Los objetivos del paro convocado por Salvación Agropecuaria son los siguientes: que cesen las importaciones de productos agropecuarios que puedan producirse en el país, la condonación de las deudas bancarias del sector, la fijación de precios de sustentación remunerativos garantizados por el Estado, la existencia de créditos suficientes, oportunos y baratos, el control a los costos de producción (agroquímicos, impuestos prediales y otros, combustibles, tarifas de energía eléctrica y demás servicios públicos), el respaldo estatal a redes de comercialización, asistencia técnica, distritos de riego e investigación científica, el cierre de los derretideros de azúcar, la prohibición a la entrada en funcionamiento del ingenio industrial panelero de Padilla y la atención a las peticiones democráticas de las comunidades indígenas. Y también, el rechazo a la decisión del gobierno de incluir a Colombia en el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, ALCA, porque la aplicación de ese acuerdo, diseñado en beneficio de Estados Unidos, acabará de destruir la producción agropecuaria nacional; y el rechazo a las medidas de los países desarrollados, encabezados por Estados Unidos, de estimular la superproducción mundial del café.
De Agameta
¿Cuál reactivación?
La Asociación de Agricultores y Ganaderos del Meta, Agameta, refuta al ministro de Agricultura sobre la reactivación agraria que el gobierno pregona a los cuatro vientos. Reproducimos la carta que los productores llaneros le dirigieron al ministro Rodrigo Villalba Mosquera, el pasado 22 de junio.
No pinta bien la agricultura llanera. Su principal cultivo semestral, el arroz, continúa sin un norte definido. La cadena arrocera sigue sin despegar. Continuamos esperando los créditos asociativos. La comercialización requiere medidas urgentes que complementen las tomadas hasta ahora.
El precio acordado en la resolución 047 de marzo no se compadece con los altísimos costos de producción que estamos soportando. El temor que un precio justo de la gramínea disparara las áreas de siembra no permitió que el gobierno avalara un precio de $58 mil carga, ya acordado entre los productores y la molinería. Esto nos recorta ingresos del orden de $4 mil millones en la presente cosecha.
El plazo de 45 días impuesto por el Ministerio, sin que la industria públicamente lo solicitara, institucionaliza una práctica mañosa en detrimento de los agricultores, contra la cual siempre hemos protestado. El costo financiero del pago retardado nos despoja de $9.720 por cada tonelada entregada, es decir, alrededor de $45 mil por hectárea.
La exclusión de los agricultores –como también del agrocomercio financiero y de la industria que no importó arroz extranjero— del incentivo al almacenamiento nos deja indefensos en un mercado imperfecto de sobreoferta estacional, que puede ser aprovechado para pagarnos el arroz a precios de quiebra.
La espiral alcista de los costos de producción, especialmente de los insumos, no ha tenido contención. La decisión sobre los genéricos fue un mejoral inocuo para tratar el cáncer que constituye uno de los factores flagelantes de la rentabilidad rural. Los oídos del Ministerio han sido sordos para citar la Comisión acordada desde 1998, que pretende iniciar el estudio y la búsqueda de remedios a este grave mal.
El tan promocionado crédito asociativo se constituye en una burla más para los productores arroceros, quienes con arroces ya espigando, no han recibido un solo peso del mismo, con el consiguiente encarecimiento y demeritación de su proceso productivo. Son tantas las condiciones impuestas para su otorgamiento y tan excesivo el blindaje con que quiere guarecerse la banca, que de un lado se alarga dolorosamente el proceso y, de otro, nos sentimos tratados como delincuentes en potencia.
Todo lo anterior implica, señor ministro, que del dicho al hecho hay mucho trecho y que las medidas que se anuncian rimbombantemente en los medios de comunicación no están llegando a los productores. Nuevamente insistimos en la necesidad de que el Estado colombiano genere una política que llegue al productor y la reactivación se vuelva realidad, por lo cual clamamos que estos problemas brevemente expuestos sean estudiados y resueltos lo antes posible.
Hasta otra oportunidad.
Guillermo León Reina, presidente de Agameta
EU, agro protegido
Por Hernán Pérez Zapata
Neil E. Harl, profesor de Agricultura de la Universidad Estatal de Iowa, declaró que «en el año 2000 más del 50% del ingreso neto de las fincas vino del apoyo gubernamental. El año pasado el Estado pagó un récord de US$28.000 millones directos, que no eran tan altos desde los años 80» (The New York Times, abril 29 de 2001).
La historia de la agricultura en Estados Unidos presenta dos fases contradictorias. La de su revolución democrática en el siglo XIX y la actual, en que se da al mismo tiempo la protección a sus propios productores y el impulso a la apertura total en los países bajo su órbita de dominación.
Una referencia de la primera la tenemos entre 1860 y 1863, durante el gobierno de Abraham Lincoln, cuando se puso coto a las importaciones de cereales de Europa. El propio presidente Lincoln se puso resueltamente del lado de quienes proponían apoyo gubernamental a la producción nacional estadounidense y en contra de los importadores, que defendían la necesidad de traer el alimento europeo, de mejor calidad y a menor costo. El gobierno federal se orientó decididamente en favor de los primeros, argumentando que se ocupaban las ricas tierras del país, se generaba empleo y no salía del país el dinero de las importaciones.
Otra importante medida fue la del Morrill Act de 1862, conocido como Ley de los Land Grand Colleges, o colegios de tierras donadas por las municipalidades, que dieron origen a las universidades. Se basaba en la integración de la enseñanza con la investigación de los problemas de los productores y la extensión a todo el país de las soluciones encontradas.
Estos apoyos gubernamentales se tomaron en desarrollo de la via farmer o campesina, como resultante de la Guerra de Secesión que destruyó el régimen esclavista del sur. Se acumularon así capitales para la industria, todo lo cual abonó el terreno para que Estados Unidos se convirtiera en una avanzada industrial y agroindustrial desde finales del siglo XIX.
Además, la fuerte organización de los agricultores les permitió conquistar políticas gubernamentales, luego acogidas por el Congreso, que afianzaron la protección de ese rubro tan estratégico para la industria y la seguridad alimentaria nacional. Además, se impulsaron obras públicas de fomento como electrificación, vías, mecanización, distritos de riego, conservación y correctivos del suelo, créditos baratos, control de plagas y enfermedades y malezas, subsidios, comercialización y almacenamiento de excedentes de la producción. Es decir, el Estado les prestó a los agricultores todos los apoyos que éstos necesitaban.
El aspecto contradictorio se presentó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos comenzó a utilizar sus excedentes de alimentos como un instrumento para quebrar las producciones nacionales de otros países, e impuso sus dictados a las naciones sobre las que ejerce dominio económico y político, arruinando los esfuerzos realizados por las burguesías nacionales, los trabajadores y los campesinos.
En el caso colombiano, hemos visto la quiebra de importantes sectores, uno tras otro. El primero fue el del trigo en la década de los años 60, con aplicación de la Ley Pública 480. Se nos impuso trigo barato, fiado y con bajísimas tasas de interés. De unas escasas toneladas iniciales, hoy importamos 1.100.000 toneladas anuales. Terminaron siendo arrasadas impunemente, con la complicidad de los gobiernos, las zonas productoras de Boyacá, Cundinamarca, Nariño, Cauca, Caldas y Antioquia.
Ahora, a raíz de la apertura económica aplicada desde 1990, se repite la misma historia con el maíz. Pasamos de importar 20 mil toneladas en 1990 a más de dos millones de toneladas en 2000. Casos similares se presentan con los casi ocho millones de toneladas de alimentos que se importaron el año pasado, cuando hace diez años importábamos menos de un millón. También se pretende importar hasta café, que exportamos desde 1830.
La globalización neoliberal norteamericana, implementada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio y ahora por el Plan Colombia y el ALCA, lleva a la ruina total del campo colombiano. Con ello se provoca la crisis en la industria, en el empleo y en general en toda la economía de nuestra nación.
Sólo con un programa como el propuesto por la Asociación por la Salvación Agropecuaria de Colombia podremos salir de la crisis, aprovechando incluso las lecciones positivas que nos enseña la experiencia norteamericana de hace más de 140 años. Las fundamentales: eliminar las importaciones de alimentos y proteger la producción nacional.
ALCA, el puntillazo
Por Jorge Enrique Robledo Castillo
Una vez Colombia empezó a sentir la baja de sus aranceles a las mercancías extranjeras impuesta por la apertura, las importaciones superaron a las exportaciones en un promedio de dos mil quinientos millones de dólares anuales. Y si en 1999 se igualaron fue porque lo importado cayó en picada, dada la brutal reducción del consumo generada por el hundimiento de la economía nacional. En la lona está el agro, de donde desaparecieron ochocientas mil hectáreas de cultivos transitorios bajo el peso de más de siete millones de toneladas de productos importados al año, y sufrió muchísimo la industria, aunque sus dirigentes gremiales lo callen, como lo ilustra que su producto disminuyera 12.8% en 1999. Todos los restantes males económicos que nos azotan tienen origen en que el país no pudo competir contra los grandes capitales y subsidios foráneos y en que para «atender» ese desastre, anunciado, los neoliberales convirtieron a Colombia en un paraíso de la especuladores financieros, empezando por los de allende las fronteras.
No obstante lo anterior —o mejor, precisamente por ello— Pastrana decidió someter el país al Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, el acuerdo que deberá terminar de «negociarse» el 31 de diciembre de 2004 y que apunta a crear un sólo gran mercado desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, lo que significa agravar aún más la desprotección del mercado nacional, incluso reduciendo los aranceles por debajo de los establecidos por la Organización Mundial del Comercio. Antes de continuar es bueno advertir que toda la producción agraria e industrial colombiana sobreviviente mantiene, frente a países diferentes a Ecuador, Perú, Venezuela y Bolivia, algún tipo de protección por aranceles o por cuotas de importación, con lo que, por ejemplo, el arroz, el azúcar y los automóviles importados deben pagar impuestos del 72, el 46 y el 30%, siendo esos gravámenes los que explican por qué esos productos no han desaparecido de la producción nacional.
Como la mayor apertura que busca imponer el ALCA es con todos los países del Continente, unos nos golpearán por sus desarrollos y otros por sus pobrezas. Entre los primeros aparecen Estados Unidos, obviamente, y Canadá y México, este último simple maquilador de los monopolios gringos que exportan desde allí, aunque también son de temer Brasil y Argentina, con establecimientos industriales y agropecuarios más poderosos que los colombianos. En el segundo grupo están los demás, fuertes competidores en razón de sus miserables condiciones laborales, como lo vienen demostrando las crecientes importaciones a Colombia de productos del Ecuador, incluidas las de café. Pero, de lejos, las grandes beneficiadas con el ALCA serán las transnacionales norteamericanas, así algunas decidan instalarse en otros países del Continente a la caza de mano de obra barata y de acuerdo con los intereses nacionales estadounidenses, como en cada decisión que toman les gusta refregarlo a sus presidentes. Tan difíciles aparecen las cosas que, en El Tiempo del 2 de febrero de 2001, Myles Frechette advirtió que Bush escogerá los acuerdos «que sean más provechosos para EU» y preguntó: «¿Estará listo el sector privado para competir con los productos norteamericanos antes del año 2004?».
Claro que los colombianos que trabajan con las trasnacionales asentadas en el país y la tecnocracia neoliberal criolla ya salieron con la baratija de que todo el problema se limita a «saber negociar» el ALCA, como si no se supiera que fueron ellos quienes «negociaron» los acuerdos en la Organización Mundial del Comercio, que desquiciaron la industria y el agro nacionales, y «negociarán» los que vienen, y como si alguien dudara de que las suertes de estos personajes están atadas a las de sus patrones y socios y a los puestos que logren conseguir en las agencias internacionales de crédito.
Ante la decisión de insistir en africanizar a Colombia, habrá que repetir más allá del cansancio que la globalización sin el tamiz de la soberanía nacional, que garantice intercambios internacionales de beneficio recíproco, no pasa de ser una simple reedición del colonialismo.
No más embargos y remates
Informaciones llegadas a Unidad Cafetera Nacional desde todo el país, señalan que han cobrado nuevamente fuerza los procesos judiciales, embargos y remates por parte del Bancafé y la desaparecida Caja Agraria, en contra de caficultores y propietarios rurales en general.
No obstante la demagogia del Ministerio de Agricultura con respecto a que el llamado «Pran» está resolviéndoles los problemas a quienes la crisis del agro colocó en incapacidad de pagar sus deudas, lo cierto es que miles están siendo acosados por los abogados.
Para agravar lo que ocurre, también se sabe que lo normal es que las fincas embargadas terminen abandonadas por los secuestres, sumándose al brutal despojo de familias enteras el hecho ignominioso de empeorar la producción y el desempleo en el campo.
Esto ocurre en un país en el que el gobierno «rescató» a los multimillonarios propietarios de un puñado de corporaciones de ahorro y vivienda con varios billones de pesos, marcando un escandaloso contraste con quienes bien poco tienen.
Unidad Cafetera Nacional, entonces, protesta en contra de estas medidas antisociales que, además, agravan aún más la profunda crisis del café y de la producción rural e insiste en que la única solución seria y cierta para los endeudados consiste en la condonación total e inmediata de sus deudas impagables, reclamo que respaldarán los miles de cafeteros, paneleros, arroceros, paperos, plataneros y demás productores en el Paro Nacional Agropecuaria el 31 de julio próximo.