos. Todos los sectores democráticos de Nariño se movilizaron en su defensa. Se creó el Comité Pro–defensa de los Presos Sindicales de Indupalma que desarrolló una intensa y efectiva labor.
Después de tres aplazamientos del proceso en el juzgado de Pasto, se le agotaron las maniobras a la empresa y los detenidos fueron llamados a juicio el 17 de noviembre de 1975. Al desarrollo de la audiencia asistieron delegaciones de diversos partidos de izquierda, federaciones sindicales de todo el país y numerosas organizaciones políticas consecuentes y revolucionarias.
Los argumentos y débiles pruebas de la fiscalía y la parte civil que representaba a la empresa fueron rebatidos y destrozados cabalmente por los abogados defensores: Ricardo Villa, Jesús Solano, Antonio Segura, Arturo Guerrero, Julio Torrente y Guillermo Puyana. El veredicto del jurado confirmó por unanimidad la inocencia de estos cinco bravos luchadores del proletariado.
La noticia del fallo se extendió con rapidez extraordinaria, por toda la ciudad. Una multitudinaria y victoriosa manifestación, en la que se mezclaban todos los sectores populares, avanzó por las calles desde el juzgado hasta la plaza, llenando la ciudad con sus gritos de triunfo y la música de La Internacional, el himno del proletariado mundial. Se celebraba una victoria del pueblo contra sus opresores.
Los cinco compañeros detenidos Víctor Manuel Moreno, Isaías Mejía, Israel George, Anaximandro Escobar y Víctor Cárdenas como símbolos del proletariado y de tantos otros luchadores del pueblo que aún permanecen en las mazmorras del Estado antipopular, salieron a la calle el 18 de diciembre, con la cabeza alta, sin que 52 meses de oprobio hubieran podido quebrar su moral revolucionaria ni la rectitud de sus principios, dispuestos a ocupar sus lugares en la lucha al frente de su clase y de su pueblo.
Mientras el cabecilla del mandato de hambre y sus numerosos cortejo se reunían en Roldanillo para celebrar los 400 años de esa localidad, a escasos treinta minutos de distancia, en La Paila, 3.000 obreros cumplían 68 días de paro y se aprestaban a continuar la batalla contra el monopolio Caicedo–González, propietario del ingenio Riopaila. En una humilde casa, la familia Hurtado lloraba en silencio y con furia contenida la muerte de su hijo Gustavo, asesinado la víspera por la policía. Esto ocurría el 20 de enero.
La solidaridad popular
Bloqueando los trenes y la carretera que conduce a Cali, enviando comisiones de apoyo a todo el país y con la eficaz solidaridad de más de 150 sindicatos con los de Inpa y Cicolac a la cabeza, los obreros y sus familias han sobrepasado los 70 días de paro sin echar un pie atrás en sus posiciones. “O todos en la cama, o todos en el suelo”, repiten los trabajadores al exigir el reintegro de sus camaradas despedidos.
En los municipios y corregimientos del norte del Valle, convertidos en auténticos campamentos de los ingenios azucareros, obreros campesinos, estudiantes, amas de casa y pequeños comerciantes han realizado grandes movilizaciones de solidaridad con los compañeros de Riopaila. En Zarzal se desarrolló el 1º de diciembre un paro cívico, no por problemas de la localidad, sino en apoyo a los huelguistas. En Tuluá, estudiantes y profesores chocaron con la policía durante una manifestación realizada el 20 de enero. La compañera Zeneida Guayara fue herida mortalmente por un agente del F-2. Roldanillo, Bugalagrande, Andalucía, Cali, Obando, La Uribe y la Victoria se han puesto en pie para manifestar su respaldo a los obreros de Riopaila.
Un pasado heroico
Desde las heroicas jornadas de 1959 el proletariado azucarero no escribía páginas tan llenas valor y abnegación. En aquel año, los trabajadores de Riopaila de levantaron como un solo hombre en defensa de su organización sindical y por sus derechos democráticos, ganando la solidaridad combativa del resto de sindicados azucareros. Una gigantesca marcha de protesta que partió de Palmira hacia Cali y en la que participaron miles de obreros con sus familias, fue brutalmente reprimida por el ejército. Dos trabajadores, los compañeros Rodríguez y Chalacán, rubricaron con su sangre este primer movimiento del proletariado cañero.
El control de la empresa
Las 20.000 hectáreas de tierra cultivada en caña que hoy conforman el ingenio Riopaila pertenecían a laboriosos campesinos, hasta la llegada de los insaciables potentados de la caña, quienes con la ayuda de pandillas de asesinos, arrebataron poco a poco sus parcelas a centenares de agricultores sumiéndolos en la más completa miseria. Desde un comienzo, el ingenio de los Caicedo mantiene y financia agentes e inspectores de policía, tropa, matones y esquiroles con el fin de explotar con tranquilidad a sus trabajadores e impedir que éstos luchen por sus derechos. Luego de los sucesos del 59, la empresa montó un sindicato patronal de base afiliado a la CTC. Catorce años habría de durar este oscuro periodo de continuas entregas de los intereses de los trabajadores y de feroz represión a cualquier voz de protesta.
Las luchas por el sindicato
Pero no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista. La indignación de miles de obreros bien pronto se transformó en acciones concretas. A partir de 1972 los trabajadores emprendieron una tenaz batalla por la creación de un sindicato independiente de los empresarios y al servicio de sus más sentidos intereses. Alvaro H. Caicedo y compañía no escatimaron ningún esfuerzo para impedir que los trabajadores se salieran de su control. En íntima alianza con el Ministerio de Trabajo y las fuerzas represivas, la empresa desató una campaña de maniobras, engaños y amenazas contra el movimiento. No obstante, a fines 1974 y después de haber vencido innumerables obstáculos, el proletariado de Riopaila abandonó las toldas de los traidores de la Industria del Dulce, filial de Utraval-UTC. Aunque la nueva organización pertenecía a una central patronal, los trabajadores de Riopaila lograron impedirle un carácter democrático e independiente del tutelaje utecista.
Se inició entonces un prolongado combate por el reconocimiento de la organización y por el derecho que le asistía de presentar el pliego de peticiones como sindicato mayoritario. Luego de un paro de siete días durante el que los trabajadores y el pueblo de la Paila rechazaron en repetidas ocasiones los embates del ejército, la empresa se vio obligada a firmar la convención colectiva el 25 de marzo de 1975 con el sindicato dulce. Allí se conquistaron reivindicaciones importantes como la prohibición para el ingenio de utilizar el sistema de contratistas y un aumento salarial del 30%.
El paro
No se había secado aún la tinta de los acuerdos, cuando la empresa comenzó a violar sistemáticamente la convención en 17 puntos clave, así como varias actas del comité obrero–patronal. Tamaña provocación desató entre los obreros una serie de paros espontáneos y escalonados que culminaron en el paro general del 14 de noviembre pasado. Más de 3.000 trabajadores entre corteros, alzadores, mecánicos, gruistas, purgadores, se plantaron firmes a exigir el reintegro de algunos compañeros despedidos y a comprometer a la empresa a respetar lo pactado.
Acto seguido, el Ministerio del Trabajo procedió a declarar ilegal el movimiento. La personería jurídica fue suspendida, los fondos sindicales congelados y la empresa recibió autorización para hacer despidos masivos. Por su parte UTRAVAL condenó el paro y prohibió a sus organizaciones filiales prestar solidaridad a los huelguistas. Más de 800 trabajadores fueron despedidos y muchos de ellos desalojados de sus viviendas. El ingenio enganchó un millar de corteros en varios departamentos con el propósito de reemplazar el personal en paro.
La respuesta de los huelguistas a este alud de medidas fue una respuesta proletaria. A golpe de machete levantaron centenares de ranchos de caña, guadua e iraca frente al ingenio y allí, en ese abigarrado conjunto de rústicas construcciones, hombres y mujeres, niños y ancianos, blancos y negros, mulatos y zambos, unidos por sus sentimientos de clase, comparten los pocos alimentos, las privaciones y las alegrías de su justa y heroica huelga. Y ese bastión proletario no ha podido ser doblegado ni por el sol, ni por el agua, ni por las balas. Como dijo un cortero: “Es mejor estar peleando en la huelga aunque pasando hambre, que pasarse todo el día cortando caña para que la empresa le robe a uno el trabajo y de todos modos pasar hambre”.
Asesinado Gustavo Hurtado
En vista de que ni los despidos, ni las amenazas, ni los intentos por inundar y desalojar el sitio de la huelga han surtido efecto alguno, la empresa y el gobierno recurrieron al asesinato. El lunes 19 de enero, como de costumbre, centenares de habitantes de La Paila y trabajadores salieron a la carretera para realzar un mitin de solidaridad. Esta vez la policía agredió inesperadamente a la multitud, entre la que iban numerosos niños, con gases lacrimógenos. Luego, a tiros de carabina. Al primer disparo el pueblo entero se volcó a las calles del poblado, desafiando el fuego asesino con machetes, piedra y garrotes, protegiendo a los niños, recogiendo a los heridos y desarrollando en medio del desigual combate toda su capacidad de lucha, hasta propinar un merecido castigo a sus cobardes agresores. En medio de la nutrida balacera, el joven Gustavo Hurtado cayó atravesado por una bala de fusil. Más de 25 personas y varios menores resultaron heridos o confusos en esta batalla campal que se prolongó por cerca de cuatro horas. El cadáver del compañero Gustavo Hurtado fue alevosamente secuestrado por la policía y sólo fue devuelto a sus padres tres días después. Los trabajadores enterraron a la joven víctima, y siguieron adelante.
El gobierno lopista, fiel defensor de los grandes intereses de la oligarquía azucarera, instaló 2.500 soldados en el ingenio y reforzó el puesto de policía. Como si esto fuera poco, a los tres días del crimen obsequió a los Caicedo y sus compinches de Asocaña con un jugoso aumento del 13,7% en el precio del azúcar.
Grandes e importantes lecciones quedan para los proletarios de la caña de este movimiento. Ha sido una portentosa batalla en procura de los más elementales derechos democráticos de la clase obrera y un ejemplo vivo de heroísmo firmeza y abnegación.