12 DE OCTUBRE: PARO NACIONAL Y MINGA INDÍGENA

Contra el TLC con EU y la reelección y por libertades sindicales y democráticas

Por Gustavo Triana

El Paro Nacional y la Minga se convocan en un momento crítico para los intereses nacionales. Está a punto de firmarse el TLC entre Estados Unidos y la Comunidad Andina de Naciones, conformada por Colombia, Ecuador y Perú. Impuesto por la potencia imperialista y aceptado por las oligarquías neoliberales, tal acuerdo terminará de arruinar la producción nacional, profundizará el saqueo de los recursos naturales y la privatización del patrimonio público, abaratará la mano de obra hasta condiciones propias del esclavismo y socavará aún más nuestra soberanía. El TLC se negocia contra el parecer de las inmensas mayorías. Sectores de la producción agraria e industrial, la academia, los artistas, los indígenas, las Iglesias, han manifestado su total rechazo o sus reparos y exigido que se consulte a los colombianos. También demandan que Colombia se retire de las conversaciones.

La protesta del 12 de octubre se adelantará en medio de la visita de una Comisión de la OIT, que viene a recoger denuncias sobre las violaciones sistemáticas que el gobierno de Uribe hace de los convenios internacionales con las regresivas reformas en materia laboral y pen¬sional y con la feroz persecución de patronos y gobierno contra el movimiento sindical. El cinismo con que se niegan los derechos y se recortan las libertades sindicales han convertido al presidente Uribe y al ministro de la Protección Social, Diego Palacio, en verdaderos negreros de la era neoliberal.

El gobierno se ha apresurado a acatar las imposiciones del FMI, principalmente las reformas laboral, pensional y tributa¬ria, las reestructuraciones, liquidaciones y privatizaciones de empresas estatales, y las nuevas y más onerosas conce¬siones a las multinacionales del petróleo, del gas, del carbón, de la energía eléctrica y de las telecomunicaciones. El ingreso de mercancías como consecuencia de la apertura económica y el lavado de dólares tienen a varias empresas al borde del cierre, lo que dejaría a miles de trabajadores sin empleo. Las empresas en bancarrota pertenecen a los sectores textilero, de confecciones, petroquímico y de calzado. Igual tragedia viven los productores de arroz, leche, trigo, cebada y maíz. Todas las tropelías anteriores son acompañadas de la ya caracterizada postura dictatorial y fanfarrona de Uribe que ha impuesto aberran¬tes recortes a las libertades individuales y a la democracia, en clara componenda con los sectores más atrasados y reaccionarios. Dentro de esta postura de dictadorcillo encuadra la pretensión de reelegirse por cuatro años más.

La Gran Coalición Democrática, recogiendo la inconformidad, enarbola una serie de banderas que motivan el llamamiento al Paro Nacional de Protesta del 12 de octubre, entre las que destacamos el rechazo al TLC y demás políticas de intervención imperialista; la lucha contra el nuevo paquete legislativo; la protesta contra el recorte de las libertades sindicales; la exigencia de que cesen las privati¬za¬ciones y reviertan al Estado los sectores estratégicos de la economía y los servicios públicos; la defensa de los derechos de las comunidades indígenas a su territorio y cultura; el repudio a la reelección de Uribe y a sus políticas; la defensa de las libertades democráticas; el apoyo a una solución negociada al conflicto interno, y la lucha decidida por la defensa de la educación y la salud públicas, el empleo y el alza general de salarios.

Es clave precisar la urgente necesidad de obtener el respaldo de la población en todo el territorio nacional y poder manifestar el rechazo contundente a las políticas antipopulares y antinacionales de Uribe y el imperialismo. Después de las grandes jornadas del año pasado, la oposición no ha logrado una protesta de envergadura en el actual, excepto la del Primero de Mayo. Los vientos de unidad que refrescan el quehacer político y social del país deben influir de manera determinante en el desarrollo de esta importante protesta y poder lograr la participación activa de todas las fuerzas sindicales, sociales y políticas, de tal manera que el Paro resuene en toda Colombia contra los gobiernos de Uribe y Bush, y aliente las luchas que en el mundo se libran contra la globalización imperialista y por la soberanía de las naciones.

V Congreso de la CUT: POR LA INDEPENDENCIA Y EL CARÁCTER CLASISTA DE LA CENTRAL SINDICAL

Por Gustavo Triana

Para los días 16, 17, 18 y 19 de noviembre de 2005, ha sido convocado en Bogotá el V Congreso Ordinario de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT.

El evento reviste gran importancia para los trabajadores, toda vez que la principal confederación obrera de Colombia debe tomar trascendentales definiciones para su futuro: negar la afiliación de la CUT a la CIOLS, pues esta afiliación dejaría de lado su independencia, acordada en su Primer Congreso como condición para aglutinar al sindicalismo de distintas vertientes; y también contra la otra propuesta, no menos negativa, de abandonar su condición de central de trabajadores para pasar a ser una central de masas, de sello liberal y socialdemocráta. El Congreso deberá, además, suspender la actual elección directa del Comité Ejecutivo y volver a hacerlo por el método de delegados, ya que la elección directa no garantiza una participación masiva y consciente de los electores y facilita las prácticas clientelistas y fraudulentas. Y tendrá que tomar posición contra los nefastos sistemas de contratación impuestos por el neoliberalismo, tales como cooperativas, contratistas, provisionalidad, contratos sindicales y, en fin, todos las formas no regularizadas de trabajo.

Las discusiones en el seno del sindicalismo sobre dichos temas son imprescindibles. Si se trata de marchar por el sendero correcto y jugar el papel de vanguardia en la lucha por la independencia nacional y la emancipación de los trabajadores, se debe tener resuelto lo concerniente a una representación que obre en consecuencia con los intereses de la clase obrera. Los desaciertos en la organización y la falta de efectividad en las luchas están relacionados con la lenidad en la aplicación de los principios de clase. El daño provocado por tendencias conciliacionistas y patronales, como el llamado sindicalismo sociopolítico, los sindicatos empresariales y de masas, que alientan el pesimismo y llaman al acomodamiento, solo se podrán contrarrestar educando a los dirigentes y trabajadores sobre las nocivas influencias de estos asuntos. La preparación del V Congreso de la CUT es una oportunidad propicia para el debate.

Los sectores de la izquierda democrática se han propuesto defender la independencia y el carácter clasista de la Central. Nueve miembros del Comité Ejecutivo Nacional han constituido la Corriente Sindical Clasista y Unitaria, para coordinar la defensa de la posición de independencia y autonomía del movimiento sindical frente a los patronos, el gobierno y el imperialismo, y actuar unificadamente en las actividades sindicales y políticas.

Este organismo unitario ha hecho seminarios nacionales y regionales con el propósito de alentar la preparación del Congreso, estimular el cumplimiento de las tareas aprobadas por la Central y la Gran Coalición Democrática, resolver problemas internos en los sindicatos y las regiones e integrar la militancia a la campaña electoral de Alternativa Democrática. Se han elaborado documentos sobre la situación internacional del movimiento sindical, la política nacional, el carácter clasista de la central y los sindicatos, la propuesta de reforma de los estatutos de la CUT y el respaldo del movimiento sindical a la candidatura presidencial de Carlos Gaviria.

Este importante esfuerzo de unidad deberá superar obstáculos como el sectarismo y el gremialismo, tan presentes en el sector. De fortalecer este importante ensayo de unidad depende que el movimiento sindical se mantenga alineado con las luchas antiimperialistas y en la brega por el establecimiento de un gobierno de nueva democracia.

ESTUDIANTES BUSCAN LA UNIDAD Y SE APRESTAN PARA NUEVAS LUCHAS

Por Elías Fonseca

El primer semestre del año 2005 ha sido fructífero en la lucha de los estudiantes con¬tra las reformas uribistas en la educación superior, especialmente porque han ido esclareciendo los objetivos de su lucha y la forma de acometer tan necesaria resistencia contra las políticas neoliberales que buscan la privatización de este importante servicio. El 24 de febrero se cumplió la jornada nacional de protesta, con una masiva participación en todas las universidades públicas del país. Posteriormente, el 30 de marzo se llevó a cabo la segunda jornada nacional de protesta en defensa de la universidad pública. Y el 13 de abril, con creciente entusiasmo, se hizo el paro nacio¬nal universitario: en todas las ciudades capitales hubo multitudinarias manifes¬taciones que ratificaron las justas recla¬maciones de las protestas anteriores, y en la que estudiantes, profesores, trabajadores y pensionados acudieron al llamado de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Universitarios.

Ejes de lucha

Los objetivos acordados por la Multiesta¬mentaria nacional, contempla los siguientes puntos:

1. Financiación estatal adecuada y oportuna para la universidad pública:
• Exigencia de la derogatoria del decreto 3545 de 2004 por conducir a la desfinan¬ciación estatal de las universidades públi¬cas y, por consiguiente, a la privatización de ellas.
• Rechazar la aplicación de la Ley 550 de 1999 en las universidades. Es bueno recordar que la Ley 550 es la de “reestruc¬turación empresarial”, lo que significa que en ella la educación pública es considerada un negocio más.
• Exigir solución a los problemas pensionales en las universidades.
• Rechazo rotundo al alza de matrículas.
2. Respeto a la autonomía universitaria.
• Exigir la derogatoria del decreto 2566 de 2003 y su no aplicación en las univer¬sidades.
• Rechazar las reformas estructurales que se adelantan en las diferentes univer¬sidades, las cuales están orientadas a adecuar el sistema universitario al TLC con EE.UU o a cualquier otro instrumento de mercantilización de la educación
• Democracia universitaria
• Exigir una mayor y democrática representacióde los universitarios en los Consejos Superiores; las decisiones que en ellos se tomen deberán ser expresión de la voluntad de los estamerntos que la conforman.
3. Respeto a los derechos humanos de los universitarios.
• Exigir el respeto a las garantías democráticas en el ejercicio del derecho a la protesta.
4. Bienestar universitario, como condición de calidad.
• Exigimos programas de bienestar universitario en todos los campos.
5. Derecho al trabajo para docentes, empleados y trabajadores de las universidades públicas.
• Por la estabilidad laboral.
• Contra la disminución real del salario.
• Por un régimen salarial y prestacional digno.
• Por la defensa del derecho a la salud. Que se mantenga la red pública hospitalaria y se detenga la privatización de este sector.

Por la contundencia de las protestas en todo el país, el Ministerio de Educación se vio obligado a derogar el decreto 3545 de 2004, que recortaba drásticamente el presupuesto a las universidades públicas. En la Universidad Nacional se produjo la renuncia del rector Marco Palacio, ante el rechazo permanente que tuvo por parte de los estamentos universitarios, tanto por su designación antidemocrática y autoritaria como por el impulso a la reforma regresiva propuesta por el gobierno para la principal universidad del país. Estos hechos deben estimular la continuación de las luchas estudiantiles y profesorales contra las reformas que en educación superior persis¬ten por parte del gobierno de Uribe Vélez.

Fortalecimiento de la Unidad para las luchas futuras Contra el TLC

En los días 18 y 19 de junio se reunió en Bogotá el V encuentro de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Universitarios, CNEU, que agrupa a las principales corrientes políticas y gremiales de los estudiantes universitarios.

En el evento se hizo el balance de las exitosas jornadas de lucha y fueron aprobadas nuevas tareas, que fueron acogidas con gran entusiasmo por todos los asistentes. Y es de resaltar el rechazo unánime y rotundo al Tratado de Libre Comercio que el gobierno colombiano quiere firmar a como de lugar con los Estados Unidos y, en consecuencia, se aprobó hacer una consulta universitaria sobre el TLC, adelantando previamente una intensa actividad de discusiones, conferen¬cias, seminarios y asambleas en los que se expliquen ampliamente las profundas incidencias que tal tratado tendrá contra la educación pública nacional, pues la pretensión del gobierno de Bush es que¬darse con el control de este servicio por parte de sus grandes consorcios, vulne¬rando también en este sector la soberanía de nuestro país: será una educación al estilo gringo y según las necesidades ideológicas y económicas del imperio.

Las consultas se desarrollarán del 28 de agosto al 17 de septiembre en todas las universi¬dades del país. Para ello se dispondrá de una orga¬nización electoral nacional y por universi¬dades, que plani¬ficará y orientará la campaña, de tal manera que no se quede región de Colom¬bia sin conocer a fondo que este tratado de anexión tendrá gravísimas consecuencias sobre la sobera¬nía, el trabajo, la producción y la educa¬ción.

Pasivos pensionales

El gobierno de Uribe, ha notificado a la Universidad Nacional y a la de Caldas, y con ello a las demas universidades públicas que deben asumir los pasivos pensionales, lo que llevará a estas entidades, para su posterior fun¬cionamiento, transferirles a los estudian¬tes su respectiva crisis económica, por la vía de las matrículas y la venta de servicios. Con ello se consumará la privati¬zación, tal como lo necesita el TLC.

Apoyo al Paro Nacional del 12 de octubre

También se tomó la decisión de participar y preparar al lado de las organizaciones sociales, políticas, sindicales y populares el gran paro nacional aprobado por la Gran Coalición Democrática para el 12 de octubre, contra las políticas que el gobierno de Álvaro Uribe implanta contra los intereses de nuestra nación y nuestro pueblo y en beneficio del imperialismo norteamericano y la minoría oligárquica y autoritaria que nos gobierna.

Todo el movimiento estu¬diantil estará presto a jugar un papel determinante en estas jornadas de lucha y resistencia.

Unidad estudiantil

Al lado de estas importantes decisiones, el encuentro de la CNEU abordó el tema de la organización nacional de los estudiantes universitarios, considerando como una necesidad imperiosa unificar todos los sectores estudiantiles en torno a una sola organización de carácter gremial, cobertura nacional, funcionamiento democrático, representativa y pluralista, con un programa que recoja las principales aspiraciones del movimiento estudiantil en la defensa de la educación pública y la soberanía nacional.
La OCE (organización Colombiana de Estudiantes), la ACEU, la FUN, la FEU y demás organizaciones regio¬nales y locales que conforman la CNEU se comprometieron a impulsar este proceso, para desembocar en la creación de la orga¬nización nacional de estudiantes universitarios.

Campaña Carlos Gaviria Presidente

La OCE hace un fervoroso llamado a la juventud y los estudiantes para que respaldemos con entusiasmo la candidatura presidencial del doctor Carlos Gaviria, reconocido educador universitario, demó¬crata y defensor de los intereses nacionales, y quien bajo el programa político aprobado por Alternativa Democrática pugna por una nación libre y soberana, en la que haya pleno respeto por la democracia y las libertades ciudadanas, se impulse el des¬arrollo y la protección del aparato produc¬tivo del país, y se defienda plenamente una educación pública y al servicio de los intereses nacionales.

AMÉRICA LATINA RESISTE LA RECOLONIZACIÓN IMPERIALISTA

Por Francisco Valderrama Mutis

La ambición de Estados Unidos de afianzar y expandir su posición hegemónica en todo el mundo y prevenir el surgimiento de nuevas potencias que le puedan competir militarmente en el futuro, sintetizada en la doctrina de los ataques preventivos y la implantación de la «democracia norteamericana», está encontrando resistencia en todo el mundo. Los diversos conflictos regionales tienden a agravarse y su política económica de «libre mercado y mercados libres» pierde credibilidad por sus desastrosos resultados y por el empobrecimiento para la mayoría de los pueblos, así como por la contradicción evidente con su propio proteccionismo. Entre otros hechos, podemos mencionar el fortalecimiento y la expansión de la resistencia iraquí, el incremento de las bajas norteamericanas y el fracaso en la estabilización de la situación en Irak y Afganistán; el descontento mayoritario de los ciudadanos de Estados Unidos con la guerra y con su conducción; el triunfo electoral de los radicales iraníes en las pasadas elecciones, a pesar de la injerencia directa del gobierno de Bush mediante emisiones especiales de televisión y el financiamiento de la oposición, así como la decisión de ese país de continuar con el desarrollo del programa para el desarrollo de la energía atómica; la firme posición de Corea del Norte de no someterse a quedar inerme frente a las amenazas estadounidenses; y la consolidación de la llamada Organización de Cooperación de Shangai que incluye a Rusia, China y los países de Asia Central y que tiene como observadores a Irán, India y Mongolia, en cuya declaración exigieron la retirada de los destacamentos imperialistas de los países del Asia Central.

En América Latina, países y pueblos se expresan también frente a la agresiva campaña política, económica y militar de Estados Unidos para culminar la recoloni¬zación emprendida desde la década de los ochentas del siglo pasado. La lucha de las masas populares en Bolivia por cambiar las condiciones económicas impuestas por el modelo neoliberal y por la recuperación de sus recursos petroleros, cuyas regalías e impuestos fueron seriamente disminuidos por los gobiernos del «gringo» Sánchez de Lozada, terminó tumbando dos gobiernos. A la resistencia boliviana se unió más tarde la de las masas populares ecuatorianas contra el gobierno de Lucio Gutiérrez, quien ganó las elecciones con una coalición y un programa antineoliberal, que traicionó una vez instalado en la presidencia. Estas gigantescas movilizaciones lograron tumbar los gobiernos pero no consiguieron cambiar sus características, pues el reemplazo vuelve rápidamente a las mismas políticas que signaron la suerte de sus antecesores. Esto le sucedió a Meza en Bolivia, y seguramente le va a suceder a Palacio en el Ecuador. Pero no haber podido cuajar verdaderos cambios no disminuye su importancia dentro del concierto de la lucha de los pueblos de América Latina contra la recolonización imperialista norteamericana.

Para la marcha avasalladora de su proyecto de dominación colonial sobre América Latina, Estados Unidos también ha encontrado escollos en el ascenso de gobiernos como los de Lula en Brasil y Kirchner en Argentina, que si en lo interno aplican la continuidad de la política de los regímenes anteriores, en las relaciones internacionales levantan la bandera de la independencia y se oponen con firmeza a la concreción del ALCA, que pretende imponer un solo mercado desde Alaska hasta la Patagonia bajo la égida norteamericana, con la consiguiente pérdida de la soberanía económica de nuestras naciones. En la puja por influir preponderantemente en la región, Brasil y Argentina, sin cuyo concurso el ALCA quedaría reducido a una caricatura, se han convertido en opositores de los designios de Washington. Bajo su influencia, otros países que se habían caracterizado por su extrema sumisión a los mandatos norteamericanos se han atrevido a levantar la cabeza.

En este clima lleno de contradicciones, Chávez ha endurecido progresivamente su posición antiimperialista, tomando posiciones que agrandan las dificultades de Estados Unidos. La pugna alrededor del nombramiento del nuevo secretario de la OEA representa algo más que un episodio en esta lucha. Por primera vez en la historia, Washington no pudo imponer su candidato y después de varios empates en las votaciones debió aceptar el candidato de la oposición comandada por Venezuela y Brasil. Y fue derrotada la propuesta gringa de establecer una comisión de monitoreo a los gobiernos del continente. Las ofertas de Chávez de establecer pactos de cooperación energética con los países de América Latina, a través de Petrocaribe, Petrosur y Petroamérica, así como la compra de bonos de deuda de los países más empro¬blemados, le han permitido ampliar su influencia.

Apoyándose en los sumisos gobiernos de Colombia, Perú y los países del CAFTA en América Central, Estados Unidos ha tomado decisiones que violan la soberanía de las naciones y el principio democrático de la no injerencia en los asuntos internos de los demás países. Nombró a Caleb McCarry como coordinador de la Secretaría de Estado para acelerar la «transición» en Cuba, y Bush recibió en la Casa Blanca a la presidenta de «Súmate», organización venezolana que recibe financiación norteamericana, y anunció que será invitada a una reunión de la OEA en Texas junto con otros representantes de la oposición en Venezuela. En días pasados, Rumsfeld, el secretario de Defensa gringo, hizo una gira por Paraguay y Perú, y lanzó reiteradamente la acusación de que la inestabilidad en Bolivia se debe a la injerencia de Chávez y a su apoyo a Evo Morales. En abierto contraste con esta actitud provocadora, el canciller de Brasil viajó a Bolivia a reunirse con Morales. Las continuas amenazas de los funcionarios norteamericanos, que ponen en duda el carácter democrático del gobierno venezolano, han sido respondidas por Chávez con medidas concretas que van desde la exigencia a las multinacionales norteamericanas de pagar los impuestos, acostumbrados como estaban a evadirlos, y el rompimiento con la DEA, cuyos agentes fueron acusados de estar haciendo labor de espionaje. Todos los movimientos de Chávez en la arena internacional, desde los pactos petroleros hasta la compra de bonos de la deuda, se oponen a la política imperialista en la región.

Estados Unidos, sin embargo, no cesa de preparar las condiciones para retomar una política más agresiva hacia los pueblos de América Latina. A la implemen¬tación del «Plan Colombia», que ha implicado la presencia cada vez mayor de tropas y mercenarios norteamericanos en nuestro país, y a las bases militares ya instaladas de Guantánamo en Cuba, Fort Buchanan y Roosevelt Roads en Puerto Rico, y Soto Cano en Honduras, le ha sumado las llamadas «localizaciones de seguridad cooperativa» en Manta, Ecuador; Reina Beatriz, en Aruba; Hato Rey, en Curazao; Comalapa, en El Salvador, y Tres Esquinas, en Colombia. Ha hecho el despliegue de un destacamento de 400 soldados norteamericanos en Paraguay, cuyo parlamento aprobó su permanencia con inmunidad diplomática hasta diciembre de 2006, y está construyendo un gran aeropuerto en la localidad militarizada de Mariscal Estigarribia, en la región del Chaco muy cerca de la frontera con Bolivia, cuya capacidad para recibir aviones B-52 y Galaxy y alojar 14.000 soldados totalmente equipados, excede en mucho las peregrinas explicaciones del embajador norteamericano en ese país, quien adujo que se trataba de una misión ‘humanitaria y no militar’. Además, desplegó un contingente de soldados en Perú para hacer operaciones conjuntas con el ejército de ese país en la frontera con Colombia. Aprieta el paso en la firma de tratados de libre comercio con Chile, con Centroamérica y con los países andinos, exceptuando a Venezuela, en su afán por aislar a esta última y a los países del Mercosur, a los cuales no cesa de presionar para revivir el proyecto general del ALCA, en medio de un descontento generalizado de los pueblos latinoamericanos que no cesan de expresar su rechazo a estas imposiciones.

Atendiendo al auge de la lucha antiimperialista que se percibe en el medio latinoamericano, las organizaciones políticas, sindicales y populares tenemos el deber de trabajar por crear y consolidar desarrollos organizativos que puedan canalizar ese descontento y darle la consistencia necesaria a las movilizaciones para lograr avances significativos en la lucha nacional y democrática de nuestros pueblos.

Editorial: LA CUESTIÓN DE LA DEMOCRACIA

Héctor Valencia Henao, Secretario General del MOIR

Contra todo riesgo de olvido político es prudente reiterar que, a través de nuestra historia, el predominio de las políticas que abisman la nación se ha impuesto en tétrica ligazón con rampantes supresiones de libertades y derechos. No es extraño entonces que su lógica resultante haya sido el taponamiento en diverso grado del desarrollo democrático. Y, por contera, cuando las políticas de la oligarquía dominante encarnan el neoliberalismo que Estados Unidos desde hace varios lustros dicta e implanta por doquier, tal atasco adquiere una magnitud que impide todo asomo de democracia. Cuestión esta aún menos extraña, pues ese es el carácter que adquiere en Colombia la aplicación del recetario neoliberal, hoy destinado, bajo el asedio de Washington, a plasmarse en un desigual tratado de libre comercio.

Esta condición antidemocrática del país ha sido intensificada por las arbitrariedades y marrullerías a las que recurre Uribe Vélez para darles curso a disposiciones económicas y sociales ajustadas al proceso de recolonización norteamericana que con alegre provincianismo alcahuetea.

A nadie se le escapa que para llevar a término semejante subyugación lo prioritario sea debilitar el arraigo nacional y doblegar la resistencia de millones de gentes en quienes alienta el espíritu de independencia y patriotismo. Calculadores, a Uribe y sus mandantes económicos y políticos tampoco se les escapó la arduidad y la longura que exigía su cometido. De allí que al asumir la Presidencia, este enmarcara su actos de gobierno en el propósito de prolongarla. Procurarlo desde la jefatura del poder ejecutivo ha equivalido a convertir su reelección en una política estatal plagada de connotaciones absolutistas. Es claro que Uribe –contra la Constitución que consigna la ilegalidad de ese propósito y, en consecuencia, la de los medios utilizados para lograrlo– ha sido un presidente-candidato en plan permanente de cautivar la voluntad y captar los votos de gentes candorosas y perplejas. Encubierta en sus gestiones administrativas se ha configurado la práctica de un clientelismo que se asemeja a un delito continuado. Tales astucias, junto a su proceder de ventajista y al arbitrario quiebre de las normas vigentes, le imprimen a su mandato un oprobioso sello antidemocrático.

Su decisión reeleccionista descubre que las funciones presidenciales ejercidas durante más de tres años fueron descaradas diligencias electorales y, para colmo, establece que ambas se confundirán hasta perfilarle una acabada índole de «Yo, el supremo». Así, ninguna «garantía electoral», en dinero o en especie –como son los mimos burocráticos y contractuales y el acceso a los medios de comunicación– podrá remediar el avasallador poder presupues¬tal, administrativo y mediático del Ejecutivo, reforzado con los no menos arrolladores poderes paraestatales que ha prohijado. Junto a los vicios que son objeto de demandas, tanto sobre el contenido como sobre la forma del pase que le dio el Congreso a esta habilitación de Uribe, las mencionadas aberraciones contradicen de manera absoluta e insuperable, más allá de las interpretaciones y fallos inferidos de nuestro peculiar ordenamiento constitucional, principios consubstanciales a cualquier sistema político civilizado.

No obstante que demasías de esa misma clase se manifiestan en numerosos y no menos relevantes episodios de la acción gubernamental, Uribe, como ido de la misma realidad política que fomenta, asegura que en Colombia rige una «democracia profunda». Omitido el atropello a la razón de los colombianos implícito en tan falaz aseveración, su designio es generar aquiescencias para nuevas y mayores arbitrariedades. Suficientes precedentes alertan: ¿acaso, so capa de la temprana adjetivación de democrática que se le acomodó a la política de seguridad, no se ha alabado el sapeo como una virtud civil y patriótica aunque desata cacerías de brujas, redadas, encalabozamientos y ejecuciones sumarias contra gente de bien? Iniquidades propias del fascismo que suceden ante el malicioso silencio, cuando no la cínica aprobación, de los grandes medios, a más de la repugnante indiferencia de estamentos sociales y personajes que se precian de demócratas.

Junto a la denuncia y condena de todas y cada una de las manifestaciones de la retrograda embestida, es indispensable que las organizaciones de izquierda, sectores de oposición y personas sensatas reafirmen –amplia e incesantemente y en íntima ligazón con los criterios en defensa de la soberanía– los principios elementales de la democracia, pues estos, en su significativa obviedad, tienen la virtud de dotar a las gentes de una escarda ideológica que les permite distinguir las malas políticas que los sumen en la crítica situación que atraviesan y, además, comprender la necesidad de oponerles resistencia.

En realidad, la lucha por la democracia se define en últimas como una forja que, en diversos grados y formas, se dirige a la conquista de derechos y elementales condiciones políticas que posibiliten a la población librar eficazmente, tanto el primordial combate por la soberanía de la nación, como la prolongada batalla para llevar a la sociedad a un estadio económico, político y cultural de nuevo tipo, es decir, en armonía con sus más altos intereses.

Por su naturaleza, la situación democrática que se alcanzará valiéndose de tales condiciones y ejercitando tales derechos corresponde a un nuevo régimen político, radicalmente opuesto al viejo y vaciado de democracia que, apuntalado por Washington con la complacencia de la cúpula oligárquica nacional, impera en Colombia.
La cuestión democrática, en los términos aquí expuestos, encuentra un testigo de excepción en López Michelsen cuando –corroborándose lo que por haberlo vivido han sabido bien generaciones enteras de compatriotas– afirma que «en Colombia no hay democracia en el sentido corriente del vocablo, cuando por tal se entiende el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo». Pues bien, ¡de esa carencia, de ese sentido del vocablo y de ese pueblo, es de lo que se trata!

Se trata, pues no es mera especulación teórica, de las secuelas económicas y sociales de esa privación de democracia. Entre ellas: la mayoría de la población en la pobreza, parte considerable de ella desfalleciendo en el campo o amontonada en poblados y suburbios, verdaderos guetos, bajo condiciones infrahumanas de vida, mientras la elite financiera se ganó en los siete primeros meses de este año dos millones de millones de pesos. Tal situación ominosa a la que ha sido llevado el país le ha merecido que en el mundo entero lo descalifiquen en materia de desigualdad económica o concentración de la riqueza, como transcribe el insólito testigo.

En fin, se trata de lo formulado con enjundia y autoridad mayores por Carlos Gaviria, al ser proclamado candidato presidencial de Alternativa Democrática. Allí, cual si fuese un moderno memorial de agravios, desnuda en una decena de preguntas-condena los rasgos de la antidemocra¬cia que entre cabriolas y galope tendido impone hoy sobre la nación el gobierno de Uribe (véase la página 3). Contra su verdad, nada pueden las tendenciosas encuestas al recoger los resultados de la incesante y masiva manipulación informática. Para el caso, bastaría con atenerse a la sentencia de Anatole France: «Un disparate, aunque sea expresado por un millón de personas, sigue siendo un disparate».

Ahora bien, la definida carencia de democracia es un fenómeno que aparece engranado en la política de sujeción económica y política impuesta por los Estados Unidos. De allí que no sea posible que arraiguen y florezcan los brotes democráticos que surgen de las múltiples bregas de la gente en resistencia, mientras en la nación persista esa condición, hoy intensificada, de pérdida de la soberanía. Sin ésta, todo progreso democrático será escaso y recortado, siempre expuesto a ser anulado. En esencia, en el actual período de la vida nacional, la democracia es un medio y la soberanía es un fin. Sólo una nueva democracia proveerá a la nación de los instrumentos y condiciones indispensables para liberarse de la coyunda imperialista y emprender su desarrollo económico y social.

Con todo, de cuando en cuando se tiende a desconocer u olvidar la anterior concreción del problema, en especial lo referente al imperialismo norteamericano. Una absurdidad que la izquierda no puede permitirse, ni permitir que prolifere entre la población, para no correr riegos de que se equivoque el rumbo. Más valdría emular a Noam Chomsky cuando recién juzgó pertinente exclamar: «Es el imperialismo, ¡estúpido!». Y expresarlo así, con la sonora amonestación y con el nombre exacto del sistema.

PEQUEÑO TEATRO DE MEDELLÍN: TREINTA AÑOS DE INTENSA LABOR

Por Juan Pablo Arango P.

En 1975, el joven estudiante de la Universidad Nacional –sede Medellín–, Rodrigo Saldarriaga Sanín, ya había empeñado su vida al arte, en una de sus más ricas expresiones: el teatro. El 6 de febrero de hace treinta años, Rodrigo tomó una decisión que le ha permitido satisfacer con creces su vocación y enriquecer el teatro nacional: fundó el Pequeño Teatro, junto con Eduardo Cárdenas, John Jairo Mejía, Oscar Muñoz, Efraim Hincapié (q.e.p.d.) y Jorge Villa. Aunque sabían a conciencia que se trataba de un gran reto, lo denominaron ya que inicialmente era integrado solamente por esas seis personas, que abandonaron sus estudios decidiendo convertirse en teatreros, y porque la primera planta física para el grupo fue una pequeña sala de sólo sesenta sillas.

En reconocimiento a este tesonero esfuerzo de tres decenios, para –según palabras del mismo Saldarriaga– «luchar por lo que parece un imposible: darle a Medellín un grupo profesional que lo ponga a la altura de otros que ya cuentan en su inventario artístico con grupos propios y con una actividad teatral amplia y difundida», el pasado 10 de junio Rodrigo Saldarriaga y el elenco del Pequeño Teatro fueron objeto de un homenaje al que asistieron numerosas personalidades de la vida local y nacional, entre quienes se destacan el doctor Carlos Gaviria, candidato presidencial de Alternativa Democrática; Héctor Valencia Henao, secretario general del MOIR; Reinaldo Spitaletta, periodista independiente; el presidente del Concejo de Medellín, Luis Bernardo Vélez; el magistrado del Tribunal de Antioquia, Laureano Forero; el ejecutivo del grupo empresarial Habitar y ex candidato a la alcaldía de Medellín, Juan Guillermo Jaramillo; los miembros del sector teatral de la capital antioqueña Mario Yepes –director del Teatro El Tablado–, Gilberto Martínez –director de la Casa del Teatro– y Cristina Toro y Carlos Mario Aguirre –del Teatro Águila Descalza–; así como otros destacados representantes de la cultura paísa, como el compositor y director de orquesta Gustavo Yepes y el famoso arquitecto Nano Forero.

Desde su primer montaje en 1975 con la adaptación que Saldarriaga hiciera de Anacleto Morones, de Juan Rulfo, el Pequeño Teatro ha presentado cincuenta y tres obras, entre las que descuellan: Edipo Rey, de Sófocles; Macbeth y La tempestad, de William Shakespeare; Escuela de mujeres y Tartufo, de Molière; Madre coraje, de Bertolt Brecht; Medea, de Jean Anouilh; La Locandiera, de Carlo Goldoni; Emily Dickinson, de William Luce; Los intereses creados, de Jacinto Benavente; Simón Bolívar, de Ferdinand Bruckner; Aceite, de Eugene O´Neill; De ratones y hombres, de John Steinbeck; Ruptura, de Helge Krog; El precio, de Arthur Miller; El zoológico de cristal, de Tennessee Williams; Asesinato en la Catedral, de T. S. Elliot; Hola y adiós, de Athol Fugard; El brillador de metal, de Henrich Henkel; Esperando a Godot, de Samuel Beckett, y El cuento de la Isla Desconocida, basado en la obra de José Saramago.

Pequeño Teatro ha concedido especial importancia a promover obras escritas por dramaturgos nacionales, razón por la cual ha presentado, entre otras, La muerte en la calle, de José Félix Fuenmayor; A la diestra de Dios Padre, versión de Enrique Buenaventura sobre la novela de Tomás Carrasquilla; Tiempo vidrio, de Sebastián Ospina; El drama en la buhardilla, de Jairo Aníbal Niño; José Antonio Galán o de cómo se sublevó el Común y El cumpleaños de Alicia, de Henry Díaz; Poeta, ¿en qué quedamos?, sobre versos de Porfirio Barba Jacob; Una extraña sesión de jazz, de Efraim Londoño y Rafael de La Calle; Zafarrancho en Santa Isabel de las Nubes, de José Mesa, y El baile de los cabezones y La comparsa de don Rosendo, de José Pardo.
Entre las obras colombianas merecen mención aparte las escritas por Sal¬darriaga: Nos han dado la tierra y Diles que no me maten –sobre cuentos de Juan Rulfo–, Todo fue, La venganza de los huérfanos, A Julian Beck y El ejército de los guerreros.

A pesar de haber atravesado diversas crisis, entre las cuales sobresale la de 1997 cuando casi tuvieron que vender su hermosa sede de la Carrera Córdoba con La Playa, adquirida en abril de 1986 y cuya ampliación se terminó en 1994, el Pequeño Teatro no dio su brazo a torcer. Para salir del último entuerto, hace tres años y medio Saldarriaga tuvo una idea salvadora: decidió abrir al público las funciones del teatro sin cobrar por ellas y, a cambio, solicitar a los asistentes contribuciones voluntarias al final del espectáculo. La ocurrencia tenía tres virtudes: ponía el teatro al acceso de toda la ciudadanía medellinense, enfrentaba el elenco a la crítica de su audiencia y –en la medida en que ésta fuera favorable– permitía recoger las generosas contribuciones de los espectadores. Con ello pudo sobreponerse a la bancarrota y desde entonces continúa aplicando dicha política, la cual ha sido premiada con llenos continuos en más de mil funciones que hasta ahora suman 250 mil espectadores. En total, el grupo ha presentado aproximadamente 7.500 funciones, a las cuales han asistido alrededor de dos millones trescientas mil personas.

La labor del Pequeño Teatro no se ha circunscrito a la capital antioqueña. Ha presentado sus obras en más de trescientos municipios del país, desde Nariño hasta La Guajira. Ello no sólo le ha permitido hacerse conocer a nivel nacional, sino que, sobre todo, ha respondido a su compromiso de democratizar la cultura, brindándole a nuestra gente el deleite teatral. Lo que a su vez les ha permitido realimentar su producción artística con la crítica de los conocedores y los ingeniosos y ricos comentarios de campesinos, obreros, estudiantes y personas del común que, gracias a Rodrigo y a su elenco, conocieron por primera vez lo que es el teatro.

Igualmente, cabe destacar la contribución del Pequeño Teatro a formar profesionalmente decenas de actores, entre quienes se han contado Patricia Duque, Efraim Londoño, Walter Sauza, Ramiro Rojo, Omaira Rodríguez, Andrés Moure, Eduardo Cárdenas y John Jairo Mejía. Para ello, a lo largo de estas tres décadas el Pequeño Teatro ha sido una escuela permanente. Hace tres años abrió las puertas de su Escuela de Formación de Actores.

La labor y los éxitos del Pequeño Teatro son el fruto de su inquebrantable empeño, generalmente huérfano de apoyo estatal –como acontece con tantas empresas de nuestros connacionales–, y constituye un ejemplo de la epopeya de los trabajadores intelectuales y del arte por enriquecer y asentar una cultura nacional. Como dijera Rodrigo Saldarriaga en alguna ocasión: “A veces estamos cercados por problemas de hambre, pero nuestra satisfacción al hacer teatro nos hace libres”. Tribuna Roja se une al reconocimiento nacional de que ha sido objeto el Pequeño Teatro en sus treinta años de infatigable y persistente laborar, como parte del batallar que el pueblo colombiano adelanta para consolidar su propia cultura y liberarse de los escollos que le impiden cimentar una patria próspera y soberana.

Carlos Gaviria Díaz, candidato a la Presidencia: ¡ACEPTAMOS EL RETO DE VENCER A URIBE!

Carlos Gaviria Díaz, Congreso de Unidad de Alternativa Democrática, agosto 19 de 2005

Este es un Congreso Nacional de Unidad. Unidad de los movimientos y partidos de lo que hemos llamado la izquierda democrática y de los sectores populares conscientes. ¿Qué representa la izquierda democrática? Sin ninguna duda, el propósito común de construir una sociedad equitativa mediante el consenso de las grandes mayorías. Sociedad equitativa que pensamos como una comunidad donde las oportunidades de participar en los bienes sociales sean iguales para todos.

Porque, ¿será equitativa una sociedad donde 25% de la población vive en la indigencia y 65% en la pobreza? Sin embargo, se nos dice que esta es una sociedad democrática. Pero resulta que la democracia es una forma de organización política donde deciden las mayorías. Y aquí las mayorías están constituidas precisamente por los excluidos. ¿Ellos habrán dispuesto que los indigentes sigan siendo indigentes y que los pobres sigan siendo pobres? Esa parece una conclusión disparatada; o, mejor aún, una paradoja indescifrable.

¿Qué sucede entonces? Algo muy simple: que quienes se benefician del sistema político y económico, que son los menos, no pueden admitir que sus privilegios los obtienen a costa de la miseria y pobreza de los más. Por eso aparece la paradoja de que son las grandes mayorías las que han dispuesto que haya una pequeña franja de privilegiados.
Esa técnica del engaño constituye lo que tradicionalmente se ha llamado el velo ideológico. La realidad se presenta distor¬sionada para que aparezca amable, lo que es letal; como en el vals, es «un veneno dulce que parece que consuela pero mata al fin».

Surge entonces el compromiso de la gente que ha tomado consciencia de la situación: descorrer los velos que ocultan la realidad. Sartre, cuyo centenario de nacimiento se conmemoró el pasado 18 de junio, ejemplo de intelectual honesto y valeroso, lo expresaba así: «La única posibilidad de asumir un punto de vista inmune a la ideología decretada desde arriba, es ponerse del lado de aquellos cuyas condiciones de existencia la contradicen».

¿Cómo es posible?

El mecanismo de falsificación es viejo y ha sido denunciado de tiempo atrás, pero hay momentos que lo muestran de manera contundente. Este que vivimos es uno de ellos. ¿Si estamos en una democracia, cómo es posible que a propuesta del gobierno y de las mayorías que lo apoyan en el Congreso se impongan tributos que encarecen y hacen inaccesible a una gran mayoría de los colombianos los artículos de primera necesidad alimentaria? ¿Cómo es posible que un cuerpo legislativo conformado por mayorías del gobierno se inhabilite él mismo para modificar regímenes de impuestos benignos y generosas exenciones en beneficio de eventuales inversionistas extranjeros, que llegan al país a incrementar su capital a costa de los salarios de hambre de los trabajadores colombianos? ¿Cómo es posible que un Estado que contribuyó a dar vida a la Organización Internacional del Trabajo y es signatario de los convenios sobre libertad sindical y negociación de convenciones colectivas, proscriba que unas mejores condiciones para la vejez puedan ser objeto de negociación obrero-patronales?

¿Cómo es posible que el Presidente de Colombia exhorte compulsivamente y quiera festinar con la mayor potencia económica del mundo la firma de un Tratado de Libre Comercio que va a concluir el proceso de ruina del agro y de la incipiente industria, proceso iniciado por quien ejercía la Presidencia de la República en el comienzo de la década de los noventas? ¿En un Estado Social de Derecho, cómo es posible que se presione la suscripción de un tratado que privilegia la protección de patentes extranjeras en detrimento de la salud de los colombianos, y que se estigmatice a los jueces que en cumplimiento de su función constitucional protegen el acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda digna y a la alimentación de los colombianos? ¿Cómo es posible que el Estado Social de Derecho, propuesto por el constituyente de l991 como un camino hacia la paz, se vaya transformando artera y paulatinamente en un vitando Estado comunitario, que simboliza y materializa el regreso dramático a las peores épocas del liberalismo económico? (El constituyente de 1991 trazó un camino en materia de derechos y libertades que bien podría condensarse en el ideal de Fausto: Vivir en un país libre, con un pueblo de hombres libres).

¿Cómo es posible que a cuatro sindicalistas de Arauca se les ejecute sin fórmula de juicio y se les haga aparecer como guerrilleros caídos en combate, y que al revelarse la verdad de los hechos un funcionario del más alto rango aduzca como excusa justificante que «de todos modos parece que tenían nexos con el ELN»? ¿Cómo es posible que a 62 campesinos de Quinchía se les prive injustamente de su libertad y a los 8 meses se les libere porque no se encontró ninguna prueba de que pertenecían a la guerrilla? ¿Es esa política, pregunto, la que va a rescatar de la miseria y de la pobreza a las grandes masas excluidas de los beneficios sociales y la que va a llevar seguridad democrática a los ciudadanos?

¿Cómo es posible que la red pública hospitalaria sea desmantelada, y se condene a los servidores del sector a engrosar la multitud de desempleados, y se sustituya el servicio de salud por empresas que trafican con tan vital derecho? ¿Cómo es posible que las entidades oficiales implicadas en el cierre de los hospitales San Juan de Dios y Materno Infantil, evadan su compromiso de prestar servicio eficaz de salud a las madres y a los niños pobres?

¿Cómo es posible que ante la incontrovertible y evidente exclusión histórica de la mujer de las más altas responsabilidades, haya quien se rasgue las vestiduras porque el alcalde Mayor de Bogotá, observando sin duda pautas de idoneidad, designe a veinte mujeres para ocupar las Alcaldías locales? ¿Es pecado incluir a las excluidas? ¿Cómo es posible que a las comunidades indígenas se las siga maltratando y exterminando, haciéndolas blanco de agresiones y omisiones tanto por las autoridades oficiales como por los grupos armados al margen de la ley, bajo la vigencia de una Constitución que en su espíritu y en su letra ha dispuesto que se preserven y protejan sus formas de vida como reivindicación inaplazable del multicul¬turalismo que debe enorgullecernos? ¿Cómo es posible que pertenecer a las comunidades afrodescendientes siga siendo un estigma que condena a grandes sectores del pueblo colombiano a padecer la pobreza o la exclusión, y, las más de las veces, ambas cosas al tiempo? ¿No es una vergüenza nacional qué aún se cite al Negro Robles y a Candelario Obeso, a Diego Luis Córdoba y a su sobrina Piedad, como ejemplos de personas que tuvieron que derribar infinitos obstáculos para que el país conociera sus excelsas cualidades, su gran inteligencia y su valentía?

¿Cómo es posible que en Estado Social de Derecho se expida una ley llamada paradójicamente de justicia y paz, que en lugar de dirigirse a la reparación de los daños terribles ocasionados a centenares de miles de desplazados y damnificados, sea para privilegiar en exceso a los sindicados de crímenes atroces, y que se llegue con ellos a grados de benevolencia que rayan en la impunidad? ¿Y cómo es posible que un altísimo dignatario se duela de que con sus reclamos las víctimas “están entrabando el proceso”? ¿Cuántos periodistas, o simples ciudadanos, tendrán que exi¬liarse, amenazados de muerte desde los computadores privados de amigos simpáticos del Presidente de la República, para que entendamos la precariedad de los derechos individuales y libertades públicas bajo el gobierno de Álvaro Uribe?

Uno se pregunta, y me parece que con todo derecho, ¿cómo es posible que el presidente que promueve y propicia este estado de cosas, goce de un respaldo popular por encima de 70%, según las encuestas de opinión con las que permanentemente pretenden sumirnos en la inactividad que induce el pesimismo?

Frente a esta situación, no cabe la menor vacilación. El efecto sobre nosotros debe ser precisamente el contrario. Los demócratas de este país aceptamos el reto de enfrentar y vencer al candidato-presidente o a quien la coalición gobiernista designe para enarbolar sus banderas. Evocando de nuevo a Sastre, haremos la tarea que nos incumbe: antes y después de la unidad, que es urgente, debemos develar la realidad y desmitificar los sofismas oficiales para que ella brille en todo su esplendor.

Nuestro programa

Toda acción llamada a incidir en la vida pública exige dos decisiones básicas: elegir el rumbo de la acción del Estado en función de las metas y de los propósitos que se pretende alcanzar, y evaluar y seleccionar los instrumentos más idóneos para lograrlos. En ambos aspectos viene trabajando Alternativa Democrática de manera responsable y perseverante. Y sus Bases Programáticas, podemos resumirlas en pocos puntos:

1. Recuperar la soberanía nacional en un mundo globalizado.
2. Erradicar la miseria y reducir la pobreza y los males que engendran.
3. Estimular la producción nacional agrícola e industrial para crear empleo y generar riqueza, en función de su reparto equitativo.
4. Atacar las raíces del conflicto armado, como la única manera eficaz de erradicar el mal y legitimar el ejercicio de la fuerza que el Estado debe monopolizar. (derechos humanos) ni instrumentables, ni disponibles, ni negociables.
5. Garantizar la vigencia del Estado Social de Derecho, cuya sustancia son los derechos económicos y sociales. La reforma tributaria como instrumento redistri¬butivo.
6. Aprobar y aplicar leyes y mecanismos de control eficaces contra la corrupción.
7. Equidad y cobertura en educación, salud, vivienda (campo, ciudad, público – privado)
8. Preservar y estimular el multicul¬tu¬ra¬lismo y apoyar la cultura
9. Defender los derechos y reivindicaciones de las minorías tradicionalmente excluidas.
10. Defender una política de sos¬te¬ni¬bilidad del ambiente. Pugnar por el equilibrio entre transformación y defensa de la naturaleza.
11. Recuperar para el Estado la regulación y la dirección de la economía.
12 Rescatar para el pueblo la titularidad de la soberanía y, en consecuencia, el ejercicio de la acción política en su beneficio.

La instrumentación técnica de cada uno de estos temas y de los subtemas en que puedan desarrollarse, en la que vienen trabajando especialistas de primer orden, bajo la dirección eficaz de Orlando Fals Borda, será sometida a riguroso análisis en foros de especialistas y expertos y debatida luego en amplios escenarios populares.

Pensamos que la paz que implica algo más que la terminación del conflicto. Hay que buscarla por la vía del diálogo y del ataque frontal a los factores que han generado el estado miserable en que vivimos. Creemos que es urgente la celebración de acuerdos humanitarios con la insurgencia, no solo para que recuperen la libertad quienes la han perdido en medio de un conflicto irracional, sino para que los interlocu¬tores se acostumbren a mirarse las caras y a dialogar sobre todo lo que incumbe a la instauración de la paz.

Unidad, unidad, unidad

Doctor Navarro, doctor Petro, doctor Moreno, doctor Dussán, no podemos ser inferiores a lo que de nosotros exigen las inmensas mayorías excluidas. El dilema de la coyuntura que vivimos es claro e inexorable: unidad, con todos los sacrificios que ella implique, para la defensa de la democracia y en la búsqueda de una sociedad equitativa y justa. El llamado lo hago extensivo a todos los sectores democráticos del país, conscientes de la grave situación que enfrentamos. Sin sectarismo y sin ambigüedad suscribamos el pacto de unidad que nos llevará al triunfo, y repitamos en la soledad de nuestro retiro diario y en la cotidianidad compartida: ¡La democracia es el camino!

BROCHAZOS SOBRE TRIBUNA ROJA

Por Héctor Valencia Henao, Secretario General del MOIR

Si Tribuna Roja hablara diría que nació en el taller de un viejo y laborioso artesano donde para su impresión el plomo se fundía y los tipos de letras se refundían, y la tinta roja que coloreaba su nombre con frecuencia se derramaba entre sus páginas y, cuando al fin, por lo regular al amanecer, se completaban dos o tres mil ejemplares limpios, estos pasaban por manos delicadas que los apilaban y amarraban formando pequeños bultos para ser llevados en buses, por carreteras destapadas en su mayor trayecto, a otra media docena de ciudades donde eran entregados lentamente a otras manos, ora suaves, ora callosas con olor a tierra o aceite, que los recibían y procedían a abrir sus páginas. Diría que luego fue elaborada por numerosas imprentas y rotativas modernas y que llegó un momento en que alcanzó ediciones de 320 mil ejemplares que se repartían por ciudades, valles, montañas y costas del territorio nacional, pero que hubo otro momento en que dejó de tener vida durante ocho largos años, como si hubiese entrado en un túnel. Diría que renació con nuevos bríos y con vistoso colorido, y es llevada ahora, aunque en pequeñas cantidades, a un mayor número de sitios, donde manos que casi siempre ya conoce por lo regular pasan sus páginas mucho más despacio e incluso las subrayan. Y dirá que a pesar de sus duros partos, o quizás por eso mismo, hoy cumple sus cien números más plena de vigor.

Desde su fundación, el camarada Francisco Mosquera le dedicó a Tribuna una atención especial. Se preocupaba por su financiamiento y cuidaba cada una de las etapas de su elaboración. Participaba en la selección y corrección política y gramatical de los artículos, escribía enjundiosos editoriales y vigilaba su diseño y edición, mas sus principales esfuerzos se dirigían a cuestiones relacionadas con su redacción. En su empeño por formar militantes con cultura política y capacidad literaria que se dedicaran de tiempo completo al oficio del periodismo, ejerció un sabio magisterio sobre política, literatura, gramática, historia y ciencias. De hecho, el perdurable y creativo trabajo que el camarada Mosquera desplegó con Tribuna Roja, le define a esta su importancia.

Y si ensayamos una sucinta definición, se comprenderá la magnitud de esa importancia. Tribuna Roja es: el órgano periodístico del MOIR y “una herramienta idónea para los desposeídos y oprimidos en sus desvelos por la emancipación de clase” (F. Mosquera). Y es para los moiristas un instrumento de trabajo político entre la población, un medio para la cohesión ideológica del Partido y una guía en la orientación táctica y estratégica de su lucha política.

En la incesante batalla que se libra entre lo nuevo y lo viejo, es condición común a toda publicación que se proponga describir y analizar el proceso en que históricamente “va” la sociedad, la ciencia o la cultura, estar situada al lado de lo nuevo, puesto que, de hecho, nuevo es lo que necesariamente registra en cada momento de su edición. Y, también de hecho, no podrá evitar el enfrentamiento con lo que en ese momento aparece establecido y lo que es aceptado como verdad. Si se trata de una publicación política, como lo es Tribuna Roja, que como órgano del MOIR surgió destinada a registrar y analizar desde un punto de vista materialista y dialéctico los momentos que atraviesa la sociedad colombiana – su base económica y su superestructura social, sus relaciones de producción y la lucha de sus clases – no podía menos que enfrentar desde su nacimiento lo que encontró establecido: el dominio del imperialismo sobre la nación y el poder de la oligarquía colombiana, y lo que encontró como verdad aceptada: las ideas que sirven a ese dominio. Tribuna, entonces, como la política del MOIR que ella expresa, en cada uno de sus cien números ha ido contra la corriente de lo económica, política e ideológicamente prevaleciente en nuestra sociedad.

Por supuesto que para nosotros lo nuevo que se debe registrar en el periódico es lo que aparece como un avance social y cultural o lo que lo anuncia, no lo que lo detiene, entraba o constituye un retroceso, pues de la difusión de esto se encargan sobre todo – y de manera voluminosa, amplia y machacona – los grandes medios de comunicación, tanto los domésticos como los internacionales.

Casi siempre, escribir artículos y crónicas para el periódico ha sido una tarea que, entre otras actividades políticas, cumplen algunos militantes del Partido. Conforman un grupo más o menos estable de compañeros que cuentan con elementales conocimientos teóricos marxistas y buenas aptitudes culturales. En general, quienes participaron en la elaboración de los primeros cincuenta números aprendieron su oficio practicándolo, pero también apreciando las obras de periodistas y escritores revolucionarios o que poseían un pensamiento universal. Dada la tradición de calidad del periodismo y la literatura de Estados Unidos, no es paradójico que entre ellos se destacaran los norteamericanos Reed, Snow y Strong – que testimoniaron la gestación socialista en Rusia y China– London, Hemingway, y también Mailer y Talese…

Grande es el mérito, en razón a que han cumplido a cabalidad con su deber, que poseen los compañeros que han persistido hasta hoy en la prolongada brega de elaborar Tribuna y, entre ellos, como primus inter pares, Carlos Naranjo, quien desde el cuarto número ha sido su director. Tan enjundiosa labor no obsta, empero, para desconocer los valiosos aportes de quienes nos acompañaron durante largos períodos, los que para nosotros explicablemente fueron los de su mayor lucidez y consecuencia políticas, sin que ello implique ninguna descalificación de sus posteriores índoles ni tampoco de las actividades que asumieron, pues presumimos y apreciamos la sensatez y valor social de casi todas ellas.

Tribuna ha sido un instrumento del MOIR en la lucha ideológica. Característico de su última etapa – a pesar de que los veinte o treinta mil ejemplares sólo alcancen para unos miles de cuadros y activistas o unos cientos de frentes, como señalaba Mosquera – ha sido librar un cerrado combate contra la irrupción y posterior intensificación del neoliberalismo. Como este afecta directa o indirectamente todos los aspectos de la sociedad y del Estado y obedece al dictado imperialista de Estados Unidos, la batalla se desarrolla no sólo en el terreno económico sino en el político. Y como es de prever que en la mente de un buen número de colombianos – luego de “explorarlas” mediante sofismas – logre establecer, como se dice, “puestos de avanzada”, el pulso se extiende al campo ideológico. Allí, Tribuna ha venido refutando a los encumbrados ejecutivos y su ejército de académicos y profesionales sabihondos, dejando en claro que, tras sus ostentosos títulos universitarios, no pasan de ser unas medianías que padecen lo que el arquitecto Frank Lloyd Wright llamaba “exceso de instrucción y escasez de cultura”.

No falta quien considere que los artículos que analizan la situación social contenidos en Tribuna son demasiado radicales. Pero si bien Tribuna observa el lema leninista de ser “tan radical como la realidad misma”, lo cierto es que se ha cuidado, como lo constata cada una de sus cien ediciones, de caer en el tremendismo y la retórica extremista. Lo radical en la Colombia y el mundo modernos es la crudeza de la situación económica y social de las mayorías y la crudeza de la lucha de clases que contra ellas desatan las elites gobernantes, y no el registro y examen político que Tribuna haga de esas realidades. Partimos de que los temores que pueden albergar sectores de la población –– potenciales lectores de nuestra publicación sometidos a la constante zozobra generada por las violencias de todo tipo que se enseñorean sobre el país – no se extienden a que teman la claridad que sobre su situación puedan suministrarles las páginas de Tribuna. Todo lo contrario.