PARO NACIONAL DE CAMIONEROS

El pliego de exigencias planteado al gobierno nacional desde hace quince meses por la Asociación Colombiana de Camioneros, ACC, con más de cien mil afiliados en todo el país, desembocó en un paro nacional que se inició a la medianoche del domingo 30 de noviembre y que, hasta el momento, se reporta como totalmente exitoso.

Miles de camiones y tractomulas han sido inmovilizados en las carreteras por los transportadores de carga.

La Asociación Colombiana de Camioneros exige, en primer término, que les sea congelado el precio de los combustibles, pues las exageradas alzas están conduciendo a la ruina a este importante sector, según lo ha reconocido el propio ministro del Transporte.

La ACC pide también que no se continúe estimulando la sobreoferta de camiones mediante importaciones indiscriminadas de vehículos y mediante el ingreso al país de camiones con matrícula extranjera, pues el exceso deprime los precios de los fletes.

Los transportadores de carga terrestre le demandan al gobierno nacional que retire los proyectos de ley actualmente en curso sobre reposición y chatarrización, por considerarlos lesivos a sus intereses.

Les reclaman, finalmente, a las empresas intermediarias relaciones equitativas de trabajo y contratación.

La justa protesta iniciada por la ACC merece el solidario respaldo de la ciudadanía y precisa la más pronta solución por parte del gobierno.

A LA HORA DEL BALANCE

Jorge Enrique Robledo Castillo

No debe concluir el debate sobre el referendo sin darle una última mirada a lo ocurrido, así como a sus principales enseñanzas y consecuencias. Porque con independencia del resultado de las luchas políticas, y esta ha sido una de las mayores libradas en Colombia, es de importancia capital aprender de ellas.

La vida terminó dándonos la razón a quienes desde hace más de un año advertimos que lo democrático exige condiciones que van bastante más allá de inducir a muchas personas a votar, verdad que en últimas explica por qué los referendos han sido tan usados por tantos regímenes contrarios a la democracia.

En este caso, las manipulaciones bonapartistas ocurrieron en abundancia: el texto se aprobó en el Congreso bajo la amenaza de su derogatoria y contenía astucias tan antidemocráticas como el voto en bloque, las antepreguntas amañadas y la prolongación de los períodos de trece mil alcaldes, gobernadores, diputados y concejales. Se llamó a votar “contra la politiquería y la corrupción”, cuando el propósito era aplicar los acuerdos económicos suscritos con el FMI y establecer un Congreso más pequeño y, por tanto, más plutocrático. Con una propaganda irresponsable y mentirosa, a los partidarios de la abstención se nos vinculó con quienes actúan al margen de la ley. Propusieron el maniqueísmo de “referendo o catástrofe” y se hizo inocultable que se estaba ante un plebiscito para fortalecer a Uribe Vélez y preparar su reelección. Todo el peso del poder económico se usó para financiar la ostentosa y manipuladora campaña del “Sí” y se abusó del poder del Estado y su reflejo en los medios de comunicación llegó a niveles de escándalo. Se violó la ley para hacer válidos los certificados de votación del 25 de octubre y estos se usaron para presionar a muchos colombianos. Como vergonzoso epílogo de tantas maniobras, Londoño Hoyos propuso, una vez pasadas las votaciones, cambiar el censo electoral para poder ganar el referendo.

El otro hecho de gran importancia reside en que por primera vez, luego de trece años, los colombianos pudieron opinar sobre las políticas de empobrecimiento generalizado inherentes al modelo neoliberal. Y fue tan rotundo su rechazo, que nadie duda que el éxito de los abstencionistas tuvo como principal explicación el gran movimiento ciudadano que se dio contra medidas de un neoliberalismo clásico.

También se demostró lo correcto del llamado a la Abstención Activa como único mecanismo posible para impedir la victoria del gobierno en un referendo absolutista, carácter que también comprobaron las cifras: en ninguna pregunta los votos por el “Sí” bajaron del 80 por ciento frente a los del “No” más los nulos y la norma fue que superaran el 90 por ciento.

Por último, no tiene antecedentes en Colombia, por lo menos en su historia reciente, una derrota política del tamaño de la sufrida por Álvaro Uribe Vélez. Al ser esto indiscutible, en lo que hay que poner la atención es en sus consecuencias, dado que son inevitables y permiten conocer mejor la verdadera personalidad del Jefe del Estado.

Luego de hablar durante un mes, día y noche, Uribe guardó silencio por cien horas y sostuvo a Londoño Hoyos hasta cuando sus inmoralidades y disparates convirtieron su salida en otra derrota presidencial. Como otra muestra de su torpeza, en una reunión con su bancada parlamentaria trató de mensajero de los “politiqueros perfumados” nada menos que al presidente del Congreso. Y al anunciar la reforma tributaria que busca el mismo empobrecimiento de los pensionados y los asalariados que perdió en el referendo, el Presidente también anunció su propósito de refinanciar la deuda externa y reducir las reservas en dólares del país, afirmación demagógica que fue censurada por notables amigos del régimen y que tuvo que apresurarse a matizar el equipo económico del gobierno, ratificando el manejo ortodoxo de la deuda.

No es raro, entonces, encontrar tantos analistas afectos a Uribe Vélez reiterando una conocida e inexorable sentencia: a las personas se las conoce a fondo en los momentos de dificultades.

Bogotá, 6 de noviembre de 2003.

LA VERDAD SOBRE LOS IMPUESTOS

Jorge Enrique Robledo Castillo

Decidido a no acatar la derrota que sufrió en el referendo, el gobierno de Uribe Vélez insiste en imponer la política de empobrecimiento acordada con el Fondo Monetario Internacional. Esta vez, con el Plan B, que no es otra cosa que una nueva reforma tributaria, con la que suman once las presentadas desde 1990, seguramente una marca mundial. Esta, como las anteriores, busca castigar principalmente al pueblo y a las capas medias, mediante impuestos a las pensiones, mayores cargas a los asalariados y, por sobretodo, más IVA. También, y como siempre, propone otra exención que beneficia en especial a los 4.484 llamados Grandes Contribuyentes, que representan el 1.41 por ciento de los que declaran renta pero que se apropian de la mayor parte de la las exenciones tributarias que por 16 billones de pesos existen en Colombia, rebajas que suelen no convertir en inversiones sino en especulaciones financieras en el país o en el exterior.

El momento es propicio para explicar lo inequitativo del sistema de impuestos del país, que no cumple con el primero de los criterios de la democracia tributaria: la progresividad, la cual significa que deben pagar más los que más tienen, menos lo que menos y nada quienes carecen de casi todo. De ahí que los impuestos indirectos, empezando por el IVA, sean los más regresivos, pues gravan igual el artículo que adquiere un pobre o un indigente que el que compra un potentado. Y lo progresivo también significa que las tasas deben ser mayores en la medida en que aumenta la riqueza, pues no debe gravarse con porcentajes iguales al que posee un capital pequeño o mediano que a quien tiene uno descomunal.

En Colombia se usan tasas diferentes para gravar las rentas de las Personas Naturales, tasas que empiezan muy altas y que van del 20 al 35 por ciento. Pero, no por casualidad, desde 1990 se eliminó la progresividad en los impuestos de las Personas Jurídicas, con lo que, al igualar las tasas de los monopolistas con las de los pequeños y medianos capitales, se hizo imposible aplicarle al capital tasas progresivas, truco que viola el Artículo 363 de la Constitución, que ordena impuestos progresivos. Esta argucia también favorece a los grandes capitales de otra manera: así se consiguieron como sus defensores en cualquier reforma tributaria a los 145 mil colombianos que declaran renta y que pagan impuestos con tasas que para ellos son muy altas.

También debe calificarse como otra astucia de la tributación colombiana calificar como “rentas” tanto a las utilidades del capital como a los sueldos de las personas, porque no significa el mismo esfuerzo consumir menos para poder pagar el impuesto, lo que le ocurre a casi todos los que viven de un sueldo, que acumular riqueza en una proporción menor pero sin golpear la capacidad de consumo de los gravados, lo que le sucede a los más adinerados. Y una diferencia similar debe establecerse con la propuesta de gravar a los pensionados, asemejándolos a los asalariados, porque la pensión es inferior en por lo menos el 25 por ciento que el sueldo que ganaba quien la recibe y porque son evidentes las limitaciones que afectan a las personas mayores y a los ancianos.

Y constituye otra astucia en beneficio de los Grandes Contribuyentes presentarlos como quienes más le aportan al fisco nacional, ocultando que 13 billones de pesos de lo que transfieren no son impuestos propios sino traslados de retenciones por sueldos, honorarios e IVA que les hacen a otros, sumas que, además, les generan grandes utilidades financieras durante los cuarenta días en que las tienen en su poder.

Lo inequitativo del sistema tributario colombiano lo revelan los aportes de cada sector en los que la DIAN ha dividido a los contribuyentes. En 2001, los Grandes Contribuyentes, que concentran el 80 por ciento del capital empresarial del país, aportaron el 10.96 por ciento del total de los impuestos; los trabajadores, por retención en la fuente, el 30.15 por ciento; por IVA, el 38.14 por ciento; y otros impuestos, principalmente los indirectos por aranceles y tres por mil, el 18.16 por ciento.

También debe mencionarse que la carga tributaria a los colombianos ha aumentado de manera notable, del 7.85 al 13.36 por ciento del PIB entre 1990 y 2002, en el mismo lapso del peor empobrecimiento nacional, lo que le quita el pan de la boca a muchos y afecta negativamente al aparato productivo del país, que padece como uno de sus principales problemas la baja capacidad de compra de las gentes.

Bogotá, 20 de noviembre de 2003.

EL MOIR EN LAS ELECCIONES DEL 26 DE OCTUBRE

En la campaña electoral del pasado 26 de octubre el MOIR superó con relativo éxito las talanqueras que la Reforma Política uribista les pone a las fuerzas minoritarias.

Éxito porque se lograron cerca de 80 mil votos en listas avaladas por nuestro Partido, lo que supera ampliamente la votación de 47 mil votos con los que llevamos a Jorge Enrique Robledo al Senado en las elecciones de marzo del año pasado, y también porque después de superar el umbral y la cifra repartidora mantuvimos las curules de los compañeros Óscar Gutiérrez y Alonso Orozco en las asambleas de Caldas y Caquetá.

Relativo, pues a pesar de las magníficas campañas adelantadas en otros departamentos y municipios, y de los resultados obtenidos en ellas, las trabas anotadas dejaron por fuera a nuestros candidatos, generalmente por muy pocos votos, como fueron los casos de Jorge Gómez en Antioquia, Luis Élver Vergara en el Cauca, Luis Carlos Fuentes en Bolívar, Humberto Hurtado en el Valle del Cauca, Antonio Gutiérrez en el Quindío, Eudoro Álvarez en el Meta, Carlos Peñalosa en el Cesar, Roberto Schmalbach en Barrancabermeja, Óscar Jiménez en Caucasia, Jesús Guevara en Quinchía, Vladimir Castañeda en Facatativa, Buenaventura Bonilla en Gachancipá, Julio Enríquez en Ibagué, Alonso Osorio en Fresno, Franklin García en Cali, Narcilo Rosero en Buenaventura, Mery Benavides en Popayán, Luis Ernesto Parada en Villavicencio y Héctor Santos en Granada, y entrañables amigos como Carlos Alfredo Crosthwaite en Risaralda, Mercedes Lizcano en El Huila, Manuel Muñoz en Medellín y Carlos Andrés Echeverri en Pereira.

Con 14.797 votos en el departamento, la lista del MOIR llevó a la Asamblea de Caldas al compañero Óscar Gutiérrez Reyes. La lista fue respaldada por el Movimiento Indígena Popular de Caldas, que a su vez ganó la Alcaldía de Riosucio y obtuvo seis concejales en este municipio y dos en Supía; como también por Alternativa Liberal, del diputado Juan Carlos Jaramillo; el Liberalismo Autónomo, de Luis Fernando Loaiza; el Movimiento Plural Independiente, de Arvin Muñoz Elvira y Gilberto Vargas; y por el Frente Social y Político, la Unidad Democrática del senador Luis Carlos Avellaneda y los seguidores del senador Jesús Bernal.

Alonso Orozco, secretario regional del MOIR en el Caquetá, fue elegido en los pasados comicios en lista avalada por su organización política. Orozco llega así por tercera vez consecutiva a la Asamblea de ese departamento, tan azotado por toda clase de problemas sociales y políticos. Desde su primera incursión en las lides electorales caqueteñas, el compañero Orozco ha contado con el decidido y firme apoyo de un numeroso grupo de educadores, que lo tuvieron durante varios años como uno de los principales dirigentes de la Asociación de Institutores del Caquetá. También recibió el apoyo de los habitantes de los barrios marginados de Florencia.