(Declaración emitida por el Frente de la Salud del MOIR el 13 de febrero de 2000)
Con la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno de Pastrana, capitalizando más de diez años de medidas neoliberales, dio la puntada final para el desmonte de la salud pública en el país. Su aplicación inicial significará el despido de más de diez mil trabajadores y el cierre de decenas de centros asistenciales, hecho de impredecibles y gravísimas consecuencias para los intereses nacionales y la salud de los colombianos.
El Plan, que es la política del imperialismo norteamericano para estos cuatro años, centra toda su atención en la viabilidad financiera de las instituciones de salud, para lo cual establece que los hospitales deben recortar sus plantas de personal, desmontar toda garantía laboral, cumplir los convenios de desempeño que se les impongan y definir un portafolio de servicios que sólo busque mayores utilidades, sin importarle que la inmensa mayoría de la población se quede sin este elemental derecho. Todo con el chantaje de que si no lo hacen tendrán que financiarse ciento por ciento a través de la venta de servicios, sin recibir un solo peso del Estado.
Lo más aberrante del asunto estriba en que las direcciones de los sindicatos más representativos del sector, Sindess, Anthoc y Asmedas, el 6 de mayo de 1999 suscribieron con el ministro Galvis el compromiso de “facilitar la consolidación de lo plasmado en el Plan de Desarrollo en particular en lo relacionado con la salud y la seguridad social en los temas de financiación, cobertura, promoción y prevención, y en el fortalecimiento institucional de los hospitales y el ISS; y para realizar estudios y proponer medidas de solución frente a la crisis hospitalaria nacional y el valor actual de los déficit de los hospitales”.
Las funestas consecuencias de este respaldo al gobierno de Pastrana y de elevar a canon legal tan lesivas medidas no se hicieron esperar. A finales de 1999, este enfoque liquidacionista se hizo sentir en todo el país. Las entidades territoriales, valiéndose de que los hospitales públicos no contaban con recursos para culminar el año, que buen número se encontraban paralizados por falta de suministros y adeudando a sus trabajadores hasta ocho meses de salarios, los forzaron a pactar leoninos convenios de desempeño que los obligan a vender servicios muy por debajo de sus costos, pero exonerando al Estado de tener que cubrir el déficit, y además obligándolos a suprimir cargos, acabar con las horas extras, dominicales y festivos, a fusionarse y a someter a sus empleados a una gran cantidad de nuevas funciones, imposibles de cumplir.
A su vez, el gobierno de Pastrana, que no desafina un solo instante en la ejecución de las directrices del imperio, con la anuencia del Congreso logra, a través de la Ley 530 del 2 de noviembre de 1999 que los recursos excedentes de la Subcuenta de Seguros de Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito del Fosyga, de más de 87 mil millones de pesos, sean desviados para el pago de las indemnizaciones de los trabajadores inscritos en carrera, que van a ser despedidos, como lo contempla la resolución 003878 del 20 de diciembre del pasado año, emitida por el ministro del ramo.
El desmonte de la salud pública busca aumentar la clientela de las empresas, principalmente de las extranjeras. En 1998, las grandes aseguradoras gringas, los fondos de capitales, Colsanitas, Aetna y gigantes como Unimed registraron en América Latina un promedio de 20% en el crecimiento de sus ganancias. Cifra imposible de alcanzar en Estados Unidos.
La salud pública de los colombianos y el porvenir de los trabajadores del sector están amenazados de muerte. La hora no es de vacilaciones. Las direcciones sindicales deben modificar radicalmente su conducta, cerrando filas en contra de los despidos de personal, el no incremento salarial, las desmejoras laborales, los planes de retiro “voluntarios” y el cierre de clínicas y hospitales. Así como también contra quienes, con el pretexto de que no vivimos un período de conquistas, aconsejan y permiten la revisión de las convenciones colectivas o renuncian a presentar pliegos de peticiones, facilitando que se encubran las verdaderas causas de la crisis financiera de las instituciones de la red pública.
Ante la brutal arremetida, los trabajadores de la salud inevitablemente saldrán a encarar una nueva pelea antiimperialista.