“VOCEROS Y GUÍAS DE LAS LUCHAS POPULARES”

(Discurso del senador del MOIR, Jorge Santos Núñez, el 22 de julio de 1997 en el Teatro Libre de Bogotá)

Jorge Santos Núñez

Entre los deberes de la lucha, acaso uno de los más gratos sea encontrarse en un evento como el de esta noche, una verdadera celebración, una genuina fiesta del espíritu popular revolucionario. Es la impresión de regocijo que nos produce el lanzamiento de nuestras candidaturas al cabildo capitalino. No hay duda de que Jesús Bernal, Eberto, Aldo, Francisco y Lilia personifican lo más capaz, lo más consecuente que los trabajadores y el pueblo de Bogotá pueden elegir para el Concejo.

Jesús Bernal, con su férrea conducción al frente de los trabajadores de la Caja Agraria, en numerosos conflictos laborales y especialmente en el reciente paro de la entidad, fue determinante para propinarle una derrota a la política privatizadora del gobierno de Samper. Las gentes de Colombia siguieron con simpatía la resonante batalla de los creditarios; en Jesús Bernal, quien encabeza la lista moirista, tendrán en el Concejo un representante, un vocero y un conductor seguro.

Eberto López, su papel estelar en las horas críticas de la huelga de los trabajadores de Telecom, que paró las telecomunicaciones, fue decisivo para frustrar el atentado contra ese estratégico pilar de la soberanía patria. Sin duda alguna, Eberto volverá al primer plano con la confrontación impuesta que se avecina en Telecom.

Aldo Cadena, el aguerrido dirigente de los trabajadores del sindicato nacional de la salud; de su firmeza e inteligencia fueron testigos los colombianos en el reciente paro nacional de los hospitales y clínicas.

Lilia Avella, cuya formidable labor de organización y orientación entre los trabajadores del Estado se constató en el reciente paro nacional estatal.

Y Francisco Cabrera, aplicado al estudio de los problemas de la ciudad, con un papel al frente de importantes protestas de la población bogotana, reconocido en numerosos barrios de la capital.

No hay duda de que los bogotanos distinguirán esta lista como la de los abanderados de la reivindicaciones populares y, sobre todo, como la de los voceros y guías de sus luchas.

Los hombres del MOIR en las corporaciones públicas venimos desempeñando el papel de tribunos populares y de portaestandartes de la revolución. Por ello la quema de la bandera gringa en el recinto del Senado constituyó la expresión concentrada de nuestra política en la actual hora oscura que vive Colombia. Nuestro objetivo, expresado allí como un acto simbólico, habrá de convertirse en una realidad trascendente y definitiva para el país: que el yugo del imperialismo norteamericano arda a manos del pueblo y desaparezca para siempre.

En la búsqueda de tan grandiosa meta, a las luchas en la capital de la república les corresponde un papel de primera magnitud. Para facilitar el acrecimiento de nuestra influencia y labor de dirección en las movilizaciones populares, necesitamos representación en el Concejo de la capital. Compañeros, démosle esa victoria a la ciudad capital y continuemos la lucha.

“NUESTRO ENEMIGO PRINCIPAL, EL IMPERIALISMO”

(Discurso de Eberto López, presidente de Sittelecom, en el acto de proclamación de los candidatos del MOIR al Concejo.)

Eberto Lopéz

A los moiristas, sus amigos y simpatizantes nos congrega esta noche el propósito de construir un dique de contención contra la agresión imperialista. Esto lo hemos venido haciendo a lo largo y ancho del país en nuestras luchas sindicales, pero hoy queremos dar un paso más en la primera ciudad del país, Bogotá, donde después de batallar con los trabajadores estatales, del Sena, el magisterio, la salud, la Caja Agraria, el ISS, el Acueducto, la Energía Eléctrica, la ETB, Telecom, los vendedores ambulantes y los pobladores de los llamados desdeñosamente por el imperialismo “barrios subnormales”, venimos a sellar aquí nuestro compromiso de profundizar la batalla, lo cual aquí hacemos con lujo de detalle mediante la numerosa y entusiasta presencia de todos ustedes.

Los trabajadores de Telecom venimos desde 1989 batallando de manera incansable para impedir que el esfuerzo de los colombianos durante los últimos 50 años, por construir una empresa de la importancia, extensión, rentabilidad y eficiencia de Telecom, vaya a parar a manos de los más poderosos monopolios del país y de quienes hoy arrasan a América Latina, las trasnacionales, fundamentalmente las controladas por Estados Unidos.

Esa lucha continúa y es por ello que este acto de hoy nos es propicio para invitarlos a ustedes a que se apresten a estar con nosotros en el inminente paro general que tendremos que desarrollar en el futuro inmediato.

La situación del país es muy difícil. Ya la describía magistralmente el camarada Héctor Valencia en su discurso de hace pocos momentos. Muchos dicen que es una situación irreversible. Pero afortunadamente nosotros pensamos distinto y tenemos, además, batallas recientes que nos demuestran que estamos en lo cierto.

El futuro tenemos que construirlo nosotros cumpliendo todas las citas que nos impone la defensa de la soberanía. Una de esas citas, bastante importante por cierto, la tenemos que empezar a cumplir al salir de aquí, diciéndoles a nuestras familias, amigos, vecinos, y anunciándole a todo el pueblo capitalino, que el 22 de julio se presentó una real propuesta patriótica y que la encabeza uno de los personeros del MOIR en Bogotá, el compañero Jesús Bernal, quien en el Concejo, y junto con Jorge Santos en el Senado, encabezarán las luchas de los oprimidos de Colombia.

La situación del país es muy difícil, pero tenemos fe en la patria, en que toda esta tragedia que vivimos tiene que cambiar y puede cambiar.

Como lo decía nuestro inolvidable jefe, Francisco Mosquera, recordemos que mientras más oscura sea la noche, más cerca estará el amanecer.

“LA SITUACIÓN SE TORNA INSOPORTABLE”

Aldo Cadena

Desde el instante en que el imperio del Norte decidió fortalecer su política recolonizadora contra América Latina con la ayuda de unos cuantos vendepatria, la crisis de estos países es mayor, y la del pueblo colombiano se alarga, se profundiza y se torna penosa e insoportable.

Primero nos tocó padecer la jerga neoliberal que creó la suficiente opinión para acondicionar el orden jurídico a las pretensiones aperturistas y privatizadoras. Hoy observamos la quiebra de la producción en el campo y en la ciudad; privatizadas la mayor parte de las entidades estatales; perdida la función social del Estado y su responsabilidad transferida a los particulares y a los entes territoriales como efecto de la descentralización; para pagar la deuda externa y suplir los subsidios a los servicios públicos se venden los activos de la nación, se estratifica la población urbana y rural. Con el pretexto de perseguir a los narcotraficantes, el más corrupto de los países interviene en todos los asuntos internos de Colombia, opina, manda, impone, ofende, pisotea, descertifica y decide cómo debemos manejar la justicia, la paz, los derechos humanos, la política, el ejército, la policía, el parlamento, las relaciones con la guerrilla, la forma, el cómo y con qué se deben fumigar los cultivos de coca y amapola, sin importar sus efectos nocivos. Irrespeta sin sonrojarse nuestra soberanía y arrodilla para su provecho a un gobierno que ha entregado todo, hasta el juzgamiento de colombianos en el exterior.

El resultado de la arremetida del imperialismo contra estos países, lo tropezamos a diario en las paupérrimas condiciones de vida de la población, en las calles inundadas de desempleados que se arman de una chaza para lograr el sustento de sus familias; en cientos de empresas cerradas o en concordato; en los caros y pésimos servicios públicos, en el estrangulamiento de las administraciones municipales y en la angustia de los mandatarios locales por no poder atender a las poblaciones sus necesidades más sentidas.

Jamás había sido mayor el peligro para nuestra nación y su soberanía, para los partidos y las instituciones, para la clase obrera y sus derechos, para la producción, la paz, el subsuelo, la justicia; nunca el imperialismo y el capital financiero habían avanzado tanto en su pretensión recolonizadora, pero tampoco el país había presenciado a lo largo de su historia el deprimente y vergonzoso espectáculo de una clase tan servil, obsecuente, lacaya y colaboracionista con aquellos intereses, todos contrarios a los patrios.

Durante esta andanada, conveniente es rescatar la posición enhiesta de la clase obrera que ha realizado heroicas batallas antimperialistas en defensa, no sólo de sus derechos, sino los de nación entera, como lo registra la historia de las patrióticas jornadas realizadas, entre otros, por los trabajadores de Telecom, de Ecopetrol, de la Caja Agraria, de teléfonos, de salud, del magisterios, a las que se les suma el reciente, más grande y victorioso pero nacional estatal que se recuerde en Colombia. En ellas quedó claro que el más ferviente e insobornable defensor de los intereses de la nación y el pueblo es la clase obrera.

EL MEOLLO DE LA CRISIS POLÍTICA

(Intervención en el Panel sobre la situación política nacional, en el Congreso de Fecode, Villavicencio, mayo 13 de 1997)

Marcelo Torres

Hoy se inicia en el Senado el debate sobre el proyecto de acto legislativo presentado por el gobierno, para restablecer la extradición de colombianos. Por sus implicaciones, resulta imposible pasarlo inadvertido. Viene a ser una suerte de remate de todo un ciclo, con el cual se cumple la voluntad imperial de Estados Unidos sobre el país. No es casual que Washington se regodee a punto de cobrar la pieza. Precisamente, la extradición fue catalogada como instrumento principal contra el narcotráfico en el nuevo protocolo méxico-norteamericano sobre la materia y en los convenios impuestos por Clinton a los adocenados gobernantes de Centroamérica.

Durante casi dos años consecutivos, Samper expresó que el restablecimiento de la extradición “no estaba en su agenda” o, de modo más simple, que por prohibirla la Constitución, la cuestión quedaba fuera de su alcance inmediato. En el segundo semestre del año pasado la posición sufrió tal metamorfosis que se trocó en su contraria. Del “no” inicial se pasó al ” debe estudiarse el tema”, y de este al ” sí y 20 mil veces sí” del anterior ministro de Justicia. El asunto llegó a tal extremo, que el mismo Samper abrió la puerta para que el retorno de la extradición pudiera completarse con su aplicación retroactiva. ¿Qué provocó vuelco tan radical? A estas alturas quizá no haya colombiano que lo ignore: la cancelación de la visa al presidente de Colombia, la ” descertificación” gringa de marzo pasado y, sobre todo, las amenazas de represalias económicas de Estados Unidos contra el país, en la más intensa escalada intervencionista de Washington sobre Colombia que hoy prosigue y se ahonda. La crisis política que va para dos años, fue desencadenada a raíz de dicha intrusión. Fueron las presiones así desatadas las que doblegaron al gobierno al punto de llevarlo a adoptar numerosas medidas contra el país y el pueblo, como la aprobación de la extinción del dominio que arrasó con la presunción de inocencia, el aumento de penas, la inspección de cárceles colombianas por comisiones del gobierno estadounidense, y la firma del convenio que permite el abordaje por la marina gringa.

Samper ha hecho gala de un duro pellejo de lacayo. Un hecho evidente, a juzgar por la aflictiva actitud con que ha recibido el trato de congénere de Noriega y los frecuentes denuestos y vejámenes que le prodiga el imperio. El país se ha acostumbrado a que cuando Samper presume de rebeldía o de dignidad ante Estados Unidos se avecina una más oprobiosa humillación nacional. Concomitante con todo ello, la abierta injerencia del embajador de Frechette en cuanto le place, que bien le ha valido el rótulo de virrey o procónsul, prosigue sin que autoridad colombiana alguna se atreva a poner fin a la locuacidad del diplomático yanqui. En su sonado reportaje de comienzos de año, Frechette se burló sin ambages del nombramiento del ministro de Defensa González y censuró la proyectada reforma política. En seguida, ministro y reforma se derrumbaron.

El colaboracionismo, o la traición nacional del gobierno y la burguesía

La situación configurada no tiene parangón con ninguna otra época de nuestra historia republicana. En la víspera de la secesión de Panamá, por lo menos el Congreso rechazó un tratado infamante y Uribe Uribe propuso silenciar los cañones de la guerra en aras de la defensa de la patria. Así Marroquín no aceptara y el caudillo liberal conciliara a la postre con la septentrional “política de las cañoneras”. Ante la actual intromisión en nuestros asuntos internos, que profundiza y afianza el dominio norteamericano, el actual gobierno asume una política de entreguismo y colaboracionismo sin precedentes. La burguesía en su conjunto, desde los altos ” cacaos” de los grupos financieros, hasta los representantes de los gremios económicos, presa de pánico ante las amenazas de un eventual bloqueo económico, en la disyuntiva entre su bolsa y el interés nacional, se decidió presurosa por la primera, echando por la borda el legado de los pioneros de la industria, aquel ímpetu emprendedor que hizo de las tareas de la industrialización nacional “un desafío progresista y hasta heroico”. Y cerrando los ojos ante el hecho de que toda la nación pierde si el capitalismo nacional termina por ser arrasado mediante la desindustrialización, la ruina total de agro y la toma plena del mercado interior por las multinacionales, que es la perspectiva cierta que abre la actitud capitulacionista. Así, entre los círculos dominantes prevalece la opinión de que la injerencia norteamericana es inevitable e incluso conveniente, abrazando la posición progringa y de traición nacional.

Para las próximas elecciones entrará en juego un factor fuera de serie que acentuará todas las contradicciones: la directa injerencia norteamericana en la determinación de los resultados que definirán el próximo presidente de Colombia. No se requieren mayores cábalas sobre el actual favorito del imperio. Se le considera un “aliado”, que trabajó “estrechamente” con Estados Unidos desde la Fiscalía, al decir del propio Frechette. Cuando su candidatura iba a ser lanzada, el Departamento de Estado se apresuró a expresar el júbilo por el nuevo papel y la perspectiva de su pupilo. El subsecretario Robert Gelbard no escatimó alabanzas para Valdivieso, el hombre de los gringos en Colombia.

Urge una salida negociada

Crisis política, aguda recesión económica, y alarmante recrudecimiento de la violencia a escala nacional, concluyen en la explosiva mezcla constitutiva de la situación nacional. Para la mayoría de los colombianos es claro que el ascendente espiral de violencia, de continuar, terminará llevándose de calle la frágil democracia política existente, abultando las pérdidas materiales del país y, lo peor, generalizando el derramamiento de sangre entre las filas del pueblo. La intensificación del conflicto interno amenaza balcanizar el país, en el momento en que más se requiere la unidad nacional para hacer frente al intervencionismo imperialista. Urge una salida política negociada, que civilice la contienda y traiga una paz fundada en la igualdad de los partidos y particulares ante la ley.

La raíz de la recesión es la apertura económica

La afugias de la economía nacional, especialmente agudizadas durante 1996 y en el actual año, no se originaron de modo principal en la crisis política, como sostienen gremios económicos y analistas desde la orilla progringa. La drástica recesión resultó del efecto combinado de revaluación, pagos de deuda externa, restricción del gasto público, congelación salarial y altas tasas de interés, privatizaciones y desaparición de entidades del Estado, más el mantenimiento de la apertura comercial, cambiaria y financiaria. Los memorandos del FMI, de donde proceden todas esta políticas, han sido aplicados a pie juntillas por Samper. De allí derivaron la caída de la producción industrial y agropecuaria, de la inversión pública y privada, del consumo y las ventas, el aumento del desempleo y del déficit en cuenta corriente. La raíz de tantos estragos es anterior a la crisis política y reside en la continuidad y ahondamiento de la apertura económica y el modelo neoliberal, la estrategia económica continental impuesta por Estados Unidos a nuestros pueblos. El creciente intervencionismo, lejos de llevar la administración Samper a enmendar la plana, la ha vuelto aún más obsecuente con el esquema económico proyanqui, provocando el fuerte repudio del movimiento obrero y el pueblo y sus movilizaciones contra el gobierno.

Samper sigue batiendo marcas en materia de servilismo ante las multinacionales. A instancias suyas, el Congreso aprobó el Convenio de Protección de Inversiones con Gran Bretaña, para exonerarlas de la expropiación por vía administrativa, terminando lo que Gaviria inició y contrariando la Constitución misma. Luego, en la hundida reforma política, pretendió circunscribir la mencionada expropiación a los inmuebles, con tal de favorecer el capital foráneo. Antes había rebajado los impuestos a las remesas de utilidades de las empresas petroleras extranjeras. En otro acto reciente de entreguismo, en Cartagena ofreció todo género de ventajas y facilidades a las grandes trasnacionales de la energía y el petróleo ; despidió directivos de Ecopetrol en aras de complacer a la BP en su inaudita pretensión de mejorar su rentabilidad mediante el cambio unilateral de los contratos de asociación con la petrolera estatal; apoyó las descaradas maniobras del fletado ministro de Minas para favorecer a la misma multinacional, por encima del concepto del Consejo de Estado y de resultados de estudios científicos. Por fortuna, el país, alerta, frustró esta vez la jugada contra la nación. Las empresas y entidades del Estado privatizadas o desmanteladas suman una larga lista y continúan llevándose a cabo a precios de realización. No sólo se ha suprimido la función pública que cumplían sino que, como lo revela la Contraloría, en tales enajenaciones la nación ha soportado cuantiosas pérdidas.

Los obreros marcan el rumbo

Mientras el gobierno y la burguesía en su conjunto han adoptado medrosos la política de sumisión nacional, el grueso de los trabajadores y otros extensos sectores populares se enfrentan valerosamente contra la injerencia imperialista en pugna por la independencia y la soberanía del país. Detrás de la confusión y el caos aparente, la batalla ideológica y política más general y decisiva entablada hoy en Colombia, de la cual depende el presente y el porvenir, se libra entre una posición que canta loas al sojuzgamiento nacional como salida a la crisis, que sólo representa a una minoría vendepatria, y otra que expresa el interés de la mayorías, la de los patriotas que han salido a defender la autodeterminación y la libertad de la nación. Tal la verdadera ” línea divisora” que delimita los campos en la crisis. Cabe perseverar en el camino que hemos emprendido. Ante todo, velando por una mayor coordinación organizativa mediante el reforzamiento del Comando Nacional Unitario, ese instrumento surgido de la lucha en el movimiento obrero, y comprendiendo que la resistencia planteada ante la agresión norteamericana demanda la activa incorporación de los patriotas de todas las clases sociales, partidos, sectores y fuerzas.

Se aproximan sin duda nuevas y complejas coyunturas críticas. Mas por oscuros que sean los tiempos que sobrevengan para la nación, de allí brotará su victoria.


Senado aprueba proposición contra injerencia

de EU a propósito de “derechos humanos”

El Senado, en su sesión plenaria de ayer, aprobó la siguiente proposición: “El Senado de la República rechaza la nueva injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de Colombia a propósito de su política de derechos humanos, que no persigue cosa distinta que someter a sus dictados el desempeño de las instituciones colombianas, entre ellas la castrense”.

BANCO DE LA REPÚBLICA: AUTONOMÍA FRENTE A LOS INTERESES NACIONALES Y DEPENDENCIA DEL GRAN CAPITAL INTERNACIONAL

Libardo Botero C.

Dos fenómenos concomitantes y sumamente gravosos, entre muchos otros, han golpeado sin misericordia la economía nacional,en los últimos tiempos: la revaluación del peso y las altas tasas de interés. Éstos han sido señalados entre los principales causantes de la crisis pavorosa por la que atraviesan las actividades productivas domésticas. Contra ellos se ha levantado un clamor reiterado de industriales y agricultores, que se ha expresado en foros, en los medios de comunicación y en el Congreso de la República, exigiendo correctivos, sin que sus voces hayan tenido el menor eco en las autoridades que tienen a su cargo el manejo de tan vitales variables de nuestra economía.

Mientras el Banco de la República, ente al cual la Constitución le asigna el manejo de la moneda, el crédito y los cambios internacionales, sostiene, a tono con el diagnóstico del FMI, que la responsabilidad por las altas tasas de interés y la revaluación radica en el crecido déficit fiscal del gobierno, éste acusa a la junta directiva del Emisor de no adoptar las medidas que reduzcan las tasas de interés y reviertan la tendencia revaluadora. Retomemos algunos hechos históricos, para desvelar las verdaderas causas de comportamiento tan aberrante.

El Banco de la República fue creado en virtud de la Ley 25 de 1923. Hasta esa fecha el país no pudo contar sino temporalmente con bancos oficiales centrales que emitieran la moneda.

A partir de la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos fueron llenando algunos espacios perdidos por las naciones europeas. La oleada de inversiones privadas norteamericanas, y los numerosos préstamos al gobierno, a los que se sumaron los dineros de la vergonzosa “indemnización” por el Canal de Panamá, exigían cambios en el andamiaje institucional, las normas legales y otros aspectos, que facilitaran sus operaciones. De allí que el gobierno, a comienzos de los años veinte, contrató una misión de expertos norteamericanos, presidida por el profesor Edwin W. Kemmerer, la cual presentó una serie de recomendaciones a la Administración. Entre ellas sobresalió la de fundar un banco central de emisión y crédito, origen del Banco de la República, creado por la ley mencionada. El señor Kemmerer presidio misiones similares, por la misma época, en Chile, Ecuador, Bolivia, Perú, México, China, Turquía y Filipinas. Estados Unidos empezaba a entretejer la urdimbre de las ataduras neocoloniales en el hemisferio y aún en zonas más alejadas.

En la junta directiva de la nueva institución el gobierno tenía una representación minoritaria; la mayoría correspondía a los bancos privados, e incluso los extranjeros tenían sus puestos. Más tarde, en 1957, hubo la posibilidad de que los industriales tuvieran un miembro entre diez de la junta.

La intromisión del capital extranjero no tenía límite alguno, se ejercía a través de instituciones tan oprobiosas como la concesión o la plantación. El comercio exterior y los cambios externos no tenían restricciones, salvo las temporales impuestas por la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. El monocultivo y la monoexportacion -como el caso del café- con dominio extranjero casi absoluto, aherrojaban nuestra economía y la ataban a las metrópolis dominantes y a los especuladores de las bolsas internacionales. El Banco de la República emitía, ampliaba o restringía el crédito, según las necesidades y caprichos del gobierno y de los negocios de los grandes comerciantes, exportadores de café, terratenientes y, naturalmente, de los capitalistas norteamericanos, sobre todo petroleros y bananeros. Otro tanto sucedía con las normas cambiarias.

La lucha antimperialista de los pueblos, la disputa con la URSS por el control del mundo, y la reyerta con las demás potencias capitalistas, hicieron que Estados Unidos, cuya hegemonía estaba amenazada, adecuara su política imperialista a las nuevas circunstancias. Formularon la política del “Buen Socio”, cambiaron el sistema de concesiones por el de asociación, impulsaron la creciente influencia del Estado en distintos asuntos, tuvieron que aceptar la nacionalización de ciertos recursos y un mínimo de protección a la industria durante algunos períodos; y para ampliar el mercado a sus inversiones, impulsaron acuerdos de integración regional y subregional. Refiriéndose a esta época, Francisco Mosquera señaló: “En los sesentas los planes de la Casa Blanca para el hemisferio, la Alianza para el Progreso, la desaparecida Alalc, el Pacto Andino, preservaban intactos los artificios del desvalijamiento y, conforme a estos términos exactos, se trataba de una expoliación disimulada, astuta, que nos permitía algún grado de desarrollo, complementario a la sustracción de las riquezas del país. Digamos que los gringos chupaban el néctar con ciertas consideraciones. Pero con la apertura la extorsión se ha tornado descarnada, cruda, sin miramiento alguno”.

En consonancia, el Banco sufrió transformaciones que vale la pena resaltar. De un lado, el manejo directo de las políticas monetarias, crediticias y cambiarias se centralizó en un organismo diferente, la Junta Monetaria, de composición mayoritariamente oficial. Tal modificación se produjo por medio de la Ley 21 de 1963. Las mencionadas políticas económicas quedaron en adelante bajo el resorte directo del gobierno central, el que podía además cordinarlas fácilmente con el resto de las directrices gubernamentales. El Banco de la República era un simple ejecutor de las orientaciones definidas por la Junta Monetaria. Y aunque por un tiempo se conservó representación importante del sector privado en la junta directiva, su influencia se había mermado. Ahora era el gobierno el que directamente y de manera completa regía al Banco. Podía así emitir copiosamente y financiar sus déficit fiscales, incentivar determinadas ramas de la economía, devaluar para tratar de compensar la desventaja que para las exportaciones podrían representar los crecientes precios internos.

La crisis de la deuda externa latinoamericana de los ochenta y la caída del bloque soviético empujaron un nuevo cambio en la política imperialista. En las nuevas circunstancias internacionales, Estados Unidos impone de nuevo sus mandatos. Empezamos a vivir el proceso que certeramente denominó Mosquera la recolonización, conocido también como apertura. Se trata de que los potentados del Norte quieren la desnacionalización de nuestros recursos; que se suprima cualquier protección a nuestros productos y se imponga el llamado “libre comercio”, o sea, la entrega del mercado a la voracidad de sus consorcios.

La banca internacional, liderada por Estados Unidos, ha exigido, desde la crisis de la deuda externa, la transformación de nuestros bancos centrales en organismos autónomos que manejen la política monetaria, cambiaría y crediticia sin la injerencia de los gobiernos. Han sido dos las motivaciones básicas para ese cambio. Una, que se taponen unos mecanismos de financiación de los déficit públicos por los bancos centrales, como han sido el crédito incontrolados o las emisiones. Para el efecto se ha insistido por el Banco Mundial y el FMI en la necesidad de que se eliminen tales procedimientos, buscando contribuir al “saneamiento” de los fiscos en pro de un pago lo más puntual posible del servicio de la deuda externa. La otra motivación es el interés de desligar la banca central del influjo de cualquier interés nacional, particularmente de los productores. A esa meta contribuye el que a las juntas directivas de los bancos hayan llegado tecnócratas de la nueva generación de intelectuales, formados en el credo neoliberal en universidades gringas o progringas. A su vez, los bancos centrales así conformados se constituyen en fácil presa de las políticas del gran capital imperialista, que es el que en últimas rige su rumbo y ejecutorias.

Bajos esos lineamientos se vienen efectuando cambios similares en toda Latinoamérica. En muchos casos, como Colombia, se ha procedido a estampar los nuevos cánones en la misma Constitución, para evitar reversas. Ejemplo de esto son las reformas de Chile en 1989, en Argentina y en Colombia en 1991, en Venezuela en 1992, en México en 1993. En Perú los cambios se iniciaron en 1990 y se afianzaron en 1993. Brasil ha sido el último en iniciar el proceso, aunque desde 1988 su Constitución autoriza el funcionamiento de una banca central independiente. No es casual que sean los países que ostentan el más elevado endeudamiento externo aquellos que hayan adelantado con mayor radicalidad el vuelco en mención.

En Colombia la transformación se ha cumplido a partir de la constituyente de 1991. Los asambleístas, de acuerdo con el proyecto oficial, consagraron el viraje a través de los artículos 371 a 373 de la nueva carta. Allí se le otorgan al Banco las funciones básicas de “regular la moneda, los cambios internacionales y el crédito; emitir la moneda legal; administrar las reservas internacionales; ser prestamista de última instancia y banquero de los establecimientos de créditos, servir de agente fiscal del gobierno”. Aunque se advierte que “tales funciones las ejercerá en coordinación con la política económica general”, no existe ningún mecanismo que lo obligue efectivamente someterse a la política económica del gobierno.

En el artículo 373 se obstaculiza el financiamiento al gobierno. Ello porque la doctrina neoliberal pregona que, sin déficit fiscal, con revaluación y altas tasas de interés, se contribuye decisivamente a quebrar la inflación endémica de nuestros países, aunque para lograrlo se tenga que sacrificar el avance de la producción industrial y agropecuaria. Los efectos de la aplicación de semejantes fórmulas en Colombia no pueden ser más funestos. Mientras la inflación sigue con índices superiores a las metas de “inflación esperada” del banco, la producción de las ramas básicas se debate en una crisis sin salida, a la par que las actividades financieras y especulativas gozan de exorbitantes ganancias año tras año.

Cuando los sectores productivos, como varios ramos industriales, los bananeros, o los cafeteros han pedido modificar tan dañina política, la respuesta de la Junta es que ellos no están allí para representar ningún interés particular sino los intereses generales del país. Además predican, basados en la Carta, que su papel es defender la moneda y no la producción. Mientras desatienden así a los productores, corren presurosos a aplicar a pie juntillas las recetas fatídicas del FMI.

He ahí el porqué de la actitud de la dirección del Banco de la República y su papel nefasto en las actuales condiciones del país. En la declaración “Salvemos la producción nacional”, publicada el 8 de mayo de 1991, antes de culminar la Constituyente, Francisco Mosquera avizoró lo que tal reunión habría de aprobar y sus inequívocas secuelas; “Desde la época de los realinderamientos de Bretton Woods, detrás de los máximos organismos rectores de las finanzas mundiales se han movido particularmente los banqueros de la metrópoli americana, que no cesan de requerir, ante los países entrampados, franquicias para sus caudales y mercancías, o devaluaciones, recortes en los gastos, espíritu ahorrativo, a fin de que se les cancelen los débitos con desahogo y puntualidad. En favor de esta solvencia de pagos, al gobierno colombiano le exigen encima que deponga responsabilidades, desista de emitir circulante inflacionario y renuncie, una por una, a sus atribuciones reguladoras, comprendido cuanto concierne al manejo del peso, que antes de 1963 le correspondía a la junta directiva del Banco de la República, de influencia notoriamente privada, y desde entonces, por ley, recae en la Junta Monetaria, de mayoría oficial. Reversión que habrá de perpetrarse a través de la Asamblea Constituyente. (…) La supresión de los subsidios, de los créditos baratos, y aun de los planes de fomento, compendia, pues, el dogma de fe que nos predicaron siempre esos sumos sacerdotes de la especulación, así no le rindan culto en sus propios altares.”

El Congreso de Fecode en Villavicencio: UNA GRAN VICTORIA DE LAS FUERZAS AVANZADAS

José Fernando Ocampo

La defensa de los elementos más avanzados de la reforma educativa de 1994, el rechazo a la Ley 200 con la exigencia de la recuperación del régimen especial para los educadores, la denuncia de la privatización de la educación, la condena del sindicalismo sociopolítico, el rechazo de la reglamentación de la Ley General de Educación, la conquista de un salario digno para el magisterio, constituyeron los pilares de la victoria obtenida en el Congreso de Fecode celebrado en Villavicencio, contra la política del gobierno samperista y contra la traición del grupo de Jaime Dussán y sus conmilitones.

La hegemonía del dussanismo en la Federación Colombiana de Educadores durante este período le abrió paso a una contrarreforma reaccionaria patrocinada por el Ministerio de Educación, le permitió al gobierno cometer toda clase de atropellos contra el magisterio, les dejó manos libres a mandatarios seccionales como Álvaro Uribe Vélez, de Antioquia, y Antanas Mockus, de Bogotá, de cuyas administraciones él hace parte, para desarrollar una agresiva política privatizadora de la educación, y permitió que la Ley General de Educación se reglamentara en contravención de sus principios más progresistas. En una palabra, condujo a Fecode a la peor crisis de sus treinta y cinco años de historia.

Cuatro fuerzas de izquierda se aliaron para iniciar un proceso de recuperar la Federación: el frente de Tribuna Magisterial dirigido por el MOIR, Maestros Unitarios, Unidad Democrática y el frente de Educadores Luis Felipe Vélez. Con una posición democrática y la concepción de un sindicalismo clasista, conscientes del embate feroz del imperialismo norteamericano contra la soberanía nacional y de su injerencia directa en el campo educativo, lograron hacer aprobar más de veinte proyectos, a los cuales deberá ceñirse el nuevo Comité Ejecutivo que salga de la elección directa el próximo 3 de octubre.

Una victoria en el campo de la ideología

En el país se libra una intensa batalla ideológica en el campo educativo. Su origen es la Ley General de Educación. En ella se introdujo la autonomía escolar de las instituciones, que es la piedra de toque de toda la reforma educativa de 1994, complementada con la libertad de cátedra tal como se introdujo en la Constitución de 1991. No es una automía financiera y administrativa, como la concibe la ideología neoliberal, según la cual el Estado controla los contenidos de la educación, pero los planteles, convertidos en empresas de producción, se las tienen que arreglar para conseguir los recursos y en aplicar las técnicas de administración empresariales. Es, en esencia, la educación como mercancía, sometida a las leyes de la oferta y la demanda en medio de la competencia del libre mercado.

En cambio, la reforma lo que plantea es la autonomía escolar aplicada al currículo y a los planes de estudio, que despoja al Estado del control de los contenidos y lo obliga a financiar el servicio educativo con una administración descentralizada. Se trata de una solución opuesta. En consecuencia, todas las posiciones y tendencias pedagógicas pugnan por abrirse campo y ganar en la gran batalla ideológica. Ahí radica el fondo de esta revolución educativa; fue lo que defendió una de las resoluciones más importantes del Congreso.

Contra una educación para pobres

Por su condición de neoliberal, el gobierno de Samper hace alarde de considerar prioritaria la educación. Pero es pura demagogia. Sometido a los dictámenes del Banco Mundial y al chantaje de sus créditos condicionados, el Ministerio de Educación propugna una educación para pobres. Sus fórmulas consisten en el año cero, la promoción automática, los hogares comunitarios y la escuela nueva, plasmados todos en el Plan Decadal de Educación durante el Ministerio de María Emma Mejía. Se trata de recetas para una educación sin calidad, totalmente ajena a los contenidos científicos y técnicos, en completo hacinamiento en las aulas de clase, con la promoción de los estudiantes sin esfuerzo ni aprendizaje. Se propicia así una educación de buena calidad para un puñado de ricos y totalmente deficiente para la mayoría de la población.

Pero al mismo tiempo, estas medidas se disfrazan con documentos y resoluciones de jerga ininteligible, con lenguaje farragoso y plagado de circunloquios como la resolución 2343 sobre lineamientos generales del currículo. Y se confunde al magisterio con criterios de evaluación constructivistas que nadie entiende: ni los estudiantes, ni los padres de familia, ni los mismos educadores. El Congreso de Fecode se ocupó de esta problemática, rechazó toda esa parafernalia y definió medidas de lucha contra semejante política, a favor de una educación de la más alta calidad científica. Por eso defendió los preescolares de tres años, la obligación de rendimiento académico, las guarderías infantiles con personal capacitado, el restablecimiento de la jornada diurna única bajo las condiciones de aumento de la planta física y de un salario digno para los educadores, el aumento del presupuesto para vinculación de maestros con cargo al situado fiscal, y la capacitación gratuita de la más alta calidad científica para el magisterio.

Rechazo al neoliberalismo

Detrás de todas las políticas reaccionarias están el neoliberalismo y una teoría pedagógica denominada constructivismo que, como ocurre con su base material económica, rezuma individualismo y subjetivismo. Es una de esas concepciones ideológicas diseñadas para mantener los pueblos subdesarrollados en la ignorancia, al margen del desarrollo autónomo en ciencia y tecnología, entre el énfasis axiológico de la pedagogía y el abandono del estudiante a su propia suerte. Como dice el documento del salto educativo, “no se trata de enseñar, sino de aprender”, porque concibe al maestro como simple guía que sólo requiere método pero no contenidos y al estudiante como su propio maestro, con la ilusión imposible de que por sí mismo descubra lo que la humanidad a duras penas ha logrado entender en miles de años. A esta presunción dogmática del profundo desprecio por el educador y por su tarea fundamental, también le salió al paso el Congreso, rechazando la promoción automática y la resolución de lineamientos generales del currículo, y en pro de una capacitación permanente, gratuita y dirigida a las áreas de conocimiento con énfasis en los contenidos que garanticen la posibilidad del ascenso en el escalafón.

El gobierno de Samper también está aplicando el neoliberalismo al servicio educativo. Ha intentado en todas las formas volver a municipalizar la educación, procurando descargarles el peso de la vinculación de nuevos educadores. Han sido dos entidades territoriales, Antioquia y Bogotá, los modelos de privatización mediante el programa Paces, los subsidios, los contratos con entidades privadas o cooperativas, todo en detrimento de la educación pública. En Villavicencio, el Congreso fue tajante en exigir el aumento del situado fiscal y el alivio a los municipios del peso de la vinculación de educadores, una vez aprobado por mayoría el rechazo a los métodos privatizadores. El dussanismo, acogiéndose a la política neoliberal, votó en contra de esta resolución, tal vez la de mayor significado del Congreso.

Por la recuperación del régimen especial

Como a todos los empleados del Estado, la Ley 200 de 1995 o Código Único Disciplinario también se les aplica a los educadores. Ésta es una norma que afina los trámites del debido proceso para apretar el gatillo de las causales de mala conducta y violar los derechos fundamentales. Para el magisterio significa la eliminación del régimen disciplinario especial, conquistado tras veinte años de luchas en las décadas de los años sesenta y setenta. El senador Dussán defendió la Ley 200 en su famosa carta al magisterio del país, publicada en Fecode Informa, y sus áulicos recorrieron el país haciéndole eco. Pero desesperados por el repudio del magisterio, prefirieron refugiarse en el Parlamento con la ilusión de que una maniobra de su senador resolviera tamaña fechoría. En Villavicencio también fue rechazado su proyecto de ley, porque somete a los maestros a dos regímenes en lugar de uno, al Estatuto Docente disminuido y al Régimen Único Disciplinario. Por eso se aprobó la unión con los empleados estatales, para luchar por la derogatoria de la Ley 200 y la recuperación del régimen especial para los educadores del sector público.

Lo que se respiró en Villavicencio fue el repudio al sindicalismo sociopolítico, practicado por la camarilla dirigente de Fecode con el único propósito de convertir los sindicatos en trampolines para escalar posiciones en el gobierno, tanto el nacional como el de las entidades territoriales.

El sindicalismo sociopolítico trata de convertir las organizaciones gremiales en correas de transmisión de las políticas oficiales. Por supuesto, es la resultante de una concepción desclasada de la sociedad, en la que se quiere hacer creer que el Estado somos todos, donde la dominación y la explotación de clase no existen, y haciendo aparecer el régimen gubernamental como el principal benefactor del pueblo oprimido.

Las consecuencias de semejante teoría y práctica están a la vista en la peor crisis de la historia de la organización sindical del magisterio colombiano. Por eso recibió el rechazo de la mayoría del Congreso.

Hacia una nueva victoria: las elecciones del Comité Ejecutivo

Contra la camarilla dussanista que detenta la mayoría de la dirección de Fecode, hemos logrado una victoria, con la posición consecuente defendida sin vacilaciones por el frente de educadores Tribuna Magisterial y los demás aliados del Bloque Alternativo de Oposición. Ha sido una lucha sin cuartel a lo largo de este período convulsionado y crítico.

Lo que viene de aquí en adelante es la elección del Comité Ejecutivo en forma directa. Los educadores de Tribuna Magisterial, dirigidos por el MOIR, presentarán tres listas: una en el norte del país, por la Costa Atlántica, encabezada por Luis Carlos Fuentes; otra por Antioquia y el nororiente, desde el Cesar y La Guajira hasta Arauca, con el primer renglón de Raúl Arroyave, y una tercera en el centro y sur del país, presidida por Álvaro Morales Sánchez.

Durante estos cuatro años, Tribuna Magisterial no ha cejado un solo instante en la lucha por la independencia de la Federación Colombiana de Educadores y en defensa de los intereses más sentidos de los educadores. Los tres candidatos que presentamos a consideración del magisterio son una garantía para el gremio, en pro de sus reivindicaciones fundamentales, pero también para la nación colombiana en la salvaguardia de la soberanía nacional, en un momento en que afronta la mayor ofensiva histórica del imperialismo norteamericano. Por esa razón esperamos el apoyo decidido del magisterio para nuestras listas en las elecciones del 3 de octubre al Comité Ejecutivo Nacional de Fecode.