EL ASALTO FINAL A LAS TRANSFERENCIAS TERRITORIALES

Raúl Arroyave

Con la abolición del situado fiscal y las participaciones de los municipios en los ingresos corrientes de la nación perpetrada en 2001 con el Acto Legislativo 01, se inició el desmonte exigido por el Fondo Monetario Internacional, de las transferencias territoriales para el financiamiento de la salud y la educación.

A partir de entonces dejaron de ser un porcentaje de los ingresos corrientes de la nación para transformarse en una cifra fija que, con el nombre de Sistema General de Participaciones (SGP), sufrirá sucesivos y sistemáticos recortes a través de la ley 715 de 2001 y de los documentos Conpes aprobados desde enero de 2002.

El SGP, que para el año 2001 era de 10.962 billones de pesos, fue cercenado en 4% (438 mil millones de pesos) con destino a los municipios ribereños del río Magdalena, los resguardos indígenas, los programas marginales de alimentación escolar y el Fonpet. La misma ley 715 asignó para educación el 58,5% del disminuido SGP, a pesar de que durante la vigencia del situado fiscal la asignación para educación correspondía a 60% del mismo.

Con esta premisa, el Conpes empezó a distribuir el presupuesto con el método de once doceavas, para birlarles a las entidades territoriales la última doceava, en virtud de lo exigido por las políticas de recorte de las plantas de personal o, de no ser posible, cargársela al presupuesto de la vigencia siguiente.

Bajo estos parámetros poco auspiciosos se fue aplicando toda la política de recorte en los años 2002 y 2003. Con las decisiones presupuestales y las definiciones en materia de política educativa se da inicio a la escalada de normas y nuevos documentos Conpes que han conducido al actual proceso de ajuste y a la escalada sin precedentes en contra de la estabilidad laboral y los históricos derechos del magisterio.

Todo esto, sumado a arbitrarias directivas ministeriales, terminó hacinando a los estudiantes en las aulas; recargó de trabajo a docentes y directivos; sacó a miles de maestros de sus tradicionales puestos de trabajo, abolió áreas y procesos académicos claves para una educación de calidad y para una formación integral y amenazó con traslados discrecionales y masivos.

Además, el gobierno levantó la espada de Damocles de la evaluación-sanción y afinó un perverso mecanismo de concurso para impedir la vinculación en propiedad de los maestros; congeló los salarios, no sólo por los montos irrisorios de los incrementos forzados sino por la vía de negar un régimen de escalafón que sea estímulo para la labor de los docentes; burló la vinculación en propiedad de los educadores provisionales y en fin, confinó la educación pública a la marginalidad, reduciendo su calidad y lanzando absurdas y oprobiosas prohibiciones contra los menores de cinco años y mayores de 16 para que hagan parte del sistema formal educativo, todo en aras de la radical «racionalización» exigida por el FMI y el Banco Mundial.

Y en la misma medida en que avanza el recorte de las transferencias territoriales, se presiona que concluya el proceso de certificación de los municipios en los marcos de la nefasta ley 715. En esa perspectiva se inscribe la última reforma a las transferencias propuesta al Congreso a finales del año pasado y que se hundió en la segunda votación, como parte de la derrota que le propinó a Uribe la abstención activa al referendo. El mismo día de su hundimiento, el ministro del Interior anunció su nueva presentación en próximas legislaturas.

El proyecto congela hasta el año 2008 las transferencias territoriales, al suprimirse su crecimiento real del 2 y 2,5%; se eleva a norma constitucional el embeleco de las regiones formadas por varios departamentos y las provincias conformadas por un grupo de municipios; se establece que estos sean los responsables de la prestación de los servicios básicos como la educación, salud, vivienda, saneamiento ambiental, seguridad, tránsito e infraestructura básica, mientras que la responsabilidad de la nación pasa a ser residual; se estipula que el cofinanciamiento de la nación hacia los entes territoriales siga sólo hasta que ellos generen sus propios recursos y que las Asambleas Departamentales pueden establecer dentro de su territorio sobretasas a los impuestos nacionales o departamentales en los términos y hasta los límites que determine la ley, lo que implica recortar y suprimir las transferencias y delegar en los entes territoriales, por primera vez en la historia republicana, la facultad de decretar nuevos tributos, lo que era privativo del Congreso.

Establecía que el gobierno les puede suprimir las participaciones y regalías, intervenir en su manejo y destinación, y declarar la inexistencia de rentas de destinación específica, con lo cual la educación y la salud quedan a merced de los ordenadores del gasto. Se deja sentado que el monto de las transferencias queda sujeto a las limitaciones y «equilibrios» de la ley de presupuesto y a las políticas de ajuste exigidas por el FMI para garantizar a el pago de la deuda pública.

Estas, entre otras, son las razones que condujeron el 2 de marzo a Fecode a convocar al magisterio a un paro nacional indefinido en defensa de las transferencias territoriales y del régimen prestacional especial. Los militantes y activistas del MOIR y de Tribuna Magisterial estaremos en la primera línea de esta justa lucha.

LA OFENSIVA MILITAR DE ESTADOS UNIDOS POR EL CONTROL DEL MUNDO

Francisco Valderrama Mutis

La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ESN, promulgada por el gobierno de Bush en septiembre de 2002, es la carta de navegación para desarrollar una política de dominación mundial imperialista. Los lineamientos principales de este plan son: la guerra preventiva unilateral contra cualquier Estado que represente un peligro para Washington, o que lo pueda representar, o lo que es lo mismo, actuar contra cualquier amenaza antes de que acabe de formarse(!), con base en un “internacionalismo norteamericano”, definido como la “unión de nuestros valores y nuestros intereses nacionales”; imponer “los mercados libres y el libre mercado” en todo el mundo como el modelo de desarrollo económico a seguir; y la modernización y cualificación de sus fuerzas militares y el despliegue de un sistema de bases por todo el globo, para disuadir a cualquier nación que quiera emular con Estados Unidos.

Para poder asegurar un crecimiento sostenido y revertir el grave fenómeno de desempleo, baja tasa de ganancia, crecientes déficit fiscal y comercial, y estancamiento relativo, Washington necesita asegurar que sus mercancías, sus inversiones y capitales campeen libremente en el mundo. Para ello acosa a los gobiernos para que aprueben reformas jurídicas, políticas y económicas que aseguren a los monopolios norteamericanos leyes de propiedad intelectual, protección a los capitales especulativos y de inversión, trato nacional a sus compañías en los mercados internos y tribunales de arbitramento no sujetos a las legislaciones nacionales.

Este paraíso terrenal para las compañías norteamericanas no se puede concretar sin que en los países sometidos a este proceso de recolonización intensiva se produzca una quiebra devastadora de las producciones nacionales y un aumento vertiginoso de los índices de pobreza y miseria, acompasado con las reformas internas tendientes a despojar a los trabajadores de garantías y conquistas laborales. Además, Bush, después de la crisis de suministro de gas y petróleo y los cortes de energía en California, elaboró una estrategia energética, cuyo objetivo central es asegurar fuentes extranjeras para el suministro confiable de gas y petróleo, cumpliendo la meta de blindar la economía norteamericana y controlar el abastecimiento de otras potencias que puedan retar su hegemonía mundial. Y tales fuentes están principalmente en América Latina, Africa, Medio Oriente y Asia Central, sobre todo en los países alrededor del Mar Caspio.

Para tal fin, la estrategia militar de la política imperialista ha pasado a jugar un papel preponderante. El presupuesto militar se acerca a la fabulosa cifra de 750.000 millones de dólares, incluidas las apropiaciones para Irak y Afganistán, mayor que los presupuestos militares sumados de las demás potencias. Alrededor de 500.000 soldados y personal de servicio están inmersos en el extranjero en escaramuzas, acciones policivas y guerras soterradas o abiertas. Chalmers Johnson, especialista en temas militares, plantea que EU ha construido más de 900 bases por el mundo, incluyendo las doce que se están edificando en Irak, ha desplegado trece fuerzas de tarea naval, cada una de las cuales incluye un portaaviones, y mantiene en el territorio de Estados Unidos más de 6.000 guarniciones para la seguridad interna. El arco de las bases militares, llamadas “nenúfares” porque sirven de punto de apoyo para la rápida movilización y despliegue de las fuerzas de agresión, cubre desde Manta en el Ecuador, pasa por Africa y el Medio Oriente y va hasta Indonesia y Filipinas en el sureste asiático, y sirve para mantener dentro de un cerco de hierro las regiones ricas en gas y petróleo. Según el American Enterprise Institute se trata de crear una “caballería mundial” que pueda actuar rápidamente en las nuevas “fronteras” y “barrer a tiros” a los “tipos malos”, utilizando el lenguaje característico de la sangrienta colonización del oeste norteamericano.

La guerra contra Irak, basada en falsos argumentos y engaños, buscaba derrocar un gobierno que se había convertido en un dolor de cabeza para sus planes de dominación en el Medio Oriente. Washington abría así camino a la construcción de una nueva infraestructura militar que le permitiera coaccionar y doblegar a Siria e Irán, naciones que han mantenido una posición de rechazo a la guerra de terror que desarrolla Sharon contra los palestinos. También le permitiría apoderarse de reservas de petróleo iraquíes, las segundas más grandes del mundo, garantizar con su puño militar el flujo vital para su economía, aliviar la dependencia del crudo saudita, y sacar de la competencia a Francia, Alemania y Rusia, países a los cuales les fue negada la participación en la reconstrucción de la infraestructura iraquí.

Este despliegue bélico global ha estado acompañado por el desarrollo creciente de la nueva “industria” de las corporaciones de mercenarios que contratan sus servicios con el Pentágono. Estas compañías tienen el segundo destacamento desplegado en Irak con más de 15.000 mercenarios dedicados a prestar servicios de protección en campos petroleros, oleoductos, empresas, instalaciones de gobierno, entrenar a las fuerzas locales, entregar suministros a las tropas y desarrollar operaciones tácticas de alto riesgo. En la nómina de estas compañías se reúnen veteranos represores argentinos, chilenos y surafricanos, “gurkas” entrenados por el ejército británico, antiguos integrantes del SAS inglés y de la CIA gringa, en suma, toda la hez de los ejércitos y los servicios de inteligencia que va en busca fortuna. Esta fuerza mercenaria acompaña al ejército norteamericano en más de 50 países del mundo, cumpliendo las labores más sucias de sus actuales guerras de recolonización. Vinnell, Global Risk, DynCorp, MPRI Inc. y la curiosamente llamada Compañía Internacional de Aplicaciones Científicas (Science Applications Internacional Company), SAIC, constituyen un fenómeno de los negocios en EU, superando los índices de crecimiento de los sectores informático y biotecnológico. Las empresas que producen los suministros militares para el Pentágono se han lanzado a adquirirlas, después de constatar las grandes ganancias que están por venir. Northrop Grumman compró Vinnell, L-3 y CSC, compañías que venden sistemas de comunicación al ejército y la marina, se hicieron a MPRI Inc. y Dyncorp, respectivamente. En Colombia, DynCorp reemplaza a los miembros del ejército norteamericano y participan directamente en combate.

Estados Unidos planea el traslado de las grandes bases de Alemania hacia los países bálticos y de Europa Oriental. Esto, sumado al despliegue de destacamentos militares en los países del Asia Central, produjo ya la protesta de Rusia, que rechaza este avance sobre su llamado espacio vital como una amenaza directa a su seguridad. A lo anterior se suma la necesidad estratégica de contener a potencias mundiales emergentes, como India y China, tratando de disuadirlas de que continúen desarrollando su poderío militare, para evitar que le planteen un desafío a su dominación imperialista en el mediano plazo.

En América Latina, las bases norteamericanas se expanden, al mismo tiempo que se acrecientan las dificultades de los gobiernos que aplican sumisamente el recetario neoliberal. Después del retiro de Panamá, en donde sin embargo mantiene una guarnición, EU conserva y ha creado instalaciones militares, a lo largo y ancho de la región. Así lo demuestra un breve recuento de las antiguas y las nuevas: Guantánamo en Cuba; Aruba, Puerto Rico, Curazao, en las Islas del Caribe; Costa Rica, Honduras y El Salvador en Centroamérica; Colombia, Ecuador y Perú, en Suramérica. Ambiciona la base de Alcántara en el Amazonas brasileño, establecer una en Bolivia y otra en la triple frontera, norte de Argentina, además de la planeada en la Patagonia. A este cerco se une la estrategia de maniobras militares y navales, impuestas a cambio del financiamiento de las fuerzas militares locales, cuyos oficiales son entrenados en las escuelas norteamericanas y puestos bajo control de sus mentores, al igual que los tecnócratas de los gobiernos son educados en las universidades norteamericanas y sometidos a la influencia política de los gurús de la economía imperialista. A las intervenciones directas pero de “baja intensidad” se unen sus intromisiones en los asuntos internos. El “oro de Washington”, como ha quedado claro en Venezuela y Haití, financia medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales, partidos políticos, y personajes, a los cuales promete un futuro promisorio en sus compañías o en las instituciones multilaterales. A través de ellos desarrolla la “guerra de las ideas” para facilitar la implantación de su dominio. Cuando un país se le sale de las manos, utiliza estos “recursos” para promover disturbios, golpes de Estado y revueltas que lo desestabilicen y preparen el camino para su intervención militar.

Los planes de “guerra permanente” de los neoconservadores, que preveían una rápida solución del problema iraquí, y la continuación de las aventuras militares en los países clasificados dentro del maniqueo “eje del mal”, han sufrido contratiempos que forzaron a Bush a bajar el volumen de sus amenazas a Irán, Siria y Corea del Norte. Después de que declarara apresuradamente el fin de la guerra, la lucha de resistencia iraquí ha demostrado que la dominación fácil de su país era una quimera y ha llevado al gobierno norteamericano a impedir el retorno de una gran número de unidades desplegadas y a pensar en una posible restauración del servicio militar obligatorio.

Esta situación se ha visto agravada por la negativa rotunda de Alemania, Francia y Rusia de contribuir con destacamentos militares y financiación a aliviar la presión que las fuerzas norteamericanas están sufriendo. Además, la coalición se ha debilitado con la derrota de Aznar y la decisión de Zapatero de retirar las tropas españolas, medida rechazada tanto por Bush como por el candidato demócrata a la presidencia John F. Kerry.

El Pentágono ha desplegado en Irak tácticas de guerra similares a las que utilizó Francia en Argelia. Bajo el nombre de “conmoción y pavor”, recurre a una guerra de aplastamiento, destrucción de casas y sembradíos, asesinatos selectivos, masacres y torturas, como la que está desarrollando en Fallujah y en los barrios chiítas de Bagdad. Los franceses salieron derrotados de Argelia en medio del más profundo odio de toda la población unificada contra la brutalidad del ejército colonial. EU no prevalecerá sobre el pueblo de Irak con esta táctica terrorista. Cada nuevo hecho acrecentará el odio de la población contra las fuerzas ocupantes.

Decenas de miles de manifestantes han salido a las calles a protestar contra la guerra en casi todos los países del mundo. Los medios de comunicación independientes difunden rápidamente las barbaridades que cometen las fuerzas norteamericanas y los esfuerzos de los iraquíes por oponerse a la recolonización de su país. Es altamente significativo que el pueblo norteamericano se manifieste en diversos escenarios contra la guerra. Oficiales de alto rango renuncian a su cargo y se dedican a escribir en la prensa contra las mentiras de Bush, integrantes del ejército se refugian en Canadá para evadir el regreso al campo de batalla, familiares de los soldados sacrificados en esta guerra imperialista se manifiestan frente a la Casa Blanca, algunos medios de comunicación empiezan a abandonar su silencio y publican las fotos de decenas de ataúdes norteamericanos, cuyas bajas tuvieron el mes pasado un dramático incremento, a pesar de la prohibición del Pentágono.

En la actual campaña electoral presidencial que se desarrolla en Estados Unidos, los demócratas han aprovechado la catarata de denuncias sobre el engaño y las falsedades con que Bush, quien se autoproclama como el “presidente de la guerra”, logró el apoyo del Congreso y el pueblo norteamericano para su aventura militar. El fracaso de la comisión norteamericana para encontrar armas de destrucción masiva en Irak; los libros publicados por importantes ex funcionarios del actual gobierno, así como el reciente de Bob Woodward, periodista que saltó a la fama cuando destapó el escándalo de Watergate, que condujo a la caída de Richard Nixon, dejaron en claro que Bush tenía la obsesión de agredir a Irak desde el comienzo de su mandato, antes del ataque terrorista de Al Qaeda a las torres gemelas.

Algunos analistas señalan que la única diferencia entre Kerry y Bush es la retórica. No obstante, si Kerry gana las elecciones seguramente habrá cambios en los énfasis y métodos de la política internacional norteamericana. La estrategia de dominación mundial seguirá su implacable curso. Solamente la lucha decidida de los pueblos por la liberación nacional y la libre autodeterminación podrá contener la ofensiva militar imperialista de recolonización global.

POR UNA POLÍTICA NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE

Jorge Enrique Robledo

La humanidad en su inevitable transformación de la naturaleza puede causarle a ésta impactos indeseables, hasta el punto de producirles consecuencias catastróficas a las sociedades que generan esas modificaciones. Y esto, que se sabe desde hace siglos, es más cierto hoy cuando las enormes fuerzas de la tecnología son capaces de provocar alteraciones tan grandes que incluso llegan a afectar la estabilidad medioambiental del planeta.

Al mismo tiempo, hay que precisar que el cuidado del medio ambiente debe tener como principales beneficiarios a los seres humanos, y que son las tremebundas condiciones de existencia de miles de millones de estos el más grave problema medioambiental de la Tierra.

Es obvio, entonces, que no se es demócrata consecuente si no se pugna por un país y un mundo en los que al cuidado del medio ambiente se le dé importancia primordial.

Otros elementos cuya consideración es imprescindible, son los que establecen que no son la ciencia y la tecnología en sí mismas las que dañan el medio ambiente, sino su indebida concepción y aplicación, y que estas prácticas erradas tienen como causa principal unas relaciones entre las personas y entre las naciones que algún día harán parte de la prehistoria de la humanidad. El objetivo consiste, entonces, en lograr en esos dos ámbitos unas nuevas relaciones que permitan desarrollar las fuerzas productivas y, al mismo tiempo, alcanzar el mejor cuidado del entorno natural.

Por décadas, los dirigentes de Estados Unidos y otros países industrializados definieron las preocupaciones medioambientales como salidas en falso de algunos despistados. Pero en algún momento concluyeron que los daños a la naturaleza –porque los que sufren las personas les siguen siendo en lo fundamental indiferentes– podían terminar por afectarlos a ellos mismos, así como que el cuidado de algunos de sus aspectos redundaba en un excelente negocio para sus monopolios.

A partir de ese momento, en todo el mundo, y en especial en América Latina y en Colombia, los gobiernos y las trasnacionales se han esforzado por cooptar al mayor número de ambientalistas e imponer un pensamiento oficial al respecto. Y esa concepción, impuesta por las agencias financieras internacionales que modelan la economía global, nació preñada por las mismas deformaciones que son la causa de los problemas del medio ambiente.

Hay evidencias suficientes para demostrar que la política estadounidense en este campo, que define a la vez la del gobierno de Colombia, oscila entre dos polos: por un lado, ambientalismo extremo, de forma que los colombianos reduzcan al mínimo las modificaciones de la naturaleza que requiere el desarrollo nacional o establezcan normas ambientales desproporcionadas que también lastran el progreso del país, y, por el otro, ningún cuidado del medio ambiente, de manera que algunos puedan dañarlo a su antojo. En cada caso, supeditando el interés de los colombianos a la ganancia extranjera. La parálisis impuesta al progreso del Chocó y las fumigaciones aéreas de la coca y la amapola, ilustran dicha concepción.

En este aspecto, como en todos, urge que los colombianos pugnemos por definir, de manera soberana, una política ambiental que se ajuste a nuestras realidades y posibilidades. Que si bien aprenda de las buenas enseñanzas extranjeras, parta de que debe establecerse una teoría y una práctica de base nacional. Y que tenga como uno de sus propósitos generar la más amplia unidad en torno a algunos problemas principales, como podrían ser el rechazo al Alca y el TLC por su negativo impacto en el medio ambiente y el intento neoliberal de privatizar las fuentes de agua de los colombianos. El éxito alcanzado en contra de las fumigaciones en los parques nacionales es un buen ejemplo de que esas coincidencias son posibles y que la resistencia civil puede generar victorias para los intereses populares y nacionales.

JORGE ENRIQUE ROBLEDO EN EL SENADO

Tanto en la Comisión Quinta como en la plenaria, el senador del MOIR y Alternativa Democrática, Jorge Enrique Robledo, ha librado resonantes debates, transmitidos por televisión. Se destaca el del 9 de marzo, en el que cuestionó duramente las fumigaciones con roundup (glifosato) sobre los parques naturales. Y se ha hecho presente en numerosos foros, conferencias y mítines, junto a trabajadores y productores en sus luchas por los derechos democráticos, las reivindicaciones laborales y la defensa de la producción nacional.

El país no saldrá adelante si los corruptos imponen sus condiciones Commsa

(Apartes, plenaria, 13 de abril de 2004)

¡Cómo será de escandaloso esto de Commsa, que ha sido registrado en los medios masivos de comunicación con lujo de detalles! (…) Ahí están los fraudes de los concesionarios, y también el despropósito de pretender premiarlos con una conciliación que además de llenarles los bolsillos los deja convertidos en gentes de bien (…)

Nos tropezamos con un consorcio que se sienta de manera calculada a defraudar a la nación, como lo han demostrado el senador Cáceres y quienes aquí han hablado al respecto. Y la propia Procuraduría declara que no hay conciliación posible, porque no se puede conciliar con quienes han delinquido contra el Estado. Pero ahora lo que se está planteando, por parte del gobierno, es premiar a estos personajes (…)

¿De dónde salió la orden de conciliar? Sabemos que es condición del gobierno norteamericano, para TLC o el Alca, que haya conciliación o arreglo en los distintos diferendos con las trasnacionales (…)

Tengo aquí un memorando del presidente Uribe, del 12 de mayo de 2003, dirigido a toda la jefatura del Estado, en el que dice: «Aspiro a que se le indique al presidente no por qué no se puede negociar, sino, por el contrario, qué debemos hacer para que el acuerdo sea posible». Agregó: «La solución de las disputas pendientes con inversionistas extranjeros es una tarea prioritaria» y que «para la presentación de fórmulas a las contenciones pendientes con inversionistas extranjeros ordeno crear comisiones ad hoc, las cuales estarán integradas por el ministro en cuyo ámbito el conflicto se presente, el ministro de Hacienda, el ministro de Comercio, el alto consejero presidencial José Roberto Arango y el asesor presidencial Rudolf Hommes». Es una orden que viene desde arriba.

La directora del Invías decía en Semana: se trata «es de cumplir con un sueño del gobierno de Álvaro Uribe Vélez (…) Estamos en un gobierno que concilia y es generoso». Y sí que es generoso, pero no con el pueblo, porque esa generosidad no la hemos visto en los dos últimos años. Y en una de las tertulias del palacio presidencial, el doctor Uribe celebró el acuerdo al que estaba a punto de llegarse con Commsa, poniéndolo como ejemplo de lo que debería ser el buen trato al capital extranjero para que viniera a invertir. Todo dentro de la lógica disparatada de que Colombia será feliz si, primero, hacemos felices a los gringos y a los inversionistas extranjeros (…)

Se ha terminado montando es un sistema de extorsión, mediante el cual cualquier avivato y, en especial, los extranjeros, si demandan o amenazan con una demanda obligan al Estado a someterse a estos personajes.

Hay inmensos poderes que se han movido tras bastidores para que el acuerdo se dé. Hasta el presidente de España, Aznar, intrigó a favor de una solución. El mensaje que se le envía al mundo es algo así como «pillos del universo, venid a Colombia, donde hay un Estado que se pliega a las acciones de los rábulas» (…) Llamo a que se reflexione sobre este tipo de pragmatismos, porque el país no podrá salir adelante mientras los corruptos sigan imponiendo sus condiciones (…)

Transmilenio: un negocio privado, con recursos del Estado

(Apartes, plenaria, 30 de marzo de 2004)

Sin duda, Transmilenio, en lo técnico, es un avance. Frente a ese caos premoderno que hay todavía en una parte de Bogotá, sin duda es un avance (…) Se monta sobre el modelo de la privatización; el Estado pone 1.900 millones de dólares, para que siete señoritos tengan un negocio fabuloso, que está dando utilidades del orden del 20% (…) Utilidad que se obtiene sobre un hecho: los buses lucen muy bonitos, pero los colombianos viajan dentro como sardinas en lata, en condiciones iguales o peores a las del desastroso transporte al que supuestamente está sustituyendo (…) Y es un desastre financiero: se presupuestó construir vías a cinco millones de dólares el kilómetro, y están costando quince. Hoy se dice que la nación tendría que poner 2.400 ó 2.500 millones de dólares más para poder alcanzar las metas hacia el 2015 (…) Y al entrar más troncales, va a disminuir el promedio de viajeros, lo que llevará al alza de las tarifas para mantener la tasa de ganancias de los inversionistas privados, o hacinarán aún más a los bogotanos en los buses (…)

¡No a las fumigaciones!

(Apartes, Comisión V, marzo 30 de 2004)

La semana pasada la ministra del Medio Ambiente anunció que suspendía la fumigación aérea sobre cultivos de coca y amapola en los parques naturales. Celebro la decisión y llamo la atención de cómo cuando las gentes se movilizan para reclamar sus derechos es posible derrotar inclusive a fuerzas que se presentan como imbatibles.

Como la decisión no cancela las fumigaciones y mantiene vigente la resolución 013 de 1993, motivo del presente debate, pido que se derogue de inmediato (…) La resolución autoriza fumigar también zonas de reserva, resguardos indígenas, cuerpos de agua, subpáramos, cultivos intercalados e incluso zonas pobladas, pues reduce las franjas de protección de 2 mil a 100 metros. Caerán tóxicos sobre zonas donde no debieran hacerse fumigaciones. Por eso insisto en la derogatoria, porque es una medida que avergüenza a Colombia ante el mundo (…)

Para entender lo que ocurre es conveniente revisar el problema del narcotráfico en el mundo. Problema de consumidores, de producción de coca y amapola y de cocaína y heroína –que no es lo mismo–, y de tráfico de ilícitos, que deja fabulosas ganancias. El grueso del consumo está en los países desarrollados y particularmente en Estados Unidos. Una encuesta reciente hecha por ese gobierno señala que hay 19,5 millones de gringos consumidores de droga. La primera conclusión es que el consumo se localiza principalmente en los países desarrollados. Como cualquier consumo, está relacionado con el desarrollo material (…)

Esos consumidores gastaron 35 mil 300 millones de dólares (…) y a los cultivadores solamente les llegó 1%; a los procesadores 4%, a los traficantes internacionales 20%, y a los países desarrollados 75%. El negocio principal es la venta al detal; la ganancia se queda principalmente allá. Y ganan los vendedores de precursores químicos, sin los cuales no es posible producir la droga, y los banqueros que lavan las enormes sumas. Lavar es una parte grande del negocio, y no se puede hacer sin la banca norteamericana y sin los paraísos financieros. Ganan los traficantes de armas y, así sea de carambola, gana Monsanto, el fabricante del herbicida que se usa en las fumigaciones.

¿Quiénes son los que siembran coca y amapola, si no estoy mal, en 180 municipios? Son sobre todo pobres que no se enriquecen con el negocio (…) El narcotráfico es boyante, y los cultivadores (campesinos, indígenas y jornaleros), a duras penas se sostienen, con el agravante de que en esas zonas el costo de la vida es muy alto y la salud y la educación muy escasas. ¿Qué diablos hacen por allá, si no salen de la pobreza y se convierten en ilegales y los fumigan como cucarachas desde aviones? La respuesta es fácil. Desde siempre, en Colombia, la pobreza ha sido mayor en las zonas rurales que en las urbanas, pero particularmente desde 1990. No es casual que el auge de los cultivos de amapola y coca coincida con la apertura impuesta por el FMI, que se tradujo en la pérdida de 1,8 millones de hectáreas agrícolas y en la desaparición de 234 mil hectáreas de cafetales. Esos compatriotas siembran coca y amapola porque el Estado no les ofrece otra posibilidad. Cabe preguntar: ¿Qué le sucederá al país una vez se aplique el TLC o el ALCA y se nos arrebaten los dos millones de hectáreas de agricultura lícita que aún quedan; cuando los arruinados del campo tengan la coca y la amapola como única alternativa?

La ineficacia de la política de control. La prueba reina de que no funciona la política antinarcóticos aplicada en Colombia es que no sube el precio de la droga (…) ¿Cuál es el problema? Que hay demanda, hay consumidores. Y hay tierras para sembrarla, no solo en la zona andina sino en el resto del mundo tropical. Y por la enorme pobreza de la región y de la humanidad, hay cultivadores. Y hay oferta, hay narcotraficantes, porque las utilidades son excelentes. En el capitalismo siempre que haya ganancia habrá quien se arriesgue. Todos los factores están dados: consumidores, tierras, cultivadores y narcotraficantes, los cuatro requisitos necesarios.

Hagamos una acotación. Los cultivo de coca y amapola son ilegales en Colombia. Y no tendrían por qué serlo, pues una cosa es la coca y otra la cocaína. Es muy importante tener en cuenta que las comunidades indígenas son consumidoras habituales de coca, es una costumbre ancestral.

En la medida en que es ilegal el narcotráfico, debe castigarse. ¿De qué manera? Hay dos posiciones. La de quienes decimos que el Estado debe sujetarse a la ley y mantener una actitud ética, democrática, en la persecución del traficante, tal como debe hacerlo en la persecución de cualquier delito. El Estado no puede asesinar al asesino, ni torturar al torturador. ¿Cuál es la concepción democrática? Que la cocaína y la heroína deben ser perseguidas, pero mediante sistemas de erradicación manual que respeten la fauna, las plantas y las personas. Y tener una política social y económica que les ofrezca a campesinos, indígenas y jornaleros alternativas en otras actividades económicas. Ellos son profesionales del trabajo agrícola, no delincuentes. En el campo se realizan y se convierten en gente respetable. La política opuesta, antidemocrática, es la de fumigarlos como cucarachas y, de paso, convertirlos en delincuentes o en vendedores de chontaduros en las calles de Bogotá.

El daño de las fumigaciones. ¿Con qué se fumiga? Con roundup (glifosato), con herbicidas de amplio espectro, químicos para matar plantas de distintas especies. Matan la coca y la amapola, pero también otros vegetales. Y son productos tóxicos, tal como lo establecen las propias etiquetas de la trasnacional gringa que vende el roundup, con una serie de recomendaciones precisas, que restringen su uso. Los investigadores previenen sobre el riesgo de carcenogénesis, o sea, que puede producir cáncer, presentar mutaciones genéticas por cambios en el DNA, y teratogénesis, daños severos en los fetos de personas y animales (…) En 2003 se aplicaron en Colombia un millón 381 mil litros de roundup, y en las aspersiones aéreas se emplea un roundup entre siete y catorce veces más poderoso que el de uso agrícola.

En las fumigaciones el viento, por el efecto deriva, hace que el herbicida caiga en sembradíos y en sitios habitados. Y la resolución 013 autoriza fumigar sobre cultivos intercalados, o sea coca y amapola mezclados con plátano, yuca y lo que haya (…) ¿Sobre qué y quiénes cae el veneno? Esta es la parte crucial. Cae también sobre cultivos no ilícitos y sobre las vacas y los perros y las gallinas y sobre el que siembra, y la señora y la abuela y los hijos. Están fumigando a nuestros campesinos, gente honrada y trabajadora a quienes las condiciones del país los obligan a emigrar.

Y los reclamos por daños no se atienden. Según el Ministerio del Interior, de 4.497 reclamos por daños, han admitido cinco. Las normas están mañosamente redactadas; la última exige que los reclamantes sean propietarios del predio, cuando todos sabemos que en zonas de colonización no se tienen escrituras. Y la policía es juez y parte: da las órdenes de fumigaciones y es la que determina si hubo daño y cuánto vale. Esas normas son una burla.

Principio de precaución. Se pide suspender la fumigación aérea porque los riesgos de daños agudos y crónicos a la salud y al medio ambiente son inmensos. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Defensoría del Pueblo piden aplicar el principio de precaución. Si no estoy seguro, no lo hago. Este principio es un avance de la humanidad. Si no hay certeza de que el roundup produce cáncer, pero existe el riesgo, lo sensato es no aplicarlo. Y lo mismo con los demás efectos que este veneno puede tener sobre personas, animales y plantas. La Defensoría del Pueblo defiende el principio de discriminación positiva, es decir, reconocer que los campesinos que cultivan coca más que beneficiarios son víctimas de ese negocio y de esa realidad.

Estados Unidos impone la política. Por último, digamos que estas no son decisiones soberanas del gobierno de Colombia. Son órdenes de Estados Unidos, que convierte la política antidrogas en asunto de seguridad nacional. Y si Colombia no hace lo que Washington quiere, viene la orden de paralizar los créditos de Colombia con las agencias internacionales. Estamos sometidos a la extorsión. El Atpdea, concede preferencias arancelarias para algunas exportaciones colombianas con la condición de aplicar la política antinarcóticos de Estados Unidos. Ellos consumen el bazuco y nos fumigan; se quedan con la plata y los muertos los ponemos aquí. Tanto es el sometimiento de Colombia que El Tiempo, de marzo de 2004, dice que no fumigar los parques sería anteponerle a Estados Unidos por una honrosa vez el interés nacional de un país que posee el segundo patrimonio ambiental del planeta.

Que Estados Unidos controle sus fronteras. Digamos que 50 países pueden producir coca y amapola y que el narcotráfico se puede hacer en 150 países. Lo curioso es que el centro de la política norteamericana no sea blindar sus fronteras, lo que sería más fácil, sino que riega la guerra por el mundo entero. Pero si se acaba la coca en Colombia, se va para Perú, Ecuador, África o Asia. A los gringos, si es verdad que están en una guerra contra las drogas, los debería preocupar que llegue droga, no de dónde les llega. El problema debería ser el consumo.¿Por qué aplican la estrategia más absurda, salir a perseguir el flagelo en 150 sitios, en vez de concentrar la interdicción en sus fronteras? Es demasiado inconsistente. ¿No será más bien un pretexto para intervenir en Colombia y en todas partes, e imponernos lo que se les dé la gana?

Que los parques no sean fumigados, que no se envenene el ambiente. Necesitamos una política de erradicación manual, que les dé alternativas a los cultivadores. Una política soberana; no podemos entregarle las decisiones a Estados Unidos. Su lógica no puede producir efectos positivos para nuestro país, ni en el terreno del narcotráfico, ni en el del medio ambiente, ni en nada.

OBSERVATORIO PARLAMENTARIO AL TLC Y EL ALCA

Por decisión propia, los senadores Camilo Sánchez, Habib Merheg, Luis Humberto Gómez Gallo y Jorge Enrique Robledo constituyeron el Observatorio Parlamentario al TLC y al Alca, que propone hacer el seguimiento a todo el proceso de negociaciones del gobierno colombiano con el de Estados Unidos en lo que respecta al libre comercio. Hasta el momento y dentro de las actividades programadas, se han realizado un taller para periodistas, los nutridos Foros del 9 de marzo en Bogotá, en el recinto del Senado, y del 22 de abril en el auditorio de Empresas Públicas de Medellín, con la participación en ambos casos de importantes representantes nacionales y regionales de la política, la economía,la academia y los gremios, además de los parlamentarios del Observatorio. Están programados también foros para Cartagena y Barranquilla (19 y 20 de mayo), Cali, en junio y Pereira en julio. En esta páginas prsentamos los principales apartes de algunas de las intervenciones del Foro que tuvo lugar en Bogotá el 9 de marzo.


Senador Habib Merheg

En el Senado debe decidirse sobre TLC

No podemos negociar el TLC como nos lo quieren imponer. Por nuestra parte, y se lo garantizo, ministro, los senadores no vamos a tragar entero. Será en este recinto donde debe decidirse la suerte finaldel TLC, pues constitucionalmente tenemos la potestad de aprobarlo en su integridad o de no aprobarlo. En mi caso particular, no voy a permitir que se someta a Colombia a una esclavitud de toda la vida con unos acuerdos internacionales que no le convienen.

Después de oír las inquietudes expresadas en este foro, preguntamos: ¿Cuál es el plan de desarrollo, ministro, frente al TLC? ¿Cuál es el criterio del gobierno frente al TLC? Yo lo he buscado por doquier y no lo he podido encontrar. Lo único son unas posiciones de Planeación Nacional y de Fedesarrollo en contravía de los hermosos resultados que el ministro predice. Y los argumentos de un buen número de organizaciones económicas que afirman que esto del TLC es como un túnel sin salida (…)

Al país se le acaba el tiempo. Ya no más demagogia. Los gremios deben ser más concretos, menos acomodados a los intereses del gobierno y más a los suyos propios, pues los tienen que hacer valer. Los de la industria y los de los servicios son los intereses de todos los colombianos. Esperamos verlos con una actitud mucho más combativa en todo este proceso, porque ahí se les va la vida.

¿Estamos en capacidad de lograr un buen acuerdo?¿Acaso los diez últimos años, durante los cuales hemos gozado de preferencias arancelarias en Estados Unidos, nos han traído el desarrollo? De ninguna manera. Seguimos con los mismos niveles de 10 mil millones de dólares exportados, al igual que hace diez años. Quizá haya cambiado el componente interno, pero la pregunta es: ¿Sí estamos vinculados a la realidad nacional como para entender que hay un problema de infraestructura que no se borra de un plumazo? Pido que se revise nuestra capacidad, si el país cuenta con suficiente infraestructura de vías, financiera, tecnológica, industrial y educativa (…) Porque a lo que nos veremos abocados es a una guerra de comercio y no a un diálogo con la madre Teresa. Presidente, ministro, la responsabilidad recaerá sobre sus hombros.

Senador Camilo Sánchez

Congreso no está a la venta

Desde el principio se le ha visto a este gobierno la improvisación en lo del TLC. No hace mucho le decíamos, doctor Botero, y al ministro de Agricultura, que no se compadece que el Plan Nacional de Desarrollo solo le dedique una hoja al TLC, el programa más importante que va a tener Colombia en su bitácora. Esto nos pone a pensar que no va por el mejor camino (…) Porque no tenemos más oportunidades. Ya vivimos lo que hizo el doctor Hommes, y su mano invisible, que sigue más presente que nunca. Hoy es el hombre tras bambalinas, aunque no cobre, porque si nos preocupan quienes cobran, más los que no lo hacen (…)

Pregonamos que vamos a pelear por los subsidios, pero la realidad muestra que los estamos acabando sin haber empezado la negociación (…) Los regalamos de antemano y seguimos aduciendo que negociaremos de igual a igual, cuando no tenemos capacidad económica para entrar en esa competencia desleal. Estados Unidos advirtió que no le quitará los subsidios a su sector agropecuario y que el tema ni siquiera entrará en las negociaciones. Quisiera verlo, señor ministro, pararse firme y espetarles: señores, eso no puede ser así, no negociamos en esas condiciones. Y quiero verlo cuando les diga a los negociadores norteamericanos: me niego a aceptar que el plazo para la firma del tratado sea el año 2005. Ese es otro de los errores, pues cuando uno se sienta a negociar y de antemano acepta un plazo límite, queda todo bastante complicado (…)

En este Observatorio invitaremos a expertos de México y de Chile, pero no a los que vinieron hace unos días a presentar recomendaciones, como que no pongan plazos, que hagamos lo del cuarto de al lado, sino a otros más vinculados con la cruda realidad. En México, los salarios reales disminuyeron y el empleo cayó. Lo cierto es que aumentar las exportaciones no significa necesariamente crecimiento económico. Pueden multiplicarse por veinte, como lo hicieron los mexicanos, y aun así mostrar un crecimiento irrisorio. Ahí están las cifras. ¿Quiénes ganaron? Las trasnacionales. Son las que se quedan con la plata.

El Congreso no está a la venta, ni arrodillado, y se dispone a hacer lo mejor para Colombia.

Senador Luis Humberto Gómez G.

TLC y Alca, el gran tema del país

En el Observatorio nos reunimos senadores de distintos matices ideológicos para escuchar voceros de los distintos sectores afectados por el desarrollo de los acuerdos de libre comercio. Los congresistas, como bien lo señala el doctor Emilio Sardi, nos aprestamos a ejercer el control político que nos corresponde. No es el primer debate que se hace, pues desde agosto del año pasado se fijaron unos criterios que quiero resumirles. Recuerde usted, señor ministro, que yo le dije en el Senado que no la va a tener fácil con el Congreso, pues estamos resueltos a hacer valer las facultades que la Constitución Política le otorga al Congreso. entre ellas la de aprobar o desaprobar los tratados internacionales, en este caso sobre las relaciones comerciales (…)

La suerte del tratado de libre comercio va a depender de cómo y en qué términos se haga la negociación. Como lo reclamaba hoy el representante de Salvación Agropecuaria, Ángel María Caballero, el país necesita saber cuáles sectores van a salir favorecidos y quiénes son los damnificados. Si hay sectores que van a entrar en crisis, que se diga con toda claridad. Necesitamos saber cuáles son esos sectores, cuáles las ventajas y las desventajas, cuáles las potencialidades. Todo esto es necesario saberlo para poder definir la estrategia, no solo frente a la negociación, sino también frente a la reconversión (…)

Este grupo de senadores que nos hemos constituido en Observatorio tenemos claro que el libre comercio es el gran tema para el país y para el Congreso en las próximas legislaturas (…)

Queremos saber quiénes van a negociar en nombre de todos los colombianos. Si de verdad están ahí los hombres y mujeres más capaces para ese tipo de negociación, en fin, creo que todas esas cosas deben quedar muy claras.

El Congreso no puede ejercer en este momento el control político sobre algo que todavía no existe, pues las negociaciones apenas se van a iniciar. Pero toda la información que podamos recibir por parte de cada uno de los sectores que ven comprometido su futuro será fundamental para trazar una estrategia que al país le convenga.

Ángel M. Caballero, Salvación Agropecuaria

Apertura, causa de la década perdida de los 90

No estamos de acuerdo en negociar y firmar el TLC o el ALCA. Con tales procedimientos perdimos el trigo en la década de los 60; luego la cebada, y en los 90 el maíz, el algodón, el sorgo y la soya (…) Quedamos sometidos en tierra caliente al monocultivo del arroz. De esos seis productos se importan casi cuatro millones de toneladas al año, que se pueden producir en Colombia (…)

Para los ingenuos que creen en la reconversión, que nos digan de dónde van a salir los recursos, si sobre los productos anteriormente mencionados no hubo ninguna reconversión, ni la indemnización para los agricultores que los cultivaban, y que vieron desaparecer la base de su sustento y sus ilusiones mismas (…) Nadie negocia sin saber lo que va a ganar o a perder, y menos, poniendo en peligro el empleo de 4 millones de colombianos del sector rural y la paz del país. No se deben arriesgar las pocas empresas del sector industrial o manufacturero que subsistieron con gran esfuerzo después de la década perdida de los 90.

Con la apertura de Gaviria y Hommes nos dijeron que íbamos a llenar el mundo de productos made in Colombia, y que seríamos más competitivos, y ahí están las cifras de áreas y empleos perdidos. (…)

Debemos movilizar la nación entera en defensa de nuestra producción, nuestro mercado interno, nuestros agricultores e industriales y defender a capa y espada la soberanía nacional.

Amylkar D. Acosta Medina

Estamos dejando lo cierto por lo dudoso

El gobierno ha seguido una política errática. Da la impresión de que no sabe para dónde va. La constante ha sido la imprevisión y la improvisación. Cada funcionario tiene su propio libreto. Los funcionarios se contradicen entre sí, cada quien jala para su lado. Son frecuentes los altercados entre unos y otros y las desautorizaciones (…)

La posición sumisa de la representación de Colombia, le ha hecho perder respeto y confianza por parte de nuestros amigos y aliados. El gobierno colombiano se comporta como satélite, que se mueve en la órbita de la política exterior de Estados Unidos, con una actitud genuflexa. Muchos de quienes representan al Estado colombiano, actúan como si fueran peleles de Estados Unidos Hemos terminado convertidos en la mascota de ellos (…)

Al país no se lo puede estar embaucando con este manejo goebeliano de la información, la cual es objeto de constante manipulación. El país tiene que conocer cuál es el otro lado de la moneda, pues de eso tan bueno, como dice el bugueño, no dan tanto (…) Con el embeleco del ALCA-TLC, le hemos terminado dando la espalda a nuestros socios y vecinos, dejando lo cierto por lo dudoso.

Del gobierno de Washington se puede decir, como en la cátedra de Moisés, cuando se sentaban los letrados y fariseos, según San Mateo: «Haced y cumplid lo que os digan. Pero, no hagais lo que hacen, por que ellos no hacen lo que dicen».

Emilio Sardi

Allá no van a dar almuerzo gratis

Moderemos las exageraciones sobre los beneficios del Atpdea. Es cierto que las exportaciones de textiles y confecciones a Estados Unidos aumentaron US $147 millones en 2003. Como las importaciones de esos rubros crecieron US $44 millones, la mejora neta fue apenas de US $103 millones, 0,8% de nuestras exportaciones totales. Lo cierto es que el beneficio arancelario real del Atpdea para Colombia no excede US $60 millones al año, en total.

Simultáneamente incrementamos las importaciones de otros rubros. Química básica, que incluye farmacéuticos y agroquímicos, pasó de US $978 millones a US $1.182 millones. Su déficit, incluyendo exportaciones, creció en US $251 millones, más del doble de lo generado por textiles y confecciones. Mucho cacarea el Ministerio acerca del Atpdea, pero allá no dan almuerzo gratis.

Lo cierto es que las ventajas del Atpdea son más retóricas que reales. Sobre el ALCA y el TLC Planeación Nacional explica este hecho así: «1) Colombia no produce muchos de los productos beneficiados por las preferencias o no hay beneficios para productos que actualmente exporta…; 2) existen países que producen más barato y de forma más competitiva algunos productos, aun teniendo en cuenta las preferencias; y 3) hay otro tipo de restricciones que impiden el libre acceso a las mercancías». No hay ningún estudio serio que muestre que no sucederá lo mismo con el TLC o el ALCA. Chistosamente, concluye «que un acuerdo bilateral con Estados Unidos genera mejores resultados en términos de bienestar, competitividad y creación de valor agregado». Todo porque estima una mejora teórica en el bienestar de 0,79%. Una mejora en el bienestar inferior al 1% no es significante (…)

La simulación arroja que el TLC aumentará perpetuamente nuestro déficit comercial, ya que incrementará mucho más las importaciones que las exportaciones, lo cuál no es viable ni siquiera a mediano plazo. Y también precisa que con el TLC los ingresos tributarios caerán en US $591 millones, lo que añadirá $1,7 billones a nuestro abultado déficit fiscal.

Y muestra algo aún peor: Solamente dos sectores productivos crecerán con el TLC, y todos los demás caerán. No es justo, ni democrático, causar un daño tan generalizado solamente para beneficio de una minoría excluyente. No hay argumentos para favorecer a tan pocos a cambio de un daño tan evidente para tantos. Con el estribillo de que «algunos deben sacrificarse», funcionarios gubernamentales ignoran que los damnificados serán la mayoría. Para beneficiar a unos pocos, se generará un nuevo tipo de desplazados: los desplazados del TLC. Las implicaciones éticas son aterradoras (…)

La excesiva protección de unos derechos de propiedad intelectual arbitrariamente amplios no se limita a lo farmacéutico. Desde los agricultores hasta los fabricantes de autopartes, desde los farmacéuticos hasta los metalúrgicos, todos los sectores pueden verse afectados por nuevas normas en propiedad intelectual. Y lo mismo pasa con todos los otros capítulos del TLC.

Carlos Rodríguez

Que el gobierno no suscriba el TLC

(En el Foro del 9 de marzo que se llevó a cabo en Bogotá, el compañero Carlos Rodríguez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, entregó a los parlamentarios del Observatorio del Congreso al ALCA y el TLC una importante declaración con la firma de más de 400 organizaciones contra esos tratados).

Doctores

Habib Merheg

Jorge Enrique Robledo

Camilo Sánchez

Luis Humberto Gómez

Senadores de la República

El pasado 21 de noviembre nos reunimos en Bogotá 1.500 representantes de más de 200 organizaciones sociales, sindicales, femeninas, no gubernamentales, culturales, profesionales y otras y examinamos las implicaciones que la suscripción del ALCA o un tratado bilateral de libre comercio tendrían para la sociedad colombiana. Dicha asamblea emitió un pronunciamiento que señala que los tratados de libre comercio obedecen a decisiones políticas adoptadas por los círculos gobernantes y están siendo presionadas por Estados Unidos, país que, utilizando su poderío económico y militar– impone sus condiciones.

La declaración añade que existen otros caminos para fortalecer y diversificar los vínculos comerciales y económicos entre los países, y la ampliación de nuestros mercados internos, de manera que en lugar de una relación de supeditación a la política y la economía estadounidenses se logre una verdadera integración de América Latina con la economía mundial que cuente con la participación de los sectores populares y productivos y preserve la unidad latinoamericana.

La declaración señala que «teniendo en cuenta los enormes daños que estos tratados implicarán para toda la nación, consideramos que el gobierno colombiano no debe suscribir el ALCA ni el acuerdo bilateral con los Estados Unidos».

La Central Unitaria de Trabajadores, las demás centrales sindicales, la Gran coalición democrática contra el referendo y diversos sectores políticos y gremiales, hemos venido trabajando en el esclarecimiento de este tema conjuntamente con la Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio y el Comité Colombia de lucha contra el ALCA. Queremos aprovechar este importante Foro para solicitar al Observatorio del Congreso al ALCA y al TLC con Estados Unidos, que entregue a la mesa directiva del Senado de la República y al gobierno nacional esta declaración que ha sido suscrita por más de 400 organizaciones que representan a varios millones de colombianos.

CALDAS PRESENTE CONTRA EL TLC Y EL ALCA

Wilson García Quiceno

Organizaciones agropecuarias, indígenas, sindicales, femeninas, de investigación, medioambientalistas, políticas, estudiantiles y no gubernamentales que hacen parte en Caldas de la Coalición Democrática contra el ALCA y el TLC, se movilizaron el jueves 15 de abril a El Palo, en el municipio de Supía, en cumplimiento de la Jornada Andina, para protestar contra la política norteamericana y sus tratados de anexión, a los cuales sumisamente se someten los gobiernos de Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia.

La concentración se hizo desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde y participaron cerca de mil manifestantes de varios municipios del departamento, y de Quinchía, en Risaralda, encabezados estos por el ex concejal Jesús Guevara. Se destacó la presencia del diputado del MOIR, Oscar Gutiérrez, del concejal de Supía, Manuel Canaval, de varios concejales indígenas de Riosucio, entre ellos Leonardo Gañán, de las comunidades del resguardo de San Lorenzo, encabezada por su gobernador Luis Arbey Gañán, y del cabildo de la Trina, dirigida por el concejal Fernain Hernández, así como importantes líderes comunales de los diferentes municipios. Estudiantes del Sena, de varios colegios de secundaria y de las universidades de Manizales, de Caldas y la Nacional, sede Manizales, se desplazaron masivamente desde la capital del departamento. Líderes cívicos y campesinos de La Merced, Salamina, Neira, Aguadas, Filadelfia, Marmato, Supía, Riosucio, Chinchiná, Villamaría y Manizales; maestros y trabajadores del sector eléctrico (Sintraelecol); la CUT, subdirectiva Caldas; las madres comunitarias (Sintracihobi); los mineros de Marmato, afiliados a Funtraenergética, trabajadores de la salud, ligas y comités de servicios públicos, entre otros, también participaron activamente en la protesta.

La Jornada se cumplió con el mayor entusiasmo y quedaron sentadas las bases para las futuras actividades que programen la Red de Acción frente al ALCA, el Comité de Lucha contra el ALCA, la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria y demás organizaciones dispuestas a resistir las ominosas políticas trazadas por el imperio.

PARALIZADA TRONCAL DEL CARIBE

Norman Alarcón

En el sitio La Frutera, a un kilómetro del casco urbano de Ciénaga, confluyeron el 15 de abril más de ochocientos manifestantes que coparon la vía más importante de la Costa Atlántica, atendiendo la convocatoria de Recalca y el Comando Unitario del Magdalena. Eran trabajadores y pensionados, maestros, campesinos, estudiantes, pescadores, productores de banano, café y frutas, que llegaban desde varios municipios del departamento y, en especial, de la Sierra Nevada y la Zona Bananera. Participaban así en la Movilización Andina contra el Alca y los tratados de libre comercio que sólo benefician a las multinacionales y al capital financiero norteamericano.

Durante el desfile exhibieron las pancartas y agitaron consignas en defensa de la soberanía nacional, la producción agraria, industrial y pesquera y los derechos de los trabajadores y el pueblo; rechazaron el modelo neoliberal que aplica el gobierno de turno; condenaron las pretendidas fumigaciones aéreas en los parques naturales nacionales, como la hermosa Sierra Nevada de Santa Marta, y denunciaron la privatización de la salud, la educación y los servicios públicos en general.

El Monumento a los Mártires de las Bananeras, en el centro de Ciénaga, fue el escenario donde culminó la gran movilización. Allí intervinieron los dirigentes regionales Antonio Peralta, presidente del Sindicato de Educadores (Edumag); Ángel Manjarrés, presidente de la CUT; Leonel Juvinao, presidente de Salvación Agropecuaria y cerró con una vibrante intervención patriótica el padre Bernardo Hoyos, máximo dirigente del Movimiento Ciudadano (en la foto).

JORNADA ANDINA CONTRA ELTLC

Aurelio Suárez Montoya, director ejecutivo de Salvación Agropecuaria

En el Tolima, el presidente nacional de Salvación Agropecuaria, Ángel María Caballero, acompañado del alcalde de Saldaña, José Vidal Oyuela, tres diputados, varios concejales, campesinos, agricultores, maestros y estudiantes, encabezó la manifestación contra el TLC, acompañado por s. Allí se denunció que tanto el Alca como el TLC intensificarán la apertura económica, con la cual Colombia perdió más de un millón de hectáreas de cultivos transitorios y que, por tanto, la suscripción de los nuevos tratados refuerza el modelo neoliberal.

«¡Arriba el arroz del Tolima, abajo el arroz gringo!», era la consigna que gritaban los agricultores del sur del departamento, lo mismo que los de Prado y Purificación, en la marcha de rechazo al TLC y fue también la que se coreó en Lérida, donde se adelantó una movilización con centenares de participantes. En Fresno, al norte del Tolima, centenares de cafeteros rechazaron igualmente el TLC.

En Villavicencio, los agricultores agrupados en la Asociación de Agricultores y Ganaderos del Meta, Agameta, salieron a las calles con sus equipos y camionetas. En nombre de los agricultores y ganaderos, Eudoro Álvarez rechazó los acuerdos de libre comercio y llamó a la resistencia civil en defensa de la producción nacional. Participaron también la CUT regional y otras filiales regionales de Salvación Agropecuaria.

En Cali confluyeron en la plazoleta del Centro Administrativo Municipal más de tres mil manifestantes del norte del Cauca, el centro del Valle, Palmira, Florida y Yumbo.

Tras recorrer las calles de la capital caucana, Popayán, y liderados por los agricultores agrupados en Agropemca, centenares de manifestantes se concentraron en la Arcada de la Herrería y se comprometieron a continuar con las tareas contra los oprobiosos tratados. Al sur del país, en Pasto, alumnos de la Universidad de Nariño lideraron la protesta, en que participaron también cultivadores de café.

Cerca de Calarcá, en la glorieta Versalles, sectores productivos del Quindío, encabezados por los dirigentes de Unidad Cafetera, Dimas Arias y Antonio Gutiérrez, ratificaron que «la firma de los tratados se traducirá en la ruina total de la industria, la agricultura y el comercio».

En Antioquia, centenares de campesinos procedentes de Jardín, Andes, Pueblo Rico, Santo Domingo, El Santuario y Cisneros se congregaron en el municipio de Caldas para protestar contra las negociaciones. Allí, el coordinador departamental de Salvación Agropecuaria, Jorge Gómez, y el presidente regional de Unidad Cafetera, Eugenio Ramírez, reiteraron que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos implicará renunciar a ingresos por 1.600 millones de dólares anuales, que le ingresan al gobierno, y se correrá el riesgo de ver al país ahora sí totalmente inundado de productos subsidiados.

En Neiva, más de 500 activistas desfilaron por las calles de la capital huilense y durante varias horas agitaron las principales consignas en el centro de la ciudad. Directivos de la Central Unitaria de Trabajadores y del sector agropecuario del Huila, con Mercedes Lizcano a la cabeza, cumplieron con las tareas. En La Virginia, departamento de Risaralda, se adelantaron labores similares. También en Pereira, columnas de manifestantes realizaron una marcha que culminó con un mitin frente al Hospital San Jorge, que atraviesa por la peor crisis de su historia.

Y las voces de protesta también se escucharon en Barranquilla (Atlántico), Valledupar (Cesar), Bucaramanga y Barrancabermeja (Santander), Florencia (Caquetá) y Arauca, en el departamento del mismo nombre. En Caldas y Magdalena, y en la capital de la República, Bogotá, donde una emotiva marcha, a pesar de la lluvia, se concentró frente al Ministerio de Comercio, para señalarle su rechazó categórico al equipo negociador del TLC.

COLOMBIA CONTRA ELTLC, AMÉRICA LATINA CONTRA EL ALCA

Enrique Daza G.

El gobierno de Álvaro Uribe se apresta a iniciar el próximo 18 de mayo las negociaciones para suscribir un acuerdo bilateral de libre comercio con Estados Unidos, si es que así se puede llamar la simple adhesión que hará a las posiciones de Estados Unidos, en unos pocos meses de reuniones entre las comisiones respectivas.

Este tratado de libre comercio, TLC, es la respuesta del gobierno norteamericano ante los tropiezos que han sufrido las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, ya que algunos países exigen discutir los apoyos internos que Estados Unidos da a su agro y la protección que mantiene a su industria, y Washington se niega a hacerlo. Entonces procede a ganar terreno negociando con los gobiernos más dóciles.

Las posiciones del gobierno de Bush demuestran que el libre comercio, tan defendido por Uribe y sus asesores, consiste simplemente en que los demás abran sus mercados, mientras que ellos se reservan la potestad de proteger el suyo.

La situación no puede ser más grave para Colombia. Nos encontramos abocados a liberar aún más las importaciones, sometiendo todo nuestro agro y nuestra industria a la competencia de poderosas multinacionales que arrasarán la débil producción nacional. En el caso del agro se encuentra amenazada de extinción la producción de cereales, algodón, arroz, lácteos, carne, pollo y, en general, todos los productos que a pesar de que se produzcan eficientemente no podrán competir con los gigantescos subsidios y apoyos que los norteamericanos dan a sus exportaciones. En la industria la situación es similar o peor, pues por más que los empresarios se esfuercen en modernizarse, la tremenda desigualdad con las trasnacionales y las falencias del país en materia de infraestructura, comunicaciones e investigación, condenan a miles de empresas a desaparecer.

El tratado no se limita al tema del comercio de mercancías. Contiene muchos otros aspectos que van a lesionar la soberanía. En sus cláusulas se contemplan garantías a la inversión extranjera, la cual no tendría ninguna limitación para entrar y salir del país, ni sujetarse a las metas de desarrollo nacional, dar empleo, transferir tecnología, preservar el medio ambiente. Estas gabelas se darían no solo a los eventuales capitales utilizados en la producción, sino incluso a los capitales especulativos que hacen su agosto aprovechando la fragilidad económica nacional. En materia de propiedad intelectual se propone adoptar una legislación que, sofocando toda posibilidad de desarrollo tecnológico y científico autónomo, preserve los derechos de propiedad de las multinacionales.

Hay en el contenido del tratado una normatividad sobre compras estatales, que imposibilita la acción del Estado para promover la consultoría a las empresas nacionales con miras a estimular el desarrollo productivo y el capital nacional y, en cambio, abriría un amplio boquete para que las grandes firmas foráneas liciten y contraten. Y cuando aparezcan litigios, como con frecuencia ocurre, estos serán resueltos por tribunales internacionales, los que, para emitir sus fallos, no tendrán en cuenta la conveniencia nacional, los derechos de los habitantes o nuestra soberanía sino la letra menuda del tratado, creando así una legislación supraconstitucional obligatoria, que comprometerá a los futuros gobiernos. El TLC también intenta eliminar los monopolios estatales, pero favoreciendo los privados. La intención norteamericana es continuar apoderándose de los servicios públicos que considere rentables y convertir la educación y la salud en simples negocios con ánimo de lucro.

En realidad, junto con los graves perjuicios que en el terreno comercial se avizoran, el TLC contendrá disposiciones sobre prácticamente todos los asuntos vitales de política económica, sobre la base de que Colombia renunciaría a lo que le resta de soberanía y pasaría de ser una neocolonia a ser colonizada enteramente por la potencia del Norte.

El gobierno ha mostrado su ansiedad por suscribir el tratado a cualquier precio. No importa que la inmensa mayoría de los estudios, muchos de ellos adelantados por defensores del libre comercio, lleguen a la conclusión de que aumentarán el déficit fiscal y el endeudamiento, el desequilibrio comercial y la vulnerabilidad de la economía y va a deteriorarse el bienestar de la población.

Ni siquiera la experiencia internacional ha sido tenida en cuenta. Pasan por encima del fracaso mexicano, que reconocen hoy aun los defensores del TLCAN, acuerdo que suscribió ese país en 1994 con Estados Unidos y Canadá. También se olvida el hecho de que los países que han logrado un cierto desarrollo lo han obtenido fortaleciendo el mercado interno mediante la industrialización. Todo esto, y la obstinación de Estados Unidos en mantener un rígido proteccionismo, no inquietan en lo mínimo al gobierno colombiano. Como lo ha señalado el senador del MOIR, Jorge Enrique Robledo, sus funcionarios más parecen empleados del Banco Mundial o de las empresas multinacionales, que los representantes de nuestro país.

El gobierno ha procurado venderles a los colombianos la idea de que el libre comercio es bueno y que es el camino al desarrollo, puesto que nuestro mercado interno se agotó, no puede crecer más y, en consecuencia, la única vía para el crecimiento está en las exportaciones. La anterior afirmación encierra la principal falacia de la actual política. El mercado interno es estrecho porque ha existido una política deliberada de debilitar el poder adquisitivo de la población, desindustrializar el país e importar masivamente productos agrícolas e industriales. Pero la única salida es aumentar los ingresos de los asalariados y que el Estado intervenga en la economía en forma activa y decidida, fomente la producción nacional y estimule el desarrollo tecnológico.

El comportamiento del gobierno en las negociaciones no ha podido ser más vergonzoso. A espaldas de la población, sin consultar a los sectores afectados, lleva cuatro años aceptando cada una de las exigencias norteamericanas, al punto de ser considerado el portavoz de los intereses gringos en la región. Uribe Vélez no ha acompañado ninguno de los reclamos, exigencias o reservas que han hecho diferentes gobiernos de Latinoamérica, alineado siempre con el bando estadounidense. No ha procurado coordinarse con los países hermanos para aumentar al menos la capacidad de regateo, y ha considerado que los países andinos, antes que compañeros y víctimas de la ofensiva norteamericana, son competidores a los que hay que ganar de mano. Así, los acuerdos de cooperación con otros países se han enfrentado a la disyuntiva de desaparecer con sus escasos logros o adaptarse a los nuevos vientos y supeditarse al libre comercio.

No contento con esto, el gobierno se esmera en acondicionar el país a los tratados y actúa con la lógica de que como en las negociaciones Estados Unidos exigirá el oro y el moro, entonces más vale entregarlo de una vez. Por ello se están adoptando medidas en materia de privatizaciones, como las de Ecopetrol y el Bancafe; se presenta un proyecto para asegurar la estabilidad de las ganancias de los inversionistas y se impulsa una ley que reforma el sistema de contratación estatal. Van en la misma dirección la mayor flexibilidad laboral, la reforma en la organización del presupuesto y la eliminación de las franjas de precios de los productos agrícolas.

URIBE ARRASA CON LAS PENSIONES

Juan Pablo Arango P.

Desde que fuera congresista y gobernador de Antioquia, Uribe Vélez se constituyó en el promotor de las reformas laboral y pensional refrendadas por César Gaviria bajo el lema de flexibilización, que éste justificaba con «la necesidad de un reajuste estructural, orientado a adaptar los principios laborales a la realidad contemporánea y a la modernización e internacionalización de la economía. Es necesario hacer más flexible el régimen laboral». Ya como candidato, Uribe reconoció en su programa que «el modelo neoliberal abandona lo social a la suerte del mercado, con lo cual aumentan la miseria y la injusticia social», lo que no fue óbice para que como presidente continuara implementándolo. Y está decidido a profundizarlo con proyectos todavía más regresivos. Con ello, como con toda su política pronorteamericana, se ha ganado el infame galardón de ser uno de los mandatarios más antipatrióticos, ajustando su administración al vandalaje que Washington emprende por el mundo, el cual exige mano de obra barata, lo que consigue desmontando las reivindicaciones laborales alcanzadas históricamente por el movimiento obrero.

La reforma laboral uribista (Ley 789 de 2002) es tan regresiva que el procurador general, Edgardo Maya, en concepto enviado a la Corte Constitucional, reconoció que «empobreció a los trabajadores», aclarando que las normas laborales no pueden recortarse porque son conquistas «obtenidas luego de intensas luchas a lo largo de varios siglos». Lo mismo puede predicarse de la Ley 100 de 1993 –Uribe fue el ponente–, que inició la privatización y el desmonte de la seguridad social, mantiene la deuda histórica del gobierno con el Seguro Social (actualmente $40 billones) y consagra dos sistemas: en salud, las Entidades Promotoras de Salud, EPS, e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, IPS, estatales y privadas; y en pensiones, el ISS y los Fondos de Pensiones privados.

La salud pública quedó así condenada a muerte al abrirle la tronera de la competencia privada. En 1998 la Superintendencia de Salud prohibió al ISS afiliar más trabajadores, lo que implicó que fueran cobijados por las EPS privadas. En efecto, mientras a comienzos de 1999 las EPS públicas (ISS, Cajanal y Caprecom) tenían el 60 por ciento de los afiliados, a finales de 2001 habían perdido más de 2,5 millones, cobijando sólo al 34,8 por ciento. Y específicamente en el ISS, los afiliados quedaron congelados en 5,6 millones (frente a 8.107.929 de 1997) en el segundo semestre de 2003. Entre tanto, las EPS privadas aumentaron en 2,2 millones sus afiliados, a costa de debilitar la seguridad social estatal.

Igualmente se golpeó al Instituto dejándole las enfermedades de alto costo. Ello afectó sus finanzas, pues las cuentas por este concepto ascendieron a $120 mil millones en 2002, de los cuales únicamente le fueron reconocidos $28 mil millones y de ellos sólo le pagaron $3 mil millones. Como si fuera poco, Uribe escindió el ISS, independizando sus servicios de salud y de pensiones; cerró diez de sus 37 clínicas, despidió 3.600 trabajadores, desmontó la convención colectiva, y separó su EPS de las IPS, convirtiendo estas últimas en empresas sociales del Estado, las cuales deben autofinanciarse, abriendo el camino para su privatización.

Retomando el tema pensional, la cobertura nacional apenas alcanza al 24 por ciento. La Ley 100 le dejó los pensionados al ISS y los afiliados a los fondos privados. Hoy la relación afiliados-pensionados del Instituto es de 4 a 1 y cuando se expidió la norma era de 10 a 1. A diciembre 31 de 2003 el ISS tenía 1.950.000 afiliados, 545.600 pensionados –frente a 11.445 de los fondos privados– y cotizaciones por $2 billones, cuando las pensiones le costaban $5,2 billones. El monto que reciben sus pensionados es mínimo: 82 por ciento de las mesadas tienen un promedio de $468.692, de las cuales 63 por ciento sólo llegan al salario mínimo y únicamente 20.425 alcanzan el millón de pesos. Es de anotar que el Plan Nacional de Desarrollo aumentó a 57 años la edad de pensión para los maestros nuevos, con iguales requisitos que los demás trabajadores y aportando tres puntos adicionales para el Fondo del Magisterio.

Empero, todo lo descrito resultó insuficiente para el presidente Uribe, quien con la Ley 797 de 2003 continuó agostando el régimen pensional. Entre los cambios que introdujo se cuentan: someter a los trabajadores nuevos de Ecopetrol al Sistema General de Pensiones; aumentar en 2,5 por ciento la cotización entre 2004 y 2008; crear un aporte adicional para los afiliados con ingresos iguales o superiores a cuatro salarios mínimos legales (SML); incrementar la edad de jubilación a partir de 2014; adicionar el tiempo necesario para pensionarse a partir del 1º de enero de 2005, y disminuir el monto de la pensión.

El primer mandatario no reconoce límites. Ya desconoció incluso el veredicto del referendo que derrotó las políticas fondomonetaristas, incluyendo las relacionadas con pensiones. Ahora, valiéndose del Acuerdo Político que cocina con los partidos tradicionales, pretende imponer un nuevo régimen que arrasará con los derechos de los pensionados. La proyectada reforma propone un sistema único de pensiones para disminuirlas por debajo del salario mínimo, limitarlas a 25 SML y eliminar la mesada catorce; unificar la edad de pensión en 62 años para hombres y mujeres; gravarlas entre el 1 y el 5 por ciento; aumentar en 25 por ciento las cotizaciones; desmontar los regímenes especiales, con excepción del de la fuerza pública; circunscribir los derechos adquiridos en pactos o convenciones colectivas vigentes hasta el término de éstas y máximo hasta el 1º de enero de 2008, y prohibir cualquier acuerdo que se aparte del sistema.

Por contera, la última propuesta gubernamental pretende «extender partida de defunción al régimen de pensiones que administra el Seguro Social» (El Tiempo, abril 2, 2004). La iniciativa fue del banquero Luis Carlos Sarmiento, quien pidió reemplazar el régimen del ISS por el de ahorro individual, el que aplican los fondos privados. Su acólito, Fabio Villegas, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, y Luis Fernando Alarcón, presidente de la Asociación de las Administradoras de Fondos de Pensiones, Asofondos, respaldaron la idea. Contrariu sensu, Juan Camilo Restrepo denunció que la fórmula se acordó de antemano entre el Ejecutivo y la banca, «cambiando la filosofía y los postulados de solidaridad del ISS, para pasarse a un negocio meramente privado». También se pronunció contra ella Cecilia López –ex directora del ISS y de Planeación Nacional, y ex ministra de Agricultura–, afirmando que Sarmiento Angulo «ahora quiere quedarse con el 45 por ciento del PIB».

Con esta política, a más de seguir pauperizando a los pensionados, persiste en favorecer al sector financiero, al cual ya se había premiado con la creación de los Fondos de Pensiones privados. En éstos, el monto de la pensión depende de lo que ahorren los trabajadores, envileciéndola puesto que la capacidad de ahorro nacional es ínfima. En efecto, 83,3 por ciento de los afiliados a los fondos privados devenga pensiones menores a dos SML, 10 por ciento entre dos y cuatro y sólo 6,6 por ciento recibe más de cuatro SML.

Los fondos se han convertido en los mayores rentistas parasitarios del país, con más de 73 por ciento de los depósitos en cuentas corrientes y de ahorro del sistema financiero. A diciembre 31 de 2003 atesoraban $20,3 billones aportados por 5.213.023 de afiliados. La mitad de estos recursos está invertida en TES, financiando el déficit gubernamental, a tiempo que obtienen pingües ganancias.

Uribe porfía en seguir entronizando los regresivos efectos de la globalización, puesto que en todo el mundo las pensiones se utilizan para enriquecer al sector financiero. En Colombia el capital extranjero ha adquirido la mayoría de los fondos: de los ocho existentes a finales de 1999, seis eran foráneos y su participación en el mercado superaba el 50 por ciento.

La reforma pensional, al igual que el resto de políticas, sometidas a los condicionamientos del FMI, concita el repudio cada vez más generalizado de los colombianos.