BOLIVIA SE MOVILIZA POR LA NACIONALIZACIÓN DEL GAS

Francisco Valderrama Mutis

La política de recolonización norteamericana encuentra brotes de resistencia en todos los países de América Latina. En México, la lucha de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, SME, contra la privatización del sector eléctrico, ha logrado aglutinar a sectores importantes de la población y de las direcciones políticas. En San Salvador, un paro de más de ocho meses de los trabajadores de la salud logró impedir que fuera privatizado el seguro social. En Panamá, después de un paro nacional el 23 de septiembre y grandes manifestaciones contra la decisión de privatizar el seguro, los trabajadores acordaron una huelga general para el próximo 30 de octubre. Además, en la región crece el movimiento popular contra los acuerdos leoninos de libre comercio, y tras los fracasos de las cumbres ministeriales de la OMC en Cancún y del ALCA en Trinidad y Tobago, algunos gobiernos han adoptado posiciones cada vez más reacias a aceptar su imposición.

Pero la batalla más resonante se libra en Bolivia. Movimientos de masas con disímiles intereses y reivindicaciones han confluido en la defensa del gas y en la petición expresa de que renuncie el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Desde el 13 de septiembre la Csutcb (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia) había iniciado bloqueos en las carreteras del altiplano paceño reclamando la nacionalización del gas. El 19, más de 150 mil manifestantes se lanzaron a las calles enarbolando la misma exigencia. Al día siguiente, el ministro de Defensa dirigió personalmente la provocación a los millares de personas que hacían el bloqueo de carretera en la localidad de Warisata, se desató un enfrentamiento y seis campesinos fueron asesinados. La COB (Central Obrera Boliviana) declaró la huelga nacional a partir del 30 de septiembre y a su convocatoria se unieron la Csutcb y la Coordinadora del Gas, entre otras importantes organizaciones.

A pesar de que los descubrimientos fueron hechos por la empresa estatal YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos), privatizada con el falso argumento de que el país no conseguiría quien financiara la explotación y el tendido de los gasoductos necesarios para su exportación, fue apartada del negocio y la concesión para explotar el nuevo descubrimiento de Margarita, Tarija, entregada a la empresa Pacific LNG, de la cual son socias las multinacionales Repsol YPF (37,5%), British Gas (37,5%) y British Petroleum (25%). Bolivia se había convertido en presa codiciada de los halcones petroleros al pasar a ser, con 57,4 trillones de pies cúbicos, la segunda nación con reservas probadas de gas natural en Suramérica. El negocio de estas compañías se volvió redondo después de que Sánchez de Lozada, dos días antes de finalizar su primer gobierno, firmó la nueva ley de hidrocarburos por medio de la cual les entregó el recurso a las compañías extranjeras y les rebajó los impuestos y regalías de 50 a 18%. La compañía compradora del gas licuado en California será la Sempra Energy, nombre detrás del cual se esconde Enron, famosa por su quiebra, con la cual estafó a los accionistas minoritarios y a sus propios empleados.

La Pacific LNG ha exigido que el negocio se haga por un puerto chileno, a pesar de que conocen el resentimiento nacional existente en todo el pueblo boliviano por la pérdida de esta franja costera en la guerra de 1879, aduciendo que el costo de llevar el gasoducto desde el sur de Bolivia hasta un puerto peruano se incrementaría en 600 millones de dólares. Para lograr su objetivo han utilizado todos los medios a su alcance. La transnacional amenaza con demandar al Estado boliviano ante un tribunal internacional y el secretario inglés de Energía llega al país a pedir explicaciones por el retraso del proyecto. Y no es para menos. Edward Miller, presidente de British Gas, dijo que los ingresos previstos serán superiores a los 1.396 millones de dólares al año para la Pacific LNG, mientras el Estado boliviano solamente recibirá alrededor de 80 millones de dólares anuales.

El pueblo boliviano reafirma que no quiere que con esta riqueza en gas y petróleo suceda lo que ya aconteció con la plata y el estaño, que enriquecieron a unos cuantos bolivianos y a unas compañías extranjeras y al país no le quedó sino hambre y miseria. En efecto, más de cinco millones, de la población total de ocho millones, viven en la pobreza, de los cuales más de la mitad están en la indigencia. El 20% de las familias sobreviven con menos de medio dólar al día, clasificación que ni siquiera es tenida en cuenta por los prepotentes funcionarios del Banco Mundial. Este es el resultado de la recolonización imperialista a partir de 1985.

Los bolivianos tienen una gran tradición de lucha de masas y de grandes victorias que alumbran el camino para los demás pueblos del mundo en su pelea contra las reformas neoliberales. En abril de 2000, el pueblo de Cochabamba, después de semanas de resistencia civil total, derrotó la privatización del agua, entregada a la Bechtel y la sacó del país. En febrero de este año impidió el llamado «impuestazo» con el que Sánchez de Lozada pretendía allegar recursos, gravando los salarios de los trabajadores y empleados, para cubrir el déficit fiscal y cumplirles a los agiotistas internacionales y ahora se enfrenta por el gas a las más agalludas multinacionales. Nos solidarizamos con la lucha del pueblo boliviano y pugnaremos porque su ejemplo sea seguido en nuestro propio país.

EL PUEBLO PALESTINO RESISTE LA AGRESIÓN FASCISTA DE ISRAEL

Francisco Valderrama Mutis

Yasser Arafat, confinado desde marzo de 2001 en la Mukata, casa de gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, en Ramala, representa la voluntad de resistencia y el alma del pueblo palestino. Todos los esfuerzos de la alianza Sharon-Estados Unidos se han orientado a quebrantar su voluntad y obligarlo a ceder el poder, obtenido mediante elección popular en 1996, a otro dirigente que se someta a los dictámenes de los agresores, base fundamental del plan de paz llamado «Hoja de Ruta». Estas exigencias son, según lo expresado por Colin Powell el 22 de septiembre pasado, las siguientes: 1. Que el gobierno elegido sea independiente de las «maquinaciones» de Arafat; 2. Que tenga el control absoluto de todas las fuerzas palestinas de seguridad; y 3. Que se comprometa a acabar con el «terrorismo». Fue lo que intentaron con el gobierno fallido de Mahmoud Abbas, rechazado multitudinariamente por su propio pueblo.

Ensoberbecidos por la rápida victoria obtenida en Irak, norteamericanos e israelíes han centuplicado sus esfuerzos por doblegar al pueblo palestino y a Arafat. Lo someten a una guerra desigual en la cual han «legalizado» la destrucción de casas (calculadas hasta ahora en trece mil); los asesinatos selectivos con bombas y misiles, que generalmente producen bajas inocentes entre la población; la destrucción de campamentos de refugiados como el de Jenin, demolido piedra a piedra, y la construcción de un muro, conocido como el muro del apartheid, de ocho metros de altura, que además de separar a Israel de Palestina, permite que poco a poco le roben además el 25% de la tierra, que representa el 80% de los terrenos más fértiles, y el 65% de los recursos hidrológicos. Es la continuación de la masacre de Sabra y Chatila, hecha a todo un país, ante los ojos del mundo, que mediante la falsificación de los medios de prensa no ve la gloriosa resistencia de todo un pueblo en estos tres años de la Segunda Intifada, sino solamente los fugaces resplandores de los ataques suicidas, provocados a plena conciencia por el gobierno fascista de Sharon.

La tercera potencia militar y nuclear del mundo aherroja a la nación palestina y le exige a su gobierno, al cual tiene sometido al aislamiento por la fuerza, que acabe con un problema que ellos mismos han creado y que se han demostrado incapaces de contener. La infamia del proceder de Sharon y Estados Unidos es tal que en las filas de los pilotos y el ejército israelí crece una corriente de objetores de conciencia que se niegan a pelear en los territorios palestinos y a participar en los asesinatos a sangre fría, y entre los ciudadanos israelíes aumenta la presencia de militantes de la coexistencia pacífica entre las dos naciones, que se movilizan para servir de escudos humanos con el fin de evitar que Sharon atente contra la vida de Yasser Arafat.

El ataque a Siria, respaldado por Washington, como respuesta al atentado suicida de Haifa, no es más que una argucia para culpar a otros de los demonios que ellos mismos han engendrado y para servirle a la estrategia norteamericana de remover por la fuerza militar o por la vía de las «reformas» impulsadas por sus cipayos neoliberales, a los gobiernos árabes que no se someten servilmente a sus demandas.

En medio de esta situación, Yasser Arafat representa para los pueblos del mundo un ejemplo de constancia revolucionaria en la resistencia a la agresión sionista y de manejo político de una situación extremadamente compleja. Para el pueblo palestino y para su presidente, nuestra solidaridad militante.

LIA GUBEREK, UN SER EJEMPLAR

Héctor Valencia, secretario general del MOIR

Luego de guiar las múltiples actividades a las que consagró su existencia por una concepción universal y progresista de la sociedad, Lía Guberek falleció el pasado 18 de agosto en Cartagena.

Ante proyectos y reivindicaciones que consideraba justos, Lía poseía y desplegaba un elevado espíritu de servicio y, particularmente, ejercía una especie de solidaridad cultural con intelectuales y artistas que tradujo en un cualificado mecenazgo. Su admiración por las artes y las letras no la enclaustró en la satisfacción personal sino que la hizo trascender hacia la preocupación por el desarrollo que estas tuvieran en Colombia. De allí que a su realce y promoción dedicara grandes esfuerzos y recursos empresariales, como lo prueba el permanente empeño en alentar la creatividad de artistas de las diversas artes —plásticas, teatrales, musicales y literarias— y en fomentar la publicación de obras de escritores nacionales.

Con el coraje que siempre demostró en las causas que emprendía, el mismo con el que había desafiado intolerancias y atrasos culturales y sociales, se sumó en la década del 70 a los esfuerzos que el MOIR y un puñado de compatriotas esclarecidos emprendieron hacia la creación de lazos fraternales entre los pueblos de China y Colombia. Fue una de las fundadoras de la Asociación de Amistad Colombo-China y luego, desde la presidencia, se convirtió en el puntal de su desarrollo, lo que redundó en el posterior establecimiento de relaciones diplomáticas entre las dos naciones.

Lía fue una mujer altruista, íntegra, de provecho para sus compatriotas. Con esta dimensión de su personalidad que hoy define su muerte, proporciona un último y valioso servicio: erigirse ante ellos como un ser ejemplar.

RATIFICAMOS NUESTRO LLAMADO A NO VOTAR EL REFERENDO

Un año después de padecer el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, sobran las razones para ratificar, como lo hacemos hoy, nuestra decisión de respaldar la Campaña de Abstención Activa al Referendo, según las siguientes consideraciones:

No hay demócrata informado que no pueda entender que el referendo es el clásico acto bonapartista, entendido este como una manipulación mediante la cual, al tiempo que se hace demagogia en nombre de la participación democrática, se contradicen los propios principios que definen la democracia.

También es evidente que el referendo no contiene ningún ataque a la politiquería ni a la corrupción, antes bien las ratifica, ya que la propaganda oficial al respecto no tiene otro objetivo que pescar los suficientes incautos para sacar adelante las medidas que realmente le interesan al uribismo.

En lo económico, el referendo tiene como principal propósito reducir los sueldos y las pensiones de los colombianos para facilitar el pago de la abultada deuda pública, en sometimiento a las orientaciones del Fondo Monetario Internacional. Y es obvio que el empobrecimiento de los asalariados y los pensionados, al disminuir su capacidad de compra, también reducirá la producción, el empleo y los salarios del resto de compatriotas.

Tampoco ofrece ninguna duda que el establecimiento del umbral, la cifra repartidora y la disminución del número de congresistas tienen como propósito fundamental hacer de Colombia un país cuya democracia sea aún más restringida, en el que a las fuerzas minoritarias y de oposición se les vuelva más difícil acceder a las corporaciones de representación, reforzándose así las tendencias plutocráticas y de mayor concentración del poder en el Ejecutivo propias de las concepciones autoritarias.

Las razones por las cuales el gobierno, a pesar de tener mayorías suficientes en el Congreso para aprobar casi cualquier cosa, quiere imponer esas medidas mediante el referendo, también son conocidas. El triunfo del Sí significaría el fortalecimiento de Álvaro Uribe Vélez, lo que le facilitaría a este desarrollar en el futuro sus políticas en contra del progreso económico, democrático y soberano del país, tales como las que llevan al empeoramiento de las condiciones laborales, prestacionales y pensionales de los colombianos, las privatizaciones de la educación, la salud y los servicios públicos, el aumento de los impuestos y las tarifas y la inclusión de Colombia en el ALCA o en un acuerdo bilateral con Estados Unidos, lo que reduciría aún más la soberanía nacional y le asestaría el golpe final a la producción industrial y agropecuaria no monopolista. Y las concepciones retardatarias y absolutistas de Uribe en lo político también se afianzarían, amenazando el empleo de la tutela para reclamar derechos económicos y sociales, la separación de los poderes, las normas procesales democráticas y las garantías de las fuerzas de oposición, todo lo cual, en lo económico y en lo político, constituye un ataque al precario Estado social de derecho vigente.

Como es predecible que debido a la manipulación gubernamental inherente al referendo uribista, a su promoción multimillonaria por parte de los grandes grupos económicos y financieros, a la falaz campaña de los promotores del Sí y al poder de los grandes medios de comunicación puestos a su servicio, los votos que se depositen por el No sean superados por los del Sí, la más segura garantía de su derrota radica en No Votar, que es a lo que llamamos a todos los colombianos.

Bogotá, 17 de septiembre de 2003.

Senadores:

Luis Carlos Avellaneda, Jesús Antonio Bernal, Jorge Enrique Robledo, Carlos Gaviria Díaz, Bernardo Hoyos M., Javier Antonio Peñalosa, Cilia Peñalver y Efrén Félix Tarapués.

Representantes a la Cámara:

Pedro Arenas G., Wilson Borja Díaz, Lorenzo Almendra, Alexánder López, Venus Albeiro Silva, Hermínsul Sinisterra y María Isabel Urrutia.