Tanto en la Comisión Quinta como en la plenaria, el senador del MOIR y Alternativa Democrática, Jorge Enrique Robledo, ha librado resonantes debates, transmitidos por televisión. Se destaca el del 9 de marzo, en el que cuestionó duramente las fumigaciones con roundup (glifosato) sobre los parques naturales. Y se ha hecho presente en numerosos foros, conferencias y mítines, junto a trabajadores y productores en sus luchas por los derechos democráticos, las reivindicaciones laborales y la defensa de la producción nacional.
El país no saldrá adelante si los corruptos imponen sus condiciones Commsa
(Apartes, plenaria, 13 de abril de 2004)
¡Cómo será de escandaloso esto de Commsa, que ha sido registrado en los medios masivos de comunicación con lujo de detalles! (…) Ahí están los fraudes de los concesionarios, y también el despropósito de pretender premiarlos con una conciliación que además de llenarles los bolsillos los deja convertidos en gentes de bien (…)
Nos tropezamos con un consorcio que se sienta de manera calculada a defraudar a la nación, como lo han demostrado el senador Cáceres y quienes aquí han hablado al respecto. Y la propia Procuraduría declara que no hay conciliación posible, porque no se puede conciliar con quienes han delinquido contra el Estado. Pero ahora lo que se está planteando, por parte del gobierno, es premiar a estos personajes (…)
¿De dónde salió la orden de conciliar? Sabemos que es condición del gobierno norteamericano, para TLC o el Alca, que haya conciliación o arreglo en los distintos diferendos con las trasnacionales (…)
Tengo aquí un memorando del presidente Uribe, del 12 de mayo de 2003, dirigido a toda la jefatura del Estado, en el que dice: «Aspiro a que se le indique al presidente no por qué no se puede negociar, sino, por el contrario, qué debemos hacer para que el acuerdo sea posible». Agregó: «La solución de las disputas pendientes con inversionistas extranjeros es una tarea prioritaria» y que «para la presentación de fórmulas a las contenciones pendientes con inversionistas extranjeros ordeno crear comisiones ad hoc, las cuales estarán integradas por el ministro en cuyo ámbito el conflicto se presente, el ministro de Hacienda, el ministro de Comercio, el alto consejero presidencial José Roberto Arango y el asesor presidencial Rudolf Hommes». Es una orden que viene desde arriba.
La directora del Invías decía en Semana: se trata «es de cumplir con un sueño del gobierno de Álvaro Uribe Vélez (…) Estamos en un gobierno que concilia y es generoso». Y sí que es generoso, pero no con el pueblo, porque esa generosidad no la hemos visto en los dos últimos años. Y en una de las tertulias del palacio presidencial, el doctor Uribe celebró el acuerdo al que estaba a punto de llegarse con Commsa, poniéndolo como ejemplo de lo que debería ser el buen trato al capital extranjero para que viniera a invertir. Todo dentro de la lógica disparatada de que Colombia será feliz si, primero, hacemos felices a los gringos y a los inversionistas extranjeros (…)
Se ha terminado montando es un sistema de extorsión, mediante el cual cualquier avivato y, en especial, los extranjeros, si demandan o amenazan con una demanda obligan al Estado a someterse a estos personajes.
Hay inmensos poderes que se han movido tras bastidores para que el acuerdo se dé. Hasta el presidente de España, Aznar, intrigó a favor de una solución. El mensaje que se le envía al mundo es algo así como «pillos del universo, venid a Colombia, donde hay un Estado que se pliega a las acciones de los rábulas» (…) Llamo a que se reflexione sobre este tipo de pragmatismos, porque el país no podrá salir adelante mientras los corruptos sigan imponiendo sus condiciones (…)
Transmilenio: un negocio privado, con recursos del Estado
(Apartes, plenaria, 30 de marzo de 2004)
Sin duda, Transmilenio, en lo técnico, es un avance. Frente a ese caos premoderno que hay todavía en una parte de Bogotá, sin duda es un avance (…) Se monta sobre el modelo de la privatización; el Estado pone 1.900 millones de dólares, para que siete señoritos tengan un negocio fabuloso, que está dando utilidades del orden del 20% (…) Utilidad que se obtiene sobre un hecho: los buses lucen muy bonitos, pero los colombianos viajan dentro como sardinas en lata, en condiciones iguales o peores a las del desastroso transporte al que supuestamente está sustituyendo (…) Y es un desastre financiero: se presupuestó construir vías a cinco millones de dólares el kilómetro, y están costando quince. Hoy se dice que la nación tendría que poner 2.400 ó 2.500 millones de dólares más para poder alcanzar las metas hacia el 2015 (…) Y al entrar más troncales, va a disminuir el promedio de viajeros, lo que llevará al alza de las tarifas para mantener la tasa de ganancias de los inversionistas privados, o hacinarán aún más a los bogotanos en los buses (…)
¡No a las fumigaciones!
(Apartes, Comisión V, marzo 30 de 2004)
La semana pasada la ministra del Medio Ambiente anunció que suspendía la fumigación aérea sobre cultivos de coca y amapola en los parques naturales. Celebro la decisión y llamo la atención de cómo cuando las gentes se movilizan para reclamar sus derechos es posible derrotar inclusive a fuerzas que se presentan como imbatibles.
Como la decisión no cancela las fumigaciones y mantiene vigente la resolución 013 de 1993, motivo del presente debate, pido que se derogue de inmediato (…) La resolución autoriza fumigar también zonas de reserva, resguardos indígenas, cuerpos de agua, subpáramos, cultivos intercalados e incluso zonas pobladas, pues reduce las franjas de protección de 2 mil a 100 metros. Caerán tóxicos sobre zonas donde no debieran hacerse fumigaciones. Por eso insisto en la derogatoria, porque es una medida que avergüenza a Colombia ante el mundo (…)
Para entender lo que ocurre es conveniente revisar el problema del narcotráfico en el mundo. Problema de consumidores, de producción de coca y amapola y de cocaína y heroína –que no es lo mismo–, y de tráfico de ilícitos, que deja fabulosas ganancias. El grueso del consumo está en los países desarrollados y particularmente en Estados Unidos. Una encuesta reciente hecha por ese gobierno señala que hay 19,5 millones de gringos consumidores de droga. La primera conclusión es que el consumo se localiza principalmente en los países desarrollados. Como cualquier consumo, está relacionado con el desarrollo material (…)
Esos consumidores gastaron 35 mil 300 millones de dólares (…) y a los cultivadores solamente les llegó 1%; a los procesadores 4%, a los traficantes internacionales 20%, y a los países desarrollados 75%. El negocio principal es la venta al detal; la ganancia se queda principalmente allá. Y ganan los vendedores de precursores químicos, sin los cuales no es posible producir la droga, y los banqueros que lavan las enormes sumas. Lavar es una parte grande del negocio, y no se puede hacer sin la banca norteamericana y sin los paraísos financieros. Ganan los traficantes de armas y, así sea de carambola, gana Monsanto, el fabricante del herbicida que se usa en las fumigaciones.
¿Quiénes son los que siembran coca y amapola, si no estoy mal, en 180 municipios? Son sobre todo pobres que no se enriquecen con el negocio (…) El narcotráfico es boyante, y los cultivadores (campesinos, indígenas y jornaleros), a duras penas se sostienen, con el agravante de que en esas zonas el costo de la vida es muy alto y la salud y la educación muy escasas. ¿Qué diablos hacen por allá, si no salen de la pobreza y se convierten en ilegales y los fumigan como cucarachas desde aviones? La respuesta es fácil. Desde siempre, en Colombia, la pobreza ha sido mayor en las zonas rurales que en las urbanas, pero particularmente desde 1990. No es casual que el auge de los cultivos de amapola y coca coincida con la apertura impuesta por el FMI, que se tradujo en la pérdida de 1,8 millones de hectáreas agrícolas y en la desaparición de 234 mil hectáreas de cafetales. Esos compatriotas siembran coca y amapola porque el Estado no les ofrece otra posibilidad. Cabe preguntar: ¿Qué le sucederá al país una vez se aplique el TLC o el ALCA y se nos arrebaten los dos millones de hectáreas de agricultura lícita que aún quedan; cuando los arruinados del campo tengan la coca y la amapola como única alternativa?
La ineficacia de la política de control. La prueba reina de que no funciona la política antinarcóticos aplicada en Colombia es que no sube el precio de la droga (…) ¿Cuál es el problema? Que hay demanda, hay consumidores. Y hay tierras para sembrarla, no solo en la zona andina sino en el resto del mundo tropical. Y por la enorme pobreza de la región y de la humanidad, hay cultivadores. Y hay oferta, hay narcotraficantes, porque las utilidades son excelentes. En el capitalismo siempre que haya ganancia habrá quien se arriesgue. Todos los factores están dados: consumidores, tierras, cultivadores y narcotraficantes, los cuatro requisitos necesarios.
Hagamos una acotación. Los cultivo de coca y amapola son ilegales en Colombia. Y no tendrían por qué serlo, pues una cosa es la coca y otra la cocaína. Es muy importante tener en cuenta que las comunidades indígenas son consumidoras habituales de coca, es una costumbre ancestral.
En la medida en que es ilegal el narcotráfico, debe castigarse. ¿De qué manera? Hay dos posiciones. La de quienes decimos que el Estado debe sujetarse a la ley y mantener una actitud ética, democrática, en la persecución del traficante, tal como debe hacerlo en la persecución de cualquier delito. El Estado no puede asesinar al asesino, ni torturar al torturador. ¿Cuál es la concepción democrática? Que la cocaína y la heroína deben ser perseguidas, pero mediante sistemas de erradicación manual que respeten la fauna, las plantas y las personas. Y tener una política social y económica que les ofrezca a campesinos, indígenas y jornaleros alternativas en otras actividades económicas. Ellos son profesionales del trabajo agrícola, no delincuentes. En el campo se realizan y se convierten en gente respetable. La política opuesta, antidemocrática, es la de fumigarlos como cucarachas y, de paso, convertirlos en delincuentes o en vendedores de chontaduros en las calles de Bogotá.
El daño de las fumigaciones. ¿Con qué se fumiga? Con roundup (glifosato), con herbicidas de amplio espectro, químicos para matar plantas de distintas especies. Matan la coca y la amapola, pero también otros vegetales. Y son productos tóxicos, tal como lo establecen las propias etiquetas de la trasnacional gringa que vende el roundup, con una serie de recomendaciones precisas, que restringen su uso. Los investigadores previenen sobre el riesgo de carcenogénesis, o sea, que puede producir cáncer, presentar mutaciones genéticas por cambios en el DNA, y teratogénesis, daños severos en los fetos de personas y animales (…) En 2003 se aplicaron en Colombia un millón 381 mil litros de roundup, y en las aspersiones aéreas se emplea un roundup entre siete y catorce veces más poderoso que el de uso agrícola.
En las fumigaciones el viento, por el efecto deriva, hace que el herbicida caiga en sembradíos y en sitios habitados. Y la resolución 013 autoriza fumigar sobre cultivos intercalados, o sea coca y amapola mezclados con plátano, yuca y lo que haya (…) ¿Sobre qué y quiénes cae el veneno? Esta es la parte crucial. Cae también sobre cultivos no ilícitos y sobre las vacas y los perros y las gallinas y sobre el que siembra, y la señora y la abuela y los hijos. Están fumigando a nuestros campesinos, gente honrada y trabajadora a quienes las condiciones del país los obligan a emigrar.
Y los reclamos por daños no se atienden. Según el Ministerio del Interior, de 4.497 reclamos por daños, han admitido cinco. Las normas están mañosamente redactadas; la última exige que los reclamantes sean propietarios del predio, cuando todos sabemos que en zonas de colonización no se tienen escrituras. Y la policía es juez y parte: da las órdenes de fumigaciones y es la que determina si hubo daño y cuánto vale. Esas normas son una burla.
Principio de precaución. Se pide suspender la fumigación aérea porque los riesgos de daños agudos y crónicos a la salud y al medio ambiente son inmensos. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Defensoría del Pueblo piden aplicar el principio de precaución. Si no estoy seguro, no lo hago. Este principio es un avance de la humanidad. Si no hay certeza de que el roundup produce cáncer, pero existe el riesgo, lo sensato es no aplicarlo. Y lo mismo con los demás efectos que este veneno puede tener sobre personas, animales y plantas. La Defensoría del Pueblo defiende el principio de discriminación positiva, es decir, reconocer que los campesinos que cultivan coca más que beneficiarios son víctimas de ese negocio y de esa realidad.
Estados Unidos impone la política. Por último, digamos que estas no son decisiones soberanas del gobierno de Colombia. Son órdenes de Estados Unidos, que convierte la política antidrogas en asunto de seguridad nacional. Y si Colombia no hace lo que Washington quiere, viene la orden de paralizar los créditos de Colombia con las agencias internacionales. Estamos sometidos a la extorsión. El Atpdea, concede preferencias arancelarias para algunas exportaciones colombianas con la condición de aplicar la política antinarcóticos de Estados Unidos. Ellos consumen el bazuco y nos fumigan; se quedan con la plata y los muertos los ponemos aquí. Tanto es el sometimiento de Colombia que El Tiempo, de marzo de 2004, dice que no fumigar los parques sería anteponerle a Estados Unidos por una honrosa vez el interés nacional de un país que posee el segundo patrimonio ambiental del planeta.
Que Estados Unidos controle sus fronteras. Digamos que 50 países pueden producir coca y amapola y que el narcotráfico se puede hacer en 150 países. Lo curioso es que el centro de la política norteamericana no sea blindar sus fronteras, lo que sería más fácil, sino que riega la guerra por el mundo entero. Pero si se acaba la coca en Colombia, se va para Perú, Ecuador, África o Asia. A los gringos, si es verdad que están en una guerra contra las drogas, los debería preocupar que llegue droga, no de dónde les llega. El problema debería ser el consumo.¿Por qué aplican la estrategia más absurda, salir a perseguir el flagelo en 150 sitios, en vez de concentrar la interdicción en sus fronteras? Es demasiado inconsistente. ¿No será más bien un pretexto para intervenir en Colombia y en todas partes, e imponernos lo que se les dé la gana?
Que los parques no sean fumigados, que no se envenene el ambiente. Necesitamos una política de erradicación manual, que les dé alternativas a los cultivadores. Una política soberana; no podemos entregarle las decisiones a Estados Unidos. Su lógica no puede producir efectos positivos para nuestro país, ni en el terreno del narcotráfico, ni en el del medio ambiente, ni en nada.