ANALIZABA LA POLÍTICA COMO UNA CIENCIA Y LA PRACTICABA COMO UNA PASIÓN

Intervención de Héctor Valencia, secretario general del MOIR, al conmemorar los diez años del fallecimiento de Francisco Mosquera, el 25 de agosto en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada

Héctor Valencia H., secretario general del MOIR

Al conmemorar a Francisco Mosquera, los integrantes del MOIR que él erigió afrontamos dos riesgos. Primero, que nuestro gran respeto por su trayectoria vital aparezca como una actitud que atañe meramente a nuestra intimidad política y, segundo, que nuestro afán porque sus ideas permanezcan vivas pueda insinuarse como intransigencia que, paradójicamente, las embalsa­marían. Pero no pocas veces para salir de un riesgo hay que correr otro, cual sería abusar esta noche de su deferencia al acompañarnos, expresando unas sucintas observaciones en torno al conmemorable.

Es cierto que su pensar y su hacer se rigió por las categorías filosóficas y sociales del marxismo, por lo que es natural que las cualidades que labró desde su juventud, justipreciadas no sólo por nosotros sus adictos, sino por sus amigos y hasta por contradictores sensatos, no se puedan explicar desligadas de sus lides políticas. Tal caracterización revela que Francisco Mosquera poseía el valor, siempre tan indispensable, de ser consecuente con su pensamiento. Entereza más encomiable aun cuando el rasgo distintivo de ese pensamiento era la universalidad. De allí que despreciase la estrechez de miras y la mediocridad y le repugnaran las sectas y los sectadores.

Si bien era conocida su dedicación y rigurosidad en el estudio de los textos clásicos marxistas, sólo unos cuantos de sus allegados sabían de su entusiasmo por la buena literatura tanto nacional como mundial, y en especial la fruición, no exenta de deslumbramiento, con que leía las novelas de autores como Fielding y Scott, Tolstoi y Balzac, London y Steinbeck; su ferviente inte­rés por los hallazgos e investigaciones de antropólogos modernos como Leakey y Johanson; el brío con que se adentró de la mano de Suetonio y Mommsen en el examen de la historia de Roma y también en la del Continente americano, apoyado en los aportes de Germán Arciniegas, en fin, su gran respeto por los hombres de ciencia norteamericanos cuando exploraba, como si emprendiese una einsteiniana aventura del pensamiento, los vertiginosos avances en la física, la química y la biología.

Pero al abordar estos campos de la creación artística y la experimentación científica, al igual que el de la política, la cual analizaba como una ciencia y practicaba como una pasión, Mosquera nunca fue un diletante. No se lo permitía, ni el respeto hacia los trabajadores, ya que para ellos cultivaba su espíritu, ni la primacía y alta estima que le asignaba a la defensa e impulso de sus supremos intereses.

A partir de su muerte, a la que Mosquera le daba gran importancia por ser un fenómeno que sella y define el valor de la vida, su obra quedó sometida a que sea su confrontación con los hechos sociales lo que vaya revelando su enjundiosa dimensión. De manera irresistible, la verdad contenida en ella simplemente reclama la posibilidad de aflorar.

Pero mientras las surgentes realidades van facilitando a las gentes la histórica escarda que les permita aprehender y atesorar los conceptos de Mosquera, estos están expuestos a ser negados o desvirtuados sin que él ya pueda ni debatir ni elegir. Es obvio entonces que le corresponda al MOIR su divulgación y desarrollo, sin ampu­­­­tarlos de su concreto contexto político, para que en el vórtice de las contradicciones sociales, que son su elemento, puedan prevalecer.

Ni profeta ni adivino, pero sí clarividente, Mosquera plasmó en sus escritos criterios que tienen vigencia en el período histórico que estamos viviendo, en razón de que este, caracterizado por la globalización neoliberal que impone Estados Unidos, es el mismo que en sus inicios él analizó. Creemos que su carácter orientador rebasa los confines políticos del MOIR y es más que necesario en esta hora cuando nuestra nación ha sido llevada a una encrucijada que no tiene precedentes; cuando el futuro bajo el neoliberalismo al que nos invitó César Gaviria hace casi tres lustros se ha probado como una celada para impedir que tengamos alguno; cuando en su avaricia la aristocracia financiera internacional y, en su grado y medida la doméstica, promueven a través de sus instrumentos de poder, empezando por los estatales, el recurso a acciones y expedientes de absolutismo e intolerancia que la civilización había arrojado a la cloaca de la historia; cuando en Colombia desde la presidencia se sirve con avivamiento y férvida manía a esos designios y se utilizan a discreción algunos de esos medios y, por contera, se amenaza con prolongar su ejercicio.

Al respecto, no es de extrañar que esto se proponga con la insolencia grotesca que adopta el engaño, pues responde a una inveterada estratagema: causarle estupor a un considerable sector de la población enfatizando las asechanzas de la enrevesada violencia y el terrorismo, a fin de someterlo a la que es quizás la peor forma del absolutismo, la de aquel que no es percibido como tal.

Para que no se caiga en ese estupor y se reconozca la rampante mano dictatorial de Uribe Vélez, urge, al estilo de la posición y lenguaje exentos de equívocos de Mosquera, establecer una definición integra y nítida de las causas y los causantes de una situación que se mueve entre lo dramático y lo trágico. No por dejar de designar a las cosas y los fenómenos por su nombre, como les interesa a quienes hoy tienen lo que en la Antigüedad llamaban la bolsa y la espada, y como les encanta a otros por desavi­sados, estos cambian de naturaleza o pierden sus categorías.

Digamos pues a los cuatro vientos que coadyuvando a la recolonización del país por parte del imperialismo de Estados Unidos, en Colombia se está implantando una política antinacional y antidemocrática y que para ello se desarrolla desde el Estado, promovida por la cúpula financiera, una implacable lucha de clases contra la casi totalidad de la población.

Denunciemos que las muertes y el grave deterioro humano que hora por hora causan entre capas enteras de colombianos la aplicación de esa política, son semejantes al de un genocidio. Y que, sin miramientos, Álvaro Uribe y su séquito parlamentario les imprimen a esas disposiciones fuerza legal con diligente devoción, cual si fueran ofrendas votivas a los intereses imperiales de Washington.

No obstante que prominentes aspectos de esa situación aparecen registrados de manera recurrente en documentos de organismos tanto nacionales como internacionales, la política neoliberal que la engendra y ahonda, la misma que Uribe quiere prolongar con su reelección, se sigue presentando, en otra astucia más, como la solución.

Es claro que como respuesta a las pretensiones de consolidar tan nefasta política, no es consecuente ni serio proponerles a los vastos sectores que la padecen que transiten un camino de dilaciones. Ni se les puede honestamente plantear que se atengan a posibles cambios insustanciales bajo sucedáneas administraciones que, lejos de remediar sus males, ni siquiera conducen a que todo siga igual, como lo soñaba el discreto y acomodaticio personaje ideado por Lampedusa, sino a una más aciaga prolongación del abrumador statu quo.

Una respuesta certera debe considerar la indispensable unidad entre las fuerzas opuestas al conjunto de la política impe­rante. Mas esta unidad, superando lo coyuntural, debe contar con un programa político que consigne como puntos mínimos la salvaguarda de la soberanía económica y política, la protección del trabajo nacional y las reivindicaciones laborales, la defensa de la producción nacional y la ampliación de las libertades, derechos y opciones democráticas. Sobre estos postulados básicos, que corresponden a una izquierda sin ambages, estamos seguros de que tenemos con ustedes y con los colombianos en quienes alienta un espíritu democrático y patriótico, así como con las organizaciones políticas y sociales que los representan, una gran semejanza que prima sobre las naturales diferencias.

En la perspectiva de la defensa de nuestra soberanía, el desarrollo de nuestras fuerzas productivas y el progreso político, social y cultural de nuestra nación, el MOIR, cual fue la enseñanza de Francisco Mosquera, se aliará con quienes compartan tales postulados, sin excluir a nadie. Así, su mensaje, que es el nuestro, presidirá no sólo esta conmemoración sino las luchas en lo por venir.

Muchas gracias por su asistencia y por escucharnos.

NO HEMOS PERDIDO NI LA DIGNIDAD NI EL HUMOR

Discurso pronunciado por Héctor Valencia, secretario general de MOIR, el 1º. de agosto de 2004, en el Cementerio Central de Bogotá, en el acto de conmemoración al cumplirse una década de su muerte

Héctor Valencia H., secretario general del MOIR

Expresamos fraternales agradecimientos a quienes en estos días, motivados por su hones­tidad intelectual o política, han manifestado palabras elogiosas sobre Francisco Mosquera o han celebrado actos en su recordación.

Hoy, al conmemorar los diez años de la muerte del camarada Mosquera, los militantes del MOIR no nos congregamos para un rito luctuoso. Simplemente, damos alegre testimonio de que la perseverancia en tenerlo como paradigma de nuestro Partido y nuestra clase y en guiarnos por su obra en nuestras tareas políticas, nos ha permitido conservar el rumbo revolucionario.

Francisco Mosquera no estuvo de acuerdo a ninguna hora de su existencia con las situaciones económicas, sociales y políticas prevalecientes. Abominar de ellas, encarnando el sentir de las grandes masas de trabajadores y oprimidos, fue el principio de su formidable saber, la base desde la cual formuló la crítica política más enjun­diosa que se ha realizado en nuestra nación. Sin vana soberbia, y aplicado, se guió por las universales enseñanzas de esclarecidos maestros del proletariado como Marx, Lenin y Mao Tsetung para investigar y estudiar, hasta desvelarlas, las particularidades en Colombia de la gran lucha de clases que se libra a escala internacional y en medio de la cual avanza la humanidad.

Como se sabe, no existen cualidades, sino hombres con cualidades. Y las que atesoraba Mosquera le imprimieron una cimera dimensión humana. La mayor, quizás, era el valor para que su crítica, rigurosamente científica, fuese altamente subversiva de las ideas y costumbres predominantes, y para que, en armonía con ella, su práctica política abriese brechas y erigiese hitos para la radical y definitiva transformación de la sociedad.

Advertidos por el marxismo de que una cosa son las frases y figuraciones de los partidos, lo que ellos se imaginan ser, y otra lo que en realidad son, con prudencia no exenta de firmeza enunciemos algunos rasgos y hechos actuales del MOIR.

Como Mosquera recomendaba, no hemos perdido la dignidad, es decir, la lealtad con los principios y la seriedad en su aplicación; ni el humor, es decir, el optimismo revolucionario en medio de los ardores de la intrincada lucha.

El MOIR no les teme a las contradicciones internas, reconoce que su presencia objetiva aviva un organismo político como el nuestro y las utiliza para compactar su organización y acrisolar su política. Y cuando alguna de esas contradicciones se torna antagónica porque uno de sus aspectos representa una tendencia oportunista, de derecha o de «izquierda», hemos librado con decisión, como lo hicimos antes bajo la dirección de Mosquera, la indispensable lucha interna.

En la historia es frecuente que al morir los jefes revolucionarios se invoque su nombre y el de su partido para proceder a sacar sus conceptos, sin renegar abiertamente de ellos, del contexto histórico y político en que son realmente aplicables, con la intención de acomodarlos a desviaciones o impasibles abandonos de la revolución. Ante tales astucias, es necesario que los cuadros y militantes entren a la liza, interna o externa, pertrechados con las posiciones e ideas de su fallecido líder.

Para enfrentar la política neoliberal y de recolonización del país por parte de Estados Unidos, Mosquera propuso la resistencia civil. Hoy a esta, cuando precisamente esa política se intensifica, dos tendencias la socavan. Por un lado, la apocada renuencia a presentar batalla, la manía a concertar y reconciliarse con los enemigos de manera tanto disimulada como abierta. El hecho es que la intervención imperialista norteamericana y el absolutismo dictatorial de Uribe presentan un desafío ante el cual surge a diario el dilema entre luchar o entregarse sin hacerlo. Optar por la movilización y la lucha, como lo prueban las diversas batallas obreras y populares que se han venido dando, posee, más allá de los reveses, detrimentos y golpes que se puedan recibir, la importancia fundamental de infundir moral a los trabajadores y a las capas populares. Una clase trabajadora y un pueblo desmoralizados ofrecen al imperialismo y la reacción la condición ideal para aplicar a rajatabla el neoliberalismo y consumar la recolo­ni­zación del país. De allí que, a falta de ánimo en las masas, lo primordial de toda táctica política sea lo dirigido a despertarlas. Y nada más estimulante y aleccionador que la misma lucha. Adquiere entonces un inmenso significado cada uno de los actos de oposición y resistencia que han venido librando diversos sectores populares y sus organizaciones en avanzada: tomas, mítines, bloqueos, manifestaciones, huelgas y paros.

Por otro lado, aparece la lucha equivocada que, sin tomar en cuenta las condiciones económicas y políticas del país, no distingue bien entre amigos y enemigos en la actual etapa histórica en la que el blanco principal es el imperialismo de los Estados Unidos, cuya aliada principal es la oligarquía financiera colombiana. Al hecho de saltarse esta etapa, que tiene como meta la conquista de la soberanía y una democracia de nuevo tipo, se suma la carencia de una línea de masas. Ya hace más de un siglo, como señalaba Engels, pasó la época de los ataques lanzados por pequeñas minorías a la cabeza de las masas inconscientes. Lo por resolver es que las masas, si se trata de la revolución, participen directamente en la lucha y, luego de un largo aprendizaje, comprendan por sí mismas por qué dan su sangre y su vida. Para rematar la equivocación, se recurre a métodos no admitidos por las masas, ni por la revolución, en ninguna parte del mundo. Sobre todos estos asuntos la crítica de Mosquera no dejó piedra sobre piedra.

Para desarrollar la consigna de despliegue de la resistencia civil, la última que formuló Mosquera y que sigue vigente, pues continuamos en el período histórico de imposición del neoliberalismo y de la llamada globalización norteamericana, hemos centrado esfuerzos en afinar nuestra táctica de unidad y combate. La actividad práctica que a ella corresponde, distingue hoy a los moiristas del resto de fuerzas políticas. Esa distinción crea al mismo tiempo las condiciones de claridad y seriedad requeridas para emprender la formación del frente único antiimperialista.

A resistir hemos llamado a todas las clases y sectores de clase que precisan de la soberanía como condición sine qua non para el desarrollo del trabajo y la producción nacionales, es decir, de las fuerzas productivas en Colombia. Con tal fin, hemos buscado alianzas y acuerdos con las organizaciones, partidos y movimientos de la pequeña burguesía y la burguesía nacional de la ciudad y el campo. Partimos de que las contradicciones entre las clases y sectores de clase que ellos representan y el proletariado no son antagónicas. Y al encontrar las oscilaciones de muchas de ellos entre la resistencia civil y la pasividad o el recurso a métodos de lucha erróneos, hacemos las concesiones necesarias a aquellos que en los hechos revelan predisposición a la resistencia y combatimos a quienes se inclinan a desecharla o anarquizarla. En fin, buscamos entre ellos al aliado de masas aunque este, como decía Lenin, sea temporal, vacilante, inestable, poco seguro, condicional. Parafraseándolo, quien no entienda la táctica aquí envuelta no entiende nada de marxismo, ni lo que es la línea política del MOIR cuyos fundamentos instauró Mosquera.

Como parte integral de la resistencia, hemos convertido nuestra participación en las justas electorales en campañas para llamar directamente a los diversos sectores de masas a ponerse en pie y sumarse a la lucha antiimperialista. Cuando, como fruto de esas campañas, logramos algún escaño en el Congreso, como el conquistado por el compañero Jorge Enrique Robledo luego de que erradicáramos el cretinismo parlamentario que asomó en nuestras filas, lo utilizamos para debatir, denunciar y educar sobre los problemas nacionales y de las masas. En especial, la labor del compañero Robledo durante los últimos dos años, dentro y fuera del Senado, ha esclarecido a un ingente número de colombianos las razones y fines de la resistencia civil, ha ganado amplia ascendencia entre ellos y constituye, en sí misma, una formidable lección sobre cómo deben librar la lucha parlamentaria los adalides de los intereses nacionales y populares.

Hemos buscado acuerdos con las organizaciones democráticas y patriotas de América Latina para que mediante actos y movilizaciones conjuntos contra la intervención norteamericana y la punta de lanza de su política neoliberal, el ALCA y los Tratados de Libre Comercio, se aligere el paso en la larga marcha de sus pueblos hacia la conquista de la soberanía.

Hemos salido al frente de los obreros, campesinos y gentes laboriosas en contra de la cascada de medidas antiobreras, antipopulares, antidemocráticas y antinacio­nales del gobierno absolutista de Uribe.

Camaradas: múltiples y complejas son las tareas que nos destinó Francisco Mosque­ra para servir al pueblo. Con su sabia visión de que se cumplieran, armó ideológica y políticamente al MOIR con principios proletarios. Al asumirlas, sus militantes y cuadros continuamos la forja de la histórica causa que alentó su vida.

¡Memoria perdurable a nuestro fundador y líder ideológico, camarada Francisco Mosquera!

AVANCES EN LA LUCHA ANDINA CONTRA EL TLC CON ESTADOS UNIDOS

Enrique Daza Gamba

A finales de julio en Quito se llevó a cabo el Foro Social de las Américas. Allí fueron debatidos diversos temas, la mayoría sobre el impacto de los Tratados de Libre Comercio contra la población americana.. Estos tratados fueron condenados por sus efectos adversos sobre la soberanía nacional y los mercados internos. En su declaración final, los dirigentes de la Campaña Continental contra el ALCA sostuvieron que «hoy la lucha contra el ALCA pasa por la derrota del tratado entre Estados Unidos y Centro­américa y el TLC andino», consideraron que los Tratados de Libre Comercio constituyen una pieza fundamental del engranaje del gobierno de Estados Unidos para controlar todo el continente y llamaron a una jornada continental de protesta el próximo 12 de octubre.

En el marco del Foro Social también se reunieron los representantes de organizaciones sociales de la región andina con el propósito de coordinar sus luchas y examinaron la gravedad del tratado que se está negociando, recomendaron fuertes moviliza­ciones de protesta en las fechas en que se hagan las rondas de negociación. A este llamamiento adhirieron las principales organizaciones populares de la región: Conaie, Confeunasc y Ceols de Ecuador; la CUT, Asociación Nacional por la Salvación Agrope­cuaria y la Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio y el ALCA, Recalca, de Colombia; la Fuerza Bolivariana de los Trabajadores, de Venezuela; la CGTP de Perú, y las principales organizaciones indígenas, campesinas y sindicales de Bolivia, y decenas de organizaciones regionales más.

Simultáneamente, más de treinta parlamentarios de América Latina, con el senador Jorge Enrique Robledo como único representante de Colombia, hicieron un fuerte pronunciamiento que resalta la necesidad de defender las soberanías nacionales y el bienestar de los pueblos ante la amenaza planteada por estos tratados. Dirigentes de Recalca participaron activamente en todas estas decisiones, expusieron los problemas particulares de Colombia y rechazaron la decisión gubernamental de suscribir el tratado.

La declaración de las organizaciones señaló: «Con el TLC se pretende, a cambio de acceder con unos cuantos productos básicos o de escasa elaboración al mercado norteamericano, aceptar todos los condicio­na­mientos normativos estadounidenses, de tal forma que se den garantías a los inversionistas más que a los ciudadanos y las naciones; se proteja la propiedad intelectual de los productos de las multinacionales; se privaticen todos los servicios públicos, y se adopte en forma irreversible y supraconstitucional todo el recetario neoliberal, cuya aplicación durante los últimos años ha traído grandes calamidades a nuestros pueblos». Y añade: «Los pueblos andinos hemos enfrentado con decisión estas políticas: las movilizaciones del 15 de abril en Ecuador y Colombia, las manifestaciones del 18 de mayo en Colombia y las del 14 de julio en Perú, la permanente efervescencia del pueblo boliviano, y la creciente oposición venezolana a la injerencia norteamericana en sus asuntos internos expresan esta decisión de lucha».

La Ronda de Lima: nuevas concesiones a Estados Unidos

Los resultados de la Ronda de Lima, a finales de julio, fueron aleccionadores. La estrategia de Colombia ha sido conseguir «casi» todas las preferencias comerciales que ya teníamos con el Atpdea y a cualquier precio, mientras la norteamericana es otorgar menos que las existentes en tal acuerdo e imponer cambios profundos en la propiedad intelectual, la inversión, las compras estatales y los demás aspectos normativos.

Colombia quería negociar primero el acceso a los mercados y por eso ideó, con los demás países andinos, un enrevesado cronograma de peticiones y ofertas. Mas Estados Unidos quiere definir los aspectos sustanciales; por eso no cumplió el crono­grama y, en consecuencia, la Tercera Ronda culminó sin que se estudiaran las peticiones y ofertas.

En el tema de propiedad intelectual, Washington sacó los dientes decapitando a Carlos María Correa, negociador de propiedad intelectual, y los andinos salieron despavoridos, se dividieron y lo arrojaron a un inexistente cuarto de apoyo técnico. En compras estatales Estados Unidos ofreció menos de lo que otorgó a Chile y a Centroamérica.

El gobierno colombiano, en lugar de exigir respeto a los compromisos adquiridos por consenso y suspender las negociaciones, no ha objetado en nada este súbito y unilateral cambio de las reglas del juego y se sienta a «discutir» sobre lo que ya han decidido los estadounidenses, sobre lo que ellos desean, al ritmo que imponen y haciéndoles toda clase de venias.

En Puerto Rico se consolidó la entrega

La Cuarta Ronda de negociaciones fue en Fajardo, una apartada población a cincuenta kilómetros de San Juan, con los negociadores aislados en un elegante hotel, lo que impidió que el movimiento social se manifestara en contra del tratado.

El tono de las declaraciones fue grave. En los negociadores andinos se consolida la posición de que si se quiere firmar el tratado hay que hacerle más concesiones a Estados Unidos que Chile y los países centroamericanos. Estados Unidos continúa descartando cualquier cambio en su legislación, mientras que de los andinos exige toda clase de modificaciones. Fue tan lánguido el resultado de la Ronda, que Regina Vargo, jefe de la delegación gringa, tuvo que prometer que al final del proceso los países andinos conseguirán más de lo que tienen en el Atpdea; pero con ello sólo reafirmó que deberán pagar un alto precio por mantener lo que ya tienen.

Lo único importante de las reuniones en Fajardo fue el intercambio de opiniones, el estrechamiento de lazos entre los opositores al tratado y las denuncias que hicieron sobre la injerencia estadounidense en los asuntos económicos y políticos de nuestros países. Más de cinco horas de entrevistas en las principales cadenas de radio y un largo reportaje en el diario de mayor cubrimiento del país, el Nuevo Día, mostraron el verdadero rostro del proyectado acuerdo. Voceros del Concilio de Iglesias, como Ángel Luis Rivera, del Movimiento Nacional Hostosiano, como Félix Colón, e intelectuales y académicos de reconocida prestancia nacional, como Juan Rosario, de la organización Misión Industrial, y el economista e historiador Nelson Rochet, acompañaron en las diversas entrevistas a Enrique Daza, vocero de la Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio, Recalca, a Miguel Clemente, de la Confederación Nacional Agraria del Perú, y a Aurelio Suárez, director ejecutivo de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, quienes llevaron la vocería de la Alianza Social Continental.

Los dirigentes puertorriqueños mostraron que durante cien años su país ha sido el laboratorio de las políticas de libre comercio, arruinando la producción local y produciendo una burbuja consumista que esconde una grave situación social y un permanente saqueo del trabajo nacional y de los recursos naturales por parte de las multinacionales norteamericanas.Lo que los negociadores no supieron y se trató de ocultar a la opinión pública de los países andinos, es que las protestas no se limitaron al grupo de boricuas que en el sitio de la reunión portó pancartas contra el tratado. En nuestro país, por ejemplo, el cardenal Pedro Rubiano, máximo jerarca de la Iglesia Católica, manifestó sus preocupaciones sobre la necesidad de resguardar la salud pública y la producción campesina; y simultáneamente con las reuniones de Puerto Rico, se movilizaron 60 mil indígenas del Cauca, más de 100 mil camioneros comenzaron un paro indefinido y centenares de miles de colombianos salieron a las calles de las principales ciudades, condenando el TLC, como instrumento clave de la recolonización imperialista.

RESPALDAMOS LA LUCHA DE LOS CAMIONEROS

Un año después de haber levantado un paro de iguales proporciones al actual, la Asociación Colombiana de Camioneros, ACC, se vio obligada a paralizar más de 142 mil vehículos especializados en el transporte de carga por los incumplimientos del gobierno a lo acordado. El paro, que se inició el 14 de septiembre, exige congelar los precios del ACPM y los peajes, aumentar la capacidad de carga autorizada por vehículo, respetar las tablas de fletes y rechazar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pues llevaría indefectiblemente a que este sector fuera rápidamente controlado por las multinacionales del transporte.

El movimiento ha contado con el respaldo de las centrales obreras, la Gran Coalición Democrática y otros sectores sociales, solidarios con la lucha, pues son conscientes de la quiebra del sector por las políticas gubernamentales de internacionalizar los precios de los combustibles y no regular la importación de vehículos de carga.

Asimismo, durante el paro se produjo una declaración de apoyo de los siguientes parlamentarios: Jorge Enrique Robledo, Carlos Gaviria Díaz, Luis Carlos Avellaneda, Piedad Córdoba, Hugo Serrano, Antonio Peña­losa, Luis Alberto Gil, Francisco Rojas Birry, María Isabel Urrutia, Alexander López, Venus Albeiro Silva, Pedro Arenas, Germán Navas Talero, Wilson Borja, Hugo E. Zárrate, Dixon F. Tapasco, Ermínsul Sinisterra, Gustavo Petro y Willington Ortiz.

Al cierre de la presente edición, la reunión con el ministro del Transporte citada con la intermediación de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, no dio resultados por lo cual el paro continúa mostrando así la firme decisión de los camioneros de exigirle al gobierno solución cierta a los problemas graves del gremio de transportadores de carga.

EL MAGISTERIO, NUEVAMENTE AL COMBATE

Raúl Arroyave, Ejecutivo de Fecode

Las juntas nacionales de Fecode del 2 de marzo y 11 y 12 de agosto aprobaron, por unanimidad, convocar al magisterio a un paro nacional indefinido. En agosto se presentó un pliego de peticiones, para el cual no ha habido respuesta alguna por parte del gobierno; al contrario, este llevó al Congreso un proyecto de Acto Legislativo que suprime los regímenes especiales, y ha tenido la pretensión de imponer un absurdo y antidemocrático concurso cuyo único fin es cercenar derechos adquiridos e imple­mentar por la fuerza el nuevo estatuto docente. Por ello, el Comité Ejecutivo debe po­ner­se a la cabeza de un paro nacional indefinido para los primeros días del mes de octubre, tal como quedó acordado en la última Junta Nacional de la Federación.

Al cabo de tres años largos de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2001 y de casi tres de expedida su norma reglamentaria, la ley 715 de 2001, a nadie le cabe duda de que estas dos normas eran la base de toda una contrarreforma educativa y que tanto el magisterio de base como sus dirección sindical deberían desechar cualquier ilusión sobre su contenido. Uribe continúa aplicando, con saña y desmesura, lo aprobado por el de Pastrana. Ha expedido casi una docena de decretos y resoluciones reglamentarias y sucesivas directivas ministeriales, que ahondan en los procesos de municipalización y privatización de la educación, engañan con el señuelo de la vinculación de los maestros provisionales, al tiempo que sus voceros repiten una y otra vez que la política no se negocia, se aplica.

En este periodo ha quedado claro que no se trata de «tener inteligencia para negociar» y de «ser propositivos y no contestatarios»,. Más allá de estos devaneos y pequeñas astucias, lo que resalta es la naturaleza de clase del gobierno de Uribe Vélez y su razón de ser en el control del Estado al servicio de una minoría pro imperialista que le acolita su apetito reeleccionista y que va en contra de las grandes mayorías de trabajadores, campesinos y capas medias de la población.

Objetivos del Paro

Como quedó consignado en el pliego, estos objetivos tienen que ver con:

? La defensa del régimen especial de los educadores colombianos, con la permanencia del régimen de excepción en pensiones, hoy amenazado por el proyecto de Acto Legislativo 127 de 2004. Y el rechazo al modelo de salud que el gobierno pretende imponer con el acuerdo 4 del 22 de julio, aprobado unilateralmente en el Consejo Directivo del Fondo de Prestaciones del magisterio, y la defensa del régimen laboral contemplado en el estatuto docente 2277 de 1979, que buscan reemplazar con el nuevo estatuto docente o decreto 1278 de 2002.
? La exigencia de una efectiva gratuidad de la educación pública en Colombia, de tal manera que se garanticen el preescolar de tres niveles, las inversiones en infraestructura escolar y la calidad de la instituciones educativas oficiales, la financiación estatal de la capacitación docente y el cese de los procesos de racionalización, supresión y fusión de escuelas y colegios; así como la solución a todos los conflictos regionales.
? El respeto a la vida de los educadores, cese de los asesinatos contra los mismos y procedimientos expeditos para garantizar el oportuno traslado y reubicación de todos los educadores amenazados y desplazados, sin detrimento de sus derechos y, entre ellos, los de asociación y negociación , con las comisiones y permisos sindicales nacionales y regionales.
? Solución a los problemas financieros y operativos del Fondo de Prestaciones del Magisterio para garantizar la revisión del corte de cuentas del año 1990, la cancelación de los pasivos por concepto de cesantías parciales, la amortización del pasivo pensional y la expedición del decreto de salarios correspondientes al año 2004.

Boicot al antidemocrático concurso

Al anterior llamamiento se agrega la decisión de la Junta Nacional de Fecode de convocar al boicot contra el concurso que se viene preparando por parte del Ministerio de Educación Nacional.

El concurso de marras, de entrada excluye a todos los educadores vinculados por el sistema de OPS o temporales, que no reúnen los requisitos de poseer como mínimo el titulo de normalista superior; y niega el viejo escalafón a quienes se inscriban en tal concurso. Este no es para nombrar sino para conformar una lista de elegibles; toda su estructura, comenzando por el diseño de las pruebas y pasando por los instrumentos para las entrevistas y los análisis de los antecedentes, queda centralizada en la nación lo que rompe de manera absoluta con la autonomía de los entes territoriales. Después de establecida la lista de elegibles, su ubicación queda a discreción de la autoridad nominadora, configurándose una especie de paraíso para el tráfico de influencias, el clientelismo, la corrupción y el chantaje.

Los nombramientos que resulten de allí son para un año de período de prueba, al cabo del cual, para ser nombrado en propiedad, el maestro debe someterse a una nueva evaluación de competencias y aprobarla con un mínimo de 60%. En caso contrario será retirado del servicio. Si la nueva evaluación es superada, podrá inscribirse en el nivel A de alguno de los tres nuevos grados del escalafón docente, y luego el ascenso sólo podrá hacerse en un nuevo concurso, previa disponibilidad presu­puestal. Para ascender, el educador tendrá que ganar las evaluaciones de competencias con un mínimo de 80%.

Como se ve, el tan mentado concurso es para perder-perder, para arrebatar derechos adquiridos, desconocer títulos y escalafones legítimos e instaurar la más absoluta inestabilidad laboral en el magisterio, pues se mantiene a miles de maestros en «período de prueba», cada año, con la consecuente congelación vitalicia del escalafón y con total detrimento de la calidad de la educación, pues un componente esencial de esta es la estabilidad laboral y las buenas condiciones salariales de los maestros, que permitan la dedicación exclusiva a la docencia, a la investigación y a las innovaciones y proyectos pedagógicos.

Con estas banderas justas y democráticas vamos al paro nacional indefinido. Los educadores y demás estamentos de la comunidad educativa, estudiantes y padres de familia, saben que cuentan con los activistas, militantes y dirigentes del MOIR y del Frente de Educadores Tribuna Magis­terial para el desarrollo de las tareas. Contribuiremos con nuestros esfuerzos y recursos a la gran batalla de masas que se avecina, convencidos que el régimen de Uribe encontrará en nuestra patriótica lucha un verdadero escollo a su proyecto reeleccionista.

VALEROSA DEFENSA DEL RAMÓN GONZÁLEZ VALENCIA

Pese a sus obcecadas tentativas, el gobierno no ha podido hasta ahora cerrar el Hospital Universitario Ramón González Valencia. Lo ha impedido la movilización de todo el pueblo santandereano, desde el gobernador del departamento, los alcaldes de la capital y de los municipios aledaños, los diputados, los concejales, la bancada parlamentaria santandereana, las Cámaras de Comercio y la Pastoral Social de la Iglesia Católica hasta las organizaciones de los trabajadores, los gremios de los médicos y enfermeras y los estudiantes de medicina de la UIS, que han respondido a la convocatoria del Comité Intergremial por la Defensa de la Salud. Bajo el lema de «abraza a tu hospital», se ha recurrido a diversas modalidades de denuncia, tales como mítines y desfiles, foros, cabildos abiertos, debates en Congreso, marchas en la provincia y una multitudinaria concentración en Bucaramanga en el mes de agosto, a más del «mayor cartel de papel reciclable según el Record Guiness 2004» (véase foto). Y a comienzos de septiembre, durante 24 horas, un cordón humano rodeó al Hospital Universitario.

Tal solidaridad no sorprende. El González Valencia es el hospital público más importante de todo el oriente colombiano. Con el cierre se les suspenderá a millones de colombianos de siete departamentos la única oportunidad de atención de alta complejidad, incluidas miles de cirugías y urgencias, cuidados intensivos, unidad renal, banco de sangre, cirugía general y ortopé­dica y tratamiento del cáncer, entre otros. El Hospital Universitario Ramón González Valencia de Bucaramanga posee la única Unidad de Quemados del oriente colombiano. Es el principal centro de práctica para la Facultad de Salud de la Universidad Industrialo de Santander, y en él reciben entrenamiento de alta calidad estudiantes de medicina, enfermería, fisiotera­pia, nutrición y laboratorio clínico, bajo la supervisión de más de un centenar de docentes universitarios. Es la sede de siete especializaciones médicas cuyo desarrollo se halla al servicio de la misión del hospital. De lo anterior puede inferirse la tragedia social que para Santander y el país representaría un eventual cierre del Hospital.

Bajo la consigna de Financiación estatal para los hospitales públicos, millares de santandereanos le han venido exigiendo al gobierno nacional que los hospitales se fortalezcan y denunciado la intención del Ministerio de Protección de no cancelar las deudas adquiridas con la Red Pública Hospitalaria por concepto de atención de la población pobre no asegurada. Tal como lo impuso la Ley 100, del entonces senador Álvaro Uribe Vélez, el gobierno pretende que los hospitales reestructuren la planta de personal y ajusten el presupuesto al dinero que finalmente se les transfiere y no a las necesidades reales de la población.