Dos claros ejemplos, dos muestras inocultables de las “bondades” del “mandato de hambre”, se están dando en la ciudad de Bello. Por una parte se le exige al pueblo, superexplotado por los grandes monopolios de la región y exprimido por incontables impuestos, que pague el costo de obras que el Estado tiene la obligación de financiar y, por otra, cuando ante tamaña desvergüenza la gente protesta sus líderes y representantes son encarcelados. El concejal del MOIR, Alfonso Berrío, ha sido condenado a 60 días de prisión por medio del decreto 1533, en un juicio amañado. De esta manera el gobierno pretende acallar a los voceros del pueblo y de paso impedir a los revolucionarios el desarrollo de sus campañas electorales.
Una ciudad sin servicios
Situada a sólo 15 minutos de Medellín, Bello es la segunda ciudad de Antioquia y al mismo tiempo una gran concentración proletaria, quizá la mayor del departamento. Viven allí unas cuarenta mil familias obreras de las grandes industrias: Fabricato, Pantex, Ferrocarriles, etc., junto a una gran masa de desempleados.
Manejada por un pequeño grupo de gamonales de los partidos tradicionales y testaferros del gran monopolio Fabricato–Pantex, manipular la administración pública atropellando los intereses de la gran mayoría de la población. La corrupción, el chantaje directo en contra de la gente humilde, la miseria del pueblo que carece de agua y alcantarillado, de salud y educación, las triquiñuelas, componendas y maquinarias políticas, son el pan nuestro de cada día en Bello.
Otro atraco del “mandato de hambre”
Según estadísticas oficiales, el 90% de los ciento cincuenta mil habitantes padecen de enfermedades estomacales debido a la contaminación de las precarias fuentes hidrológicas. Repetidas movilizaciones populares habían exigido una solución. Finalmente la administración municipal ordenó la iniciación de obras de acueducto y alcantarillado en la zona central. ¿Se iba a dar, por fin, una justa utilización a los dineros reunidos por los impuestos del pueblo? De ninguna manera, La fórmula era otra: contratar un empréstito con el BID por un valor de 200 millones de pesos para las Empresas Públicas de Medellín realizaran la obra y los habitantes de la ciudad pagaran la deuda más los intereses, por medio del impuesto de valorización.
Los caciques liberales y conservadores, encabezados por el alcalde, encentados por la perspectiva del manejo de tales dineros, anunciaron que aplicarían la llamada “valorización” por encima de todo el mundo y fijaron arbitrariamente la cuanta de los aportes particulares entre $6.000 y $60.000.
Nada acallará la justa protesta
Ante tal atraco, diversas organizaciones políticas y gremiales convocaron una asamblea el 25 de enero pasado en el teatro de Bello. Cerca de tres mil personas rechazaron unánimemente el nefasto sistema de oligarquía a numerosos pequeños propietarios a malvender sus propiedades. El concejal del MOIR, Alfonso Berrío, dirigió la palabra a los asistentes y demostró como “el sistema de valorización es un engendro imperialista destinado a exprimir aún más al pueblo”. “Este sistema –dijo– despertará por todas parte el más airado descontento popular contra el atracador “mandato de hambre”.
Asustado, el alcalde desató entonces una inmensa persecución contra las cabezas del movimiento; al día siguiente fue encarcelado el dirigente Enrique Restrepo, se militarizó la ciudad en un esfuerzo desesperado para evitar la concentración popular que había sido programada para el 1º de febrero. El concejal Alfonso Berrío envió una carta abierta al alcalde manifestándoles que nada podría impedir la justa protesta de la población bellanita.
La persecución oficial no pudo impedir que el 1º de febrero se realizara la asamblea. Se reunieron más de quinientos propietarios que reafirmaron su rechazo al sistema de valorización. La policía, obedeciendo las órdenes del alcalde, arremetió contra los presentes a bala y garrote. Durante más de dos horas los manifestantes, a los gritos de “Abajo el atraco de valorización” y “Abajo el alcalde”, mantuvieron en tensión a las fuerzas represivas. Treinta personas fueron detenidas y un joven herido a bala fue conducido a empellones a la cárcel.
Prisión para los revolucionarios
Tres días después de los anteriores acontecimiento el concejal Alfonso Berrío fue detenido por agentes de seguridad y control, en el momento en que se hacía presente para defender a los detenidos de la asamblea del 1º de febrero. Se le acusó de “Incitación a desorden” y “subversión”. Fue juzgado el 5 del presente mes en audiencia pública ante más de quinientas personas que, a pesar de las restricciones impuestas por la administración municipal, lograron penetrar al salón del Concejo para acompañar y escuchar al dirigente político. El concejal Berrío, a quien sólo se le permitió hablar durante diez minutos, rechazó la farsa judicial montada contra él. “Están felices –dijo refiriéndose a los gamonales del pueblo- porque me han metido a la cárcel. Los ilusos creen que con eso detendrán las luchas del pueblo, pero éstas no dependen de la voluntad de unos cuantos hombres. Son la furia y la miseria, los verdaderos motores de la lucha”.
La única prueba que pudieron aducir contra él fue la carta abierta al alcalde. El abogado defensor, Luis Eduardo Calle, demostró claramente las características de pantomima de este proceso en el que el alcalde era juez y parte, y la farsa que representan todos estos juicios colectivos. A pesar de su brillante defensa, la administración municipal, en cumplimiento de su campaña persecutoria contra el MOIR, dictó veredicto condenatorio y le aplicó la arbitraria de 60 días de prisión. Dos días antes, en juicio similar, habían sido condenados a 30 días, seis dirigentes más. Con estas burdas maniobras se pretende acallar la indignación de las masas populares.
Crece y se extiende la propuesta
El ejemplo de la lucha de los habitantes de Bello contra el atraco de la valorización se ha extendido. Los barrios populares de Medellín comienzan a movilizarse en contra de ese plan que agotaría los ya exiguos patrimonios familiares. No es justo que se exija a la población trabajadora el financiamiento de obras públicas, cuando un gran porcentaje del Presupuesto Nacional, presupuesto conformado por los innumerables impuestos que paga esa misma población, se ha destinado a costear una gigantesca, ineficaz y serruchera burocracia y, lo que es más inaudito, al crecimiento y dotación de las fuerzas militares y policiales para la defensa de la tranquilidad de los grandes personajes y el silencio de las justas protestas del pueblo.