BOLIVIA: FRENTE DE BATALLA ANTIMPERIALISTA

La convulsión social que esta semana se aviva en Bolivia tiene causas que no han sido resueltas desde hace muchísimos años y que han tocado fondo. Miles de hombres y mujeres, ancianos y niños se lanzan a las calles y caminos reclamando sus derechos, pan, techo, educación y justicia y marchan con los dientes apretados porque la situación es de caos absoluto.

Miles de desempleados, sin ninguna esperanza de futuro, la educación fiscal en sus peores niveles, la escasa producción
casi estancada, sin fuentes de financiamiento; el Estado manejado con una improvisación desesperante, la salubridad en una escala nunca antes vista. El pueblo hambriento recurre a la acción directa y ha empezado a tomar su destino en sus manos.

En estos días nadie duerme tranquilo en Bolivia. El gobierno corrupto se
tambalea ante la colosal crisis política, económica y social que se ha abatido como una plaga siniestra y que amenaza, no sólo con acortarle el periodo al ex dictador, sino con destruir el Estado actual.

La Coordinadora de Movilización Única Nacional (Comunal) la conforman la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Confederación de Colonizadores de Bolivia, la Confederación de Trabajadores por cuenta propia, la Coordinadora del Agua y de la Vida de Cochabamba, la Federación de Regentes, la Federación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, el Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas, el Consejo de Suyus Quechuas – Aymaras y las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba.

Comunal elaboró para la marcha nacional iniciada el 9 de abril, denominada «por la vida y la soberanía», una extensa plataforma de demandas que recoge las reivindicaciones de todos los sectores que la componen. Exigen la modificación de las leyes vigentes en beneficio de los sectores desfavorecidos del país: indígenas, colonizadores, etc; respecto de la coca, piden la suspensión de la erradicación de arbustos de coca en los Yungas de La Paz (zona de cultivo tradicional) y se oponen a la construcción de cuarteles y bases militares en los Yungas y en el resto del país.

Pero entre sus reinvindicaciones
más importantes están la anulación del decreto 21060, que impuso el neoliberalismo en Bolivia, de la ley de capitalización que privatizó todas las empresas estatales. Además de ello se pugna por el cese de procesos penales contra sindicalistas y la libertad para los detenidos, la condonación de 20 millones de dólares a 30 mil pequeños prestatarios de bancos y entidades financieras, la investigación de las fortunas y la lucha contra la corrupción; y reclaman mejoras salariales para todos los trabajadores.

El gobierno ordenó seis acciones de tipo policial en catorce díasde marcha y no pudo frenar la movilización, que sin interrumpir el tráfico de vehículos recorrió más de 400 kilómetros. En una franca violación al derecho de movilización y expresión, el gobierno reprimió brutalmente alos caminantes, obligándolos a trasladarse por montañas, ríos y caminos.

Hubo cientos de detenidos y torturados por el ejército y la policía, pero la marcha llegó a La Paz entre vítores y aplausos de los habitantes de los pueblos y caseríos, quienes se sumaron a los obreros, campesinos, estudiantes y maestros en su camino al centro de la ciudad, donde se pretendía realizar una Asamblea Popular que determinaría el inicio del bloqueo nacional de caminos, para exigir el cambio de modelo económico, buscando reivindicaciones sociales y decisiones políticas.

La Comunal llamó al bloqueo generalizado a partir del Primero de Mayo. Y por su parte, la Central Obrera Boliviana convocó a la huelga general indefinida, también desde la misma fecha.

La situación se torna grave y los trabajadores muestran completo escepticismo sobre la capacidad de liderazgo de los dirigentes sindicales, que por no quedarse atrás han radicalizado su discurso. Sin
embargo, la acción directa es ya familiar para los sectores en lucha y no van a dejarse arrebatar la victoria fácilmente.

El régimen despótico se hunde, la clase dominante se ha agotado totalmente
y se pudre en medio de la corrupción, haciéndose más y más sirviente del imperialismo que ha convertido a Bolivia en su hacienda.

Las masas ya no pueden tolerar las condiciones de miseria extrema a las que las condena la crisis la política imperialista y el entreguismo del gobierno antinacional.

El gobierno del general Banzer tiene el apoyo del régimen norteamericano, pero el pueblo boliviano, fogueado en largas luchas, especialmente en la segunda mitad del Siglo XX, resumirá experiencias, unificará cada vez más sus fuerzas, encontrará sus verdaderos dirigentes y avanzará en su lucha por la emancipación definitiva.

MARINA DE ESTADOS UNIDOS ATROPELLA A PUERTORRIQUEÑOS

Mensaje enviado, desde San Juan, a los patriotas de América Latina y a los hombres libres de todo el mundo por el dramaturgo puertorriqueño Roberto Ramos-Perea

Durante más de sesenta años, la Marina de Estados Unidos ha bombardeado con sus prácticas militares la pequeña isla de Vieques, parte integral del archipiélago de Puerto Rico. La isla, habitada por una comunidad de nueve mil puertorriqueños, padece hoy altísimos niveles de cáncer, afecciones pulmonares y cardíacas y está privada del derecho a la pesca, al libre tránsito por su tierras y al pleno ejercicio de su vida civil por estas prácticas en las que se utiliza toda clase de armamentos sofisticados, como el uranio reducido.

Durante medio siglo, la resistencia de nuestro pueblo a estos bombardeos ha costado vidas y haciendas. Hace dos años, un avión de práctica de la Marina dejó caer una de sus bombas sobre un puesto de observación donde trabajaban viequenses civiles, asesinando al guardia civil puertorriqueño David Sanes e hiriendo a otros. Este asesinato coronó una larga lista de muertos y heridos, que la Marina de Estados Unidos ha dejado desde que invadió y usurpó los terrenos de Vieques, Puerto Rico, en la década de los cuarentas.

Desde el día de la muerte de Sanes, cientos de puertorriqueños ejercen el derecho a la desobediencia civil y penetran a los campos de tiro para poner sus cuerpos como escudo y proteger este espacio de nuestro territorio, ultrajado y violado.

Desde 1999 se mantuvieron campamentos de desobediencia civil en estos terrenos, pero el 4 de mayo, hordas de marshalls del Departamento de Justicia arrestaron a los desobedientes civiles. La respuesta no se hizo esperar. Después del cambio de gobierno, en noviembre de 2000, se iniciaron procesos legales para paralizar los ejercicios.

En las pasadas semanas, cuando la Marina volvió a anunciar la reanudación de sus prácticas y el gobierno de Puerto Rico se declaró impotente en sus estrategias legales, los desobedientes civiles han ocupado de nuevo las tierras que nos pertenecen, penetrando en la noche en los terrenos de prácticas para impedir que éstas continúen.

Sin embargo, la Marina, para aumentar su baldón ante el mundo, ha procedido contra ellos a balazos, con gases, detenciones violentas y registros y encarcelamientos inhumanos. Más de doscientos desobedientes han sido arrestados en los últimos días. Estos actos de represión y ultraje son el ejemplo que da al mundo una Marina salvaje, violadora de nuestra dignidad de pueblo; sus intereses de seguridad nacional y la preparación de sus soldados son mucho más importantes que la vida de nuestra gente, a la sazón también ciudadanos norteamericanos.

El 26 de abril, la Marina de Estados Unidos disparó sus bombas en el campo de tiro, con cientos de personas civiles en medio de la línea de fuego, en claro menosprecio por la vida humana.

Los arrestados han sido llevados a la prisión federal de Guaynabo, sin fianza muchos, y otros con altísimas fianzas por delitos menores como si fueran criminales y asesinos. En el momento en que escribo este mensaje, no sabemos del paradero de los arrestados, ni del estado en que se encuentran.

Los desobedientes civiles siguen entrando al terreno de tiro en las noches, docenas de ellos, hasta que Estados Unidos se vea obligado arrestar y perseguir a todo nuestro pueblo, que por primera vez en su historia ha logrado un consenso absoluto al rechazo de la presencia de la Marina de Estados Unidos en la pequeña pero brillante tierra nuestra. Este problema, secuela de nuestro inagotable problema colonial, no tendrá suficiente eco en la conciencia libre del mundo si no lo gritamos a voz en cuello, buscando el respaldo de la comunidad americana y europea que nos hermana.

Se encuentran arrestados artistas, intelectuales, senadores del pueblo de Puerto Rico de todos los partidos, artistas extranjeros como James Olmos y ambientalistas de Estados Unidos y el mundo. Ya son más de doscientos los arrestados, mañana pueden llegar a cuatrocientos; pasado mañana nos arrestarán a todos por el solo delito de exigirles que se larguen de aquí.

Hermano del mundo, riega la voz; que se avergüencen una vez más de su gigante y omnipotente hipocresía. Envía mensajes, haz pública esta noticia, ofrece conferencias en solidaridad con Puerto Rico.

«Mujer 1: Pero si ellos no lloran al morir, tampoco nosotras. ¡Mujeres de Vieques, en esta tierra no se llora! Aquí se lucha y se desangra; si cae uno, diez se levantan. Si las bombas nos matan un hijo, quince más les habremos de parir. En esta tierra no se llora… y si sale una lágrima porque ya no se pueda más… que el agua de esa lágrima alimente una planta nueva, que humedezca la flor de nuestro campo, que cure una herida de batalla… lágrimas, solo para vivir.

«Las viequenses: Que en esta Tierra no se llora, se lucha.»

Del legado de Mosquera: EL SECUESTRO DE MERCADO Y SUS IMPLICACIONES

En febrero de 1976 fue secuestrado José Raquel Mercado, uno de los más conocidos dirigentes sindicales de la época. Al conocerse la noticia que daba cuenta del inusual hecho, el camarada Francisco Mosquera, secretario general del MOIR, escribió un comunicado para fijar la posición de nuestro Partido al respecto. A los 25 años, creemos oportuno publicar apartes de dicho pronunciamiento, que ya desde ese entonces dejaba muy en claro nuestro modo de pensar y actuar sobre tales métodos. José Raquel Mercado apareció muerto meses después, en las afueras de Bogotá, y el M-19 reivindicó la acción.

«Jamás nuestro Partido ha recurrido a las acciones individuales separadas de la lucha de masas, al secuestro o al atentado personal».

La desaparición de José Raquel Mercado, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, y la espectacularidad con que los principales medios informativos han reproducido comunicados y fotografías alusivas al hecho, atribuido a una organización conocida como M-19, sirven de pantalla para montar un bien preparado plan represivo y terrorista contra los partidos y las publicaciones contrarias al régimen. El ambiente creado facilita en las condiciones actuales los inconfesables propósitos de quienes en los últimos meses, con sorprendente libertad, han venido recurriendo a las bombas, a los atentados personales y al terror para acallar por la vía más rápida las voces chocantes a los oídos de los intereses prevalecientes. (…)

El secuestro de Mercado no se compagina en ningún momento con las formas de lucha que la clase obrera colombiana adelanta para desenmascarar, aislar y expulsar de las filas del movimiento sindical a los esquiroles y vendeobreros. El sindicalismo independiente contabiliza significativos triunfos en la gran batalla por debilitar a las camarillas directivas de UTC y CTC y desbrozar el camino de la unidad obrera. Desde la entrega del paro de enero de 1969, cientos y cientos de organizaciones sindicales han abandonado las centrales patronales. Cada vez resulta más claro para los trabajadores colombianos que tales camarillas son agentes de las clases dominantes proimperialistas y que su principal función consiste en prestar a los baluartes de la reacción ayuda oportuna, siempre que éstos se hallan en serias dificultades, lo mismo en la lucha económica que en la lucha política.

Pero no se crea que las luchas de la clase obrera contra la costra sindical oportunista han sido una reyerta pasajera. Representan años de combatir constante y duro, unas veces clandestinamente para eludir la carta de despido de los guardianes del orden, otras a través de las huelgas y paros para conquistar las justas peticiones y defender sus organizaciones. Siempre contra las oficinas del trabajo que ilegalizan asambleas desfavorables a los empresarios y a los esquiroles, congelan los fondos de los sindicatos combativos, persiguen en mil formas a los cuadros más activos y avanzados. Por su noble causa han muerto o purgado cárcel muchísimos obreros. La fiereza de la contienda radica en que el imperialismo y sus lacayos le temen como a la peste a un movimiento obrero independiente. Para tratar de impedir su desarrollo se encuentran decididos a emplear todos los medios a su alcance, preferencialmente los instrumentos represivos de la maquinaria burocrática y militar del gobierno de turno. En las sinuosidades de la lucha los obreros han aprendido que para derrotar a sus despiadados enemigos no sirven las acciones aisladas. Sólo las formas de combate que facilitan o resultan de la movilización y participación masiva de la aplastante mayoría de los trabajadores pueden garantizar el triunfo.(…)

Para nadie es un secreto que el MOIR impulsa desde su nacimiento la lucha frontal contra las camarillas vendeobreras y por la unidad del movimiento sindical, con el propósito de lograr a la postre la creación de una única central dirigida y controlada por los trabajadores colombianos. Jamás nuestro Partido ha recurrido a las acciones individuales separadas de la lucha de masas, ni al secuestro ni al atentado personal. Consideramos de principio que sólo el pueblo, mediante su lucha masiva y las formas de organización adecuadas podrá coronar la victoria y juzgar a sus enemigos y verdugos. (…)

La declaración (se refiere a la declaración conjunta que con motivo del secuestro de Mercado emitieron la CTC y la CSTC, y cuyo texto completo fue publicado por El Espectador el 28 de febrero de 1976: Nota del editor) silencia la naturaleza de dictadura abierta antipopular y represiva del régimen de López Michelsen, cuya política proimperialista es contraria a los intereses nacionales y responsable de la inseguridad social actual del país.(…)

En el fondo la declaración conjunta de la CTC y CSTC es una quejumbre por la situación, y las perspectivas de unidad sindical que se consignan se reducen a determinadas reivindicaciones económicas o a llamamientos liberales como éstos: «Conformemos un movimiento unitario capaz de garantizar la vida y derechos de los ciudadanos»; «luchar por la unificación del movimiento sindical para erradicar de nuestra patria la injusticia y la inmoralidad reinantes». Todo lo cual en abstracto, velando la realidad más palpitante de Colombia, que somos una neocolonia de los Estados Unidos y que únicamente la liberación nacional del yugo imperialista garantizará la solución a todos los males de la nación. La unidad del movimiento obrero debe girar alrededor de esta tesis correcta y revolucionaria, sin cambiarla por el economismo ciego y vulgar que aún campea en las filas sindicales.

* Editorial de Tribuna Roja, No. 20, primera quincena de marzo de 1976, escrito por Francisco Mosquera.


Los partidos políticos que como el MOIR plantean un cambio revolucionario, sobre la base de la unidad de todas las fuerzas y personas que nada tengan que ver con los turbios negocios del Estado ni con la entrega del país al imperialismo norteamericano y que estén dispuestas a sacrificarse por una Colombia verdaderamente soberana, democrática y próspera, no pueden menos de recibir el respaldo amplio, entusiasta y decidido de quienes nunca contaron con voz ni voto en la conducción de los destinos nacionales.

En esta política fundamenta nuestro Partido el éxito de su acción presente y futura. Dependemos, por tanto, de nuestros propios esfuerzos y de los esfuerzos de las masas. Cuestión incomprensible para la minoría dominante que deriva su poder y su riqueza del soporte y del contubernio con los neocolonialistas norteamericanos. Si el pueblo colombiano no apoya con sus inagotables recursos a la revolución, no habrá quien la sostenga ni financie, dentro o fuera de nuestras fronteras. Como tampoco habrá quien la contenga si se decide a hacerlo. A la liberación nacional y a las transformaciones democráticas por las que luchamos está supeditada la suerte de Colombia.

«A la revolución sólo la sostiene el pueblo», Tribuna Roja, Nº 21, segunda quincena de marzo de 1976.

En defensa del Instituto de los Seguros Sociales: RECHACEMOS LA CELADA DEL GOBIERNO DE PASTRANA

(Comunicado de la Comisión Obrera Nacional del MOIR
De tiempo atrás, destacados voceros del gobierno, encabezados por Angelino Garzón, ministro del Trabajo, Jaime Arias, presidente del ISS, y Juan Manuel Santos, ministro de Hacienda, han planteado insistentemente que las Centrales Obreras y el Comité Central de Pensionados asuman la dirección del Instituto de Seguros Sociales.)

Esta propuesta aparece en el preciso momento en que la crisis de dicha institución ha tocado fondo, como consecuencia de la política neoliberal adelantada por los distintos gobiernos en el campo de la seguridad social. La ley 100 le abrió al ISS una competencia desleal, al dar vía libre a numerosas entidades y fondos privados manejados por el capital financiero, de los cuales Jaime Arias Ramírez fue su caracterizado representante. Esta ley, cuya aplicación le ha causado al ISS la pérdida de la mitad de sus afiliados, también ha sido utilizada por la Superintendencia de Salud para acelerar su marchitamiento, al sancionarlo con el impedimento de nuevas afiliaciones.

El gobierno nacional, gran responsable de la crisis, tiene una elevadísima deuda histórica con el ISS, por aportes jamás cancelados. En el origen del ISS estaba comprometido a ser el tercer aportante, junto a trabajadores y patronos, pero, a más de no cumplir con esta obligación, le dio una administración desastrosa al manejo de tan cuantiosos recursos. Actualmente intenta responsabilizar a los trabajadores y los sindicatos de las dificultades financieras que abruman a la entidad, y con la pretensión de resolver la crisis, se ha lanzado a arrebatarles los derechos adquiridos y las conquistas convencionales como primas, retroactividad de las cesantías, régimen de pensiones y estabilidad laboral. De hecho, ya en la planta de personal del Seguro existen más de diez mil cargos desempeñados por personas enganchadas mediante la oprobiosa modalidad del contrato civil, lo que implica laborar sin estabilidad, sin seguridad social y sin prestación convencional ni legal alguna.

Para rematar, ahora el gobierno pastranista invita a las Centrales Obreras a que le presenten una terna para de allí escoger al presidente del Instituto de Seguros Sociales. Aceptar tan astuta como estrambótica invitación sería prestarse a que el gobierno se lave las manos y eluda toda la responsabilidad que le cabe por haberlo llevado a la ruina. Además, sería contribuir a sembrar la confusión en el movimiento sindical para debilitar su resistencia resuelta ante la embestida del gobierno y el gran capital financiero contra la principal institución de seguridad social con que cuentan los colombianos.

Junto a la reforma laboral y del régimen de pensiones, la privatización o liquidación del ISS hace parte del paquete de medidas regresivas que el gobierno de Pastrana está impulsando para cumplir servilmente los mandatos del Fondo Monetario Internacional y beneficiar así al capital financiero internacional y las multinacionales de la salud.

El movimiento sindical debe emprender acciones concretas de solidaridad y lucha respecto a la actual situación del Instituto de Seguros Sociales, centrándolas en los siguientes objetivos:

 Impulsar el más amplio frente para su defensa y la preservación de sus distintos servicios.

 Exigirle al gobierno nacional que sanee sus finanzas, suprima las trabas legales y administrativas que le impiden ampliar su cobertura y cese en la política de convertir la seguridad social en un lucrativo negocio del capital financiero.

 Hacer respetar los derechos y prestaciones de sus trabajadores.

Frente Común contra el Acto Legislativo 012: DENUNCIA SOBORNO Y PRESIÓN PARA IMPONERLO EN EL CONGRESO

La CUT, Fecode, Anthoc, Sindess, Sindesena, Fenaltrase, Aspu, Sindodic, Usde, Acopalma, Fedepadres, Sinbienestar, Aceu, Andes, Sintrenal, Ascontrol, Sintraunicol, Federación Nacional de Profesores Universitarios, integrantes del Frente Común, en estrecha colaboración con la Federación Nacional de Concejales y con el apoyo de un buen número de alcaldes municipales y algunos gobernadores, rechazan enérgicamente la aprobación del Acto Legislativo 012, que se votó el pasado 25 de abril en la Comisión Primera del Senado de la República, y denuncian las indebidas presiones y sobornos, desgraciadamente aceptados por miembros del Congreso y mandatarios territoriales, que canjean así intereses particulares por los más sensibles y mínimos derechos: el derecho a la salud, la educación y la supervivencia de la mayoría de los municipios de Colombia, que dicen o pretenden representar en el futuro inmediato.

El Frente Común considera un acto de traición inaceptable a los colombianos el acta de compromiso firmada entre el gobierno nacional y los alcaldes del país, en cabeza de los alcaldes de Medellín, Manizales, Pasto y Barranquilla, así como los votos favorables al Acto Legislativo 012 de los senadores de la Comisión Primera, Carlos Arturo Ángel, José Amado Araméndiz, Claudia Blum, Juan Martín Caicedo, Jesús Ángel Carrizosa, María Isabel Cruz, Carlos Espinosa Faciolince, Luis Humberto Gallo, José Manuel Moscote, José Renán Trujillo y Germán Vargas Lleras. Condena también la posición asumida por el Partido Liberal y su candidato presidencial, Horacio Serpa Uribe, quienes, al apoyar la reforma constitucional, demuestran una vez más estar en contra de las mayorías populares.

Reconoce y resalta el Frente Común, de otra parte, la posición altamente positiva y patriótica de los senadores Viviane Morales H., Darío Martínez B., Rodrigo Rivera S., Héctor Helí Rojas J., Gustavo Guerra L. y Jesús Enrique Piñacué, quienes, al votar negativamente el proyecto, aun por fuera de los mandatos partidistas, demuestran su actitud consecuente con la defensa de la salud y la educación públicas, derechos fundamentales e irrenunciables de los colombianos, que se verían profundamente lesionados si permitimos que se apruebe definitivamente en las instancias subsiguientes del Congreso de la República: plenaria del Senado, Comisión Primera y plenaria de la Cámara.

El Frente Común convoca en esta multitudinaria y combativa celebración del Primero de Mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora, a todo el pueblo colombiano para hacerle frente al Acto Legislativo 012, preparando el gran Paro Nacional contra esa reforma y las demás que ha anunciado el genuflexo gobierno de Pastrana a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, y a desarrollar el plan de acción trazado por el Comando Nacional Unitario y el Frente Común.

Los derechos no son privilegios. ¡Defendámoslos!

¡Contra el Acto Legislativo 012: unidad de acción y Paro Nacional!

PROTESTA CONTRA LA CUMBRE DE QUEBEC

La Cumbre de Presidentes de América, del 20 al 22 de abril, tuvo como objetivo central crear los mecanismos y estrategias para convertir en realidad, a partir de 2005, la política de mercado común, el Alca, al servicio del capital norteamericano. Miles de manifestantes, en representación de importantes organizaciones de masas de todo el continente, expresaron en las calles de Québec, Canadá, su rechazo enérgico a esta pretensión imperialista, que intensificará la explotación y el saqueo para nuestros pueblos.