ASAMBLEA NACIONAL FRENTE AL ALCA Y EL TRATADO BILATERAL CON ESTADOS UNIDOS

Las organizaciones abajo firmantes a través de sus voceros y voceras en representación de las mayorías del pueblo colombiano y participantes de la Asamblea Nacional frente al Acuerdo bilateral y el ALCA, realizada el 21 de noviembre de 2003 en Bogotá Colombia, frente a la decisión gubernamental del gobierno de Uribe Vélez de avanzar hacia la firma del ALCA y de un acuerdo bilateral con los Estados Unidos hacemos las siguientes consideraciones y exigencias.

DECLARACIÓN

El país se encuentra frente a decisiones de magnitud incalculable. Los acuerdos de libre comercio se constituyen en una máxima instancia a la luz de los cuales se juzgará toda la conducta económica de una nación, obligan a todos los gobiernos futuros y otorgan más facultades y poderes a las transnacionales que a los ciudadanos del país. Los litigios que se presenten deberán resolverlos tribunales extranacionales, perdiéndose la soberanía judicial sobre los más importantes procesos económicos. Además de los notorios y graves perjuicios económicos que causan, imposibilitan la acción económica del Estado. Esto es evidente en las normas propuestas sobre inversión, comercio de servicios y compras gubernamentales que rebasan los acuerdos de la OMC y están actualmente en discusión en todo el mundo. Se busca especializarnos en productos tropicales sin mayor importancia, supeditar cualquier esfuerzo industrializador a los caprichos de la inversión extranjera y pauperizar a la población.

El proceso vivido es aún más grave si se recuerda que Colombia ha sido, en los últimos trece años, víctima de la apertura económica, que bajo la teoría del Consenso de Washington y en aplicación de las políticas de ajuste, disminuyó la capacidad económica del Estado, inició un acelerado proceso de desindustrialización, llevó a la pérdida de novecientos mil empleos y de ochocientas mil hectáreas antes dedicadas a la agricultura y entregó a la voracidad de las transnacionales numerosas e importantes empresas estatales. Todo ello agravado por la violencia generalizada que azota el país. Después de suscribir con el FMI bajo el chantaje de la deuda sucesivos acuerdos de carácter recesivo, nuestro país se encuentra en el peor momento de debilidad de los últimos cien años, con una balanza de pagos estructuralmente deficitaria, y se ve obligado, a pesar de que la deuda externa ya es gigantesca, a nuevos y onerosos endeudamientos.

Durante las negociaciones que el gobierno de Uribe Vélez ha adelantado para suscribir el tratado del Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, y ante su propósito de suscribir un tratado bilateral de libre comercio con Estados Unidos, los sectores afectados y la sociedad entera han expresado de muchas maneras su preocupación, su crítica y su oposición a lo que tan precipitadamente, de forma inconsulta y a través de un proceso muy poco transparente se pretende imponer al país:

1. Los trabajadores y trabajadoras del campo y la ciudad se preocupan porque ambos tratados encarnan la renuncia definitiva a la ampliación del mercado interno. De hecho, las políticas de ajuste que descargan el peso de la crisis sobre los trabajadores, han promovido la reducción de los costos laborales, el empobrecimiento generalizado, los despidos masivos y el aumento del desempleo y del sector informal tan golpeado en su derecho al trabajo. Esta oferta de trabajo a bajo costo es aprovechada para implantar la subcontratación y la tercerización, llevando a la violación de los derechos de asociación y negociación colectiva. Con estos tratados se agravarán estas tendencias

2. Las mujeres denuncian una degradación de las condiciones laborales, familiares, sociales y el , desplazamiento forzado donde son las principales victimas y como se agudizará aún más la feminización de la pobreza si se suscriben estos acuerdos.

3. Los productores agrarios han expresado de una u otra forma su rechazo a los acuerdos, como los cultivadores de caña, palma, papa, arroz, cereales y soya, pues saben que serán notoriamente perjudicados en tanto que los avicultores y lecheros dicen que no sobrevivirán; los caficultores afirman que la crisis que padecen hace más de una década se agravará. Las masas de campesinos ven amenazada la supervivencia de la economía campesina y advierten que se perderá la seguridad y soberanía alimentaria.

4. En el terreno industrial, las empresas farmacéuticas temen su desplazamiento por las multinacionales y la pequeña y mediana industria anota que no está preparada para la competencia. La imposición de un capitalismo salvaje destruirá el sector solidario.

5. Los productores, tanto de la industria como del campo, temen la profundización de la quiebra ante la avalancha de productos extranjeros que ingresará al país en la medida en que se implementen los tratados y también temen el estrechamiento del acceso al crédito en la medida en que se profundizará el carácter especulativo del sector financiero.

6. Los sectores de la salud consideran que las definiciones sobre propiedad intelectual implicarían un mayor deterioro de las condiciones para el acceso de los más pobres a este derecho.

7. Los profesionales denuncian el riesgo de ser desplazados por las firmas multinacionales de prestación de servicios y de ser sometidos a reglas de formación, ejercicio profesional y empleo que no responden a las necesidades e intereses nacionales como se vislumbra en el caso de la contaduría, la ingeniería civil y las profesiones de la salud.

8. Los defensores del medio ambiente denuncian el peligro del saqueo de la biodiversidad y el deterioro de los ecosistemas.

9. Los pueblos indígenas y de afrodescendientes denuncian desde ya el peligro que corren sus territorios y culturas ancestrales.

10. Todos los colombianos se preocupan por la mercantilización de la salud y la educación y la privatización de los servicios públicos que tendrían un efecto social devastador.

11. Los municipios se alarman al ver que se restringirán sus facultades en la asignación del presupuesto para compras estatales que favorezcan la producción nacional y ante el marchitamiento de las industrias locales.

Tan grave es la situación que aun los pocos estudios que entidades gubernamentales y la Comunidad Andina han hecho al respecto, revelan que la mayor parte de los sectores industriales serán gravemente afectados, que las importaciones aumentarán más que las exportaciones y que se perderán importantes ingresos fiscales como producto de la eliminación de aranceles. Del mismo modo, señalan que con el ALCA se perdería cualquier posibilidad de integración subregional, las exportaciones no se diversificarían y desaparecerían renglones enteros de la producción.

El país entero observa atónito cómo a pesar de estas quejas y voces el gobierno se limita a acatar los enfoques de Washington. A cada concesión gubernamental prosigue una nueva exigencia norteamericana. En el pasado inmediato Estados Unidos no toleró unos aranceles altos para iniciar las negociaciones, exigió la salida colombiana del Grupo de los 21 y la eliminación de mecanismos secundarios de protección como las franjas de precios y conminó al Estado colombiano a compensar a las multinacionales con las cuales tiene conflictos. Ha demostrado que no está dispuesto a hacer ninguna concesión en materia agrícola, que no someterá a las mesas de negociación su proteccionista política antidumping y que en las demás materias de negociación exigirá condiciones privilegiadas para sus multinacionales. El gobierno colombiano, sin embargo, no hace más que dar pruebas de obsecuencia. En las negociaciones multilaterales ni siquiera ha sido capaz de acompañar las posiciones críticas de otros gobiernos latinoamericanos.

Ante todo esto es necesario asumir una posición política diferente. Los tropiezos y contradicciones que ha tenido la firma de los tratados de libre comercio, demuestran que ellos obedecen no a la fatalidad de las leyes económicas sino a decisiones políticas adoptadas por los círculos gobernantes y presionadas por Estados Unidos, país que protege su economía y –utilizando su poderío económico y militar– impone sus condiciones. Es indispensable, por lo tanto, que la sociedad colombiana le haga saber al gobierno que otro es el mandato que formula la población. Existen otros caminos para fortalecer y diversificar los vínculos comerciales y económicos entre los países, y la ampliación de nuestros mercados internos, de manera que en lugar de una relación de supeditación a la política y la economía estadounidenses se logre una verdadera integración de América Latina con la economía mundial que cuente con la participación de los sectores populares y productivos y preserve la unidad latinoamericana, con mira a la cual iniciamos una gran consulta popular que involucre a todos los ciudadanos.

En consecuencia, por todas las razones anteriores y teniendo en cuenta los enormes daños que estos tratados implicarán para toda la nación, consideramos que el gobierno colombiano no debe suscribir el ALCA ni el acuerdo bilateral con los Estados Unidos.

Invitamos a todos los colombianos y colombianas, sobre los cuales indistintamente se cierne esta amenaza, a que por medio de sus organizaciones se unan a la posición de rechazo que hoy adoptamos y que representa la voz de la inmensa mayoría de nuestros compatriotas.

SUSCRIBEN ESTA DECLARACIÓN:

RED COLOMBIANA DE ACCION FRENTE AL LIBRE COMERCIO Y EL ALCA – RECALCA

COMITÉ COLOMBIA DE LUCHA CONTRA EL ALCA Y EL TLC

CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES DE COLOMBIA CUT COLOMBIA

CONFEDERACIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DEMOCRÁTICOS CGTD

CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE COLOMBIA CTC

CONFEDERACIÓN DE PENSIONADOS DE COLOMBIA

CONSEJO CONSULTIVO LABORAL ANDINO

MESA DE TRABAJO MUJER Y ECONOMIA

COORDINACIÓN DE MUJERES TRABAJADORAS ANDINAS COMUANDE

ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUJERES INDÍGENAS Y CAMPESINAS DE COLOMBIA ANMUCIC

IGTN- RED INTERNACIONAL DEL GENERO Y COMERCIO PUESTO FOCAL COLOMBIA

MOVIMIENTO POPULAR DE MUJERES MPM

MESA NACIONAL DE CONCERTACIÓN DE MUJERES

SINDICATO DE MADRES COMUNITARIAS

FEDERACIÓN NACIONAL DE CONCEJALES

SOCIEDAD COLOMBIANA DE ECONOMISTAS

ONIC

PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS

ASOCIACIÓN DE VOCALES DE CONTROL SOCIAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

ASOCIACIÓN NACIONAL POR LA SALVACIÓN AGROPECUARIA

UNIDAD CAFETERA NACIONAL

UNIDAD PANELERA NACIONAL

AGROPEMCA

AGROHUILA

ANUC

ANUC -UR

CAMPESINOS DE SIACHOQUE

SINDICATO DE PEQUEÑOS AGRICULTORES DE CUNDINAMARCA

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA BARAY HUILA

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE EDUCADORES FECODE

ORGANIZACIÓN COLOMBIANA DE PENSIONADOS O.C.P.

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SINTRATELEFONOS

SINTRASEGURIDAD SOCIAL

SINTRAISS

FENASIBANCOL

ASOCIACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD ANTHOC

SINDICATO NAL DE TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS SINTRAEMSDES

ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROFESORES UNIVERSITARIOS ASPU

UNION NACIONAL DE EMPLEADOS BANCARIOS UNEB

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS BANCARIOS -ACEB

UNION SINDICAL DE TRABAJADORES DE LAS TELECOMUNCICACIONES USTC

SINTRABANCOL

ASFUCANDES

SINALTRABAVARIA

ASCONTROL

SINTRAGOBERNACIONES

SINTRADIAN

SINTRAOLIMPICA,

ADEC ASOCIACIÓN DE EDUCADORES DE CUNDINAMARCA

ANEBRE

ADEM

FANAL

SINTRAIME

SINTRAOLIMPICA

SINDISTRITALES

SINAL

SINTRAMETAL

SINTIES

SINAS

SINDICATO NACIONAL DE EMPLEADOS DEL BIENESTAR FAMILIAR

SINTRAINDEGA

ASMEDAS

ADUSEP

ASOTRACIGA

SINTRALACTEOS

ASOAGRO

LIGA DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE MANIZALEZ

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE HUILA

ANTIALCA – UNIVERSIDAD TADEO LOZANO

CUT BOGOTA-CUNDINAMARCA, HUILA

FUNDACIÓN ORIENTACIÓN ECOLÓGICA

FUNDACIÓN JÓVENES CONSTRUYENDO FUTURO CGTD

COMITÉ DISTRITAL DE VENDEDORES AMBULANTES Y ESTACIONARIOS

SINUCOM-

COMITÉ ESTUDIANTIL DEL SENA

MESA DE TRABAJO DE SICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD SUR COLOMBIANA

ASOCIACIÓN DE PROFESORES UDEA MEDELLIN

INSTITUTO LATINOAMERICANO DE SERVICIOS LEGALES ALTERNATIVOS ILSA

PLATAFORMA COLOMBIANA DERECHOS HUMANOS DEMOCRACIA Y DESARROLLO

CONFEDERACIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD COPSA

ORGANIZACION COLOMBIANA DE ESTUDIANTES, OCE

BRIGADAS ANTI IMPERIALISTAS

ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE SECUNDARIA

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

CORPORACIÓN REINICIAR –ASAMBLEA PERMANENTE DE LA SOCIEDAD CIVIL POR LA PAZ.

TRIBUNA ROJA

REVISTA DESLINDE

PERIODICO VOZ

COLECTIVO PERIODICO DESDE ABAJO

CEDETRABAJO

CIRCULO DE PERIODISTAS DE CALI

COMITÉ DE ENLACE -UNI COLOMBIA

REVISTA REGENERACIÓN

NUEVA GACETA

PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS:

PARTIDO LIBERAL

POLO DEMOCRATICO

MOVIMIENTO FRENTE SOCIAL Y POLITICO

PARTIDO UNIDAD DEMOCRATICA

MOVIMIENTO OBRERO INDEPENDIENTE REVOLUCIONARIO MOIR

PARTIDO DEL TRABAJO DE COLOMBIA P.T.C.

MOVIMIENTO CIUDADANO

PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO

CORRIENTE SOCIAL FSP

MOVIMIENTO POR LOS DERECHOS DEL PUEBLO

COLECTIVO GUILLERMO MARIN

JUPA Juventud patriótica

JUCO Juventud comunista colombiana

AMILKAR ACOSTA Ex Senador de la República
FRANCISCO ROJAS BIRRY Senador de la República
JORGE ENRIQUE ROBLEDO Senador de la República
LUIS CARLOS AVELLANEDA Senador de la República
CARLOS GAVIRIA Senador de la República
BERNARDO HOYOS Senador de la República
JESÚS BERNAL Senador de la República
WILSON BORJA Representante a la Cámara
ALEXANDER LOPEZ Representante a la Cámara

LLAMAMIENTO A ENFRENTAR LA EMBESTIDA DEL GOBIERNO CONTRA ECOPETROL, LA CONVENCIÓN Y LA USO

Tras un año, el gobierno de Uribe se dispone ahora a darle remate a su implacable embestida contra los intereses de Ecopetrol y sus trabajadores. Previendo tal situación, ya en noviembre de 2002 la Asamblea Nacional de Delegados (AND) realizada en Fusagasugá, adoptó una resolución que rechazaba el contrapliego, la privatización, el tribunal de arbitramento y exigía el reintegro de los compañeros despedidos. En cumplimiento de ese mandato y siendo presidente de la Junta Directiva Nacional (JDN) el compañero Rodolfo Gutiérrez, el sindicato recurrió a las más variadas formas de lucha sindical dentro de la táctica de enfrentar con combativa firmeza las pretensiones del gobierno.

Pero desafortunadamente, el 14 de agosto la JDN y el 22 de ese mismo mes la AND, ambas por decisión mayoritaria, cambiaron ese curso de acción, argumentando que la falta de flexibilidad para presentar fórmulas había impedido que se concretaran acuerdos para solucionar el conflicto laboral. En comunicados públicos se descalificó la posición encabezada por el compañero Gutiérrez como “ilegítima” y carente de “unidad y liderazgo para sacar adelante el proceso de negociación”. Ignorando que en la táctica de lucha de los trabajadores hay cuestiones de principios y que la corrección de toda política partidista se juzga a partir de si sirve o no a los intereses de los trabajadores y la nación, se llegó a expresar que “se equivocan, quienes convierten en un problema de principios un asunto meramente táctico, y pretenden arrastrar al sindicato a su política partidista, de la cual no saldrá bien librado”. Con tales afirmaciones se propició el abandono de las tareas de organización y preparación de la huelga como el arma más eficaz para enfrentar la política antinacional y antiobrera de Uribe y su agente Yanovich, y se dio camino a las ilusiones en una negociación donde sólo el sindicato formula propuestas de solución, obteniendo como respuesta las reafirmaciones de chantaje y despojo por parte de los representantes de la administración y el gobierno.

Trascurridos tres meses desde la mencionada AND de agosto 22, el panorama para los derechos de los trabajadores y el destino de Ecopetrol presenta graves riesgos. La administración se mantiene recalcitrante en sus despropósitos: desmontar las actividades directas, para incrementar la modalidad de contratistas y despedir los temporales, acabar el escalafón e imponer una evaluación de desempeño, eliminar la estabilidad laboral, aplicar las desmejoras impuestas en la última reforma pensional, ley 797, y proceder a cobros en el servicio médico, prorrogar los contratos de asociación, asfixiar presupuestalmente a la empresa, continuar favoreciendo a las multinacionales y sostener los injustos despidos. Como si fuera poco, el ya integrado e instalado Tribunal de Arbitramento está preparando el laudo arbitral que en cualquier momento decidirá el conflicto laboral en contra de los trabajadores, configurándose así un hecho sin precedentes en la historia de la Unión Sindical Obrera (USO), como tampoco tiene antecedentes la adopción de una postura de resignación ante este nefasto mecanismo de arbitraje.

A través del presidente de la empresa, Isaac Yanovich, el gobierno de Álvaro Uribe determinó suspender el actual proceso de negociación, decisión notificada al sindicato el pasado miércoles 19 de noviembre. Con la convocación a audiencia que al mismo tiempo le hizo al sindicato el Tribunal de Arbitramento, quedó demostrado que éste viene procediendo en estrecha coordinación con la administración y el gobierno, alistándose para pasar del chantaje a la consumación de un certero golpe a los derechos de los trabajadores. No menos grave es que la expectativa sobre una solución al conflicto mediante la presentación de formulas de arreglo que desmejoran gravemente la convención, haya conducido a un estado de desmovilización de las bases y de impasibilidad de los dirigentes que terminó por socavar el respaldo y la solidaridad que se había captado en vastos sectores de la población. La situación es de verdad comprometida: el tribunal de arbitramento está procediendo, los gerentes aplican de hecho el contrapliego, se anuncia la prorroga de los contratos de asociación, se privatiza aceleradamente las actividades en los campos de producción y, para remate, las fuerzas militares se pasean con arbitraria prepotencia por todos los sitios de trabajo, hostigan permanentemente al sindicato y amenazan con darle un tratamiento fascista a las protestas que decida adelantar la USO.

En consecuencia, es urgente corregir mediante la definición de una posición de lucha la táctica aprobada por la AND en agosto y, asumiendo una vigorosa y sólida conducta unitaria, esforzarse por recuperar la organización, la disciplina y el ánimo combativo de las bases. Sólo así se podrá contar con la solidaridad del movimiento sindical y el pueblo que permita responder con la insustituible fuerza de las masas a semejante agresión.

No se podrá justificar en ningún sentido quedarse esperando el fallo del tribunal de arbitramento, ni recurrir a plantear más formulas de desmejoras de la convención colectiva con la esperanza en que el ministro Mejía y el presidente Uribe cambien la posición que sin cesar han esgrimido desde la iniciación del conflicto. Máxime cuando toda la arremetida sin precedentes contra Ecopetrol y la USO ha sido maquinada alevosamente por el gobierno con las multinacionales y organismos multilaterales de crédito como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. La única alternativa es desarrollar una intensa actividad de explicación y persuasión entre los trabajadores a fin de retomar la postura de lucha que posibilite el desarrollo de una Huelga General en defensa de la convención del sindicato y de la empresa.

Este llamado de unidad y combate está motivado por un alto sentido de consecuencia con nuestra clase y con la patria. Nos anima el objetivo de alcanzar la necesaria unidad del sindicato alrededor de la lucha, fundamento de las mejores condiciones para el despliegue de la resistencia. Conscientes de las consecuencias negativas que acarreará no librar la batalla, estamos ofreciendo nuestro concurso para concretarla.

Las recientes derrotas sufridas por Uribe Vélez en su despropósito de imponer el Referendo y la agenda legislativa, así como la consolidación de la gran coalición democrática y de las organizaciones de lucha contra el ALCA y el Tratado Bilateral de Comercio, son hechos que contribuyen a recobrar la capacidad de movilización y lucha de los trabajadores como factor fundamental de la táctica. Sin duda, tal rumbo merecerá la solidaridad de vastos sectores de la sociedad colombiana que aprecian a la USO como un ariete en la lucha por la soberanía y la salvación nacionales.

Fraternalmente,

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE LA USO

RODOLFO GUTIERREZ NIÑO
GERARDO GARCIA
ROBERTO SCHMALBACH
DANILO SANCHEZ
FABIO DIAZ
MANUEL CORONADO
GERMAN OSMAN

Barrancabermeja, noviembre 27 de 2003

PARO NACIONAL DE CAMIONEROS

El pliego de exigencias planteado al gobierno nacional desde hace quince meses por la Asociación Colombiana de Camioneros, ACC, con más de cien mil afiliados en todo el país, desembocó en un paro nacional que se inició a la medianoche del domingo 30 de noviembre y que, hasta el momento, se reporta como totalmente exitoso.

Miles de camiones y tractomulas han sido inmovilizados en las carreteras por los transportadores de carga.

La Asociación Colombiana de Camioneros exige, en primer término, que les sea congelado el precio de los combustibles, pues las exageradas alzas están conduciendo a la ruina a este importante sector, según lo ha reconocido el propio ministro del Transporte.

La ACC pide también que no se continúe estimulando la sobreoferta de camiones mediante importaciones indiscriminadas de vehículos y mediante el ingreso al país de camiones con matrícula extranjera, pues el exceso deprime los precios de los fletes.

Los transportadores de carga terrestre le demandan al gobierno nacional que retire los proyectos de ley actualmente en curso sobre reposición y chatarrización, por considerarlos lesivos a sus intereses.

Les reclaman, finalmente, a las empresas intermediarias relaciones equitativas de trabajo y contratación.

La justa protesta iniciada por la ACC merece el solidario respaldo de la ciudadanía y precisa la más pronta solución por parte del gobierno.

A LA HORA DEL BALANCE

Jorge Enrique Robledo Castillo

No debe concluir el debate sobre el referendo sin darle una última mirada a lo ocurrido, así como a sus principales enseñanzas y consecuencias. Porque con independencia del resultado de las luchas políticas, y esta ha sido una de las mayores libradas en Colombia, es de importancia capital aprender de ellas.

La vida terminó dándonos la razón a quienes desde hace más de un año advertimos que lo democrático exige condiciones que van bastante más allá de inducir a muchas personas a votar, verdad que en últimas explica por qué los referendos han sido tan usados por tantos regímenes contrarios a la democracia.

En este caso, las manipulaciones bonapartistas ocurrieron en abundancia: el texto se aprobó en el Congreso bajo la amenaza de su derogatoria y contenía astucias tan antidemocráticas como el voto en bloque, las antepreguntas amañadas y la prolongación de los períodos de trece mil alcaldes, gobernadores, diputados y concejales. Se llamó a votar “contra la politiquería y la corrupción”, cuando el propósito era aplicar los acuerdos económicos suscritos con el FMI y establecer un Congreso más pequeño y, por tanto, más plutocrático. Con una propaganda irresponsable y mentirosa, a los partidarios de la abstención se nos vinculó con quienes actúan al margen de la ley. Propusieron el maniqueísmo de “referendo o catástrofe” y se hizo inocultable que se estaba ante un plebiscito para fortalecer a Uribe Vélez y preparar su reelección. Todo el peso del poder económico se usó para financiar la ostentosa y manipuladora campaña del “Sí” y se abusó del poder del Estado y su reflejo en los medios de comunicación llegó a niveles de escándalo. Se violó la ley para hacer válidos los certificados de votación del 25 de octubre y estos se usaron para presionar a muchos colombianos. Como vergonzoso epílogo de tantas maniobras, Londoño Hoyos propuso, una vez pasadas las votaciones, cambiar el censo electoral para poder ganar el referendo.

El otro hecho de gran importancia reside en que por primera vez, luego de trece años, los colombianos pudieron opinar sobre las políticas de empobrecimiento generalizado inherentes al modelo neoliberal. Y fue tan rotundo su rechazo, que nadie duda que el éxito de los abstencionistas tuvo como principal explicación el gran movimiento ciudadano que se dio contra medidas de un neoliberalismo clásico.

También se demostró lo correcto del llamado a la Abstención Activa como único mecanismo posible para impedir la victoria del gobierno en un referendo absolutista, carácter que también comprobaron las cifras: en ninguna pregunta los votos por el “Sí” bajaron del 80 por ciento frente a los del “No” más los nulos y la norma fue que superaran el 90 por ciento.

Por último, no tiene antecedentes en Colombia, por lo menos en su historia reciente, una derrota política del tamaño de la sufrida por Álvaro Uribe Vélez. Al ser esto indiscutible, en lo que hay que poner la atención es en sus consecuencias, dado que son inevitables y permiten conocer mejor la verdadera personalidad del Jefe del Estado.

Luego de hablar durante un mes, día y noche, Uribe guardó silencio por cien horas y sostuvo a Londoño Hoyos hasta cuando sus inmoralidades y disparates convirtieron su salida en otra derrota presidencial. Como otra muestra de su torpeza, en una reunión con su bancada parlamentaria trató de mensajero de los “politiqueros perfumados” nada menos que al presidente del Congreso. Y al anunciar la reforma tributaria que busca el mismo empobrecimiento de los pensionados y los asalariados que perdió en el referendo, el Presidente también anunció su propósito de refinanciar la deuda externa y reducir las reservas en dólares del país, afirmación demagógica que fue censurada por notables amigos del régimen y que tuvo que apresurarse a matizar el equipo económico del gobierno, ratificando el manejo ortodoxo de la deuda.

No es raro, entonces, encontrar tantos analistas afectos a Uribe Vélez reiterando una conocida e inexorable sentencia: a las personas se las conoce a fondo en los momentos de dificultades.

Bogotá, 6 de noviembre de 2003.