LA DEFENSA DEL SENA

El 20 de marzo los instructores, trabajadores administrativos, aprendices y estudiantes del Sena se declararon en asamblea permanente.

Los decretos de reestructuración 00249 y 00250 modifican la estructura del Sena y la planta de personal, cuyo ajuste implica el despido de más de medio millar de trabajadores. Los decretos están dirigidos a desmontar la formación profesional gratuita y a entregar al sector privado la valiosa infraestructura y los recursos provenientes de las rentas parafiscales.

Los decretos pretenden:

w Acabar con la formación profesional gratuita y estatal, al autorizar el cobro a «las personas con capacidad de pago».

w El autofinanciamiento de los centros de formación, lo que conlleva la venta de servicios, el establecimiento de convenios, el arrendamiento de instalaciones y equipos con instituciones privadas de formación.

w Dedicación de parte del presupuesto de formación para la denominada «incubación de empresas», que en últimas les facilita a las multinacionales establecer maquilas y talleres satélites, además de dirigir los recursos a sectores de la economía que le convienen al imperialismo.

La protesta tiene la simpatía de los colombianos, que ven en el Sena la primera opción de formación o, como suele decirse, la universidad del pueblo.

El ministro de Protección Social y el director general, Darío Montoya, han desatado la más recia represión. Se ha dado tratamiento militar al conflicto en varios de los centros de formación, asunto que no ha minado la beligerancia del movimiento que se mantiene con un formidable despliegue de movilizaciones, asambleas y mítines en todo el país.

El Sena es una entidad profesional sostenida con las rentas parafiscales, y en sus casi 50 años de existencia ha formado varias generaciones de trabajadores, convirtiéndose en un factor clave para el desarrollo de la producción nacional. Unámonos a esta patriótica convocatoria de Sindisena y la CUT.

ENCUENTRO NACIONAL DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y SOCIALES

La Gran Coalición Democrática es la coordinación de un importante número de fuerzas políticas, sindicales y sociales que se aglutinaron a comienzos del año pasado con el objetivo de enfrentar la política oficial plasmada en la propuesta del Referendo, como parte de los acuerdos de esta administración con el gobierno de W. Bush, fiel representante del capitalismo financiero internacional. Las actividades adelantadas unitariamente por la Gran Coalición contribuyeron, sin duda alguna, a que la propuesta uribista fuera derrotada en las votaciones del pasado 25 de octubre. Pero como quiera que esas políticas, peligrosamente antinacionales y antipopulares, el gobierno ha seguido intentando revivirlas y hacerlas aprobar por distintos caminos, entre ellos el del llamado Acuerdo Político Nacional y, más recientemente, por la vía de la Reelección, las fuerzas integrantes de la Gran Coalición decidieron mantener esta instancia organizativa y aprobar diferentes tareas dentro del objetivo de impedir que el grupo empotrado en el gobierno imponga sus pretensiones regresivas.

Como por orientaciones del presidente Uribe insisten en modificar el sistema nacional de impuestos, en perjuicio de los sectores productivos y laboriosos; en desmejorar el sistema pensional y en recortar, aún más, las transferencias a los entes territoriales; en profundizar la reestructuración y ajuste del Estado con el despido de otros miles de trabajadores; de restringir la participación de los sectores y fuerzas opositoras en los escenarios donde se debate y define la realidad nacional y, como si fuera poco, se proponen reformar el sistema judicial e impulsar otras decisiones represivas recortando aún más las ya desvencijadas libertades democráticas, fortalecer la Gran Coalición Democrática es hoy una absoluta necesidad en la indeclinable tarea de unir al pueblo colombiano en su lucha contra sus enemigos internos y externos y por la defensa de los recursos naturales hoy saqueados, de la soberanía nacional y de las libertades ciudadanas.

Para los días 29 y 30 de abril, en Bogotá, la Gran Coalición convocó un encuentro de dirigentes de las fuerzas que la integran, para analizar cómo enfrentar en la mejor forma los siguientes aspectos:

1. Del Acuerdo Político uribista: su paquete legislativo, la reforma de la justicia y la propuesta de reelección o prorroga del período presidencial.

2. La defensa de la soberanía ante la política económica del gobierno, los peligros que entrañan la firma del Tratado Bilateral de Libre Comercio, TLC, con Estados Unidos o el establecimiento del Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA y la agobiante deuda externa.

3. La defensa de los derechos democráticos y las libertades públicas, la solución política del conflicto armado y la condena del terrorismo, en todas sus manifestaciones.

FORO CONTRA EL EL TLC EN TUNJA

Bajo el lema Preparémonos para proteger lo nuestro se llevó a cabo en Tunja el pasado 26 de marzo el Foro «Boyacá frente al libre comercio (ALCA y TLC)», organizado por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, la Secretaría Agropecuaria y Minera de Boyacá, la Oficina de Planeación Municipal de Tunja, las seccionales de la CUT y UNEB, Planeta Paz, El sindicato de Paz del Río, Cedetrabajo, Fabegán, la Cámara de Comercio de Tunja, la Organización Colombiana de Estudiantes, OCE y Fun-Comisiones. El Foro desbordó los cálculos de los organizadores: más de 800 personas provenientes de varias zonas del departamento: asistieron alcaldes, diputados, concejales, gerentes de empresas, varios miembros de la Academia Boyacense de Historia un amplio número de agricultores y ganaderos, funcionarios de los gobiernos departamental y municipal, estudiantes de todas las universidades boyacenses y de los colegios de Tunja, y representantes de todos los sectores políticos del departamento.

Laureano Cuerdo, representante para América Latina de Comisiones Obreras de España, quien desde la visión de los trabajadores europeos destacó y apoyó la lucha que libra el movimiento sindical colombiano y latinoamericano contra los desiguales tratados de libre comercio impuestos desde Norteamérica; Carlos Rodríguez, presidente de la CUT, recalcó los peligros que se ciernen sobre nuestra soberanía y nuestra economía con la pretensión norteamericana de apropiarse de toda nuestra propiedad intelectual en las negociaciones de libre comercio; Eduardo Muñoz Gómez, funcionario del Ministerio de Comercio, trató de demostrar, sin mucha convicción y con poco éxito, que el gobierno nacional transita por el camino correcto en los procesos de negociación de estos tratados; Rafael Mejía, presidente de la SAC, expuso los temores de algunos sectores de la producción agrícola frente a lo que se avecina, pero expresó esperanzas en la posibilidad de que otros sectores salgan bien librados en estas negociaciones; Fermín González intervino en nombre del Senador Carlos Gaviria y puso de relieve los graves daños que causará la suscripción de los tratados de libre comercio; Aurelio Suárez, director ejecutivo de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, mostró las nefastas consecuencias que han tenido en México y en Chile las políticas aperturistas, como ejemplos negativos en los cuales habrán de reparar los colombianos para no permitir que se repitan y profundicen en nuestro país. Cerró el senador Jorge Enrique Robledo, quien abundó en ejemplos de lo desastrosos que han resultado para la economía nacional los catorce años de aplicación de la política de apertura que ahora pretende profundizarse con el TLC y el Alca y llamó a la gran unidad de todos los sectores colombianos para impedir que tales tratados se lleven a cabo.

EN CALDAS, COALICIÓN DEMOCRÁTICA CONTRA EL TLC

En la Granja San José, Manizales, se efectuó un concurrido seminario convocado por la Coalición Democrática de Caldas para abrir la lucha contra los acuerdos de libre comercio. Intervinieron Jorge Enrique Robledo y Óscar Gutiérrez, senador y diputado del MOIR por Caldas, respectivamente; Alfredo Holguín, Lesner Almenares, Julio Restrepo y Marlene Zuluaga, del Frente Social y Político; Eugenio Mejía, dirigente del Liberalismo Autónomo de Caldas; Paula Andra Ramírez, del Modep; y Rosario Vásquez del PDI.

A pesar de la diversidad de matices ideológicos, todos convergieron en señalar los peligros del TLC y el Alca para la producción nacional, los trabajadores y la soberanía, así como en destacar la necesidad de aunar fuerzas. El evento acordó los criterios básicos que deben regir la Coalición Democrática, que se define como una organización de lucha, similar a la que dirigió la batalla contra el referendo. La dirección será colegiada y en ella estarán representados todos los partidos y movimientos (Juan Ahumada Farietta).

URIBE ARRASA CON LAS PENSIONES

Juan Pablo Arango P.

Desde que fuera congresista y gobernador de Antioquia, Uribe Vélez se constituyó en el promotor de las reformas laboral y pensional refrendadas por César Gaviria bajo el lema de flexibilización, que éste justificaba con «la necesidad de un reajuste estructural, orientado a adaptar los principios laborales a la realidad contemporánea y a la modernización e internacionalización de la economía. Es necesario hacer más flexible el régimen laboral». Ya como candidato, Uribe reconoció en su programa que «el modelo neoliberal abandona lo social a la suerte del mercado, con lo cual aumentan la miseria y la injusticia social», lo que no fue óbice para que como presidente continuara implementándolo. Y está decidido a profundizarlo con proyectos todavía más regresivos. Con ello, como con toda su política pronorteamericana, se ha ganado el infame galardón de ser uno de los mandatarios más antipatrióticos, ajustando su administración al vandalaje que Washington emprende por el mundo, el cual exige mano de obra barata, lo que consigue desmontando las reivindicaciones laborales alcanzadas históricamente por el movimiento obrero.

La reforma laboral uribista (Ley 789 de 2002) es tan regresiva que el procurador general, Edgardo Maya, en concepto enviado a la Corte Constitucional, reconoció que «empobreció a los trabajadores», aclarando que las normas laborales no pueden recortarse porque son conquistas «obtenidas luego de intensas luchas a lo largo de varios siglos». Lo mismo puede predicarse de la Ley 100 de 1993 –Uribe fue el ponente–, que inició la privatización y el desmonte de la seguridad social, mantiene la deuda histórica del gobierno con el Seguro Social (actualmente $40 billones) y consagra dos sistemas: en salud, las Entidades Promotoras de Salud, EPS, e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, IPS, estatales y privadas; y en pensiones, el ISS y los Fondos de Pensiones privados.

La salud pública quedó así condenada a muerte al abrirle la tronera de la competencia privada. En 1998 la Superintendencia de Salud prohibió al ISS afiliar más trabajadores, lo que implicó que fueran cobijados por las EPS privadas. En efecto, mientras a comienzos de 1999 las EPS públicas (ISS, Cajanal y Caprecom) tenían el 60 por ciento de los afiliados, a finales de 2001 habían perdido más de 2,5 millones, cobijando sólo al 34,8 por ciento. Y específicamente en el ISS, los afiliados quedaron congelados en 5,6 millones (frente a 8.107.929 de 1997) en el segundo semestre de 2003. Entre tanto, las EPS privadas aumentaron en 2,2 millones sus afiliados, a costa de debilitar la seguridad social estatal.

Igualmente se golpeó al Instituto dejándole las enfermedades de alto costo. Ello afectó sus finanzas, pues las cuentas por este concepto ascendieron a $120 mil millones en 2002, de los cuales únicamente le fueron reconocidos $28 mil millones y de ellos sólo le pagaron $3 mil millones. Como si fuera poco, Uribe escindió el ISS, independizando sus servicios de salud y de pensiones; cerró diez de sus 37 clínicas, despidió 3.600 trabajadores, desmontó la convención colectiva, y separó su EPS de las IPS, convirtiendo estas últimas en empresas sociales del Estado, las cuales deben autofinanciarse, abriendo el camino para su privatización.

Retomando el tema pensional, la cobertura nacional apenas alcanza al 24 por ciento. La Ley 100 le dejó los pensionados al ISS y los afiliados a los fondos privados. Hoy la relación afiliados-pensionados del Instituto es de 4 a 1 y cuando se expidió la norma era de 10 a 1. A diciembre 31 de 2003 el ISS tenía 1.950.000 afiliados, 545.600 pensionados –frente a 11.445 de los fondos privados– y cotizaciones por $2 billones, cuando las pensiones le costaban $5,2 billones. El monto que reciben sus pensionados es mínimo: 82 por ciento de las mesadas tienen un promedio de $468.692, de las cuales 63 por ciento sólo llegan al salario mínimo y únicamente 20.425 alcanzan el millón de pesos. Es de anotar que el Plan Nacional de Desarrollo aumentó a 57 años la edad de pensión para los maestros nuevos, con iguales requisitos que los demás trabajadores y aportando tres puntos adicionales para el Fondo del Magisterio.

Empero, todo lo descrito resultó insuficiente para el presidente Uribe, quien con la Ley 797 de 2003 continuó agostando el régimen pensional. Entre los cambios que introdujo se cuentan: someter a los trabajadores nuevos de Ecopetrol al Sistema General de Pensiones; aumentar en 2,5 por ciento la cotización entre 2004 y 2008; crear un aporte adicional para los afiliados con ingresos iguales o superiores a cuatro salarios mínimos legales (SML); incrementar la edad de jubilación a partir de 2014; adicionar el tiempo necesario para pensionarse a partir del 1º de enero de 2005, y disminuir el monto de la pensión.

El primer mandatario no reconoce límites. Ya desconoció incluso el veredicto del referendo que derrotó las políticas fondomonetaristas, incluyendo las relacionadas con pensiones. Ahora, valiéndose del Acuerdo Político que cocina con los partidos tradicionales, pretende imponer un nuevo régimen que arrasará con los derechos de los pensionados. La proyectada reforma propone un sistema único de pensiones para disminuirlas por debajo del salario mínimo, limitarlas a 25 SML y eliminar la mesada catorce; unificar la edad de pensión en 62 años para hombres y mujeres; gravarlas entre el 1 y el 5 por ciento; aumentar en 25 por ciento las cotizaciones; desmontar los regímenes especiales, con excepción del de la fuerza pública; circunscribir los derechos adquiridos en pactos o convenciones colectivas vigentes hasta el término de éstas y máximo hasta el 1º de enero de 2008, y prohibir cualquier acuerdo que se aparte del sistema.

Por contera, la última propuesta gubernamental pretende «extender partida de defunción al régimen de pensiones que administra el Seguro Social» (El Tiempo, abril 2, 2004). La iniciativa fue del banquero Luis Carlos Sarmiento, quien pidió reemplazar el régimen del ISS por el de ahorro individual, el que aplican los fondos privados. Su acólito, Fabio Villegas, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, y Luis Fernando Alarcón, presidente de la Asociación de las Administradoras de Fondos de Pensiones, Asofondos, respaldaron la idea. Contrariu sensu, Juan Camilo Restrepo denunció que la fórmula se acordó de antemano entre el Ejecutivo y la banca, «cambiando la filosofía y los postulados de solidaridad del ISS, para pasarse a un negocio meramente privado». También se pronunció contra ella Cecilia López –ex directora del ISS y de Planeación Nacional, y ex ministra de Agricultura–, afirmando que Sarmiento Angulo «ahora quiere quedarse con el 45 por ciento del PIB».

Con esta política, a más de seguir pauperizando a los pensionados, persiste en favorecer al sector financiero, al cual ya se había premiado con la creación de los Fondos de Pensiones privados. En éstos, el monto de la pensión depende de lo que ahorren los trabajadores, envileciéndola puesto que la capacidad de ahorro nacional es ínfima. En efecto, 83,3 por ciento de los afiliados a los fondos privados devenga pensiones menores a dos SML, 10 por ciento entre dos y cuatro y sólo 6,6 por ciento recibe más de cuatro SML.

Los fondos se han convertido en los mayores rentistas parasitarios del país, con más de 73 por ciento de los depósitos en cuentas corrientes y de ahorro del sistema financiero. A diciembre 31 de 2003 atesoraban $20,3 billones aportados por 5.213.023 de afiliados. La mitad de estos recursos está invertida en TES, financiando el déficit gubernamental, a tiempo que obtienen pingües ganancias.

Uribe porfía en seguir entronizando los regresivos efectos de la globalización, puesto que en todo el mundo las pensiones se utilizan para enriquecer al sector financiero. En Colombia el capital extranjero ha adquirido la mayoría de los fondos: de los ocho existentes a finales de 1999, seis eran foráneos y su participación en el mercado superaba el 50 por ciento.

La reforma pensional, al igual que el resto de políticas, sometidas a los condicionamientos del FMI, concita el repudio cada vez más generalizado de los colombianos.

COLOMBIA CONTRA ELTLC, AMÉRICA LATINA CONTRA EL ALCA

Enrique Daza G.

El gobierno de Álvaro Uribe se apresta a iniciar el próximo 18 de mayo las negociaciones para suscribir un acuerdo bilateral de libre comercio con Estados Unidos, si es que así se puede llamar la simple adhesión que hará a las posiciones de Estados Unidos, en unos pocos meses de reuniones entre las comisiones respectivas.

Este tratado de libre comercio, TLC, es la respuesta del gobierno norteamericano ante los tropiezos que han sufrido las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, ya que algunos países exigen discutir los apoyos internos que Estados Unidos da a su agro y la protección que mantiene a su industria, y Washington se niega a hacerlo. Entonces procede a ganar terreno negociando con los gobiernos más dóciles.

Las posiciones del gobierno de Bush demuestran que el libre comercio, tan defendido por Uribe y sus asesores, consiste simplemente en que los demás abran sus mercados, mientras que ellos se reservan la potestad de proteger el suyo.

La situación no puede ser más grave para Colombia. Nos encontramos abocados a liberar aún más las importaciones, sometiendo todo nuestro agro y nuestra industria a la competencia de poderosas multinacionales que arrasarán la débil producción nacional. En el caso del agro se encuentra amenazada de extinción la producción de cereales, algodón, arroz, lácteos, carne, pollo y, en general, todos los productos que a pesar de que se produzcan eficientemente no podrán competir con los gigantescos subsidios y apoyos que los norteamericanos dan a sus exportaciones. En la industria la situación es similar o peor, pues por más que los empresarios se esfuercen en modernizarse, la tremenda desigualdad con las trasnacionales y las falencias del país en materia de infraestructura, comunicaciones e investigación, condenan a miles de empresas a desaparecer.

El tratado no se limita al tema del comercio de mercancías. Contiene muchos otros aspectos que van a lesionar la soberanía. En sus cláusulas se contemplan garantías a la inversión extranjera, la cual no tendría ninguna limitación para entrar y salir del país, ni sujetarse a las metas de desarrollo nacional, dar empleo, transferir tecnología, preservar el medio ambiente. Estas gabelas se darían no solo a los eventuales capitales utilizados en la producción, sino incluso a los capitales especulativos que hacen su agosto aprovechando la fragilidad económica nacional. En materia de propiedad intelectual se propone adoptar una legislación que, sofocando toda posibilidad de desarrollo tecnológico y científico autónomo, preserve los derechos de propiedad de las multinacionales.

Hay en el contenido del tratado una normatividad sobre compras estatales, que imposibilita la acción del Estado para promover la consultoría a las empresas nacionales con miras a estimular el desarrollo productivo y el capital nacional y, en cambio, abriría un amplio boquete para que las grandes firmas foráneas liciten y contraten. Y cuando aparezcan litigios, como con frecuencia ocurre, estos serán resueltos por tribunales internacionales, los que, para emitir sus fallos, no tendrán en cuenta la conveniencia nacional, los derechos de los habitantes o nuestra soberanía sino la letra menuda del tratado, creando así una legislación supraconstitucional obligatoria, que comprometerá a los futuros gobiernos. El TLC también intenta eliminar los monopolios estatales, pero favoreciendo los privados. La intención norteamericana es continuar apoderándose de los servicios públicos que considere rentables y convertir la educación y la salud en simples negocios con ánimo de lucro.

En realidad, junto con los graves perjuicios que en el terreno comercial se avizoran, el TLC contendrá disposiciones sobre prácticamente todos los asuntos vitales de política económica, sobre la base de que Colombia renunciaría a lo que le resta de soberanía y pasaría de ser una neocolonia a ser colonizada enteramente por la potencia del Norte.

El gobierno ha mostrado su ansiedad por suscribir el tratado a cualquier precio. No importa que la inmensa mayoría de los estudios, muchos de ellos adelantados por defensores del libre comercio, lleguen a la conclusión de que aumentarán el déficit fiscal y el endeudamiento, el desequilibrio comercial y la vulnerabilidad de la economía y va a deteriorarse el bienestar de la población.

Ni siquiera la experiencia internacional ha sido tenida en cuenta. Pasan por encima del fracaso mexicano, que reconocen hoy aun los defensores del TLCAN, acuerdo que suscribió ese país en 1994 con Estados Unidos y Canadá. También se olvida el hecho de que los países que han logrado un cierto desarrollo lo han obtenido fortaleciendo el mercado interno mediante la industrialización. Todo esto, y la obstinación de Estados Unidos en mantener un rígido proteccionismo, no inquietan en lo mínimo al gobierno colombiano. Como lo ha señalado el senador del MOIR, Jorge Enrique Robledo, sus funcionarios más parecen empleados del Banco Mundial o de las empresas multinacionales, que los representantes de nuestro país.

El gobierno ha procurado venderles a los colombianos la idea de que el libre comercio es bueno y que es el camino al desarrollo, puesto que nuestro mercado interno se agotó, no puede crecer más y, en consecuencia, la única vía para el crecimiento está en las exportaciones. La anterior afirmación encierra la principal falacia de la actual política. El mercado interno es estrecho porque ha existido una política deliberada de debilitar el poder adquisitivo de la población, desindustrializar el país e importar masivamente productos agrícolas e industriales. Pero la única salida es aumentar los ingresos de los asalariados y que el Estado intervenga en la economía en forma activa y decidida, fomente la producción nacional y estimule el desarrollo tecnológico.

El comportamiento del gobierno en las negociaciones no ha podido ser más vergonzoso. A espaldas de la población, sin consultar a los sectores afectados, lleva cuatro años aceptando cada una de las exigencias norteamericanas, al punto de ser considerado el portavoz de los intereses gringos en la región. Uribe Vélez no ha acompañado ninguno de los reclamos, exigencias o reservas que han hecho diferentes gobiernos de Latinoamérica, alineado siempre con el bando estadounidense. No ha procurado coordinarse con los países hermanos para aumentar al menos la capacidad de regateo, y ha considerado que los países andinos, antes que compañeros y víctimas de la ofensiva norteamericana, son competidores a los que hay que ganar de mano. Así, los acuerdos de cooperación con otros países se han enfrentado a la disyuntiva de desaparecer con sus escasos logros o adaptarse a los nuevos vientos y supeditarse al libre comercio.

No contento con esto, el gobierno se esmera en acondicionar el país a los tratados y actúa con la lógica de que como en las negociaciones Estados Unidos exigirá el oro y el moro, entonces más vale entregarlo de una vez. Por ello se están adoptando medidas en materia de privatizaciones, como las de Ecopetrol y el Bancafe; se presenta un proyecto para asegurar la estabilidad de las ganancias de los inversionistas y se impulsa una ley que reforma el sistema de contratación estatal. Van en la misma dirección la mayor flexibilidad laboral, la reforma en la organización del presupuesto y la eliminación de las franjas de precios de los productos agrícolas.

JORNADA ANDINA CONTRA ELTLC

Aurelio Suárez Montoya, director ejecutivo de Salvación Agropecuaria

En el Tolima, el presidente nacional de Salvación Agropecuaria, Ángel María Caballero, acompañado del alcalde de Saldaña, José Vidal Oyuela, tres diputados, varios concejales, campesinos, agricultores, maestros y estudiantes, encabezó la manifestación contra el TLC, acompañado por s. Allí se denunció que tanto el Alca como el TLC intensificarán la apertura económica, con la cual Colombia perdió más de un millón de hectáreas de cultivos transitorios y que, por tanto, la suscripción de los nuevos tratados refuerza el modelo neoliberal.

«¡Arriba el arroz del Tolima, abajo el arroz gringo!», era la consigna que gritaban los agricultores del sur del departamento, lo mismo que los de Prado y Purificación, en la marcha de rechazo al TLC y fue también la que se coreó en Lérida, donde se adelantó una movilización con centenares de participantes. En Fresno, al norte del Tolima, centenares de cafeteros rechazaron igualmente el TLC.

En Villavicencio, los agricultores agrupados en la Asociación de Agricultores y Ganaderos del Meta, Agameta, salieron a las calles con sus equipos y camionetas. En nombre de los agricultores y ganaderos, Eudoro Álvarez rechazó los acuerdos de libre comercio y llamó a la resistencia civil en defensa de la producción nacional. Participaron también la CUT regional y otras filiales regionales de Salvación Agropecuaria.

En Cali confluyeron en la plazoleta del Centro Administrativo Municipal más de tres mil manifestantes del norte del Cauca, el centro del Valle, Palmira, Florida y Yumbo.

Tras recorrer las calles de la capital caucana, Popayán, y liderados por los agricultores agrupados en Agropemca, centenares de manifestantes se concentraron en la Arcada de la Herrería y se comprometieron a continuar con las tareas contra los oprobiosos tratados. Al sur del país, en Pasto, alumnos de la Universidad de Nariño lideraron la protesta, en que participaron también cultivadores de café.

Cerca de Calarcá, en la glorieta Versalles, sectores productivos del Quindío, encabezados por los dirigentes de Unidad Cafetera, Dimas Arias y Antonio Gutiérrez, ratificaron que «la firma de los tratados se traducirá en la ruina total de la industria, la agricultura y el comercio».

En Antioquia, centenares de campesinos procedentes de Jardín, Andes, Pueblo Rico, Santo Domingo, El Santuario y Cisneros se congregaron en el municipio de Caldas para protestar contra las negociaciones. Allí, el coordinador departamental de Salvación Agropecuaria, Jorge Gómez, y el presidente regional de Unidad Cafetera, Eugenio Ramírez, reiteraron que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos implicará renunciar a ingresos por 1.600 millones de dólares anuales, que le ingresan al gobierno, y se correrá el riesgo de ver al país ahora sí totalmente inundado de productos subsidiados.

En Neiva, más de 500 activistas desfilaron por las calles de la capital huilense y durante varias horas agitaron las principales consignas en el centro de la ciudad. Directivos de la Central Unitaria de Trabajadores y del sector agropecuario del Huila, con Mercedes Lizcano a la cabeza, cumplieron con las tareas. En La Virginia, departamento de Risaralda, se adelantaron labores similares. También en Pereira, columnas de manifestantes realizaron una marcha que culminó con un mitin frente al Hospital San Jorge, que atraviesa por la peor crisis de su historia.

Y las voces de protesta también se escucharon en Barranquilla (Atlántico), Valledupar (Cesar), Bucaramanga y Barrancabermeja (Santander), Florencia (Caquetá) y Arauca, en el departamento del mismo nombre. En Caldas y Magdalena, y en la capital de la República, Bogotá, donde una emotiva marcha, a pesar de la lluvia, se concentró frente al Ministerio de Comercio, para señalarle su rechazó categórico al equipo negociador del TLC.

PARALIZADA TRONCAL DEL CARIBE

Norman Alarcón

En el sitio La Frutera, a un kilómetro del casco urbano de Ciénaga, confluyeron el 15 de abril más de ochocientos manifestantes que coparon la vía más importante de la Costa Atlántica, atendiendo la convocatoria de Recalca y el Comando Unitario del Magdalena. Eran trabajadores y pensionados, maestros, campesinos, estudiantes, pescadores, productores de banano, café y frutas, que llegaban desde varios municipios del departamento y, en especial, de la Sierra Nevada y la Zona Bananera. Participaban así en la Movilización Andina contra el Alca y los tratados de libre comercio que sólo benefician a las multinacionales y al capital financiero norteamericano.

Durante el desfile exhibieron las pancartas y agitaron consignas en defensa de la soberanía nacional, la producción agraria, industrial y pesquera y los derechos de los trabajadores y el pueblo; rechazaron el modelo neoliberal que aplica el gobierno de turno; condenaron las pretendidas fumigaciones aéreas en los parques naturales nacionales, como la hermosa Sierra Nevada de Santa Marta, y denunciaron la privatización de la salud, la educación y los servicios públicos en general.

El Monumento a los Mártires de las Bananeras, en el centro de Ciénaga, fue el escenario donde culminó la gran movilización. Allí intervinieron los dirigentes regionales Antonio Peralta, presidente del Sindicato de Educadores (Edumag); Ángel Manjarrés, presidente de la CUT; Leonel Juvinao, presidente de Salvación Agropecuaria y cerró con una vibrante intervención patriótica el padre Bernardo Hoyos, máximo dirigente del Movimiento Ciudadano (en la foto).

Editorial: CARTA ABIERTA DEL MOIR A LA CORTE CONSTITUCIONAL SOBRE LA REFORMA A LA JUSTICIA

Héctor Valencia, secretario general del MOIR

Señores magistrados de la Corte Constitucional:

Hace varias semanas ustedes emitieron por unanimidad un pronunciamiento, tan revelador como monitorio, sobre el proyecto de reforma a la justicia que el gobierno de Álvaro Uribe deslizó en los medios de comunicación para hacerlo conocer del país. Eludiendo referirse a lo allí expuesto por ustedes, voceros gubernamentales se apresuraron a restarle importancia recurriendo a asignarle al documento oficial un carácter de simple borrador, lo que lleva a pensar que el gobierno se está dando mañas para tantear las reacciones ante las serias implicaciones políticas y jurídicas de su propuesta. Otros, sin tomarse la molestia de examinar el contenido del pronunciamiento, a la ligera lo adscribieron a un episodio más de las controversias que suscitan los peculiares criterios y actuaciones de los magistrados de la Corte Suprema, y no faltó el editorialista que lo calificó de exagerado.

Se puede calar mejor lo que se pretende con la reforma, y así apreciar la trascendencia que objetivamente adquieren los criterios consignados en su pronunciamiento, si se tiene en cuenta el momento político y social en que el gobierno la presenta.

El país está aherrojado a una situación crítica en todos los órdenes luego de atravesar el “futuro” bañado en neoliberalismo en el que, tras exultante invitación, lo introdujo Cesar Gaviria en 1990. El mismo que los siguientes gobiernos de Samper y Pastrana adobaron y que hoy Uribe entiba con incansable laboriosidad y en plena concordancia con los intereses económicos y políticos que Estados Unidos impone imperialmente en todo el planeta. Tal cual lo señalan análisis de importantes organismos nacionales e internacionales, y aun las mismas cifras oficiales, el panorama económico y social resultante no puede ser más catastrófico: pobreza y miseria rampantes, enormes carencias en servicios de salud y educación y una creciente y generalizada degradación en las condiciones de vida más de 30 millones de compatriotas mientras los magnates en posesión del capital financiero, tanto nativos como extranjeros, obtienen exorbitantes ganancias. Cada aspecto de este cuadro es fundamento del otro.

No obstante, los principales empeños de Uribe apuntan a proseguir la política generadora de esos males al intensificar la entrega de la soberanía en aspectos claves de la vida nacional, la privatización de las empresas de servicios públicos, el saqueo de recursos naturales estratégicos, el agostamiento de la producción nacional en la industria y el agro, la pérdida de la seguridad alimentaria y el marchitamiento del mercado interno, al tiempo que recorta o suprime conquistas y derechos de la población laboriosa. Y es su implacable aplicación la que torna indispensable el poder político que para sí y con vehemencia de iluminado reclama Uribe Vélez. El mismo que para colmo ahora quiere prolongar haciéndose reelegir.

En su afán porque esta política tenga un desarrollo más expedito, Uribe ha encontrado que los controles a los que constitucionalmente está sometido su gobierno constituyen una traba. Más aún, si se examina a fondo, para las metas principales de su gestión no son compatibles postulados claves de la administración de justicia en Colombia, que informan tanto los preceptos constitucionales y legales como las competencias y procedimientos, las instituciones que los aplican y las pautas que determinan su relación con las otras ramas del Estado. La normativa jurídica vigente, concebida en sus orígenes para que contuviera los elementos que facilitaran la apertura neoliberal y la inserción del país en la globalización que se promueve desde los grandes centros financieros, en la actualidad “mata” la proyección que a esos fenómenos políticos y económicos quiere imprimirle Uribe Vélez. No es de extrañar entonces que la reforma esté dirigida, como ustedes aluden, a impedir la protección de derechos consignados en la Constitución y obstaculizar en favor del ejecutivo la separación de las ramas del poder que caracteriza al presente modelo de Estado.

En este mismo orden de ideas, no puede ser más alarmante su advertencia respecto a que, de concretarse, tal pretensión “permitiría al Gobierno a su arbitrio, crear jurisdicciones transitorias, modificar la justicia civil, penal, laboral, constitucional y contencioso administrativa y reformar cualquiera de los códigos, todo ello mediante decretos con fuerza de ley que tendrían carácter permanente. El proyecto no establece límites en cuanto a los procesos judiciales y derechos que podrían ser interferidos por el Ejecutivo”. Es obvio que esto equivale a una toma de la justicia, de corte absolutista, por parte del jefe del ejecutivo, lo que cambiaría las bases sobre las que se asientan las actuales relaciones políticas existentes en la sociedad.

Cada día es mas claro que la política trazada por el gobierno uribista solo puede desplegarse causando una involución de los escasos márgenes democráticos y recurriendo a prácticas dictatoriales. Seguramente percatados de esto, ustedes llaman a que las reformas que se lleven a cabo deben “progresar en la construcción de la democracia y no retroceder en los espacios que últimamente han ganado los colombianos”. La contradicción entre este anhelo y lo que busca la anunciada reforma a la justicia se establece en términos excluyentes que no admiten la conciliación. O prevalece la reforma retardataria o lo hace el avance de los colombianos en la apertura de nuevos espacios democráticos.

Un aspecto particular del proyecto de reforma son los anunciados cambios en la acción de tutela, la cual terminó por convertirse en un expediente indicativo de las arbitrariedades, discriminaciones y negación de derechos a que están sometidos vastos sectores de la población por parte de las diversas entidades estatales. Al constatarse que, según Asonal, más de la mitad de las 800.000 tutelas que han arribado a la Corte Constitucional se encaminaron a proteger la seguridad social, la afirmación de ustedes respecto a que el proyecto de reforma gubernamental va a “quitarle por completo la eficacia a este instrumento” y a impedir que a través de él se protejan derechos constitucionales atinentes a las libertades básicas y a reivindicaciones sociales en salud y educación, pone de manifiesto que estamos ante una especie de ataque preventivo contra eventuales conquistas de las gentes en asuntos que les son material, social y políticamente vitales.

Sabemos, señores magistrados, que así como no faltaron funcionarios y políticos que consideraron sus conceptos y argumentos como exorbitancias del ideario jurídico y constitucionalista que ustedes profesan, tampoco faltarán quienes procedan a desvirtuar los nuestros por poseer connotaciones ideológicas que se les antojan anticuadas. Pero lo cierto e incontrastable es que estamos ante una ideología retrógrada y oscurantista que preside, en íntima ligazón e imprimiéndoles su sello, cada uno de los actos del gobierno. Por contera, cuando se debaten los problemas que padece la nación, quien la alimenta desde la cúpula estatal pretende que, en aras de un grosero pragmatismo, el oponente de turno se despoje de la suya. Tal intolerancia, de la que también dan repetidas muestras áulicos tan tenaces de Uribe como Londoño Hoyos, Fabio Echeverri y Rudolph Hommes, hace patente que la lucha política en Colombia envuelve una permanente lid ideológica sobre su destino. Y, por supuesto, las concepciones sobre cuestiones jurídicas, que hacen parte de la superestructura de la sociedad, no son extrañas a ella.

Todas estas consideraciones, motivadas en las atinadas razones que ustedes expusieron frente a los fines que orientan el proyecto del gobierno, corresponden a la política que en defensa de la nación y en pro de su progreso económico y democrático desarrolla con consecuencia y sin pausa el MOIR. Al instaurarse la política de apertura económica en 1990, adoptamos, con juicios cuya justeza los hechos han venido y siguen corroborando, una firme posición crítica ante los orígenes, implementación y resultados que predominaron en la Asamblea Constituyente. Pero hoy, sin desmedro de esa posición, que aún sostenemos, cuando las mismas normas e instituciones jurídicas que de allí surgieron y que rigen la vida social de los colombianos se quieren arrasar para proceder a un ejercicio absolutista del poder, y cuando, según lo expresado por demócratas y patriotas que merecen todo nuestro respeto, el mandatario Uribe Vélez amenaza con modificar el actual funcionamiento del Estado para construirse uno a la medida de sus ambiciones antinacionales y antidemocráticas, el pronunciamiento de ustedes es una vigorosa alerta que los compatriotas deben escuchar con atención, a fin de aunar voluntades para emprender consecuentes y eficaces resistencias civiles.

Atentamente,

Héctor Valencia, secretario general del MOIR

Bogotá, 25 de abril de 2004

¡NO REELECCIÓN!

El apego morboso al poder, lo que se conoce como libido imperandi, es un rasgo inequívoco de los gobernantes con vocación autoritaria y dictatorial. Su apelación a la voluntad del electorado es apenas una estratagema para engañar incautos y dar una apariencia de legitimidad a su decisión de aferrarse al poder, supremo bien que les permite identificar sus intereses políticos particulares con el interés general.

El propósito del actual Presidente de promover y auspiciar su propia reelección es un acto a la vez devergonzado y vergonzoso que pone en evidencia el riesgo en que se encuentra lo poco que hay de democracia en Colombia. Ya se conoce el talante del doctor Uribe Vélez quien, para el logro de sus propósitos, no tiene empacho en desconocer y manipular las reglas que en el Estado de Derecho limitan la actividad de los gobernantes. El Referendo es un antecedente ejemplar al respecto. Primero quiso ejercer presión indebida sobre la Corte Constitucional, invadió los medios de comunicación y la intimidad de los hogares más allá de lo razonable, y, luego, frente al resultado adverso no encontró ilegítimo solicitar a un ex Presidente que influyera en los Magistrados del Consejo Nacional Electoral a fin de que cambiaran, a posteriori, las reglas del juego. La controversia impertinente e insólita (de su parte) que hoy protagonizó con un Senador de la República sin que aún se haya aprobado siquiera en primer debate el proyecto de Acto Legislativo destinado a aprobar la reelección del Presidente de la República es un anticipo de lo que vivirá el país en breve término si se tolera la intervención desmesurada e ilegítima del más alto funcionario del Estado en la actividad política y de la desigualdad manifiesta en que se encontrarán sus competidores en busca de la Presidencia de la República.

Firman: Carlos Gaviria, Jorge Enrique Robledo, Jesús Bernal, Édgar Artunduaga, Luis Carlos Avellaneda, Juan C. Restrepo, Efrén Tarapués, Samuel Moreno, Antonio J. Peñalosa, Piedad Córdoba, Jaime Dussán y Wilson Borja.