QUE LOS OBREROS ENCABECEN LA LUCHA CONTRA LA RECOLONIZACIÓN

Ferviente llamado a mantener firme la posición de pelea y a desechar las promesas de patronos y gobierno.

Gustavo Triana

La toma imperialista del país por parte de Estados Unidos se ha profundizado durante el gobierno de Uribe Vélez. Así lo indica la imposición de los acuerdos de libre comercio, el saqueo de los recursos naturales y el abaratamiento de la mano de obra, objetivos sobre los cuales el gobierno tiene un apresuramiento manifiesto.

Luego de las reformas pensional y laboral del año 2002, Uribe anuncia el trámite de nuevos actos legislativos para recortar las transferencias a departamentos y municipios, y negarles a los trabajadores el derecho a una pensión de jubilación, reafirmando la importancia que para los propósitos imperiales tiene rebajar los costos de la mano de obra a niveles de superexplotación, propios del esclavismo. Esta es una característica connatural a las políticas neoliberales.

Es un hecho que los trabajadores cobijados por convención colectiva son una minoría y que los que aún conservan contrato de trabajo individual desaparecen rápidamente ante la imposición de modalidades laborales desregularizadas. La inmensa mayoría de los asalariados está siendo vinculada por cooperativas de trabajo asociado, agencias de empleo temporal, contratos sindicales, órdenes para prestación de servicios y contratos civiles, que acaban con la contratación colectiva y las organizaciones sindicales.

La ofensiva es de tal magnitud que no es exagerado señalar que borra del sistema jurídico cualquier vestigio del derecho laboral. El modelo requiere suprimir toda normatividad y llegar hasta la más cruda represión. Equivocar el análisis sobre esta característica de la política imperialista conduce inevitablemente a cometer errores tácticos y a desarmar política e ideológicamente a los trabajadores.

En busca de una respuesta adecuada

Las respuestas dadas por el movimiento sindical no han alcanzado la coordinación ni la contundencia suficientes para enfrentar la ofensiva neoliberal. No pocas veces se ha vacilado al confrontar las medidas antinacionales y antiobreras, renunciando a defender los derechos conquistados en un siglo de luchas. Algunos pretextan para ello la necesidad de preservar las fuerzas, ser propositivos, abandonar lo «contestatario» o simplemente abrazan como alternativa la reaccionaria convocatoria del sindicalismo sociopolítico a convertirse en accionistas de las empresas o en nuevos contratistas e intermediarios.

Varios factores han entrabado la concreción de una respuesta adecuada: el pesimismo ante la brutal ofensiva imperialista, las inconsecuencias y el burocratismo, la introducción de métodos de lucha ajenos a la clase obrera, la negativa a centrar el ataque en las políticas imperialistas y sus ejecutores en Colombia, y la por lo menos ingenua actitud de esperanzarse en la concertación. Se ha perdido la oportunidad de adelantar protestas de gran magnitud, a pesar del favorable estado de ánimo de las bases. No obstante se libraron combates que mostraron cómo las masas alcanzan grados de movilización y lucha insospechados, si se les organiza y encamina a defender sus más caros intereses y reivindicaciones con una táctica correcta. Ejemplo de ello han sido el paro nacional estatal de 21 días en octubre de 1998, el Paro Cívico Nacional del 31 de agosto y 1 de septiembre y las movilizaciones de Fecode contra el Plan Nacional de Desarrollo y el Acto Legislativo 01.

Por lo demás fue aleccionadora la victoria alcanzada contra el referendo uribista, la más importante contra las políticas neoliberales. El acierto radicó en la amplitud de la convocatoria y la firmeza en la posición. Se probó la capacidad de convocatoria y de movilización de recursos de todo tipo por parte de las Centrales Obreras y la Gran Coalición Democrática, cualidad que con frecuencia se ignora o subvalora.

Aleccionadoras experiencias

Algunas de las recientes experiencias del movimiento sindical arrojaron resultados negativos, que deben movernos a reflexión para sacar las respectivas lecciones. Los procesos vividos por los trabajadores de las Telecomunicaciones, Acerías Paz de Río, Cajanal, el Seguro Social, Emcali, Caja Agraria, Bancafé, demuestran hasta la saciedad y con graves repercusiones para el país y los trabajadores, que el imperialismo viene por las empresas, las convenciones y los sindicatos.

Para frenar los propósitos gubernamentales de privatizar las empresas y entidades y pauperizar los salarios, ha sido inútil hacer concesiones tales como suprimir derechos convencionales; entregar la retroactividad de las cesantías; firmar contratos sindicales y participar en la constitución de cooperativas de trabajo asociado; capitalizar las empresas con las prestaciones sociales; excluir a los trabajadores nuevos de las convenciones; renunciar al derecho de presentar pliegos de peticiones.

Por el contrario, los resultados son altamente positivos para los trabajadores y el pueblo cuando la posición de pelea se mantiene firme y se desechan las promesas de patronos y gobiernos. En 1997, la USO impidió la privatización de Ecogas con la lucha y la defensa de la empresa como objetivo prioritario; Fecode frenó la política neoliberal sobre financiación de la educación pública, peleando en el marco de la expedición de la ley 60 de 1993; los maestros y los petroleros ganaron el régimen de excepción en la ley 100 de 1993 con una posición de batalla; los trabajadores de Enka y El Cerrejón defendieron con éxito sus convenciones y puestos de trabajo; Sintrainagro recurrió recientemente a la huelga, y preservó las convenciones y la estabilidad de los trabajadores de la palma en Puerto Wilches; los aprendices, alumnos, instructores y trabajadores del Sena llevan 12 años de incesante lucha por la defensa de la Institución y de sus derechos y, en forma ejemplar, persisten ahora en la movilización como herramienta principal para lograr sus metas.

Urgencia de la batalla

Por estos días la situación se ha agudizado para sectores cuyo peso en la economía y en el movimiento sindical son determinantes en el pulso contra el gobierno de Uribe y las políticas imperialistas.

La reforma a la justicia que se tramitará en el Congreso y la reestructuración de dicha rama, socava importantes derechos democráticos de la población, y golpea contundentemente reivindicaciones de jueces y trabajadores de la rama judicial, Asonal ha respondido con la aprobación de un paro nacional indefinido.

El Comité Ejecutivo y la Junta Nacional de Fecode aprobaron dar igual respuesta al recorte de las transferencias, la abolición del régimen pensional y el resto de medidas que privatizan la educación y eliminan los derechos del magisterio.

Los sindicatos del SENA y sus estudiantes y aprendices vienen realizando movilizaciones y foros para ambientar el paro por la defensa de la formación profesional estatal y gratuita, contra la entrega de las instalaciones y dotaciones de la Institución al sector privado y por preservar los derechos de instructores y trabajadores administrativos.

En su Asamblea Nacional de Delegados, la USO resolvió, por unanimidad, adelantar la huelga en Ecopetrol, y en efecto la inició el pasado jueves 22, para oponerse a la prórroga de los contratos de asociación, el restablecimiento de las concesiones, la venta de los campos de producción a las multinacionales, la imposición del laudo arbitral, exigir el reintegro de los dirigentes arbitrariamente despedidos y, en suma, defender el principal patrimonio público de Colombia.

Con determinaciones tan lesivas y ante anuncios como la eliminación del derecho a la pensión de jubilación, la reelección de Uribe y el inicio de las negociaciones con Estados Unidos para el establecimiento del Tratado de Libre Comercio, el movimiento sindical puede contribuir a la concreción de batallas imprescindibles para la dignidad nacional y tan ansiadas por las bases sindicales que sufren el inclemente deterioro de sus condiciones de vida y de trabajo. Estamos ante la necesidad de reactivar la resistencia y con ello recobrar la confianza en la lucha de las masas, como única salida para resolver los problemas que aquejan a los trabajadores y al país. Las Centrales Obreras deben poner todo su empeño en la coordinación de estos conflictos, brindarles la más vigorosa solidaridad y jalonar la oposición de la inmensa mayoría de los colombianos al TLC, a la reelección uribista y, en general, a las políticas antipopulares y antidemocráticas del gobierno.

LOS PETROLEROS EN BATALLA DECISIVA

Para poder liquidar la principal empresa del país, el gobierno necesita arrasar con los defensores históricos de nuestro petróleo, los trabajadores afiliados a la USO.

El jueves 22 de abril los trabajadores de la Refinería de Barrancabermeja y de los campos de El Centro y Casabe, reunidos frente a las alambradas y los piquetes de soldados y policías que custodian el complejo industrial, iniciaron la huelga general en Ecopetrol. Los acompañaban delegaciones de la CUT, la CGTD y el Foro Social de Barranca. Luego se fueron sumando uno a uno todos los distritos de la empresa: la refinería de Cartagena, los campos, refinería y oleoducto del Putumayo y Nariño, los campos y la refinería del Meta, los de Sabana de Torres y el Catatumbo, así como toda la red nacional de poliductos, al igual que el pequeño contingente de afiliados de las oficinas centrales de Bogotá.

Desde el mismo jueves no han cesado las movilizaciones en todas las ciudades sedes de la industria petrolera.

El viernes se vinculó un centenar de pensionados que dirigen trabajadores de contratistas, otro tanto de aprendices del Sena a los que irresponsablemente Yanovich pretendía poner a operar la refinería, y por lo menos 500 trabajadores de contratistas que le hacen mantenimiento.

Los pensionados en Bucaramanga, en multitudinaria asamblea, declararon el apoyo a la huelga y aprobaron tareas de movilización y aportes económicos para el movimiento. En Sabana de Torres y Puerto Wilches se realizaron foros sobre la política petrolera con asistencia masiva de la población y representantes de la Iglesia.

Monseñor Jaime Prieto Amaya, obispo de Barrancabermeja, el director de Pastoral Social, padre Eliécer Soto, y el alcalde de Barranca, Édgar Cote, han respaldado públicamente los objetivos de la protesta y acompañado al sindicato en los diversos actos. El Concejo de Barranca programó un cabildo abierto al que asistieron los congresistas Jorge Enrique Robledo, Wilson Borja, Venus Albeiro Silva y Álex López, quienes seguidamente acompañaron una nutrida manifestación.

En Cartagena, Medellín, Cali, Villavicencio y Medellín se han efectuado manifestaciones, mítines y conferencias en solidaridad con los huelguistas.

La unidad en el sindicato se ha consolidado y el sindicalismo colombiano convierte en suya esta patriótica gesta.

Los motivos de la huelga

Las causas centrales del conflicto son: extender los contratos de asociación hasta el agotamiento de los yacimientos, pues hoy estipulan que terminados los 22 años de explotación deben revertir al Estado los pozos e instalaciones, quedándose con el cien por ciento de la producción. Uribe ordenó prorrogar el contrato del gas de la Guajira con la Chevron-Texaco, el contrato especial de Las Monas con la OXY, que produce crudo y gas en Sabana de Torres, y se está procediendo en el mismo sentido con Caño Limón, en Arauca, igualmente de la OXY. Sólo en la Guajira se dejarán de percibir 90 millones de dólares, según el contralor. Otros cálculos estiman que subirán a 300 millones.

El modelo de contrato dado a conocer por el ministro de Minas, y diseñado por la Asociación Nacional de Hidrocarburos, ANH, es exactamente igual al contrato de concesión firmado con la Troco para explotar los campos de Barranca a principios del siglo XX. El 100% de la producción será para las multinacionales; el país solo recibirá lo correspondiente a impuestos y regalías, situación a la que ya retrocedimos en el carbón y el ferroníquel, y que atenta severamente contra el interés de la nación y causa de la pérdida de miles de millones de dólares.

La administración de Ecopetrol ha decidido permitir la entrada de las multinacionales a los campos propios de la Empresa, entregándoles parte de la producción, hoy de 110 mil barriles diarios, obtenidos a un costo promedio de 11 dólares cuando el precio de venta internacional está en 38. Esta medida ya se tomó en los campos de El Centro, con la OXY, y se negocia la entrega del campo Provincia, con Petrosantander. La medida ha causado gran indignación entre la población de Barrancabermeja y Sabana de Torres.

Estas medidas complementan el decreto 1760 de 2003, expedido por Uribe con el fin de quitarle el manejo de las reservas a Ecopetrol, convertirla en sociedad por acciones y crear la ANH como ente de bolsillo de las multinacionales, todo con el fin de liquidar en corto plazo la principal empresa del país.

Para alcanzar tan antinacionales despropósitos necesitan arrasar con los defensores históricos de nuestro petróleo, la USO. Para ello se ha dispuesto arrebatarles a los trabajadores la convención, mediante un arbitrario laudo; utilizar todo el poder de la represión oficial y negar cualquier negociación. Hasta los derechos de los pensionados pretenden ser conculcados, al plantear que el fondo pensional se invierta en acciones de la nueva Ecopetrol S.A, cuando a todas luces el gobierno le está apostando a liquidarla.

La USO ha resuelto salir a librar la batalla por la defensa del patrimonio público más importante de la nación, Ecopetrol, recuperar la convención colectiva, impedir el despido de los trabajadores temporales y la desmejora de los salarios a los de contratistas, y defender, en últimas, la contratación colectiva. La huelga es de gran contenido patriótico y democrático: reivindica el manejo soberano de los hidrocarburos y el derecho de los trabajadores a negociar sus condiciones de trabajo.

El movimiento sindical ha de tomar como suya esta pelea, procurar que los más amplios sectores de la población comprendan su crucial importancia y la acompañen con manifestaciones concretas de solidaridad.

LA DEFENSA DEL SENA

El 20 de marzo los instructores, trabajadores administrativos, aprendices y estudiantes del Sena se declararon en asamblea permanente.

Los decretos de reestructuración 00249 y 00250 modifican la estructura del Sena y la planta de personal, cuyo ajuste implica el despido de más de medio millar de trabajadores. Los decretos están dirigidos a desmontar la formación profesional gratuita y a entregar al sector privado la valiosa infraestructura y los recursos provenientes de las rentas parafiscales.

Los decretos pretenden:

w Acabar con la formación profesional gratuita y estatal, al autorizar el cobro a «las personas con capacidad de pago».

w El autofinanciamiento de los centros de formación, lo que conlleva la venta de servicios, el establecimiento de convenios, el arrendamiento de instalaciones y equipos con instituciones privadas de formación.

w Dedicación de parte del presupuesto de formación para la denominada «incubación de empresas», que en últimas les facilita a las multinacionales establecer maquilas y talleres satélites, además de dirigir los recursos a sectores de la economía que le convienen al imperialismo.

La protesta tiene la simpatía de los colombianos, que ven en el Sena la primera opción de formación o, como suele decirse, la universidad del pueblo.

El ministro de Protección Social y el director general, Darío Montoya, han desatado la más recia represión. Se ha dado tratamiento militar al conflicto en varios de los centros de formación, asunto que no ha minado la beligerancia del movimiento que se mantiene con un formidable despliegue de movilizaciones, asambleas y mítines en todo el país.

El Sena es una entidad profesional sostenida con las rentas parafiscales, y en sus casi 50 años de existencia ha formado varias generaciones de trabajadores, convirtiéndose en un factor clave para el desarrollo de la producción nacional. Unámonos a esta patriótica convocatoria de Sindisena y la CUT.

ENCUENTRO NACIONAL DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y SOCIALES

La Gran Coalición Democrática es la coordinación de un importante número de fuerzas políticas, sindicales y sociales que se aglutinaron a comienzos del año pasado con el objetivo de enfrentar la política oficial plasmada en la propuesta del Referendo, como parte de los acuerdos de esta administración con el gobierno de W. Bush, fiel representante del capitalismo financiero internacional. Las actividades adelantadas unitariamente por la Gran Coalición contribuyeron, sin duda alguna, a que la propuesta uribista fuera derrotada en las votaciones del pasado 25 de octubre. Pero como quiera que esas políticas, peligrosamente antinacionales y antipopulares, el gobierno ha seguido intentando revivirlas y hacerlas aprobar por distintos caminos, entre ellos el del llamado Acuerdo Político Nacional y, más recientemente, por la vía de la Reelección, las fuerzas integrantes de la Gran Coalición decidieron mantener esta instancia organizativa y aprobar diferentes tareas dentro del objetivo de impedir que el grupo empotrado en el gobierno imponga sus pretensiones regresivas.

Como por orientaciones del presidente Uribe insisten en modificar el sistema nacional de impuestos, en perjuicio de los sectores productivos y laboriosos; en desmejorar el sistema pensional y en recortar, aún más, las transferencias a los entes territoriales; en profundizar la reestructuración y ajuste del Estado con el despido de otros miles de trabajadores; de restringir la participación de los sectores y fuerzas opositoras en los escenarios donde se debate y define la realidad nacional y, como si fuera poco, se proponen reformar el sistema judicial e impulsar otras decisiones represivas recortando aún más las ya desvencijadas libertades democráticas, fortalecer la Gran Coalición Democrática es hoy una absoluta necesidad en la indeclinable tarea de unir al pueblo colombiano en su lucha contra sus enemigos internos y externos y por la defensa de los recursos naturales hoy saqueados, de la soberanía nacional y de las libertades ciudadanas.

Para los días 29 y 30 de abril, en Bogotá, la Gran Coalición convocó un encuentro de dirigentes de las fuerzas que la integran, para analizar cómo enfrentar en la mejor forma los siguientes aspectos:

1. Del Acuerdo Político uribista: su paquete legislativo, la reforma de la justicia y la propuesta de reelección o prorroga del período presidencial.

2. La defensa de la soberanía ante la política económica del gobierno, los peligros que entrañan la firma del Tratado Bilateral de Libre Comercio, TLC, con Estados Unidos o el establecimiento del Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA y la agobiante deuda externa.

3. La defensa de los derechos democráticos y las libertades públicas, la solución política del conflicto armado y la condena del terrorismo, en todas sus manifestaciones.

FORO CONTRA EL EL TLC EN TUNJA

Bajo el lema Preparémonos para proteger lo nuestro se llevó a cabo en Tunja el pasado 26 de marzo el Foro «Boyacá frente al libre comercio (ALCA y TLC)», organizado por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, la Secretaría Agropecuaria y Minera de Boyacá, la Oficina de Planeación Municipal de Tunja, las seccionales de la CUT y UNEB, Planeta Paz, El sindicato de Paz del Río, Cedetrabajo, Fabegán, la Cámara de Comercio de Tunja, la Organización Colombiana de Estudiantes, OCE y Fun-Comisiones. El Foro desbordó los cálculos de los organizadores: más de 800 personas provenientes de varias zonas del departamento: asistieron alcaldes, diputados, concejales, gerentes de empresas, varios miembros de la Academia Boyacense de Historia un amplio número de agricultores y ganaderos, funcionarios de los gobiernos departamental y municipal, estudiantes de todas las universidades boyacenses y de los colegios de Tunja, y representantes de todos los sectores políticos del departamento.

Laureano Cuerdo, representante para América Latina de Comisiones Obreras de España, quien desde la visión de los trabajadores europeos destacó y apoyó la lucha que libra el movimiento sindical colombiano y latinoamericano contra los desiguales tratados de libre comercio impuestos desde Norteamérica; Carlos Rodríguez, presidente de la CUT, recalcó los peligros que se ciernen sobre nuestra soberanía y nuestra economía con la pretensión norteamericana de apropiarse de toda nuestra propiedad intelectual en las negociaciones de libre comercio; Eduardo Muñoz Gómez, funcionario del Ministerio de Comercio, trató de demostrar, sin mucha convicción y con poco éxito, que el gobierno nacional transita por el camino correcto en los procesos de negociación de estos tratados; Rafael Mejía, presidente de la SAC, expuso los temores de algunos sectores de la producción agrícola frente a lo que se avecina, pero expresó esperanzas en la posibilidad de que otros sectores salgan bien librados en estas negociaciones; Fermín González intervino en nombre del Senador Carlos Gaviria y puso de relieve los graves daños que causará la suscripción de los tratados de libre comercio; Aurelio Suárez, director ejecutivo de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, mostró las nefastas consecuencias que han tenido en México y en Chile las políticas aperturistas, como ejemplos negativos en los cuales habrán de reparar los colombianos para no permitir que se repitan y profundicen en nuestro país. Cerró el senador Jorge Enrique Robledo, quien abundó en ejemplos de lo desastrosos que han resultado para la economía nacional los catorce años de aplicación de la política de apertura que ahora pretende profundizarse con el TLC y el Alca y llamó a la gran unidad de todos los sectores colombianos para impedir que tales tratados se lleven a cabo.

EN CALDAS, COALICIÓN DEMOCRÁTICA CONTRA EL TLC

En la Granja San José, Manizales, se efectuó un concurrido seminario convocado por la Coalición Democrática de Caldas para abrir la lucha contra los acuerdos de libre comercio. Intervinieron Jorge Enrique Robledo y Óscar Gutiérrez, senador y diputado del MOIR por Caldas, respectivamente; Alfredo Holguín, Lesner Almenares, Julio Restrepo y Marlene Zuluaga, del Frente Social y Político; Eugenio Mejía, dirigente del Liberalismo Autónomo de Caldas; Paula Andra Ramírez, del Modep; y Rosario Vásquez del PDI.

A pesar de la diversidad de matices ideológicos, todos convergieron en señalar los peligros del TLC y el Alca para la producción nacional, los trabajadores y la soberanía, así como en destacar la necesidad de aunar fuerzas. El evento acordó los criterios básicos que deben regir la Coalición Democrática, que se define como una organización de lucha, similar a la que dirigió la batalla contra el referendo. La dirección será colegiada y en ella estarán representados todos los partidos y movimientos (Juan Ahumada Farietta).

URIBE ARRASA CON LAS PENSIONES

Juan Pablo Arango P.

Desde que fuera congresista y gobernador de Antioquia, Uribe Vélez se constituyó en el promotor de las reformas laboral y pensional refrendadas por César Gaviria bajo el lema de flexibilización, que éste justificaba con «la necesidad de un reajuste estructural, orientado a adaptar los principios laborales a la realidad contemporánea y a la modernización e internacionalización de la economía. Es necesario hacer más flexible el régimen laboral». Ya como candidato, Uribe reconoció en su programa que «el modelo neoliberal abandona lo social a la suerte del mercado, con lo cual aumentan la miseria y la injusticia social», lo que no fue óbice para que como presidente continuara implementándolo. Y está decidido a profundizarlo con proyectos todavía más regresivos. Con ello, como con toda su política pronorteamericana, se ha ganado el infame galardón de ser uno de los mandatarios más antipatrióticos, ajustando su administración al vandalaje que Washington emprende por el mundo, el cual exige mano de obra barata, lo que consigue desmontando las reivindicaciones laborales alcanzadas históricamente por el movimiento obrero.

La reforma laboral uribista (Ley 789 de 2002) es tan regresiva que el procurador general, Edgardo Maya, en concepto enviado a la Corte Constitucional, reconoció que «empobreció a los trabajadores», aclarando que las normas laborales no pueden recortarse porque son conquistas «obtenidas luego de intensas luchas a lo largo de varios siglos». Lo mismo puede predicarse de la Ley 100 de 1993 –Uribe fue el ponente–, que inició la privatización y el desmonte de la seguridad social, mantiene la deuda histórica del gobierno con el Seguro Social (actualmente $40 billones) y consagra dos sistemas: en salud, las Entidades Promotoras de Salud, EPS, e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, IPS, estatales y privadas; y en pensiones, el ISS y los Fondos de Pensiones privados.

La salud pública quedó así condenada a muerte al abrirle la tronera de la competencia privada. En 1998 la Superintendencia de Salud prohibió al ISS afiliar más trabajadores, lo que implicó que fueran cobijados por las EPS privadas. En efecto, mientras a comienzos de 1999 las EPS públicas (ISS, Cajanal y Caprecom) tenían el 60 por ciento de los afiliados, a finales de 2001 habían perdido más de 2,5 millones, cobijando sólo al 34,8 por ciento. Y específicamente en el ISS, los afiliados quedaron congelados en 5,6 millones (frente a 8.107.929 de 1997) en el segundo semestre de 2003. Entre tanto, las EPS privadas aumentaron en 2,2 millones sus afiliados, a costa de debilitar la seguridad social estatal.

Igualmente se golpeó al Instituto dejándole las enfermedades de alto costo. Ello afectó sus finanzas, pues las cuentas por este concepto ascendieron a $120 mil millones en 2002, de los cuales únicamente le fueron reconocidos $28 mil millones y de ellos sólo le pagaron $3 mil millones. Como si fuera poco, Uribe escindió el ISS, independizando sus servicios de salud y de pensiones; cerró diez de sus 37 clínicas, despidió 3.600 trabajadores, desmontó la convención colectiva, y separó su EPS de las IPS, convirtiendo estas últimas en empresas sociales del Estado, las cuales deben autofinanciarse, abriendo el camino para su privatización.

Retomando el tema pensional, la cobertura nacional apenas alcanza al 24 por ciento. La Ley 100 le dejó los pensionados al ISS y los afiliados a los fondos privados. Hoy la relación afiliados-pensionados del Instituto es de 4 a 1 y cuando se expidió la norma era de 10 a 1. A diciembre 31 de 2003 el ISS tenía 1.950.000 afiliados, 545.600 pensionados –frente a 11.445 de los fondos privados– y cotizaciones por $2 billones, cuando las pensiones le costaban $5,2 billones. El monto que reciben sus pensionados es mínimo: 82 por ciento de las mesadas tienen un promedio de $468.692, de las cuales 63 por ciento sólo llegan al salario mínimo y únicamente 20.425 alcanzan el millón de pesos. Es de anotar que el Plan Nacional de Desarrollo aumentó a 57 años la edad de pensión para los maestros nuevos, con iguales requisitos que los demás trabajadores y aportando tres puntos adicionales para el Fondo del Magisterio.

Empero, todo lo descrito resultó insuficiente para el presidente Uribe, quien con la Ley 797 de 2003 continuó agostando el régimen pensional. Entre los cambios que introdujo se cuentan: someter a los trabajadores nuevos de Ecopetrol al Sistema General de Pensiones; aumentar en 2,5 por ciento la cotización entre 2004 y 2008; crear un aporte adicional para los afiliados con ingresos iguales o superiores a cuatro salarios mínimos legales (SML); incrementar la edad de jubilación a partir de 2014; adicionar el tiempo necesario para pensionarse a partir del 1º de enero de 2005, y disminuir el monto de la pensión.

El primer mandatario no reconoce límites. Ya desconoció incluso el veredicto del referendo que derrotó las políticas fondomonetaristas, incluyendo las relacionadas con pensiones. Ahora, valiéndose del Acuerdo Político que cocina con los partidos tradicionales, pretende imponer un nuevo régimen que arrasará con los derechos de los pensionados. La proyectada reforma propone un sistema único de pensiones para disminuirlas por debajo del salario mínimo, limitarlas a 25 SML y eliminar la mesada catorce; unificar la edad de pensión en 62 años para hombres y mujeres; gravarlas entre el 1 y el 5 por ciento; aumentar en 25 por ciento las cotizaciones; desmontar los regímenes especiales, con excepción del de la fuerza pública; circunscribir los derechos adquiridos en pactos o convenciones colectivas vigentes hasta el término de éstas y máximo hasta el 1º de enero de 2008, y prohibir cualquier acuerdo que se aparte del sistema.

Por contera, la última propuesta gubernamental pretende «extender partida de defunción al régimen de pensiones que administra el Seguro Social» (El Tiempo, abril 2, 2004). La iniciativa fue del banquero Luis Carlos Sarmiento, quien pidió reemplazar el régimen del ISS por el de ahorro individual, el que aplican los fondos privados. Su acólito, Fabio Villegas, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, y Luis Fernando Alarcón, presidente de la Asociación de las Administradoras de Fondos de Pensiones, Asofondos, respaldaron la idea. Contrariu sensu, Juan Camilo Restrepo denunció que la fórmula se acordó de antemano entre el Ejecutivo y la banca, «cambiando la filosofía y los postulados de solidaridad del ISS, para pasarse a un negocio meramente privado». También se pronunció contra ella Cecilia López –ex directora del ISS y de Planeación Nacional, y ex ministra de Agricultura–, afirmando que Sarmiento Angulo «ahora quiere quedarse con el 45 por ciento del PIB».

Con esta política, a más de seguir pauperizando a los pensionados, persiste en favorecer al sector financiero, al cual ya se había premiado con la creación de los Fondos de Pensiones privados. En éstos, el monto de la pensión depende de lo que ahorren los trabajadores, envileciéndola puesto que la capacidad de ahorro nacional es ínfima. En efecto, 83,3 por ciento de los afiliados a los fondos privados devenga pensiones menores a dos SML, 10 por ciento entre dos y cuatro y sólo 6,6 por ciento recibe más de cuatro SML.

Los fondos se han convertido en los mayores rentistas parasitarios del país, con más de 73 por ciento de los depósitos en cuentas corrientes y de ahorro del sistema financiero. A diciembre 31 de 2003 atesoraban $20,3 billones aportados por 5.213.023 de afiliados. La mitad de estos recursos está invertida en TES, financiando el déficit gubernamental, a tiempo que obtienen pingües ganancias.

Uribe porfía en seguir entronizando los regresivos efectos de la globalización, puesto que en todo el mundo las pensiones se utilizan para enriquecer al sector financiero. En Colombia el capital extranjero ha adquirido la mayoría de los fondos: de los ocho existentes a finales de 1999, seis eran foráneos y su participación en el mercado superaba el 50 por ciento.

La reforma pensional, al igual que el resto de políticas, sometidas a los condicionamientos del FMI, concita el repudio cada vez más generalizado de los colombianos.

COLOMBIA CONTRA ELTLC, AMÉRICA LATINA CONTRA EL ALCA

Enrique Daza G.

El gobierno de Álvaro Uribe se apresta a iniciar el próximo 18 de mayo las negociaciones para suscribir un acuerdo bilateral de libre comercio con Estados Unidos, si es que así se puede llamar la simple adhesión que hará a las posiciones de Estados Unidos, en unos pocos meses de reuniones entre las comisiones respectivas.

Este tratado de libre comercio, TLC, es la respuesta del gobierno norteamericano ante los tropiezos que han sufrido las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, ya que algunos países exigen discutir los apoyos internos que Estados Unidos da a su agro y la protección que mantiene a su industria, y Washington se niega a hacerlo. Entonces procede a ganar terreno negociando con los gobiernos más dóciles.

Las posiciones del gobierno de Bush demuestran que el libre comercio, tan defendido por Uribe y sus asesores, consiste simplemente en que los demás abran sus mercados, mientras que ellos se reservan la potestad de proteger el suyo.

La situación no puede ser más grave para Colombia. Nos encontramos abocados a liberar aún más las importaciones, sometiendo todo nuestro agro y nuestra industria a la competencia de poderosas multinacionales que arrasarán la débil producción nacional. En el caso del agro se encuentra amenazada de extinción la producción de cereales, algodón, arroz, lácteos, carne, pollo y, en general, todos los productos que a pesar de que se produzcan eficientemente no podrán competir con los gigantescos subsidios y apoyos que los norteamericanos dan a sus exportaciones. En la industria la situación es similar o peor, pues por más que los empresarios se esfuercen en modernizarse, la tremenda desigualdad con las trasnacionales y las falencias del país en materia de infraestructura, comunicaciones e investigación, condenan a miles de empresas a desaparecer.

El tratado no se limita al tema del comercio de mercancías. Contiene muchos otros aspectos que van a lesionar la soberanía. En sus cláusulas se contemplan garantías a la inversión extranjera, la cual no tendría ninguna limitación para entrar y salir del país, ni sujetarse a las metas de desarrollo nacional, dar empleo, transferir tecnología, preservar el medio ambiente. Estas gabelas se darían no solo a los eventuales capitales utilizados en la producción, sino incluso a los capitales especulativos que hacen su agosto aprovechando la fragilidad económica nacional. En materia de propiedad intelectual se propone adoptar una legislación que, sofocando toda posibilidad de desarrollo tecnológico y científico autónomo, preserve los derechos de propiedad de las multinacionales.

Hay en el contenido del tratado una normatividad sobre compras estatales, que imposibilita la acción del Estado para promover la consultoría a las empresas nacionales con miras a estimular el desarrollo productivo y el capital nacional y, en cambio, abriría un amplio boquete para que las grandes firmas foráneas liciten y contraten. Y cuando aparezcan litigios, como con frecuencia ocurre, estos serán resueltos por tribunales internacionales, los que, para emitir sus fallos, no tendrán en cuenta la conveniencia nacional, los derechos de los habitantes o nuestra soberanía sino la letra menuda del tratado, creando así una legislación supraconstitucional obligatoria, que comprometerá a los futuros gobiernos. El TLC también intenta eliminar los monopolios estatales, pero favoreciendo los privados. La intención norteamericana es continuar apoderándose de los servicios públicos que considere rentables y convertir la educación y la salud en simples negocios con ánimo de lucro.

En realidad, junto con los graves perjuicios que en el terreno comercial se avizoran, el TLC contendrá disposiciones sobre prácticamente todos los asuntos vitales de política económica, sobre la base de que Colombia renunciaría a lo que le resta de soberanía y pasaría de ser una neocolonia a ser colonizada enteramente por la potencia del Norte.

El gobierno ha mostrado su ansiedad por suscribir el tratado a cualquier precio. No importa que la inmensa mayoría de los estudios, muchos de ellos adelantados por defensores del libre comercio, lleguen a la conclusión de que aumentarán el déficit fiscal y el endeudamiento, el desequilibrio comercial y la vulnerabilidad de la economía y va a deteriorarse el bienestar de la población.

Ni siquiera la experiencia internacional ha sido tenida en cuenta. Pasan por encima del fracaso mexicano, que reconocen hoy aun los defensores del TLCAN, acuerdo que suscribió ese país en 1994 con Estados Unidos y Canadá. También se olvida el hecho de que los países que han logrado un cierto desarrollo lo han obtenido fortaleciendo el mercado interno mediante la industrialización. Todo esto, y la obstinación de Estados Unidos en mantener un rígido proteccionismo, no inquietan en lo mínimo al gobierno colombiano. Como lo ha señalado el senador del MOIR, Jorge Enrique Robledo, sus funcionarios más parecen empleados del Banco Mundial o de las empresas multinacionales, que los representantes de nuestro país.

El gobierno ha procurado venderles a los colombianos la idea de que el libre comercio es bueno y que es el camino al desarrollo, puesto que nuestro mercado interno se agotó, no puede crecer más y, en consecuencia, la única vía para el crecimiento está en las exportaciones. La anterior afirmación encierra la principal falacia de la actual política. El mercado interno es estrecho porque ha existido una política deliberada de debilitar el poder adquisitivo de la población, desindustrializar el país e importar masivamente productos agrícolas e industriales. Pero la única salida es aumentar los ingresos de los asalariados y que el Estado intervenga en la economía en forma activa y decidida, fomente la producción nacional y estimule el desarrollo tecnológico.

El comportamiento del gobierno en las negociaciones no ha podido ser más vergonzoso. A espaldas de la población, sin consultar a los sectores afectados, lleva cuatro años aceptando cada una de las exigencias norteamericanas, al punto de ser considerado el portavoz de los intereses gringos en la región. Uribe Vélez no ha acompañado ninguno de los reclamos, exigencias o reservas que han hecho diferentes gobiernos de Latinoamérica, alineado siempre con el bando estadounidense. No ha procurado coordinarse con los países hermanos para aumentar al menos la capacidad de regateo, y ha considerado que los países andinos, antes que compañeros y víctimas de la ofensiva norteamericana, son competidores a los que hay que ganar de mano. Así, los acuerdos de cooperación con otros países se han enfrentado a la disyuntiva de desaparecer con sus escasos logros o adaptarse a los nuevos vientos y supeditarse al libre comercio.

No contento con esto, el gobierno se esmera en acondicionar el país a los tratados y actúa con la lógica de que como en las negociaciones Estados Unidos exigirá el oro y el moro, entonces más vale entregarlo de una vez. Por ello se están adoptando medidas en materia de privatizaciones, como las de Ecopetrol y el Bancafe; se presenta un proyecto para asegurar la estabilidad de las ganancias de los inversionistas y se impulsa una ley que reforma el sistema de contratación estatal. Van en la misma dirección la mayor flexibilidad laboral, la reforma en la organización del presupuesto y la eliminación de las franjas de precios de los productos agrícolas.

JORNADA ANDINA CONTRA ELTLC

Aurelio Suárez Montoya, director ejecutivo de Salvación Agropecuaria

En el Tolima, el presidente nacional de Salvación Agropecuaria, Ángel María Caballero, acompañado del alcalde de Saldaña, José Vidal Oyuela, tres diputados, varios concejales, campesinos, agricultores, maestros y estudiantes, encabezó la manifestación contra el TLC, acompañado por s. Allí se denunció que tanto el Alca como el TLC intensificarán la apertura económica, con la cual Colombia perdió más de un millón de hectáreas de cultivos transitorios y que, por tanto, la suscripción de los nuevos tratados refuerza el modelo neoliberal.

«¡Arriba el arroz del Tolima, abajo el arroz gringo!», era la consigna que gritaban los agricultores del sur del departamento, lo mismo que los de Prado y Purificación, en la marcha de rechazo al TLC y fue también la que se coreó en Lérida, donde se adelantó una movilización con centenares de participantes. En Fresno, al norte del Tolima, centenares de cafeteros rechazaron igualmente el TLC.

En Villavicencio, los agricultores agrupados en la Asociación de Agricultores y Ganaderos del Meta, Agameta, salieron a las calles con sus equipos y camionetas. En nombre de los agricultores y ganaderos, Eudoro Álvarez rechazó los acuerdos de libre comercio y llamó a la resistencia civil en defensa de la producción nacional. Participaron también la CUT regional y otras filiales regionales de Salvación Agropecuaria.

En Cali confluyeron en la plazoleta del Centro Administrativo Municipal más de tres mil manifestantes del norte del Cauca, el centro del Valle, Palmira, Florida y Yumbo.

Tras recorrer las calles de la capital caucana, Popayán, y liderados por los agricultores agrupados en Agropemca, centenares de manifestantes se concentraron en la Arcada de la Herrería y se comprometieron a continuar con las tareas contra los oprobiosos tratados. Al sur del país, en Pasto, alumnos de la Universidad de Nariño lideraron la protesta, en que participaron también cultivadores de café.

Cerca de Calarcá, en la glorieta Versalles, sectores productivos del Quindío, encabezados por los dirigentes de Unidad Cafetera, Dimas Arias y Antonio Gutiérrez, ratificaron que «la firma de los tratados se traducirá en la ruina total de la industria, la agricultura y el comercio».

En Antioquia, centenares de campesinos procedentes de Jardín, Andes, Pueblo Rico, Santo Domingo, El Santuario y Cisneros se congregaron en el municipio de Caldas para protestar contra las negociaciones. Allí, el coordinador departamental de Salvación Agropecuaria, Jorge Gómez, y el presidente regional de Unidad Cafetera, Eugenio Ramírez, reiteraron que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos implicará renunciar a ingresos por 1.600 millones de dólares anuales, que le ingresan al gobierno, y se correrá el riesgo de ver al país ahora sí totalmente inundado de productos subsidiados.

En Neiva, más de 500 activistas desfilaron por las calles de la capital huilense y durante varias horas agitaron las principales consignas en el centro de la ciudad. Directivos de la Central Unitaria de Trabajadores y del sector agropecuario del Huila, con Mercedes Lizcano a la cabeza, cumplieron con las tareas. En La Virginia, departamento de Risaralda, se adelantaron labores similares. También en Pereira, columnas de manifestantes realizaron una marcha que culminó con un mitin frente al Hospital San Jorge, que atraviesa por la peor crisis de su historia.

Y las voces de protesta también se escucharon en Barranquilla (Atlántico), Valledupar (Cesar), Bucaramanga y Barrancabermeja (Santander), Florencia (Caquetá) y Arauca, en el departamento del mismo nombre. En Caldas y Magdalena, y en la capital de la República, Bogotá, donde una emotiva marcha, a pesar de la lluvia, se concentró frente al Ministerio de Comercio, para señalarle su rechazó categórico al equipo negociador del TLC.

PARALIZADA TRONCAL DEL CARIBE

Norman Alarcón

En el sitio La Frutera, a un kilómetro del casco urbano de Ciénaga, confluyeron el 15 de abril más de ochocientos manifestantes que coparon la vía más importante de la Costa Atlántica, atendiendo la convocatoria de Recalca y el Comando Unitario del Magdalena. Eran trabajadores y pensionados, maestros, campesinos, estudiantes, pescadores, productores de banano, café y frutas, que llegaban desde varios municipios del departamento y, en especial, de la Sierra Nevada y la Zona Bananera. Participaban así en la Movilización Andina contra el Alca y los tratados de libre comercio que sólo benefician a las multinacionales y al capital financiero norteamericano.

Durante el desfile exhibieron las pancartas y agitaron consignas en defensa de la soberanía nacional, la producción agraria, industrial y pesquera y los derechos de los trabajadores y el pueblo; rechazaron el modelo neoliberal que aplica el gobierno de turno; condenaron las pretendidas fumigaciones aéreas en los parques naturales nacionales, como la hermosa Sierra Nevada de Santa Marta, y denunciaron la privatización de la salud, la educación y los servicios públicos en general.

El Monumento a los Mártires de las Bananeras, en el centro de Ciénaga, fue el escenario donde culminó la gran movilización. Allí intervinieron los dirigentes regionales Antonio Peralta, presidente del Sindicato de Educadores (Edumag); Ángel Manjarrés, presidente de la CUT; Leonel Juvinao, presidente de Salvación Agropecuaria y cerró con una vibrante intervención patriótica el padre Bernardo Hoyos, máximo dirigente del Movimiento Ciudadano (en la foto).