El gobierno de Misael Pastrana, fiel a su compromiso de golpear al pueblo, se agrega un nuevo galardón del imperialismo yanqui por el Proyecto de Ley que, sobre la creación de un Tribunal Nacional de Arbitramento, presentó al congreso el ministro Villazón de Armas.
Con este proyectado Tribunal, la contratación colectiva queda definitivamente sujeta a la decisión unilateral del Gobierno y los patrones. Significa la culminación de un acelerado proceso de eliminación en la legislación laboral colombiana de derechos conquistados por la clase obrera en duras y prolongadas batallas.
En 1964, cuando entró a regir el Decreto 528, solamente tenía carácter de obligatorio el arbitraje en los servicios públicos, como etapa final en la discusión de los pliegos de peticiones que hubiesen pasado por arreglo directo y conciliación.
En 1965, el Decreto 2351 amplió la aplicación de los tribunales de arbitramento de minoría obrera al sector privado, en aquellos casos en que los trabajadores “voluntariamente” optaran por ellos.
En 1966, el Decreto 939, estableció estos tribunales de arbitraje arbitrario de manera ya obligatoria para todos los casos sin excepción, y a la vez limitó la huelga a 30 días.
En 1968, la ley 48 dio al Presidente de la República la despótica atribución de decretar ilegal cualquier huelga en cualquier momento, y de someter el conflicto a un tribunal de arbitramento obligatorio.
En 1970, por casación de la Corte Suprema de Justicia del 12 de junio, se declararon constitucionales y legales los contrapliegos patronales, y se autorizó a los tribunales de arbitramento obligatorio para abolir conquistas logradas por los trabajadores en convenciones anteriores.
A esta pesada cadena de atropellos a la clase obrera se le agrega un eslabón más: el Tribunal Nacional de Arbitramento propuesto por el gobierno.
EL NUEVO ATENTADO
Este nuevo tribunal que estaría integrado por seis árbitros escogidos por el Presidente de la República de una lista de 18 nombres presentada por los empresarios y las camarillas dirigentes de la UTC y de la CTC, con jurisdicción en todo el territorio nacional, sería el encargado de resolver los conflictos colectivos laborales. “El tribunal -dice el proyecto-, abocará el conocimiento de cada conflicto en Salas de Decisión integradas por tres árbitros”, en donde se suprime definitivamente la participación de la representación de los trabajadores, quedando el fallo en manos del gobierno, quien, sobra agregarlo, no va a fallar en contra de los intereses de los patronos.
La Sala de Decisión del tribunal podría convocarse en cualquier momento, impidiéndose de plano el ejercicio del derecho de huelga y podría suspender cualquier cláusula pactada en convenciones anteriores.
LOS OBREROS EN PIE DE LUCHA
El sólo anuncio del mencionado proyecto ha sido recibido con profunda ira por el proletariado colombiano, que está dispuesto a hacer valer sus intereses y a obstaculizar el proceso de recorte de los derechos democráticos adelantado por el régimen fascista. La clase obrera repudia los tribunales de arbitramento obligatorio y el nuevo Tribunal Nacional y está empeñada en una larga lucha por hacer valer sus derechos de organización, contratación colectiva y huelga. Las organizaciones sindicales independientes y revolucionarias han iniciado la movilización de sus fuerzas y de las fuerzas populares contra las nuevas amenazas y para aislar aún más a las camarillas patronales de la UTC y la CTC y a las directivas revisionistas de la CSTC, que en una u otra forma le hacen el juego a los propósitos oficiales.