En septiembre pasado, el sindicato del ICBF, que cuenta con 28 seccionales, efectuó la XV asamblea nacional de delegatarios.Como principal acuerdo, la asamblea reiteró el compromiso de oponerse a la descentralización del instituto, porque al Estado le compete ejecutar, con su propio presupuesto, las políticas para la infancia y la familia. De imponerse la descentralización, los programas del ICBF quedarán en la ruina y se desmontarán por completo los servicios, ya de por sí precarios. Lo que trata de imponer el gobierno es, en últimas, el abandono estatal de la asistencia al menor.
La asamblea rechazó también la reforma al decreto 2737 de 1989, actual Código del Menor. Reiteró que los términos propuestos por la ONU no responden al interés nacional sino a las exigencias de Estados Unidos, cuyo gobierno se ha propuesto modificar la justicia colombiana para hacerla más punitiva y represiva.
Los delegados condenaron también el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, que acaba con la justicia especializada en menores. Será una barbarie más que el gobierno pretenda criminalizarlos, mediante un código punitivo. Los trabajadores exigieron garantías para la infancia y la juventud. La asamblea repudió la privatización de las plantas de bienestarina de Cartago y Sabanagrande, e igualmente el cierre de la planta de Paipa. Se opuso al suministro de fríjol soya que adelanta el Plan Nacional de Alimentación y Nutrición, por no ser conveniente para el consumo humano.
La asamblea ratificó en la presidencia del sindicato a María Victoria Forero y, en la junta directiva, entre otros, a Jairo Hoyos, a Susana Cifuentes, a Luis Eduardo Cantor y a Francisco Ayala. Asimismo aprobó el pliego de peticiones de 42 puntos, votó por unanimidad la desafiliación de la CGTD y la solicitud de afiliación a la CUT, que se concretó el 7 de octubre.
El 14 de diciembre el sindicato, por primera vez, abocó una negociación en regla, superando el estilo de las solicitudes respetuosas, y acordó con el ICBF una serie de aspectos relacionados con la política institucional y con reivindicaciones materiales para los trabajadores.