Asociación de Viviendistas, Asovivir, exige entrega rápida de viviendas dignas en tamaño y calidad
Por Leila Delgado Almanza
El vendaval que con fuerza destructora azotó en junio el suroccidente de Soledad, en el Atlántico, dejó miles de familias damnificadas, todas en la absoluta miseria, como ocurre en Villa Adela, Renacer, Zarabanda, Ciudadela Metropolitana, Las Colinas, Villa del Carmen, Villa María y Villa Katanga, barrios convertidos desde hace muchos años en refugio para los desplazados de la violencia y para los desempleados por la industria barranquillera en bancarrota.
Están por tierra las esperanzas en la ayuda oficial. «Aquí no hay condiciones para empezar de cero, y por eso creímos que ésta era una buena ocasión para contar con buenos auxilios», comenta Stewart Aguilar, un padre de familia por cuya casa en ruinas pasara el presidente Andrés Pastrana días después de la tragedia prometiendo la salvación.
De nada sirven los gaseosos llamados de las autoridades, como el del alcalde Alfredo Arraut, a buscar soluciones «con el concurso de todos». La reconstrucción de las áreas destruidas tomará mucho tiempo si siguen demorándose en afluir los recursos del gobierno central, así se cuente con la solidaridad del pueblo atlanticense y del resto de colombianos.
El gran obstáculo sigue siendo la política neoliberal al mando. Cuando aún la oleada privatizadora no había liquidado al Instituto de Crédito Territorial, ICT, su respuesta al tornado que en junio de 1983 arrasó el barrio Siete de Julio permitió levantar la Ciudadela Veinte de Julio. No sucedió lo mismo con el reciente vendaval, pues el gobierno ha dejado que sean las llamadas ONG, por la vía de la autoconstrucción, las que promuevan soluciones de vivienda. «Éstas no cuentan con adecuadas especificaciones de resistencia, por cuanto sus propietarios son familias pobres obviamente sin conocimientos técnicos sobre construcción», dice Víctor Ballú, líder comunal del barrio popular Renacer, construido sobre un lote de invasión en la cabecera del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortíssoz. Para Gabriel Salazar, delegado de la organización internacional Médicos sin Fronteras, «si bien la sociedad civil debe demostrar su solidaridad, la tarea principal le corresponde al Estado, que es el que tiene la capacidad económica, la infraestructura y la experiencia en el manejo de este tipo de emergencias».
La segunda alternativa que se ha puesto en marcha es convertir la reconstrucción en un jugoso negocio, por la vía de privatizar las tragedias del pueblo. Ya el presidente del Comité Intergremial del Atlántico, Arnold Gómez, propuso «crear una entidad mixta» y que sea el sector privado el que se encargue de administrarla, «como lo hizo el presidente de la ANDI, Luis Carlos Villegas, en el caso del Eje Cafetero con el fin de que los recursos se canalicen de la forma más eficiente». Ya hay más de doce cuentas en las distintas corporaciones para la recepción de las ayudas brindadas por el público, cuentas abiertas a nombre de conocidos grupos financieros, como la Fundación Santodomingo, de grupos radiales poderosos o de primeras damas.
La atención a los menores de edad está siendo cubierta por el ICBF con el fácil expediente de abrir un hueco para tapar otro. A las madres comunitarias de la Ciudadela Metropolitana se les ha exigido que abandonen a su suerte a los menores de los hogares comunitarios en los sectores no afectados, para así recibir en sus casas a los infantes de los barrios semidestruidos.
Para cubrir tan sólo las necesidades básicas de los 8.340 damnificados, reubicar a 1.700 familias, reparar 1.200 casas y edificar otras 478, totalmente arrasadas, los costos han sido estimados por la Asamblea departamental en $8 mil millones. A comienzos de junio el gobierno central anunció aportes para la reconstrucción de Soledad por $2.500 millones (El Tiempo, 3 de junio), que aumentó después a $4.200 millones, suma todavía muy por debajo de lo que realmente se precisa.
Ante tan grave situación, ya ha empezado a concretarse la Asociación de Viviendistas del Barrio Renacer, Asovir, que está exigiendo perentoriamente la entrega de viviendas dignas en extensión y calidad. La organización ha hecho suya la exigencia de la Asamblea departamental de que el gobierno declare la emergencia económica en Soledad, acometa las obras con la mayor celeridad, aumente las partidas del gobierno central hasta cubrir el monto requerido y que los barrios sean reubicados en zonas al margen de riesgos, sean legalizados centenares de lotes y se cree una comisión especial en la que tengan voz y voto los voceros de los damnificados.