Tras un año, el gobierno de Uribe se dispone ahora a darle remate a su implacable embestida contra los intereses de Ecopetrol y sus trabajadores. Previendo tal situación, ya en noviembre de 2002 la Asamblea Nacional de Delegados (AND) realizada en Fusagasugá, adoptó una resolución que rechazaba el contrapliego, la privatización, el tribunal de arbitramento y exigía el reintegro de los compañeros despedidos. En cumplimiento de ese mandato y siendo presidente de la Junta Directiva Nacional (JDN) el compañero Rodolfo Gutiérrez, el sindicato recurrió a las más variadas formas de lucha sindical dentro de la táctica de enfrentar con combativa firmeza las pretensiones del gobierno.
Pero desafortunadamente, el 14 de agosto la JDN y el 22 de ese mismo mes la AND, ambas por decisión mayoritaria, cambiaron ese curso de acción, argumentando que la falta de flexibilidad para presentar fórmulas había impedido que se concretaran acuerdos para solucionar el conflicto laboral. En comunicados públicos se descalificó la posición encabezada por el compañero Gutiérrez como “ilegítima” y carente de “unidad y liderazgo para sacar adelante el proceso de negociación”. Ignorando que en la táctica de lucha de los trabajadores hay cuestiones de principios y que la corrección de toda política partidista se juzga a partir de si sirve o no a los intereses de los trabajadores y la nación, se llegó a expresar que “se equivocan, quienes convierten en un problema de principios un asunto meramente táctico, y pretenden arrastrar al sindicato a su política partidista, de la cual no saldrá bien librado”. Con tales afirmaciones se propició el abandono de las tareas de organización y preparación de la huelga como el arma más eficaz para enfrentar la política antinacional y antiobrera de Uribe y su agente Yanovich, y se dio camino a las ilusiones en una negociación donde sólo el sindicato formula propuestas de solución, obteniendo como respuesta las reafirmaciones de chantaje y despojo por parte de los representantes de la administración y el gobierno.
Trascurridos tres meses desde la mencionada AND de agosto 22, el panorama para los derechos de los trabajadores y el destino de Ecopetrol presenta graves riesgos. La administración se mantiene recalcitrante en sus despropósitos: desmontar las actividades directas, para incrementar la modalidad de contratistas y despedir los temporales, acabar el escalafón e imponer una evaluación de desempeño, eliminar la estabilidad laboral, aplicar las desmejoras impuestas en la última reforma pensional, ley 797, y proceder a cobros en el servicio médico, prorrogar los contratos de asociación, asfixiar presupuestalmente a la empresa, continuar favoreciendo a las multinacionales y sostener los injustos despidos. Como si fuera poco, el ya integrado e instalado Tribunal de Arbitramento está preparando el laudo arbitral que en cualquier momento decidirá el conflicto laboral en contra de los trabajadores, configurándose así un hecho sin precedentes en la historia de la Unión Sindical Obrera (USO), como tampoco tiene antecedentes la adopción de una postura de resignación ante este nefasto mecanismo de arbitraje.
A través del presidente de la empresa, Isaac Yanovich, el gobierno de Álvaro Uribe determinó suspender el actual proceso de negociación, decisión notificada al sindicato el pasado miércoles 19 de noviembre. Con la convocación a audiencia que al mismo tiempo le hizo al sindicato el Tribunal de Arbitramento, quedó demostrado que éste viene procediendo en estrecha coordinación con la administración y el gobierno, alistándose para pasar del chantaje a la consumación de un certero golpe a los derechos de los trabajadores. No menos grave es que la expectativa sobre una solución al conflicto mediante la presentación de formulas de arreglo que desmejoran gravemente la convención, haya conducido a un estado de desmovilización de las bases y de impasibilidad de los dirigentes que terminó por socavar el respaldo y la solidaridad que se había captado en vastos sectores de la población. La situación es de verdad comprometida: el tribunal de arbitramento está procediendo, los gerentes aplican de hecho el contrapliego, se anuncia la prorroga de los contratos de asociación, se privatiza aceleradamente las actividades en los campos de producción y, para remate, las fuerzas militares se pasean con arbitraria prepotencia por todos los sitios de trabajo, hostigan permanentemente al sindicato y amenazan con darle un tratamiento fascista a las protestas que decida adelantar la USO.
En consecuencia, es urgente corregir mediante la definición de una posición de lucha la táctica aprobada por la AND en agosto y, asumiendo una vigorosa y sólida conducta unitaria, esforzarse por recuperar la organización, la disciplina y el ánimo combativo de las bases. Sólo así se podrá contar con la solidaridad del movimiento sindical y el pueblo que permita responder con la insustituible fuerza de las masas a semejante agresión.
No se podrá justificar en ningún sentido quedarse esperando el fallo del tribunal de arbitramento, ni recurrir a plantear más formulas de desmejoras de la convención colectiva con la esperanza en que el ministro Mejía y el presidente Uribe cambien la posición que sin cesar han esgrimido desde la iniciación del conflicto. Máxime cuando toda la arremetida sin precedentes contra Ecopetrol y la USO ha sido maquinada alevosamente por el gobierno con las multinacionales y organismos multilaterales de crédito como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. La única alternativa es desarrollar una intensa actividad de explicación y persuasión entre los trabajadores a fin de retomar la postura de lucha que posibilite el desarrollo de una Huelga General en defensa de la convención del sindicato y de la empresa.
Este llamado de unidad y combate está motivado por un alto sentido de consecuencia con nuestra clase y con la patria. Nos anima el objetivo de alcanzar la necesaria unidad del sindicato alrededor de la lucha, fundamento de las mejores condiciones para el despliegue de la resistencia. Conscientes de las consecuencias negativas que acarreará no librar la batalla, estamos ofreciendo nuestro concurso para concretarla.
Las recientes derrotas sufridas por Uribe Vélez en su despropósito de imponer el Referendo y la agenda legislativa, así como la consolidación de la gran coalición democrática y de las organizaciones de lucha contra el ALCA y el Tratado Bilateral de Comercio, son hechos que contribuyen a recobrar la capacidad de movilización y lucha de los trabajadores como factor fundamental de la táctica. Sin duda, tal rumbo merecerá la solidaridad de vastos sectores de la sociedad colombiana que aprecian a la USO como un ariete en la lucha por la soberanía y la salvación nacionales.
Fraternalmente,
MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE LA USO
RODOLFO GUTIERREZ NIÑO
GERARDO GARCIA
ROBERTO SCHMALBACH
DANILO SANCHEZ
FABIO DIAZ
MANUEL CORONADO
GERMAN OSMAN
Barrancabermeja, noviembre 27 de 2003