El país entero ha visto con estupor e indignación la forma criminal como el gobierno ha reprimido a los trabajadores de ECOPETROL. Los hechos de Barrancabermeja traen a la memoria masacres como la de Santa Bárbara, en 1963, cuando el ejército rompió la huelga de los obreros de Cementos El Cairo, dejando un saldo de 13 muertos y decenas de heridos. En Barranca la bestia militar cobró ya sus víctimas: varios heridos y el compañero Fermín Amaya asesinado, en la operación de desalojo de los huelguistas. Pero el caso de Barranca es mucho más grave, si se tiene en cuenta el conjunto de la política fascista que se cierne sobre el país y lo que con estos hechos se anuncia contra la clase obrera y el pueblo colombianos. Los acontecimientos de Barranca son una provocación descarada, un desafío que el gobierno monta al proletariado de manera fría, calculada y alevosa.
Resumiendo, los hechos se han desarrollado en la siguiente forma: ECOPETROL desde hace mucho tiempo viene incumpliendo la convención colectiva pactada con la Unión Sindical Obrera (USO), persiguiendo a los dirigentes sindicales y negando los derechos de contratación y organización a miles de trabajadores mediante la implantación del sistema de contratistas. Además de esto, la Empresa, con ánimo abiertamente provocador, desmejoró los servicios que por Ley y convención está obligada a prestar a sus trabajadores, como la atención médica y hospitalaria, alimentación, etc. Las reclamaciones del Sindicato han sido rechazadas altaneramente por parte de las directivas empresariales. Es decir, se preparó una situación de choque abierto. Y fue así como cuando un grupo de compañeros petroleros protestó el 26 de julio por el mal trato y solicitaron la entrega oportuna de sus alimentos, la Empresa respondió con el despido inmediato de cuatro dirigentes sindicales, con suspensiones por treinta días para los compañeros que participaron en la justa reclamación y con cartas de amonestación e intimidación para el resto de los trabajadores.
Todo esto estaba previsto. El día 4 de agosto, el gobierno central promulgó, en base a las facultades del Estado de Sitio y del Decreto Legislativo 250 de 1971, el Decreto N° 1518 por el cual se remiten a la justicia penal militar, para ser juzgados en consejos verbales de guerra, los «delitos contra la economía nacional y la libertad de trabajo». El gobierno preparaba así el terreno «jurídico» para enviar a las cárceles, vía Fuerzas Armadas, a quienes protestaran. Ante semejante situación, los obreros decidieron realizar un paro y tomarse las instalaciones de la Empresa, para, desde estas posiciones exigir el cese de la represión, el cumplimiento de la convención colectiva, la suspensión de las sanciones, el reintegro de los despedidos y la garantía de que no se presentarían más represalias. Sin embargo, el conflicto en manos de los mandos militares tomó un carácter mucho más delicado. El ejército desalojó a plomo los huelguistas, hiriendo a varios y asesinando al compañero Fermín Amaya. Acto seguido se montó toda una campaña propagandística de descrédito a la lucha de los petroleros, con noticias falsas y calumnias alarmantes, con el propósito inocultable de justificar el despido masivo de los obreros más combativos y los prefabricados consejos verbales de guerra que culminarán con el encarcelamiento de los heroicos luchadores.
Y que no vengan el gobierno y los lacayos dirigentes de ECOPETROL a posar como defensores de los intereses nacionales, cuando no son más que unos títeres a sueldo de los monopolios norteamericanos. ECOPETROL sirve de mampara en la entrega del petróleo, a través de contratos desiguales de exploración, explotación y refinación, a los monopolios yanquis. De colombiana, ECOPETROL no tiene sino el nombre. ECOPETROL es un vivo ejemplo de la política imperialista de permitir un aparente nacionalismo mientras continúa en el saqueo de los recursos naturales y del trabajo de América Latina. Falsa y ruin es la acusación que hacen los órganos de poder a los obreros de la USO de haber atentado contra los bienes de la nación; todo lo contrario, son los obreros, y en particular los obreros petroleros, quienes en luchas enconadas contra los calumniadores de hoy han defendido valerosamente la riqueza y la soberanía del país. El pueblo colombiano no acepta lecciones de nacionalismo de los vendepatrias. Lo de Barranca ha sido todo montado y preparado para darle un golpe traicionero a la clase obrera y al pueblo.
El proletariado, el campesinado, la juventud y el resto de gentes honestas y patrióticas están de todo corazón con los obreros de la USO en esta hora de terror. La clase obrera, que ha sido privada de los derechos de organización, contratación colectiva, huelga y demás derechos democráticos, ve en los consejos verbales de guerra contra los trabajadores de la USO, una horrorosa y reprobable modalidad de represión. Esto significa que de ahora en adelante los obreros que salgan a huelga, defiendan sus derechos sindicales y sus míseros salarios se harán merecedores a ser juzgados en consejos verbales de guerra. Los obreros de la USO han anunciado que continuarán el movimiento. La clase obrera unida, y especialmente el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR), apoyan la lucha de la USO, comprendiendo que es la lucha por los derechos democráticos pisoteados, contra la entrega del país al imperialismo yanqui, contra el fascismo y sus consejos verbales de guerra y por la victoria de los oprimidos contra los opresores.