EN CALDAS, COALICIÓN DEMOCRÁTICA CONTRA EL TLC

En la Granja San José, Manizales, se efectuó un concurrido seminario convocado por la Coalición Democrática de Caldas para abrir la lucha contra los acuerdos de libre comercio. Intervinieron Jorge Enrique Robledo y Óscar Gutiérrez, senador y diputado del MOIR por Caldas, respectivamente; Alfredo Holguín, Lesner Almenares, Julio Restrepo y Marlene Zuluaga, del Frente Social y Político; Eugenio Mejía, dirigente del Liberalismo Autónomo de Caldas; Paula Andra Ramírez, del Modep; y Rosario Vásquez del PDI.

A pesar de la diversidad de matices ideológicos, todos convergieron en señalar los peligros del TLC y el Alca para la producción nacional, los trabajadores y la soberanía, así como en destacar la necesidad de aunar fuerzas. El evento acordó los criterios básicos que deben regir la Coalición Democrática, que se define como una organización de lucha, similar a la que dirigió la batalla contra el referendo. La dirección será colegiada y en ella estarán representados todos los partidos y movimientos (Juan Ahumada Farietta).

FORO CONTRA EL EL TLC EN TUNJA

Bajo el lema Preparémonos para proteger lo nuestro se llevó a cabo en Tunja el pasado 26 de marzo el Foro «Boyacá frente al libre comercio (ALCA y TLC)», organizado por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, la Secretaría Agropecuaria y Minera de Boyacá, la Oficina de Planeación Municipal de Tunja, las seccionales de la CUT y UNEB, Planeta Paz, El sindicato de Paz del Río, Cedetrabajo, Fabegán, la Cámara de Comercio de Tunja, la Organización Colombiana de Estudiantes, OCE y Fun-Comisiones. El Foro desbordó los cálculos de los organizadores: más de 800 personas provenientes de varias zonas del departamento: asistieron alcaldes, diputados, concejales, gerentes de empresas, varios miembros de la Academia Boyacense de Historia un amplio número de agricultores y ganaderos, funcionarios de los gobiernos departamental y municipal, estudiantes de todas las universidades boyacenses y de los colegios de Tunja, y representantes de todos los sectores políticos del departamento.

Laureano Cuerdo, representante para América Latina de Comisiones Obreras de España, quien desde la visión de los trabajadores europeos destacó y apoyó la lucha que libra el movimiento sindical colombiano y latinoamericano contra los desiguales tratados de libre comercio impuestos desde Norteamérica; Carlos Rodríguez, presidente de la CUT, recalcó los peligros que se ciernen sobre nuestra soberanía y nuestra economía con la pretensión norteamericana de apropiarse de toda nuestra propiedad intelectual en las negociaciones de libre comercio; Eduardo Muñoz Gómez, funcionario del Ministerio de Comercio, trató de demostrar, sin mucha convicción y con poco éxito, que el gobierno nacional transita por el camino correcto en los procesos de negociación de estos tratados; Rafael Mejía, presidente de la SAC, expuso los temores de algunos sectores de la producción agrícola frente a lo que se avecina, pero expresó esperanzas en la posibilidad de que otros sectores salgan bien librados en estas negociaciones; Fermín González intervino en nombre del Senador Carlos Gaviria y puso de relieve los graves daños que causará la suscripción de los tratados de libre comercio; Aurelio Suárez, director ejecutivo de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, mostró las nefastas consecuencias que han tenido en México y en Chile las políticas aperturistas, como ejemplos negativos en los cuales habrán de reparar los colombianos para no permitir que se repitan y profundicen en nuestro país. Cerró el senador Jorge Enrique Robledo, quien abundó en ejemplos de lo desastrosos que han resultado para la economía nacional los catorce años de aplicación de la política de apertura que ahora pretende profundizarse con el TLC y el Alca y llamó a la gran unidad de todos los sectores colombianos para impedir que tales tratados se lleven a cabo.

ENCUENTRO NACIONAL DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y SOCIALES

La Gran Coalición Democrática es la coordinación de un importante número de fuerzas políticas, sindicales y sociales que se aglutinaron a comienzos del año pasado con el objetivo de enfrentar la política oficial plasmada en la propuesta del Referendo, como parte de los acuerdos de esta administración con el gobierno de W. Bush, fiel representante del capitalismo financiero internacional. Las actividades adelantadas unitariamente por la Gran Coalición contribuyeron, sin duda alguna, a que la propuesta uribista fuera derrotada en las votaciones del pasado 25 de octubre. Pero como quiera que esas políticas, peligrosamente antinacionales y antipopulares, el gobierno ha seguido intentando revivirlas y hacerlas aprobar por distintos caminos, entre ellos el del llamado Acuerdo Político Nacional y, más recientemente, por la vía de la Reelección, las fuerzas integrantes de la Gran Coalición decidieron mantener esta instancia organizativa y aprobar diferentes tareas dentro del objetivo de impedir que el grupo empotrado en el gobierno imponga sus pretensiones regresivas.

Como por orientaciones del presidente Uribe insisten en modificar el sistema nacional de impuestos, en perjuicio de los sectores productivos y laboriosos; en desmejorar el sistema pensional y en recortar, aún más, las transferencias a los entes territoriales; en profundizar la reestructuración y ajuste del Estado con el despido de otros miles de trabajadores; de restringir la participación de los sectores y fuerzas opositoras en los escenarios donde se debate y define la realidad nacional y, como si fuera poco, se proponen reformar el sistema judicial e impulsar otras decisiones represivas recortando aún más las ya desvencijadas libertades democráticas, fortalecer la Gran Coalición Democrática es hoy una absoluta necesidad en la indeclinable tarea de unir al pueblo colombiano en su lucha contra sus enemigos internos y externos y por la defensa de los recursos naturales hoy saqueados, de la soberanía nacional y de las libertades ciudadanas.

Para los días 29 y 30 de abril, en Bogotá, la Gran Coalición convocó un encuentro de dirigentes de las fuerzas que la integran, para analizar cómo enfrentar en la mejor forma los siguientes aspectos:

1. Del Acuerdo Político uribista: su paquete legislativo, la reforma de la justicia y la propuesta de reelección o prorroga del período presidencial.

2. La defensa de la soberanía ante la política económica del gobierno, los peligros que entrañan la firma del Tratado Bilateral de Libre Comercio, TLC, con Estados Unidos o el establecimiento del Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA y la agobiante deuda externa.

3. La defensa de los derechos democráticos y las libertades públicas, la solución política del conflicto armado y la condena del terrorismo, en todas sus manifestaciones.

LA DEFENSA DEL SENA

El 20 de marzo los instructores, trabajadores administrativos, aprendices y estudiantes del Sena se declararon en asamblea permanente.

Los decretos de reestructuración 00249 y 00250 modifican la estructura del Sena y la planta de personal, cuyo ajuste implica el despido de más de medio millar de trabajadores. Los decretos están dirigidos a desmontar la formación profesional gratuita y a entregar al sector privado la valiosa infraestructura y los recursos provenientes de las rentas parafiscales.

Los decretos pretenden:

w Acabar con la formación profesional gratuita y estatal, al autorizar el cobro a «las personas con capacidad de pago».

w El autofinanciamiento de los centros de formación, lo que conlleva la venta de servicios, el establecimiento de convenios, el arrendamiento de instalaciones y equipos con instituciones privadas de formación.

w Dedicación de parte del presupuesto de formación para la denominada «incubación de empresas», que en últimas les facilita a las multinacionales establecer maquilas y talleres satélites, además de dirigir los recursos a sectores de la economía que le convienen al imperialismo.

La protesta tiene la simpatía de los colombianos, que ven en el Sena la primera opción de formación o, como suele decirse, la universidad del pueblo.

El ministro de Protección Social y el director general, Darío Montoya, han desatado la más recia represión. Se ha dado tratamiento militar al conflicto en varios de los centros de formación, asunto que no ha minado la beligerancia del movimiento que se mantiene con un formidable despliegue de movilizaciones, asambleas y mítines en todo el país.

El Sena es una entidad profesional sostenida con las rentas parafiscales, y en sus casi 50 años de existencia ha formado varias generaciones de trabajadores, convirtiéndose en un factor clave para el desarrollo de la producción nacional. Unámonos a esta patriótica convocatoria de Sindisena y la CUT.

LOS PETROLEROS EN BATALLA DECISIVA

Para poder liquidar la principal empresa del país, el gobierno necesita arrasar con los defensores históricos de nuestro petróleo, los trabajadores afiliados a la USO.

El jueves 22 de abril los trabajadores de la Refinería de Barrancabermeja y de los campos de El Centro y Casabe, reunidos frente a las alambradas y los piquetes de soldados y policías que custodian el complejo industrial, iniciaron la huelga general en Ecopetrol. Los acompañaban delegaciones de la CUT, la CGTD y el Foro Social de Barranca. Luego se fueron sumando uno a uno todos los distritos de la empresa: la refinería de Cartagena, los campos, refinería y oleoducto del Putumayo y Nariño, los campos y la refinería del Meta, los de Sabana de Torres y el Catatumbo, así como toda la red nacional de poliductos, al igual que el pequeño contingente de afiliados de las oficinas centrales de Bogotá.

Desde el mismo jueves no han cesado las movilizaciones en todas las ciudades sedes de la industria petrolera.

El viernes se vinculó un centenar de pensionados que dirigen trabajadores de contratistas, otro tanto de aprendices del Sena a los que irresponsablemente Yanovich pretendía poner a operar la refinería, y por lo menos 500 trabajadores de contratistas que le hacen mantenimiento.

Los pensionados en Bucaramanga, en multitudinaria asamblea, declararon el apoyo a la huelga y aprobaron tareas de movilización y aportes económicos para el movimiento. En Sabana de Torres y Puerto Wilches se realizaron foros sobre la política petrolera con asistencia masiva de la población y representantes de la Iglesia.

Monseñor Jaime Prieto Amaya, obispo de Barrancabermeja, el director de Pastoral Social, padre Eliécer Soto, y el alcalde de Barranca, Édgar Cote, han respaldado públicamente los objetivos de la protesta y acompañado al sindicato en los diversos actos. El Concejo de Barranca programó un cabildo abierto al que asistieron los congresistas Jorge Enrique Robledo, Wilson Borja, Venus Albeiro Silva y Álex López, quienes seguidamente acompañaron una nutrida manifestación.

En Cartagena, Medellín, Cali, Villavicencio y Medellín se han efectuado manifestaciones, mítines y conferencias en solidaridad con los huelguistas.

La unidad en el sindicato se ha consolidado y el sindicalismo colombiano convierte en suya esta patriótica gesta.

Los motivos de la huelga

Las causas centrales del conflicto son: extender los contratos de asociación hasta el agotamiento de los yacimientos, pues hoy estipulan que terminados los 22 años de explotación deben revertir al Estado los pozos e instalaciones, quedándose con el cien por ciento de la producción. Uribe ordenó prorrogar el contrato del gas de la Guajira con la Chevron-Texaco, el contrato especial de Las Monas con la OXY, que produce crudo y gas en Sabana de Torres, y se está procediendo en el mismo sentido con Caño Limón, en Arauca, igualmente de la OXY. Sólo en la Guajira se dejarán de percibir 90 millones de dólares, según el contralor. Otros cálculos estiman que subirán a 300 millones.

El modelo de contrato dado a conocer por el ministro de Minas, y diseñado por la Asociación Nacional de Hidrocarburos, ANH, es exactamente igual al contrato de concesión firmado con la Troco para explotar los campos de Barranca a principios del siglo XX. El 100% de la producción será para las multinacionales; el país solo recibirá lo correspondiente a impuestos y regalías, situación a la que ya retrocedimos en el carbón y el ferroníquel, y que atenta severamente contra el interés de la nación y causa de la pérdida de miles de millones de dólares.

La administración de Ecopetrol ha decidido permitir la entrada de las multinacionales a los campos propios de la Empresa, entregándoles parte de la producción, hoy de 110 mil barriles diarios, obtenidos a un costo promedio de 11 dólares cuando el precio de venta internacional está en 38. Esta medida ya se tomó en los campos de El Centro, con la OXY, y se negocia la entrega del campo Provincia, con Petrosantander. La medida ha causado gran indignación entre la población de Barrancabermeja y Sabana de Torres.

Estas medidas complementan el decreto 1760 de 2003, expedido por Uribe con el fin de quitarle el manejo de las reservas a Ecopetrol, convertirla en sociedad por acciones y crear la ANH como ente de bolsillo de las multinacionales, todo con el fin de liquidar en corto plazo la principal empresa del país.

Para alcanzar tan antinacionales despropósitos necesitan arrasar con los defensores históricos de nuestro petróleo, la USO. Para ello se ha dispuesto arrebatarles a los trabajadores la convención, mediante un arbitrario laudo; utilizar todo el poder de la represión oficial y negar cualquier negociación. Hasta los derechos de los pensionados pretenden ser conculcados, al plantear que el fondo pensional se invierta en acciones de la nueva Ecopetrol S.A, cuando a todas luces el gobierno le está apostando a liquidarla.

La USO ha resuelto salir a librar la batalla por la defensa del patrimonio público más importante de la nación, Ecopetrol, recuperar la convención colectiva, impedir el despido de los trabajadores temporales y la desmejora de los salarios a los de contratistas, y defender, en últimas, la contratación colectiva. La huelga es de gran contenido patriótico y democrático: reivindica el manejo soberano de los hidrocarburos y el derecho de los trabajadores a negociar sus condiciones de trabajo.

El movimiento sindical ha de tomar como suya esta pelea, procurar que los más amplios sectores de la población comprendan su crucial importancia y la acompañen con manifestaciones concretas de solidaridad.

QUE LOS OBREROS ENCABECEN LA LUCHA CONTRA LA RECOLONIZACIÓN

Ferviente llamado a mantener firme la posición de pelea y a desechar las promesas de patronos y gobierno.

Gustavo Triana

La toma imperialista del país por parte de Estados Unidos se ha profundizado durante el gobierno de Uribe Vélez. Así lo indica la imposición de los acuerdos de libre comercio, el saqueo de los recursos naturales y el abaratamiento de la mano de obra, objetivos sobre los cuales el gobierno tiene un apresuramiento manifiesto.

Luego de las reformas pensional y laboral del año 2002, Uribe anuncia el trámite de nuevos actos legislativos para recortar las transferencias a departamentos y municipios, y negarles a los trabajadores el derecho a una pensión de jubilación, reafirmando la importancia que para los propósitos imperiales tiene rebajar los costos de la mano de obra a niveles de superexplotación, propios del esclavismo. Esta es una característica connatural a las políticas neoliberales.

Es un hecho que los trabajadores cobijados por convención colectiva son una minoría y que los que aún conservan contrato de trabajo individual desaparecen rápidamente ante la imposición de modalidades laborales desregularizadas. La inmensa mayoría de los asalariados está siendo vinculada por cooperativas de trabajo asociado, agencias de empleo temporal, contratos sindicales, órdenes para prestación de servicios y contratos civiles, que acaban con la contratación colectiva y las organizaciones sindicales.

La ofensiva es de tal magnitud que no es exagerado señalar que borra del sistema jurídico cualquier vestigio del derecho laboral. El modelo requiere suprimir toda normatividad y llegar hasta la más cruda represión. Equivocar el análisis sobre esta característica de la política imperialista conduce inevitablemente a cometer errores tácticos y a desarmar política e ideológicamente a los trabajadores.

En busca de una respuesta adecuada

Las respuestas dadas por el movimiento sindical no han alcanzado la coordinación ni la contundencia suficientes para enfrentar la ofensiva neoliberal. No pocas veces se ha vacilado al confrontar las medidas antinacionales y antiobreras, renunciando a defender los derechos conquistados en un siglo de luchas. Algunos pretextan para ello la necesidad de preservar las fuerzas, ser propositivos, abandonar lo “contestatario” o simplemente abrazan como alternativa la reaccionaria convocatoria del sindicalismo sociopolítico a convertirse en accionistas de las empresas o en nuevos contratistas e intermediarios.

Varios factores han entrabado la concreción de una respuesta adecuada: el pesimismo ante la brutal ofensiva imperialista, las inconsecuencias y el burocratismo, la introducción de métodos de lucha ajenos a la clase obrera, la negativa a centrar el ataque en las políticas imperialistas y sus ejecutores en Colombia, y la por lo menos ingenua actitud de esperanzarse en la concertación. Se ha perdido la oportunidad de adelantar protestas de gran magnitud, a pesar del favorable estado de ánimo de las bases. No obstante se libraron combates que mostraron cómo las masas alcanzan grados de movilización y lucha insospechados, si se les organiza y encamina a defender sus más caros intereses y reivindicaciones con una táctica correcta. Ejemplo de ello han sido el paro nacional estatal de 21 días en octubre de 1998, el Paro Cívico Nacional del 31 de agosto y 1 de septiembre y las movilizaciones de Fecode contra el Plan Nacional de Desarrollo y el Acto Legislativo 01.

Por lo demás fue aleccionadora la victoria alcanzada contra el referendo uribista, la más importante contra las políticas neoliberales. El acierto radicó en la amplitud de la convocatoria y la firmeza en la posición. Se probó la capacidad de convocatoria y de movilización de recursos de todo tipo por parte de las Centrales Obreras y la Gran Coalición Democrática, cualidad que con frecuencia se ignora o subvalora.

Aleccionadoras experiencias

Algunas de las recientes experiencias del movimiento sindical arrojaron resultados negativos, que deben movernos a reflexión para sacar las respectivas lecciones. Los procesos vividos por los trabajadores de las Telecomunicaciones, Acerías Paz de Río, Cajanal, el Seguro Social, Emcali, Caja Agraria, Bancafé, demuestran hasta la saciedad y con graves repercusiones para el país y los trabajadores, que el imperialismo viene por las empresas, las convenciones y los sindicatos.

Para frenar los propósitos gubernamentales de privatizar las empresas y entidades y pauperizar los salarios, ha sido inútil hacer concesiones tales como suprimir derechos convencionales; entregar la retroactividad de las cesantías; firmar contratos sindicales y participar en la constitución de cooperativas de trabajo asociado; capitalizar las empresas con las prestaciones sociales; excluir a los trabajadores nuevos de las convenciones; renunciar al derecho de presentar pliegos de peticiones.

Por el contrario, los resultados son altamente positivos para los trabajadores y el pueblo cuando la posición de pelea se mantiene firme y se desechan las promesas de patronos y gobiernos. En 1997, la USO impidió la privatización de Ecogas con la lucha y la defensa de la empresa como objetivo prioritario; Fecode frenó la política neoliberal sobre financiación de la educación pública, peleando en el marco de la expedición de la ley 60 de 1993; los maestros y los petroleros ganaron el régimen de excepción en la ley 100 de 1993 con una posición de batalla; los trabajadores de Enka y El Cerrejón defendieron con éxito sus convenciones y puestos de trabajo; Sintrainagro recurrió recientemente a la huelga, y preservó las convenciones y la estabilidad de los trabajadores de la palma en Puerto Wilches; los aprendices, alumnos, instructores y trabajadores del Sena llevan 12 años de incesante lucha por la defensa de la Institución y de sus derechos y, en forma ejemplar, persisten ahora en la movilización como herramienta principal para lograr sus metas.

Urgencia de la batalla

Por estos días la situación se ha agudizado para sectores cuyo peso en la economía y en el movimiento sindical son determinantes en el pulso contra el gobierno de Uribe y las políticas imperialistas.

La reforma a la justicia que se tramitará en el Congreso y la reestructuración de dicha rama, socava importantes derechos democráticos de la población, y golpea contundentemente reivindicaciones de jueces y trabajadores de la rama judicial, Asonal ha respondido con la aprobación de un paro nacional indefinido.

El Comité Ejecutivo y la Junta Nacional de Fecode aprobaron dar igual respuesta al recorte de las transferencias, la abolición del régimen pensional y el resto de medidas que privatizan la educación y eliminan los derechos del magisterio.

Los sindicatos del SENA y sus estudiantes y aprendices vienen realizando movilizaciones y foros para ambientar el paro por la defensa de la formación profesional estatal y gratuita, contra la entrega de las instalaciones y dotaciones de la Institución al sector privado y por preservar los derechos de instructores y trabajadores administrativos.

En su Asamblea Nacional de Delegados, la USO resolvió, por unanimidad, adelantar la huelga en Ecopetrol, y en efecto la inició el pasado jueves 22, para oponerse a la prórroga de los contratos de asociación, el restablecimiento de las concesiones, la venta de los campos de producción a las multinacionales, la imposición del laudo arbitral, exigir el reintegro de los dirigentes arbitrariamente despedidos y, en suma, defender el principal patrimonio público de Colombia.

Con determinaciones tan lesivas y ante anuncios como la eliminación del derecho a la pensión de jubilación, la reelección de Uribe y el inicio de las negociaciones con Estados Unidos para el establecimiento del Tratado de Libre Comercio, el movimiento sindical puede contribuir a la concreción de batallas imprescindibles para la dignidad nacional y tan ansiadas por las bases sindicales que sufren el inclemente deterioro de sus condiciones de vida y de trabajo. Estamos ante la necesidad de reactivar la resistencia y con ello recobrar la confianza en la lucha de las masas, como única salida para resolver los problemas que aquejan a los trabajadores y al país. Las Centrales Obreras deben poner todo su empeño en la coordinación de estos conflictos, brindarles la más vigorosa solidaridad y jalonar la oposición de la inmensa mayoría de los colombianos al TLC, a la reelección uribista y, en general, a las políticas antipopulares y antidemocráticas del gobierno.

SE AFIANZA ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA

Uribe Vélez está empeñado en darle pábulo a un proyecto dictatorial, sostuvieron los congresistas

Alternativa Democrática se consolida como bancada parlamentaria dispuesta a combatir el autoritarismo del gobierno, las medidas neoliberales y la ofensiva recolonizadora del imperio del Norte.

A la bancada pertenecen los senadores Carlos Gaviria Díaz (Frente Social y Político), Jorge Enrique Robledo (MOIR), Luis Carlos Avellaneda (Partido Unidad Democrática), Efrén Tarapués Cuaical (Autoridades Indígenas de Colombia, AICO) y Antonio Javier Peñalosa (Movimiento Ciudadano), y los representantes a la Cámara Wilson Borja y Alexánder López (Frente Social y Político), Venus Albeiro Silva (Partido Comunitario Opción Siete), y Ermínsul Sinisterra (Partido Unidad Democrática).

Contra la reforma a la justicia

Los nueve congresistas condenaron en forma unánime el proyecto de reforma a la justicia como un «camino hacia la dictadura».

Cada nueva propuesta del gobierno de Uribe, señaló en marzo Alternativa Democrática en un comunicado de prensa, ratifica sus propósitos regresivos, en contravía de las urgentes y legítimas demandas populares.

Lo que Uribe pretende hacer pasar en el Congreso «obstaculiza el funcionamiento independiente y autónomo de la rama judicial y debilita la acción de tutela para derechos económicos y sociales, pues como lo expresaron los integrantes de la Corte Constitucional, ‘so pretexto de introducir ajustes menores a la tutela, realmente le quita por completo la eficacia y estimula la inseguridad jurídica».

Los congresistas concluyeron: «El estado de Emergencia Judicial, una de las figuras propuestas, le da al Presidente de la República la facultad de modificar a su amaño los códigos penales, civiles y laborales y para suspender términos, trasladar expedientes y cambiar, incluso, ‘procedimientos penales como las detenciones preventivas y las medidas de aseguramiento’. En resumen, el gobierno lo que busca es quitarse los controles, por lo que renombrados juristas han manifestado que lo que propone el gobierno simplemente da como resultado una dictadura».

Alternativa Democrática respaldó plenamente el erguido pronunciamiento de los nueve magistrados de la Corte Constitucional, que con valor civil rechazaron el proyecto de reforma a la justicia.

No al Acuerdo Político uribista

También en marzo, los congresistas de Alternativa Democrática acordaron no concurrir a las reuniones convocadas en la Casa de Nariño por el primer mandatario y encaminadas a allanarle el camino a un Acuerdo Político.

Señalaron en un comunicado: «Tanto en el Referendo del 25 de octubre como en el Congreso de la República han sido derrotadas las pretensiones de Uribe Vélez de generalizar el IVA a todos los productos y servicios, disminuir nuevamente las transferencias a las regiones, elevar aún más los años para que los asalariados, hombres y mujeres, puedan empezar a gozar de su derecho a la pensión, eliminar los regímenes especiales para el magisterio y los trabajadores del Seguro Social y Ecopetrol e imponerles impuestos a los pensionados.

«Y como en esas estas instancias no ha podido lograr la aprobación de esas propuestas regresivas, entonces el uribismo insiste en conseguirlas mediante el llamado Acuerdo Político, como bien lo han informado los medios de comunicación».

Con este tipo de maniobras, denunció Alternativa Democrática, Uribe Vélez pretende restringir el debate democrático que ha de darse en el parlamento, sustituyéndolo por exclusivos conciliábulos a puerta cerrada.

El proyecto de reforma constitucional en que viene empeñado el presidente Uribe para abrirle el camino a la propia reelección fue rechazado en forma enérgica por los doce congresistas (Ver Recuadro, a la izquierda), encabezados por los senadores de Alternativa Democrática Carlos Gaviria, Jorge Enrique Robledo, Efrén Félix Tarapués y Luis Carlos Avellaneda, además de otros parlamentarios.

¡NO REELECCIÓN!

El apego morboso al poder, lo que se conoce como libido imperandi, es un rasgo inequívoco de los gobernantes con vocación autoritaria y dictatorial. Su apelación a la voluntad del electorado es apenas una estratagema para engañar incautos y dar una apariencia de legitimidad a su decisión de aferrarse al poder, supremo bien que les permite identificar sus intereses políticos particulares con el interés general.

El propósito del actual Presidente de promover y auspiciar su propia reelección es un acto a la vez devergonzado y vergonzoso que pone en evidencia el riesgo en que se encuentra lo poco que hay de democracia en Colombia. Ya se conoce el talante del doctor Uribe Vélez quien, para el logro de sus propósitos, no tiene empacho en desconocer y manipular las reglas que en el Estado de Derecho limitan la actividad de los gobernantes. El Referendo es un antecedente ejemplar al respecto. Primero quiso ejercer presión indebida sobre la Corte Constitucional, invadió los medios de comunicación y la intimidad de los hogares más allá de lo razonable, y, luego, frente al resultado adverso no encontró ilegítimo solicitar a un ex Presidente que influyera en los Magistrados del Consejo Nacional Electoral a fin de que cambiaran, a posteriori, las reglas del juego. La controversia impertinente e insólita (de su parte) que hoy protagonizó con un Senador de la República sin que aún se haya aprobado siquiera en primer debate el proyecto de Acto Legislativo destinado a aprobar la reelección del Presidente de la República es un anticipo de lo que vivirá el país en breve término si se tolera la intervención desmesurada e ilegítima del más alto funcionario del Estado en la actividad política y de la desigualdad manifiesta en que se encontrarán sus competidores en busca de la Presidencia de la República.

Firman: Carlos Gaviria, Jorge Enrique Robledo, Jesús Bernal, Édgar Artunduaga, Luis Carlos Avellaneda, Juan C. Restrepo, Efrén Tarapués, Samuel Moreno, Antonio J. Peñalosa, Piedad Córdoba, Jaime Dussán y Wilson Borja.

Editorial: CARTA ABIERTA DEL MOIR A LA CORTE CONSTITUCIONAL SOBRE LA REFORMA A LA JUSTICIA

Héctor Valencia, secretario general del MOIR

Señores magistrados de la Corte Constitucional:

Hace varias semanas ustedes emitieron por unanimidad un pronunciamiento, tan revelador como monitorio, sobre el proyecto de reforma a la justicia que el gobierno de Álvaro Uribe deslizó en los medios de comunicación para hacerlo conocer del país. Eludiendo referirse a lo allí expuesto por ustedes, voceros gubernamentales se apresuraron a restarle importancia recurriendo a asignarle al documento oficial un carácter de simple borrador, lo que lleva a pensar que el gobierno se está dando mañas para tantear las reacciones ante las serias implicaciones políticas y jurídicas de su propuesta. Otros, sin tomarse la molestia de examinar el contenido del pronunciamiento, a la ligera lo adscribieron a un episodio más de las controversias que suscitan los peculiares criterios y actuaciones de los magistrados de la Corte Suprema, y no faltó el editorialista que lo calificó de exagerado.

Se puede calar mejor lo que se pretende con la reforma, y así apreciar la trascendencia que objetivamente adquieren los criterios consignados en su pronunciamiento, si se tiene en cuenta el momento político y social en que el gobierno la presenta.

El país está aherrojado a una situación crítica en todos los órdenes luego de atravesar el “futuro” bañado en neoliberalismo en el que, tras exultante invitación, lo introdujo Cesar Gaviria en 1990. El mismo que los siguientes gobiernos de Samper y Pastrana adobaron y que hoy Uribe entiba con incansable laboriosidad y en plena concordancia con los intereses económicos y políticos que Estados Unidos impone imperialmente en todo el planeta. Tal cual lo señalan análisis de importantes organismos nacionales e internacionales, y aun las mismas cifras oficiales, el panorama económico y social resultante no puede ser más catastrófico: pobreza y miseria rampantes, enormes carencias en servicios de salud y educación y una creciente y generalizada degradación en las condiciones de vida más de 30 millones de compatriotas mientras los magnates en posesión del capital financiero, tanto nativos como extranjeros, obtienen exorbitantes ganancias. Cada aspecto de este cuadro es fundamento del otro.

No obstante, los principales empeños de Uribe apuntan a proseguir la política generadora de esos males al intensificar la entrega de la soberanía en aspectos claves de la vida nacional, la privatización de las empresas de servicios públicos, el saqueo de recursos naturales estratégicos, el agostamiento de la producción nacional en la industria y el agro, la pérdida de la seguridad alimentaria y el marchitamiento del mercado interno, al tiempo que recorta o suprime conquistas y derechos de la población laboriosa. Y es su implacable aplicación la que torna indispensable el poder político que para sí y con vehemencia de iluminado reclama Uribe Vélez. El mismo que para colmo ahora quiere prolongar haciéndose reelegir.

En su afán porque esta política tenga un desarrollo más expedito, Uribe ha encontrado que los controles a los que constitucionalmente está sometido su gobierno constituyen una traba. Más aún, si se examina a fondo, para las metas principales de su gestión no son compatibles postulados claves de la administración de justicia en Colombia, que informan tanto los preceptos constitucionales y legales como las competencias y procedimientos, las instituciones que los aplican y las pautas que determinan su relación con las otras ramas del Estado. La normativa jurídica vigente, concebida en sus orígenes para que contuviera los elementos que facilitaran la apertura neoliberal y la inserción del país en la globalización que se promueve desde los grandes centros financieros, en la actualidad “mata” la proyección que a esos fenómenos políticos y económicos quiere imprimirle Uribe Vélez. No es de extrañar entonces que la reforma esté dirigida, como ustedes aluden, a impedir la protección de derechos consignados en la Constitución y obstaculizar en favor del ejecutivo la separación de las ramas del poder que caracteriza al presente modelo de Estado.

En este mismo orden de ideas, no puede ser más alarmante su advertencia respecto a que, de concretarse, tal pretensión “permitiría al Gobierno a su arbitrio, crear jurisdicciones transitorias, modificar la justicia civil, penal, laboral, constitucional y contencioso administrativa y reformar cualquiera de los códigos, todo ello mediante decretos con fuerza de ley que tendrían carácter permanente. El proyecto no establece límites en cuanto a los procesos judiciales y derechos que podrían ser interferidos por el Ejecutivo”. Es obvio que esto equivale a una toma de la justicia, de corte absolutista, por parte del jefe del ejecutivo, lo que cambiaría las bases sobre las que se asientan las actuales relaciones políticas existentes en la sociedad.

Cada día es mas claro que la política trazada por el gobierno uribista solo puede desplegarse causando una involución de los escasos márgenes democráticos y recurriendo a prácticas dictatoriales. Seguramente percatados de esto, ustedes llaman a que las reformas que se lleven a cabo deben “progresar en la construcción de la democracia y no retroceder en los espacios que últimamente han ganado los colombianos”. La contradicción entre este anhelo y lo que busca la anunciada reforma a la justicia se establece en términos excluyentes que no admiten la conciliación. O prevalece la reforma retardataria o lo hace el avance de los colombianos en la apertura de nuevos espacios democráticos.

Un aspecto particular del proyecto de reforma son los anunciados cambios en la acción de tutela, la cual terminó por convertirse en un expediente indicativo de las arbitrariedades, discriminaciones y negación de derechos a que están sometidos vastos sectores de la población por parte de las diversas entidades estatales. Al constatarse que, según Asonal, más de la mitad de las 800.000 tutelas que han arribado a la Corte Constitucional se encaminaron a proteger la seguridad social, la afirmación de ustedes respecto a que el proyecto de reforma gubernamental va a “quitarle por completo la eficacia a este instrumento” y a impedir que a través de él se protejan derechos constitucionales atinentes a las libertades básicas y a reivindicaciones sociales en salud y educación, pone de manifiesto que estamos ante una especie de ataque preventivo contra eventuales conquistas de las gentes en asuntos que les son material, social y políticamente vitales.

Sabemos, señores magistrados, que así como no faltaron funcionarios y políticos que consideraron sus conceptos y argumentos como exorbitancias del ideario jurídico y constitucionalista que ustedes profesan, tampoco faltarán quienes procedan a desvirtuar los nuestros por poseer connotaciones ideológicas que se les antojan anticuadas. Pero lo cierto e incontrastable es que estamos ante una ideología retrógrada y oscurantista que preside, en íntima ligazón e imprimiéndoles su sello, cada uno de los actos del gobierno. Por contera, cuando se debaten los problemas que padece la nación, quien la alimenta desde la cúpula estatal pretende que, en aras de un grosero pragmatismo, el oponente de turno se despoje de la suya. Tal intolerancia, de la que también dan repetidas muestras áulicos tan tenaces de Uribe como Londoño Hoyos, Fabio Echeverri y Rudolph Hommes, hace patente que la lucha política en Colombia envuelve una permanente lid ideológica sobre su destino. Y, por supuesto, las concepciones sobre cuestiones jurídicas, que hacen parte de la superestructura de la sociedad, no son extrañas a ella.

Todas estas consideraciones, motivadas en las atinadas razones que ustedes expusieron frente a los fines que orientan el proyecto del gobierno, corresponden a la política que en defensa de la nación y en pro de su progreso económico y democrático desarrolla con consecuencia y sin pausa el MOIR. Al instaurarse la política de apertura económica en 1990, adoptamos, con juicios cuya justeza los hechos han venido y siguen corroborando, una firme posición crítica ante los orígenes, implementación y resultados que predominaron en la Asamblea Constituyente. Pero hoy, sin desmedro de esa posición, que aún sostenemos, cuando las mismas normas e instituciones jurídicas que de allí surgieron y que rigen la vida social de los colombianos se quieren arrasar para proceder a un ejercicio absolutista del poder, y cuando, según lo expresado por demócratas y patriotas que merecen todo nuestro respeto, el mandatario Uribe Vélez amenaza con modificar el actual funcionamiento del Estado para construirse uno a la medida de sus ambiciones antinacionales y antidemocráticas, el pronunciamiento de ustedes es una vigorosa alerta que los compatriotas deben escuchar con atención, a fin de aunar voluntades para emprender consecuentes y eficaces resistencias civiles.

Atentamente,

Héctor Valencia, secretario general del MOIR

Bogotá, 25 de abril de 2004