A 130 AÑOS DE LA COMUNA DE PARIS

Por Alfonso Hernández

«En los más apartados y escondidos parajes se instalarán factorías semejantes entre sí que pondrán en oferta géneros idénticos o parecidos. La inevitable superproducción traerá consigo la estrechez relativa de los mercados, el desempleo, la explosión de los conflictos laborales a una escala jamás conocida. Los problemas de los pueblos continúan siendo los mismos de ayer aunque ahora enfrenten enemigos distintos. Las verdades de Marx y Lenin, lejos de marchitarse, cual lo pregona la burguesía que carece de respuesta para los interrogantes de la actualidad, volverán a ponerse de moda. Parece que el socialismo, al igual de lo acontecido al sistema capitalista, adolecerá de tropiezos y altibajos durante un interregno prolongado, antes del triunfo definitivo. Y los obreros, con sus batallas revolucionarias, proseguirán tejiendo el hilo ininterrumpido de la evolución histórica».

Francisco Mosquera1

Desde hace más de una década, la gran burguesía imperialista se lanzó, con renovados bríos, a demoler las conquistas de la clase obrera, a arrasar las empresas rivales por todo el orbe y a derribar las barreras que protegían los mercados de las naciones pobres. A la vez, los monopolios de Estados Unidos se entregaron a una feroz disputa con los de Europa y Japón. El grito de batalla de libertad de mercados apareció como una amenaza para la subsistencia de una porción considerable de la humanidad. Los pregoneros de los mandamases del mundo declararon que la historia había llegado a su fin, que el dominio del sistema capitalista sería perpetuo y que los objetivos proletarios y las reivindicaciones socialistas habían perecido para siempre. La lucha de clases y la de liberación nacional fueron declaradas obsoletas y al marxismo, una vez más, se le expidió certificado de defunción.

Las predicciones de los «científicos sociales» a sueldo resultaron erradas de palmo a palmo. Las crisis económicas, secuela del saqueo, se suceden y las batallas de los inconformes en vez de disminuir, se agigantan y proliferan. Los obreros de Daewoo contienden con la policía coreana, enfrentando la amenaza del desempleo y la toma de esa compañía por General Motors. En Argentina no cesan las movilizaciones de trabajadores contra las políticas del Fondo Monetario Internacional. Los indígenas y campesinos de Bolivia y Ecuador mantienen en permanente agitación a esas naciones. Empleados públicos y maestros, en diversas latitudes, expresan indignación y rechazo por la conculcación de sus derechos. En las propias metrópolis se siente la protesta de los trabajadores. Ya no hay reunión de las entidades encargadas de trazar y adelantar la política imperialista que no sea objeto de un 1masivo repudio, sea en Seattle o en Washington, en Bruselas o en Davos.

Como lo señala Francisco Mosquera, el marxismo y el socialismo cobran aún mayor actualidad. Es por ello de cardinal importancia que el proletariado consciente repase sus experiencias internacionales y tome las lecciones necesarias en un periodo en el que, en medio de inmensas dificultades, ha de ponerse al frente de transformaciones históricas de una profundidad y extensión nunca antes vistas.

Una de la batallas más memorables y ricas en enseñanzas fue la Comuna de París, primera ocasión en que el proletariado revolucionario conquistó el poder político. El 19 de julio de 1870, Napoleón III desató contra Prusia una guerra movida por intereses dinásticos y financieros. Mientras que la burguesía se entregaba a la conflagración, el proletariado, guiado por la Asociación Internacional de los Trabajadores, denunciaba el carácter rapaz del conflicto. En Réveil, periódico parisiense, en un manifiesto A los obreros de todas las naciones, se decía: «¡Obreros de Francia, de Alemania, de España! ¡Unamos nuestras voces en un grito unánime de reprobación contra la guerra!… ¡Guerrear por una cuestión de preponderancia o por una dinastía tiene que ser forzosamente considerado por los obreros como un absurdo criminal! (…) ¡Hermanos de Alemania! ¡Nuestras disensiones no harían más que asegurar el triunfo completo del despotismo en ambas orillas del Rin!» A su vez, la clase obrera alemana se esfuerza porque el gobierno de Bismarck limite las hostilidades a repeler el ataque, sin agredir a Francia. El obrerismo da una hermosa lección de espíritu internacionalista.

El 2 de septiembre de 1870, el ejército prusiano derrota en Sedán a los ejércitos del emperador, quien es tomado prisionero con parte considerable de sus tropas. La guerra, como lo había previsto Marx, da al traste con el Segundo Imperio, y el 4 de septiembre del mismo año, en medio de un levantamiento obrero en París, se proclama la República de Francia y se forma el Gobierno de la Defensa Nacional. Este importante triunfo democrático fue usurpado al instante por personajes como Adolfo Thiers y Luis Julio Trochu, quienes aliados con otros representantes de la gran burguesía financiera y de una rama de la casa de Orleáns, establecen el gobierno en el Hotel de Ville. Tras la victoria en Sedán, el rey Guillermo I de Prusia emprende la ocupación de Francia, mientras que los obreros alemanes exigen que se reconozca la república francesa. Marx celebra su advenimiento, pero no deja de señalar los peligros que se ciernen, principalmente por la catadura de clase de Thiers y demás personajes que se han empotrado en el poder; no se ha derribado el trono, se ha reemplazado; y los orleanistas se han apoderado de los cargos con gran poder efectivo como la policía y el ejército. «Marx puso en guardia al proletariado francés contra el peligro de dejarse llevar del entusiasmo por una falsa idea nacional (…) si en 1789 la lucha contra la reacción de toda Europa unía a toda la nación revolucionaria, ahora el proletariado ya no podía fundir sus intereses con los intereses de otras clases, que le eran hostiles; (…) la misión del proletariado era luchar por la emancipación socialista del trabajo frente al yugo de la burguesía».2

En el Segundo Manifiesto del Consejo de la Internacional, Marx advierte que la situación de la clase obrera francesa es sumamente difícil: cualquier intento de derribar al gobierno republicano, con el enemigo llamando casi a las puertas de París, sería una locura desesperada. Aconseja a los proletarios que aprovechen serena y resueltamente las oportunidades que les ofrece la libertad republicana para organizar a su propia clase. De la fuerza y prudencia del proletariado, dice, depende la suerte de la República.

El Gobierno de la Defensa Nacional pronto se convierte en el gobierno de traición nacional. Se niega a armar al pueblo, medida indispensable para afrontar el ataque alemán y ya el 31 de octubre de 1870, anuncia el comienzo de negociaciones con los prusianos. Como respuesta, los obreros se sublevan, toman el Ayuntamiento y crean el Comité de Salud Pública, órgano de poder revolucionario, en el que se elige a Luis Augusto Blanqui, quien se encontraba preso. Thiers recurre a los batallones del ejército y retoma el Ayuntamiento.

El 28 de enero de 1871 el gobierno burgués capituló ante Bismarck, y entonces Thiers, apoyado por Prusia se abalanzó contra París sublevado, pero fue rechazado y tuvo que batirse en retirada ante la respuesta de los sublevados y todo el gobierno hubo de huir a Versalles.

París tenía dos caminos: rendir las armas o seguir luchando como el campeón abnegado de Francia. La ciudad, extenuada por cinco meses de hambre, no vaciló. A partir del 18 de marzo, hace 130 años, a los gritos de ¡Vive la Commune!, la revolución obrera se adueñó de París, dando comienzo al primer poder obrero de la historia de la humanidad. «Marx, que en septiembre de 1870 consideraba la insurrección como una locura, en abril de 1871, al ver el carácter popular y de masas del movimiento, lo trata con la máxima atención de quien participa en los grandes acontecimientos que marcan un paso adelante en el histórico movimiento revolucionario mundial»Ibid. Marx, con gran entusiasmo destacó el arrojo de estos obreros que toman el cielo por asalto: «¡Qué flexibilidad, qué iniciativa histórica y qué capacidad de sacrificio tienen estos parisienses. (…) La historia no conoce todavía otro ejemplo de heroísmo semejante».

La bandera roja ondeó en el Hôtel de Ville y los proletarios, de oprimidos y humillados pasaron a dirigir la sociedad, adoptando disposiciones que llenaron de espanto y odio a los explotadores, pero de alegría y entusiasmo a los pueblos. A lo largo de Europa se celebraron mítines de respaldo a la hazaña de los comuneros.

El Comité Central de la Guardia Nacional se constituyó en gobierno provisional y acometió la gloriosa tarea de transformar a París de acuerdo con los intereses de la clase obrera. Sin embargo, incurrió en dos graves errores: se mantuvo en una actitud meramente defensiva, no marchó sobre Versalles, adonde se había retirado en derrota el gobierno burgués de Thiers, con lo cual, en vez de aniquilarlo, le dio tiempo a que se recuperara y reiniciara el ataque contrarrevolucionario. Además, con santo temor «aquellos hombres se detuvieron respetuosamente en los umbrales del Banco de Francia. Fue este un error político muy grave. El Banco de Francia en manos de la Comuna hubiera valido más que diez mil rehenes. Hubiera significado la presión de toda la burguesía francesa sobre el gobierno de Versalles para que negociase la paz con la Comuna» (Engels, pág. 196)3

No obstante, fueron muchas las medidas que tomó la Comuna que señalan un camino para los trabajadores. París resistió porque se deshizo del ejército y lo sustituyó por la Guardia Nacional, que fue el primer decreto de la Comuna; al ejército permanente lo reemplazó el pueblo en armas. Como señaló Marx: «El proletariado no puede simplemente tomar el control de la máquina del Estado», debe destruirla y crear su propio órgano de poder.

La Comuna estaba formada por consejeros municipales elegidos por sufragio universal en los diversos distritos; responsables ante sus electores, podían ser revocados por ellos en cualquier momento. Era una corporación de trabajo, a la vez legislativa y ejecutiva. Los sueldos de los funcionarios tenían un monto similar al de los obreros.

El antiguo gobierno centralizado tendría que dar paso a la autoadministración de los productores; una asamblea nacional constituida por los delegados de las provincias garantizaría la unidad y organizaría a la nación, factor poderoso de la producción social, mediante un régimen comunal. La Comuna decretó la separación de la Iglesia y el Estado y liberó la enseñanza de la influencia de esas dos instituciones. Además, estableció la educación gratuita. Los órganos puramente represivos del Estado habían de ser amputados; los necesarios, arrancados al control de los usurpadores. Así la Comuna dotó a la república de instituciones auténticamente democráticas. Su fin último era emancipar el trabajo, pues la dominación política de los productores es incompatible con la perpetuación de su esclavitud social. La Comuna buscaba la expropiación de los expropiadores.

Por primera vez en la historia, los obreros tomaron el trabajo de sus superiores «naturales»; es decir, la iniciativa en la dirección de la sociedad. Justamente, la labor del partido del proletariado consiste en poner en pie a los oprimidos y en dar seguridad y altivez a los humildes para que se labren su propio destino.

Desde el comienzo, el obrerismo buscó la alianza con los pequeños productores, prorrogó el pago de las deudas por tres años y abolió sus intereses. Salvó así a los tenderos y artesanos, que estaban arruinados. Abolió el trabajo nocturno para una serie de actividades y prohibió a los patrones imponer multas a los trabajadores. Las fábricas y los talleres que estaban cerrados por los traidores, los entregó a las asociaciones obreras. La Unión republicana, partido de la clase media, se puso bajo la bandera de la Comuna apenas el gobierno huyó a Versalles. A los campesinos la Comuna los habría redimido de los costos de la guerra y de la opresión de los tiranos. Los obreros decían a los labriegos: nuestro triunfo es vuestra única esperanza.

La Comuna fue un gobierno verdaderamente nacional de Francia, en él estaba representado todo lo sano de la nación y luchó con denuedo contra la agresión prusiana, pero, a la vez, era un gobierno internacional, tendía la mano al proletariado de los distintos países y en su dirección participaron alemanes y polacos.

La Comuna «no pretendía tener el don de la infalibilidad, que se atribuían sin excepción todos los gobiernos de viejo tipo. Publicaba sus hechos y sus dichos y daba a conocer al público todas sus imperfecciones». 4

Sin embargo, luego de firmar bajo condiciones vergonzosas la paz con Bismarck, y con el apoyo de éste al entregarle los prisioneros de guerra para que fortalecieran las fuerzas de asalto contra la Comuna, Thiers pasó a la contraofensiva. Sus carniceros entraron a París el 21 de mayo, teniendo que afrontar la heroica resistencia de hombres, mujeres y niños, quienes, aunque extenuados por el cerco y el hambre combatieron con denuedo hasta el 28 de mayo, día en que los últimos luchadores sucumbieron en las faldas de Belleville.

El asiduo trabajo de Marx garantizó que las enseñanzas de la Comuna se convirtieran en patrimonio del proletariado y fueran asimiladas por los luchadores en el transcurso mismo de los acontecimientos. Como ya se dijo arriba, el 19 de julio de 1870 estalló la guerra franco-prusiana y el 23 de julio se publicaba el Primer Manifiesto de la Asociación Internacional de los Trabajadores, redactado por Marx, trazando orientaciones frente al conflicto. El 4 de septiembre se proclamó la República y el 9 se publicó el Segundo Manifiesto. El 28 de mayo de mayo de 1871 fue derrotada la Comuna y ya el 30, dos días después, Marx leía al Consejo General el texto de esbozo de la significación histórica de tan importante acontecimiento.

Del estudio de esta experiencia y de las batallas de los bolcheviques y de los comunistas chinos, entre otros, las clases revolucionarias obtendrán luces para proseguir su avance hacia la conquista de la democracia popular y el fin de la explotación del hombre por el hombre.

NOTAS

1. Francisco Mosquera, Resistencia civil, «Hagamos del debate un cursillo que eduque a las masas». Pág. 490. Editorial Tribuna Roja, 1995.
2. Lenin. Enseñanzas de la Comuna. Pág 20
3. Engels, en «Guerra civil en Francia». Obras escogidas de Marx y Engels. Editorial Progreso, 1976, pág 196.
4. Marx y Engels. Op cit, pág 242.

Contra privatización y altas tarifas de servicios en Antioquia: CREADA FEDERACIÓN DE LIGAS DE USUARIOS

El 21 de junio, en multitudinario Congreso, nació en Medellín la Asociación Antioqueña de Ligas de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios.

El evento, que contó con la presencia de 61 delegaciones, provenientes de todo el departamento y de barrios de la capital, fue instalado por voceros del alcalde y el gobernador y por Jorge Enrique Robledo Castillo, coordinador de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria y asesor de las ligas de usuarios.

El Congreso, celebrado en el auditorio de la Asociación de Institutores de Antioquia, Adida, por entonces en paro, debatió en cuatro comisiones la situación de los servicios. Las ponencias presentadas a la plenaria coincidieron en condenar la política oficial de entrega de los servicios públicos a la voracidad de los inversionistas privados, nacionales y extranjeros, a quienes responsabilizaron por la tragedia que hoy viven los hogares colombianos, víctimas de impagables tarifas. Los ponentes señalaron a los gobiernos de Gaviria, Samper y Pastrana como agentes del interés foráneo, principalmente norteamericano.

El Congreso aprobó una Declaración de Principios y una Plataforma de Lucha. En ambas se aboga por una política soberana de servicios públicos, sin imposiciones del FMI ni de los monopolios imperialistas, y se reclama la defensa del patrimonio estatal, la eliminación del cobro de cargos fijos, de alumbrado público, de intereses por mora y de aportes por reconexión y reinstalación.

Se aprobó también una resolución de respaldo a la justa lucha que libran los habitantes de Jardín en contra de Ingeniería Total. Por último, los casi quinientos delegados eligieron al comité ejecutivo, integrado por trece miembros, representativos de las distintas regiones. Como primer presidente de la Asociación fue escogido Javier Gaviria Betancur, de la Liga de Medellín.

COBRO DE ABUSIVAS TARIFAS LES LLENO LA TAZA A LOS JARDINEÑOS

Por Javier Gaviria Betancur

Los habitantes de Jardín, municipio cafetero localizado al final de la carretera que de Medellín conduce al suroeste antioqueño, están librando una ejemplar lucha de resistencia civil contra las exorbitantes cuentas del servicio de acueducto y alcantarillado.

En 1997, el gobernador Álvaro Uribe Vélez ordenó liquidar Acuantioquia, empresa pública departamental que era la dueña y administradora de los sistemas de acueducto y, mediante contratos de concesión, los entregó a particulares.

Los acueductos de Jardín, Andes, Ciudad Bolívar, Betania, Salgar y Segovia los recibió en octubre de 1997 la firma Ingeniería Total, constituida cuatro meses antes, con un capital de tan sólo 21 millones de pesos.

Muy rápidamente las tarifas empezaron a reflejar el desmesurado interés de lucro de los nuevos propietarios, que chocaba con los escasos presupuestos familiares. Miles de quejas y reclamos fueron desatendidos y la fórmula única con que se respondía a los usuarios era: «Las tarifas están autorizadas por la Comisión Reguladora y se ciñen a la ley 142».

En enero del presente año, jardineños y andinos empezaron a organizar sus Ligas de Usuarios para encauzar el descontento popular hacia la búsqueda de soluciones. En marzo, una asamblea multitudinaria decretó en Jardín la desobediencia civil contra Ingeniería Total. Fue elegido un comité cívico, integrado, entre otros, por Gerardo Alzate, Juan Esteban Rendón, Fernando Lenis, Darío Cañaveral y Pedro Pablo Velásquez.

La desobediencia civil arrancó en mayo, con la entrega al Comité de alrededor de 1.900 cuentas, sobre un total de 2.307 usuarios, y para impedir los cortes se creó un comité de reconexión. Pero el ingenio y la sabiduría populares rebasaron todas las fronteras. Con el aporte de módicos 500 pesos por casa o por negocio, los usuarios sellaron con cemento los contadores, impidiendo que se hicieran lecturas de consumo o cortes de servicio.

En el pleito ya ha tenido que intervenir el gobernador. Pero los valientes pobladores mantienen inamovible su voluntad de sacar adelante la desobediencia civil y alcanzar su principal objetivo: que salga el operador privado y que el sistema pase ciento por ciento al municipio.

El Cuarto Protocolo de la OMC: A PUNTO DE LIQUIDAR EMPRESAS NACIONALES DE TELECOMUNICACIONES

Por Ramón Barrios Iriarte

Tras diez años de apertura y privatización en las telecomunicaciones, Telecom y los demás operadores nacionales acaban de recibir el golpe definitivo, con la ratificación por parte del Congreso colombiano del Cuarto Protocolo anexo al Acuerdo General de la OMC sobre el Comercio de Servicios de Telecomunicaciones suscrito por el gobierno de Samper en febrero de 1997. El Protocolo acelera la liquidación de Telecom, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, Orbitel, Empresas Públicas de Medellín y las compañías telefónicas locales. Tan estratégico servicio será entregado a las trasnacionales, principalmente norteamericanas, lo cual creará una mayor dependencia del país frente al imperialismo.

Antecedentes

La apertura de las telecomunicaciones comenzó con la ley 72 de 1989, expedida al término de la administración Barco, en los albores de la apertura general de la economía. Dicha ley se anticipó, junto con los decretos 1900 y 1901 de 1990, a la Constitución de 1991 en conceptos como privatización, desmonopolización, competencia, servicios públicos domiciliarios, sistemas de concesiones, etc.

La ley 72 suprimió el control de Telecom sobre servicios como informática, telemática y valor agregado, adscribiéndolo al Ministerio de Comunicaciones. Definió las telecomunicaciones como un servicio público y permitió su prestación por particulares a través del sistema de concesión, mediante contratos o licencias y el pago de derechos, tasa o tarifas.

En virtud de las facultades de la ley 72, fue expedido el decreto 1900 de 1990 , a los doce días de instalada la administración Gaviria, que otorgó amplias potestades al Ministerio de Comunicaciones y estableció el régimen para usuarios y operadores.

Al definir como operador a toda persona natural o jurídica, pública o privada, que gestione servicio de telecomunicaciones, suprimió la exigencia de la nacionalidad colombiana que se había establecido para poder serlo. Además, definió que las telecomunicaciones pueden ser prestadas por particulares en forma directa o mediante concesión.

El decreto 1980 de 1990 abrió la prestación de todos los servicios al capital privado, excepto el básico de telecomunicación internacional, el cual sería mantenido para Telecom.

El Cuarto Protocolo

El paso más nefasto para los intereses nacionales, dentro de este proceso de apertura, acaba de darse con la ratificación del Cuarto Protocolo por el Congreso, por cuanto su aplicación acarrea para el país las siguientes consecuencias:

 Las multinacionales se toman el servicio portador nacional e internacional, llegando al usuario final y explotando los servicios básicos.

 Se apoderan igualmente de servicios que presta Telecom, como arrendamiento de pares aislados, y de circuitos dedicados a la prestación de los servicios de cable submarino, redes satelitales y redes terrestres.

 Se le quita a Telecom la ventaja de ser el único operador del servicio portador internacional autorizado por el Ministerio.

 Se acrecienta el fraude en la prestación de los servicios, dado que el servicio portador es la base de todos los demás. La violación las normas en materia de licencia y de tipo de servicio se va a generalizar, causando pérdidas a los operadores de telefonía pública y de larga distancia internacional y a los operadores locales. Y para mayor deterioro del interés nacional, el arrendamiento de los canales soportados en cable submarino, por su calidad y capacidad frente a las redes satelitales, será un medio que facilitará el fraude, desde el punto de vista técnico y financiero.

 El Protocolo acelera la liquidación de Telecom, por cuanto al acabar con el concepto de local extendida, servicio que cobra la empresa por dejar que otros operadores utilicen su infraestructura a nivel departamental y que le representa aproximadamente el 22% de sus ingresos totales, permite la interconexión en los nodos técnicamente viables, sin cancelarle un centavo a la empresa estatal.

Estados Unidos, único beneficiado

Es importante destacar que la aprobación de este Protocolo fue considerado por Clinton, en su momento, como un «acuerdo histórico», ya que le permitió el primer paso a Estados Unidos para tomarse monopólicamente las telecomunicaciones mundiales, en contra de los países que protegían sus empresas telefónicas, resaltando que el convenio en mención se formalizó dentro del marco de fuertes presiones ejercidas contra países que trataron de preservar su red nacional, entre ellos, Canadá, Japón, México, España, Portugal e Italia, que resistieron, pero acabaron cediendo.

La política de desregulación o apertura se ha venido imponiendo en América Latina con casos extremos como los de Chile o Argentina, donde la apropiación extranjera de las empresas de telecomunicaciones llegó al ciento por ciento.

En Colombia, este proceso está bien avanzado. La permanente expedición de normas por parte de la Comisión de Regulación de las Telecomunicaciones, CRT, tiene a Telecom a punto de su ruina definitiva. Los estragos privatizadores quedan a la vista con indicadores deficitarios en todos sus rubros de ingresos. Es tan inminente la bancarrota que, al final del presente año, Telecom va a arrastrar pérdidas por encima de los 700 mil millones de pesos, y quedará en cero el rubro de inversiones para los próximos cinco años. A lo anterior se suma el robo perpetrado contra la empresa a través de las ampliaciones telefónicas con varias multinacionales por el sistema de los «contratos de asociación a riesgo compartido» o joint venture, cuyo monto se calcula, entre lo ya pagado y lo que pretenden los «socios extranjeros», en más de 2.5 billones de pesos.

Con la liquidación de las empresas estatales de telecomunicaciones, los primeros afectados serán la mayoría de los municipios y las comunidades del país, cuya comunicación hoy se presta dentro del marco de la telefonía social. Son más de setecientas localidades y más de mil municipios que se cubren con telefonía local. Esta tiene un gran contenido social, en cuanto integra el mercado interior del país, apalanca el desarrollo y cohesiona a la población. Cabe anotar que este mercado, por debajo de las tres mil líneas telefónicas por localidad, es poco atractivo para el capital privado nacional y extranjero por sus bajos márgenes de utilidades, altos costos de instalación, administración, operación y mantenimiento. Es decir, volvemos a los años cuarentas, cuando había una empresa multinacional norteamericana que tenía interconectada a las principales capitales, pero el resto del país se hallaba incomunicado telefónicamente.

Ante este nuevo raponazo contra nuestra soberanía económica, la única alternativa es la batalla unificada en defensa del interés de la nación. Convocamos a todos los patriotas a que acompañen la resistencia civil de los trabajadores de las telecomunicaciones.

ACC SE IRÍA AL PARO NACIONAL

La Asociación Colombiana de Camioneros, ACC, se iría a un paro de actividades en los próximos días si el gobierno no brinda solución a sus justas demandas, informó el fiscal de la junta directiva nacional, Jorge García. La Asociación, con apenas seis años de fundada, reúne quince seccionales.

«El futuro es muy incierto para nuestro gremio, pues en la actualidad estamos trabajando a pérdida –denunció el directivo, quien también es presidente de la seccional de Caldas—. Los costos fijos de operación de un camión o un dobletroque oscilan entre nueve y diez millones de pesos al mes, mientras que los ingresos –por tres viajes con carga, en promedio— sólo suben a nueve millones, dinero con el que debe atender a las necesidades, también crecientes, de su familia. Lo grave es que este saldo en rojo va creciendo a medida que su vehículo se deprecian por el uso continuo. En resumen, los camioneros nos estamos comiendo nuestros carros».

Si se toman como referencia tres viajes mensuales de ida y vuelta entre Bogotá y Cartagena, en solo ACPM se gastan tres millones; en peajes, $1.200.000, sin contabilizar en esta suma los cuatro peajes internos que vienen siendo instalados en el Corredor de Carga de Cartagena; en alimentación y hospedaje, $600 mil; por cargue, descargue y descarrozada en puerto, $900 mil al mes; para el fondo de reposición del juego de llantas, que vale 20 millones y dura alrededor de un año, $1.600.000. El mantenimiento, incluidos el cambio de aceite y bandas de frenos y las reparaciones periódicas de motor y caja de transmisión, demandan erogaciones mensuales o reservas para el fondo de reposición por $700 mil. En primas de seguros, incluidos el obligatorio o SOAT, y el contractual y extracontractual, $700 mil mensuales. A todo lo anterior deben añadirse el sueldo, las prestaciones y la seguridad social del conductor –no se contabiliza la del mismo propietario, quien aparece afiliado al ISS como independiente—, que fluctúan entre $1.200.000 y $1.500.000. Y eso sin tener en cuenta la liberación de los precios de los combustibles decretada por el gobierno y la escalada de costos de las autopartes.

Si se consiguen los tres viajes, lo que es más bien aleatorio, por la sobreoferta existente en el parque automotor de carga y por la crisis de la industria y la agricultura , el dueño sólo obtiene ingresos por algo más de nueve millones de pesos.

«A tan grave problemática social –agrega Jorge García—, ha de añadirse la discriminación, pues el Ministerio de Transporte les redujo el tope de carga a los camiones o C-2, como también a los dobletroques o C-3. Más ruinosa aún para los pequeños y medianos propietarios es la discriminación que vienen practicando Colfecar, Acecarga y otras empresas de transporte contra los vehículos con más de quince años, pues se niegan a darles carga con la clara intención de sacarlos a la brava del mercado, para beneficio de los grandes monopolios de carga, de los fabricantes gringos y de las firmas importadoras de vehículos. En Colombia, los camiones o dobletroques anteriores a 1985 constituyen el 70% del total del parque automotor».

La ACC ha demostrado que los motores de la casi totalidad de estos vehículos se han repotenciado, y, en consecuencia, no es justo que se los discrimine. «Nuestros carros –dice el fiscal— son la única fuente de subsistencia para decenas de miles de camioneros. Hemos hecho cálculos con base en estudios técnicos y estamos en capacidad de comprobar que de los camiones, dobletroques y tractocamiones dependen directamente un millón cincuenta mil personas, e indirectamente, cerca de seis millones».

La negativa de los últimos gobiernos a brindar solución a tan graves problemas ha ocasionado cinco paros nacionales de camioneros. Pese a ello, el Ministerio del Transporte sigue dando largas a las sentidas exigencias del gremio. Por tal motivo, la ACC ha anunciado que se encuentra preparando el sexto paro nacional, que podría coincidir con el que iniciarán el próximo 31 de julio millares de campesinos, agroempresarios, jornaleros e indígenas, convocados por Salvación Agropecuaria.