Categoría: Tribuna Roja N° 72, Bogotá; mayo 20 de 1997

Palabras del compañero Jorge Enrique Robledo en la presentación de su reciente libro sobre el tema, en acto realizado en el salón del Fondo Cultural del Café, en la ciudad de Manizales, el 5 de mayo de 1997

En Europa Occidental, el promedio de los gastos estatales como porcentaje del PIB llega a 45 %. En Gran Bretaña, luego de varios años de intensa política neoliberal, Margaret Thatcher apenas pudo reducir ese indicador a 38.8%, y eso que allí las privatizaciones se hicieron «mediante una escandalosa subvaluación de acciones, que funcionó en detrimento del tesoro público y estableció un enriquecimiento súbito e improductivo de los accionistas», a quienes además les condonaron sus deudas, les perdonaron los pagos por dividendos y les otorgaron enormes subsidios directos, como el que recibió la British Aerospace por 250 millones de libras.

De acuerdo con Lester Thurow, decano del MIT, universidad estadounidense, «mientras Europa Oriental privatiza, Estados Unidos nacionaliza. Con el derrumbe de gran parte de su sector bancario, a principios de 1991, el gobierno norteamericano se ha visto obligado a absorber 200 mil millones de dólares en activos privados, y se suponía que acabaría poseyendo 300 mil millones de dólares antes de que se detuviese la hemorragia. Una corporación oficial, la Resolution Trust, se ha convertido de hecho en la principal propietaria norteamericana».

La historia de la humanidad es, en buena medida, la historia del papel del Estado en el desarrollo material y cultural. La actividad gubernamental en el actual reino del capitalismo monopolista y financiero es tan definitiva, que no puede comprenderse esta etapa sin entender qué significa el capitalismo de Estado, el cual no es otra cosa que la actividad oficial en la tarea de estimular, proteger, planificar, limitar y sustituir a la llamada «mano invisible del mercado» en la organización de la sociedad. Cada vez está más claro que las doctrinas de Smith y Ricardo respondieron a las necesidades particulares del desarrollo del capitalismo inglés en un período brevísimo de su evolución, y que el Estado estrictamente gendarme que propusieron nunca logró pasar en serio de los libros a la realidad.

Sin la actividad del Estado ya hace tiempo que el progreso tecnológico, base de todo progreso, se hubiera detenido. Carentes de su especial respaldo, las industrias más complejas seguramente ni existirían, según lo indican las cifras: en Japón, entre 1954 y 1967, los industriales privados apenas financiaron 32.5% de sus inversiones, en tanto que en Corea, entre 1963 y 1973, sólo aportaron 20% y se dice que en 1983, apenas el 9.9%, en Estados Unidos, el país que goza de las mayores facilidades para un manejo menos intervenido, los particulares aportaron 65% entre 1947 y 1963. En todos los casos, el resto corrió por cuenta de los recursos del erario, aportados en condiciones ventajosas para los accionistas privados. Y se sabe que el sector agropecuario de las potencias existe porque recibe subsidios directos por más de 320 mil millones de dólares al año, además de otros respaldos.

En el mundo de hoy. ¿quién, si no el Estado, puede definir las variables fundamentales del desarrollo, tales como qué sectores productivos se estimulan, el monto de los subsidios, el nivel de los aranceles, la tasa de interés del crédito, la rata de inflación, el porcentaje de la devaluación o revaluación de la moneda, el volumen y calidad del aparato educativo, la legislación laboral, el tipo y localización de la infraestructura, en fin, los diferentes aspectos que en últimas definen la suerte de todos y cada uno de los empresarios y asalariados? ¿Quiénes, si no los dirigentes del Estado, deciden si un país procura colocarse en la vanguardia del progreso universal o apenas se le deja sometido al secundario papel de ser el peón de algún imperio?

Si el papel del Estado en el desenvolvimiento interno de un país es crucial, en las relaciones entre ellos ni se diga. ¿El colonialismo universal que se iniciara con el descubrimiento de América no fue la empresa que acometieron los Estados más modernos de la época contra los pueblos que no poseían desarrollos estatales capaces de protegerlos? ¿Esa rapacidad colonial no tuvo como propósito enriquecer a las clases dominantes de la época? ¿No consistió la Independencia de América en la gesta por medio de la cual las naciones conformadas establecieron Estados que les protegieran su desarrollo económico? ¿No significa la doctrina del desaparecimiento de las soberanías nacionales apenas un sofisma que apunta a facilitar la agresión de las potencias, que no renuncian a utilizar su propia soberanía para respaldar las hazañas de sus transnacionales? ¿Por cuánto tiempo se sostendría Clinton en el poder si le dijera a la oligarquía financiera norteamericana que en adelante no empleará su Estado para estimularle y protegerle sus intereses en el globo? ¿A quién representó Gaviria, a quién representa Samper?

Los argumentos neoliberales secundarios tampoco resisten el análisis. Que el Estado es por definición ineficiente, monopolista y corrupto son los supuestos ases con los que se pretende ganarles la partida a los contrincantes. Mirémoslos uno por uno.

La NASA, los ferrocarriles franceses y las telecomunicaciones alemanas, para sólo mencionar unas pocas de las industrias que posee el Estado en los países desarrollados y que impresionan por sus avances tecnológicos y sus buenos servicios, no son obviamente privadas. Y eso que lo corriente en las economías de mercado es dejarle al Estado la obligación de cargar con aquellas empresas donde no resulta posible obtener ganancias o donde los riesgos son mayores. Si todo el problema de las muchas fallas que tiene el aparato estatal en países como Colombia se reduce a la llamada «ineficiencia» oficial, ¿por qué el capital financiero privado sólo se interesó en la seguridad social una vez definió que se duplicaran los aportes de los afiliados, al tiempo que les redujo sus beneficios en salud y pensiones?

El cargo contra el Estado porque posee monopolios, da risa. Ya está demostrado que la privatización no busca eliminar la propiedad monopólica, sino sustituir la oficial por la privada. Esto sucede, en unos casos, porque es imposible generar competencia plena, dadas las barreras naturales, como sucede con los puertos. Y en otros, por que sería hasta ridículo. ¿Se imaginan a los recolectores de basura de Emas arponeándose con sus competidores las canecas en las calles de Manizales? Pero principalmente ocurre porque hace ya décadas que las mayores empresas requieren enormes capitales, y porque los compradores de los bienes públicos exigen que el Estado les garantice condiciones monopólicas hacia el futuro. ¿No diseñó el gobierno el negocio de la telefonía celular limitando la competencia? ¿Y no está privatizando la TV para asegurarle a cada monopolio su tajada?

Son tantas las gabelas que les está otorgando a los monopolios, que ya hay políticas de privatización que inclusive parecen estar por fuera de la doctrina capitalista de la oferta y la demanda, como ocurre con la venta de las hidroeléctricas y termoeléctricas. Los inversionistas han conseguido que el Estado les garantice, a precios remunerativos y fijados de antemano, el pago de toda la capacidad productiva, aun en la eventualidad de que esa energía no tenga compradores. ¿No se supone que el abecé del capitalismo consiste en que el burgués corra con el riesgo de no tener a quien venderle su producto o que deba venderlo a pérdida por un tiempo o hasta su misma ruina? Y eso que las privatizaciones de las empresas públicas se realizan al amparo de la Ley 142 de 1994, la cual, además de elevar las tarifas antes de las enajenaciones, tuvo como uno de sus más obvios propósitos reducir o evitar que se compita con el precio de los servicios.

El cuento de privatizar como un remedio contra la corrupción parece sacado de la misma fábula que habla de los imperios buenos. Ingenuidades aparte, y hablando con franqueza, cada caco, cada pillo en el Estado requiere de por lo menos un, socio en la empresa privada. La corrupción pública existe porque existe la de los particulares. A este tema sí le cae como anillo al dedo la sentencia que censura tanto al que peca por la paga como al que paga por pecar. Si de verdad a los neoliberales los guiara la lucha contra la corrupción, habrían aplazado la venta de los bienes públicos, porque si algo está claro es que, en la cleptocracia universal imperante las privatizaciones se convirtieron en grandes operaciones de favoritismo y corruptela, en las que la picardía menor consiste en vender a menos precio las propiedades públicas y en seleccionar a dedo a los encopetados favoritos.

Como la apertura y las privatizaciones buscan entregarles el mercado nacional a los monopolios extranjeros y a sus intermediarios criollos, y abaratar el costo de la mano de obra, los neoliberales también debieron organizar un verdadero lavado cerebral contra lo que llaman el «paternalismo» estatal. Quieren que las naciones padezcan con resignación la tortura de su empobrecimiento, mientras intentan anestesiarlas con el carácter supuestamente científico de la lavativa teórica a que las someten.

Lo que de verdad se discute no es si el Estado actúa o no, sino al servicio de quién lo hace: en favor de las mayorías nacionales y de los empresarios no monopolistas, o en beneficio de las trasnacionales y de los cuatro grupos financieros nativos que controlan la vida del país. Lo que realmente se debate es si el Estado estará en favor del capitalismo nacional, lo que realmente nunca ha sucedido en este siglo, o si profundizará su sometimiento a los poderes foráneos, y principalmente al imperio norteamericano, el cual, a pesar de su aparente fortaleza se debate en problemas apenas comparables con los que antecedieron a la crisis mundial que estallara en 1929, lo que le exige decuplicar su extorsión.

En la actual controversia. que no es simplemente teórica, porque de ella dependen el empleo y los ingresos de obreros, campesinos, artesanos, capas medias y hasta sectores empresariales, deberemos jugar un papel vital los que tuvimos la suerte, y la responsabilidad que ello implica, de tener acceso a los libros, a la historia y a la ciencia. Uno de los desastres de esta etapa ha consistido en que no pocos intelectuales renunciaron a la búsqueda de la verdad en sus análisis, a cambio del mezquino disfrute que proporciona guardar silencio sobre la desnudez del rey.

Aspiro a que el texto que presento hoy sea capaz de convencer sobre la enorme inconsistencia práctica y teórica de la doctrina que empuja hacia el despeñadero a nuestra patria y sea capaz de alentar la resistencia de los que tengan el valor para atreverse. Pero si sólo lograra crear dudas sobre la validez del dogma imperante y estimulara el estudio serio de la experiencia histórica de la humanidad, me daría por bien servido. Si en todos los terrenos de la vida rendirle culto a la moda, o a lo light insulta la inteligencia de los seres humanos, en el campo de la academia debiera avergonzar.

Por Francisco Cabrera

Los millones de toneladas de acero devorados por la hoguera de la Segunda Guerra Mundial, primero, y las ingentes cantidades de mineral que demandó posteriormente la reconstrucción de la porción del globo arrasada por la conflagración, generaron tal escasez, que el Estado colombiano tuvo que enfrentar el montaje de una industria siderúrgica propia. En 1947 el Congreso de la República dictó la ley 45, mediante la cual se creó la Empresa Siderúrgica Nacional de Paz del Río. Hoy, 50 años después, el presidente de la compañía, y representante del llamado Sindicato Antioqueño, Néstor Fernández de Soto, anuncia su liquidación. Que la empresa «nació muerta» y «no es viable financieramente» dice, bajo el influjo del economismo en boga, ajeno por completo a los intereses nacionales. Pasaremos de tener la industria madre, una siderúrgica integrada, a no tenerla, feriando nuestros recursos mineros al mejor postor en el mercado mundial. Lo que el conglomerado urde es estafar a la nación traspasándole el pasivo pensional y arrebatar a los obreros los ahorros de sus cesantías. De contera se condena a la ruina al resto de la industria del acero y al departamento de Boyacá. ¿Lo permitiremos?

Acero orgullosamente colombiano
El hermoso valle de Suamox y la hoya del río Chicamocha, albergan en sus entrañas enormes yacimientos de mineral de hierro, carbón y caliza, materias primas indispensables para la producción de acero. De allí que aquella región reuniera las condiciones ideales para el florecimiento de una siderúrgica integrada. En 1954, en Belencito, del alto horno manaría la primera colada de arrabio. El país había coronado exitosamente el montaje de una industria básica para su desarrollo. Desde entonces, de Acerías Paz del Río sale una gran variedad de productos semiterminados y terminados, punto de partida de toda una cadena productiva.

La instalación de la factoría significó un notorio progreso para Boyacá, departamento caracterizado por la pequeña producción campesina. Algunos obreros llegaron de otras regiones, y los más fueron reclutados de entre las capas empobrecidas del campesinado boyacense, y vinculados a los frentes mineros, o a la planta de Belencito. Se abrieron carreteras y unos cien kilómetros de vías férreas. El crecimiento de Sogamoso y Duitama, hasta convertirse en ciudades intermedias, y más recientemente la formación del corredor industrial entre éstas y Tunja, se deben ante todo a Acerías. La influencia de la empresa se extiende a cerca de 20 municipios, en los que en su medio siglo de existencia ha forjado no sólo una economía sino una cultura minera que se palpa en los centros educativos, en las tertulias y en las más diversas actividades.

En Colombia existen dos tipos de industria siderúrgica, la integrada y la semintegrada. En la primera se parte de mineral de hierro, carbón y caliza como insumos básicos para producir acero líquido en altos hornos; Acerías Paz del Río, es la única de este tipo en el país. En las semintegradas el insumo es la chatarra y se produce en hornos eléctricos. En la actualidad existen varias de ellas: Sideboyacá, Sidecaribe, Sidelpa, Sidemuña, algunas de menor tamaño, y Simesa, la más antigua de todas, cuya fundación data de 1938. El grupo Holguín, del Valle del Cauca, controla el sector, exceptuando a Simesa en la que posee 15% frente a 50% del Banco de Colombia.

Cuando en 1954 Paz del Río comenzó actividades, el país importaba 97% del acero que consumía, y el escaso 3% restante era procesado por Simesa. Diez años después, las importaciones se habían reducido a 36%, gracias a un crecimiento sostenido de la producción que pasó, en ese lapso, de 43 mil a 225 mil toneladas de acero. Con la asesoría de un equipo de ingenieros alemanes, la empresa se hizo experta en las faenas mineras y fue construyendo una moderna infraestructura para la extracción de los minerales, para su transporte mediante bandas mecanizadas y cables aéreos que en góndolas llevaban el carbón ya triturado desde la mina de la Chapa hasta la planta lavadora en Santa Teresa, y el hierro, desde la mina hasta el municipio de Paz del Río, donde se embarca en trenes eléctricos hasta Belencito. Allí llegan también el carbón de las minas de Samacá y la caliza de los alrededores.

En la ciudadela industrial de Belencito, todo es de enormes dimensiones. A pesar de haber envejecido y evidenciar gran rezago tecnológico, con su alto horno, los convertidores, los trenes de laminación, la batería de 57 hornos para la producción de coque, los talleres para el maquinado de repuestos y la planta de oxígeno, que junto con el tren Morgan son las adquisiciones más recientes, pero por sobre todo con la pericia que revelan sus trabajadores, Acerías es un testimonio latente de que, cuando nos lo hemos propuesto, los colombianos hemos caminado las rutas del progreso. Las complejas transformaciones que a temperaturas superiores a los 1.300° C sufren los minerales con los que se alimenta el alto horno, y los fuegos de artificio en medio de los cuales se produce el alumbramiento de la colada y se purifica el acero en los convertidores, han estado presentes y han sido base clave del desarrollo de las naciones que completaron su industrialización. De los trenes de laminado por los que circula incesante en procesos de reducción el metal al rojo vivo, han de salir los tochos, la palanquilla y los productos terminados redondos y planos, que utilizarán otras industrias para fabricar máquinas y herramientas, medios de transporte, obras de infraestructura para servicios públicos y vías, construcción de edificaciones, etc.

Si las guerras nos enseñan que las naciones deben bregar por su seguridad alimentaria y por mantener una serie de sectores básicos como la metalurgia, en los cuales no pueden depender de las importaciones, ¿por qué se está dejando morir a Acerías Paz del Río?

La respuesta a este interrogante resulta muy ilustrativa acerca de las apátridas políticas que han dominado los manejos económicos del país durante los últimos decenios, sobre la naturaleza de la gran burguesía colombiana y sobre las tendencias recientes del imperialismo.

Privatización, libre mercado y especulaciones
Cuando el gobierno creó la empresa determinó su capitalización mediante una sobretasa al impuesto a la renta, que hacía obligatoria la compra de acciones por los contribuyentes. El mismo año en que inició operaciones se comenzó su traspaso al sector privado entregando a bajo precio sus activos y se cambió su razón social por Acerias Paz del Río S.A. Internacionalmente se experimentaba un fenómeno totalmente contrario, pues 23% de la industria siderúrgica del mundo era estatal en 1951, y ya en 1980 la cifra había llegado a 60%. La factoría mantuvo su crecimiento hasta finales de la década de los setenta, época en la que empezó la crisis de la cual no ha podido recuperarse.
En un estudio que el sindicato de Acerías contrató con Cedetrabajo en 1983 se pusieron a la luz las verdaderas causas de la crisis de aquellos años, muy distintas a la responsabilidad que los directivos de la empresa pretendían descargar en los salarios de los trabajadores. Por un lado, a nivel internacional se vivía una profunda recesión que encarnizaba la contienda de los grandes productores de acero para colocar sus excedentes en países como el nuestro. Esa tendencia se veía beneficiada con las medidas de «liberación de mercados», como la «pequeña apertura» puesta en marcha por el gobierno de López Michelsen. De otra parte, el grupo de accionistas que tenía el control de la siderúrgica optó por exprimir la empresa mediante especulaciones bursátiles y el reparto de utilidades, al tiempo que la encadenaba con cuantiosos créditos para el montaje de una cementera, en momentos en que era urgente modernizar la acería.

Latinoamérica bajo la nefasta apertura
La tormenta apenas si vivió algunos años de relativa calma, para arreciar de nuevo en los noventa con más devastadores efectos. La victoria de los Estados Unidos en la guerra fría abrió paso a la llamada internacionalización, el escenario en el que esa omnímoda potencia y las trasnacionales están moldeando el nuevo orden mundial.

En el caso del acero, The Wall Street Journal Americas del pasado 4 de abril anunciaba los pasos que se vienen dando en Norteamérica para unir a tres monopolios: United States Steel Group, National Steel Corp e Inland Steel Industries, mientras que en Alemania, «los gigantes industriales Fried Krupp AG, HoeschKrupp y Thyssen AG llegaron a un acuerdo para fusionar sus divisiones de acero.» La misma noticia cita estas palabras de un importante hombre de negocios: «Si sacaran algunos de los productores menos eficientes, les ayudaría a todos a ganar dinero.

Y en la revista Acero Latinoamericano, de enero-febrero de 1997, publicada por el Instituto Latinoamericano del Fierro y del Acero, Ilafa, se señala una constante baja de utilidades de las grandes acerías integradas y la necesidad de concentrar la producción en unas pocas que se especialicen en los aceros y aleaciones de alta tecnología y rentabilidad. Dichas empresas lógicamente quedarán en manos de las grandes trasnacionales que se fusionan para controlar los mercados. Países como el nuestro deben cerrar sus altos hornos y dejar sus minas de hierro como reserva, dedicándose al procesamiento de chatarra y semiterminados en hornos eléctricos, y haciendo uso de la subcontratación de las actividades menos lucrativas. En América Latina, Ilafa señala entre otras tendencias: «Las primeras privatizaciones que concluyeron en Argentina, Brasil y México han conducido a una gran cantidad de propiedad en manos de participantes financieros»; se anuncia una «Nueva estructura de la industria que implicará la formación de un número más pequeño de grupos regionales», y remata: «La integración más estrecha de las industrias norteamericanas y sudamericanas es inevitable». En resumen, el destino que aguarda a la industria siderúrgica de la América pobre será una mayor concentración, mayor control por los monopolios financieros, y una «integración más estrecha» con las industrias del norte opulento interesadas como es obvio en una sola cosa: «ganar dinero».

De los 700 millones de toneladas de acero que se producen en el mundo, América Latina aporta 5%, frente a 37% de Asia, 23% de Europa Occidental, 15% de Europa Oriental y 12% de Estados Unidos y Canadá. En la región, de un total de 50 millones de toneladas, los principales productores son Brasil con 52.5%, México con 25.3%, Argentina con 7.6% y Venezuela con 7.5%.

Las acerías estatales están siendo privatizadas y su propiedad se ha concentrado. En Brasil, por ejemplo, la Compañía Siderúrgica Nacional, CSN, consorcio de capital norteamericano y brasileño, compró por US$3.150 millones 41,7% de las acciones de la minera estatal Compañía Vale de Río Doce, complejo minero que produce anualmente 17 toneladas de oro, y controla en Carajás, estado amazónico de Pará, el yacimiento de hierro más rico del orbe, con reservas que alcanzarían para abastecer el mercado mundial durante 400 años. El gobierno de Fernando Henrique Cardoso finiquitó la transacción en diez minutos, tras las maniobras para burlar una revuelta y más de 130 acciones judiciales que buscaban impedir la que hasta la fecha es la mayor privatización de América Latina.

En México, con la privatización de las empresas siderúrgicas de Lázaro Cárdenas, puerto en la desembocadura del río Balsas, en Michoacán, la propiedad pasó a la familia Villarreal y la familia Mittal de la India, que junto con Altos Hornos de México S.A. e Hylsa, la filial acerera del Grupo Alfa, dominan el sector. Otro caso son los Rocca en Argentina, dueños del Grupo Techint, al que pertenecen Siderar y Siderca, que poseen inversiones en acero en México e Italia y controlan 36% del mercado mundial de tubos de acero sin costura para oleoductos y gasoductos.

Venezuela está viviendo por estos días la venta de la Corporación Venezolana de Guayana, CVG, el más importante complejo industrial del Estado, del que hace parte la Siderúrgica del Orinoco, Sidor, principal productora de acero, cuyos activos se calculan en 4.000 millones de dólares. Allí se discutía la venta de la empresa dividida, o como un todo. Las agremiaciones ProVenezuela y Coindustria han denunciado que bajo la asesoría de Salomon Brothers y Merril Lynch, las negociaciones se han trasladado a los Estados Unidos, en donde se decidió hacer la venta en bloque, incluyendo el puerto de embarque, y señalan que el traspaso del monopolio estatal a las multinacionales es contrario a los intereses del país. Tras Sidor están once grupos inversionistas dentro de los cuales se encuentran Kobe Steel de Japón, la CSN del Brasil, los monopolios mexicanos y Siderar de Argentina.

Se arrasa la producción nacional
En Colombia los tres últimos gobiernos han venido sirviéndole a la obra recolonizadora que aquí dieron en llamar apertura económica. Bajo el mandato de Barco, para clavarle la estocada a la producción nacional, el Ministerio de Desarrollo contrató un estudio sobre la industria siderúrgica con las firmas Sema Metra Group Management Consultants y Econometría Ltda., que se publicó en junio de 1989. Allí se señala que en productos laminados «Brasil y Venezuela son muy competitivos. (…) Para el abastecimiento de Colombia, la alternativa a la producción nacional podría ser la importación desde Venezuela.» También queda definida la suerte de Paz del Río: «Tres medidas deben ser tomadas: i) Separar las operaciones de minería, acería y cementería en varias empresas con manejo propio con el fin de bajar los gastos generales y de aumentar la flexibilidad de la compañía; ü) Separar las operaciones de relaminación a fin de permitir la competencia con los demás relaminadores, y iii) Vender operaciones de minería a fin de bajar los gastos sociales y los costos de operación». El guión se ha cumplido en estos ocho años.

Gaviria aceleró la apertura tras la orden impartida por la señora Carla Hills, representante del Departamento de Comercio estadounidense. Los recursos y la reconversión con los que se había ilusionado al sector industrial, nunca se dieron. Y el Acuerdo de Maiquetía, suscrito a comienzos de 1992, redujo el plazo inicial para la liberación del comercio siderúrgico con Venezuela, de 5 años pactados en el Acuerdo de Galápagos, a 15 meses que vencieron el 1° de abril de 1993.

En 1994 entraron al país 287 mil toneladas de productos de acero provenientes de Venezuela. Brasil, Trinidad y Europa del Este. Además ingresaron 163.000 toneladas de aceros semiterminados de Venezuela. Rusia y Bulgaria, que representaron un incremento de 58% con relación al año anterior. En ningún caso se puso control a la subfacturación, el dumping y el contrabando.

Pero la apertura no es solamente la liberación de los mercados. Sobre el sector siderúrgico ha caído el peso asfixiante de las medidas del Banco de la República. La revaluación del peso ha favorecido a los aceros importados, y las tasas de interés tienen la suerte de Paz del Río en manos de sus acreedores externos e internos a quienes adeuda $55.800 millones. Los altos intereses también inciden negativamente sobre la demanda de vivienda. La industria de la construcción, el principal consumidor de acero en el país, se encuentra atravesando la más profunda recesión sin que se vislumbre que se pueda recuperar en poco tiempo.

Las andanzas del Sindicato Antioqueño
El «sindicato silencioso», como calificó al conglomerado antioqueño una publicación, ha utilizado calculadamente los males de Acerías para obtener favores del gobierno y para asaltar a los trabajadores, a sabiendas de que su objetivo final es el cierre de la factoría a la que no considera un negocio atractivo. Así lo demuestran los hechos de los últimos años.

Durante las décadas de los setenta y ochenta se produjo una importante transformación tecnológica en la siderurgia mundial, imponiéndose la metalurgia en cuchara y la colada continua. A pesar de que todos los estudios contratados por la gerencia de la Compañía plantean la introducción de las mencionadas innovaciones, en la práctica nunca se invirtió en ellas, pues los recursos v el crédito se desviaron hacia el montaje de la planta de cemento. Para el «sindicato silencioso» significó la oportunidad de ampliar su actividad cementera, en la que han sido amos en Colombia. En 1994 se separaron los negocios, se constituyó Cementos Paz del Río S.A. v Acerías vendió la mitad de sus acciones de la Nueva York para pagar acreencias por cerca de $40.000 millones. El Sindicato Antioqueño compró buena parte del paquete asegurando el control sobre el capital accionario de la cementera. Acerías, para ellos, había cumplido su papel.

La naturaleza de este grupo económico queda retratada en un elogioso artículo publicado en The Wall Street Journal Americas del pasado 16 de enero, titulado «El Sindicato Antioqueño tiene la llave de Colombia». En él se afirma que «15 compañías internacionales han formado empresas conjuntas con el Sindicato. Entre ellas H.J. Heinz Co y Kimberly-Clark Corp.» Controla Cadenalco (Ley, Superley, La Candelaria, etc.), pero no tiene inconveniente en aliarse con la multinacional Makro participando con 49% en sus supermercados. Desde 1993 hizo inversiones en el exterior por más de US$150 millones y espera invertir US$500 en los próximos cuatro años, para lo cual «busca fórmulas que le permitan conseguir cantidades importantes de capital para formar nuevas empresas conjuntas». El diario de los linces norteamericanos de las finanzas lo pinta como verdadero paradigma en medio de la nueva ola de la internacionalización. Con razón, El Convertidor, una altiva publicación de los trabajadores de Acerías, señala refiriéndose a la apertura: «Grupos monopólicos como el Sindicato Antioqueño optan por actuar dentro de ella, así esto signifique feriar a los intereses extranjeros y a un bajo costo nuestros recursos, nuestra fuerza laboral y nuestras posibilidades de desarrollo independiente».

El papel del Estado
La apertura no solo ha puesto al desnudo la naturaleza de la gran burguesía colombiana, sino que puso a la orden del día la discusión acerca del papel que debe jugar el Estado en la construcción del desarrollo nacional. Néstor Fernández de Soto dijo para Cambio 16 de abril 14-21 de los comentes, refiriéndose a la actual crisis: «Esta empresa nació muerta. (…) hay que darle una muerte digna y ordenada». En varias oportunidades y en el informe de 1996 habló de que la administración se encuentra concentrada en la división de la empresa en cuatro «unidades estratégicas de negocio»: la planta de oxígeno, la actividad de minería y coquetería, la laminación, y la planta generadora de energía eléctrica. Y en una entrevista concedida a Portafolio del 28 del mismo mes planteó: “El Estado siempre le ha fallado a la empresa”.

Sobre lo anterior, lo que la clase obrera entiende es que la principal falla del Estado fue haber privatizado la factoría, entregándola en manos de una burguesía a la que sólo le interesa la rentabilidad, importándole un higo la suerte del país. Para el representante del grupo antioqueño, Acerías fue una equivocación histórica, cuando el verdadero error ha sido no empeñar mayores esfuerzos y recursos del Estado y los empresarios en construir una fuerte industria pesada que se convierta en base firme de nuestro progreso. Lo que esta burguesía rentista sin sentido patriótico llama «estratégico», no es lo que resulta vital para el avance nacional y garantiza su independencia, sino lo que produzca rentabilidad inmediata. Según este concepto deberíamos resignarnos al papel de exportadores de materias primas y aceptar que los monopolios imperialistas decidan que podemos o no producir. Aquí vale la pena repetir las acertadas palabras de Francisco Mosquera: «Si nos guiáramos por los índices de eficiencia, o de rentabilidad, habríamos de deponer los derechos a un desarrollo autónomo en aquellos renglones como la siderurgia, los hidrocarburos, o los mismos textiles, en virtud de las ineptitudes heredadas y de los impedimentos naturales. Con el tiempo renunciaríamos por completo a la construcción material (…) Pero cualquier nación, primordialmente en crecimiento, ha de canalizar parte considerable de sus fondos hacia las funciones básicas, aunque no renten, pues las áreas que aquellas cubren, o los elementos que proporcionan, resultan sobremanera necesarios para el conjunto de la producción. De ahí que el Estado haya de ocuparse, cada vez con mayor ascendencia, de frentes, de erogaciones, o de servicios que ya no son gananciosos para los particulares.» (Salvemos la producción nacional. Mayo 8 de 1991).

A los neoliberales que degradan al hombre reduciendo su misión a una mezquina elevación de la rentabilidad, el proletariado debe recordarles la inmortal hazaña del pueblo ruso después de la revolución de 1917, que en su Primer Plan Quinquenal entre 1928 y 1932, y en medio del cerco de las potencias capitalistas, pasó de ser un país atrasado a ocupar sitio de primer orden entre las naciones industrializadas del planeta. Como lo dijo Stalin en aquellos años, Rusia pasó de no tener industrias básicas como la siderurgia, la química, la petrolífera, la metalúrgica y la hullera, a tenerlas; de no tener una industria de maquinaria agrícola, de automóviles, de aeronáutica, de máquinas herramientas, a tenerla; de ocupar el último puesto en la producción de energía eléctrica, a ocupar uno de los primeros. Todo lo anterior se hizo en escala y proporciones monumentales. Tal proeza se explica por la dirección marxista del Estado y por el entusiasmo que despertó entre los obreros la posibilidad de construir un mundo nuevo, sin explotados ni explotadores. Frente a este hecho palidecían entonces los mayores logros de las economías europeas, y suenan ridículos los llamados «milagros económicos» que nos pinta hoy la doctrina de moda.

Quieren golpear y estafar a los obreros
La siderúrgica transformó a miles de campesinos en proletarios que aprendieron a dominar las técnicas modernas de explotación minera, y cientos de complejas operaciones, como las que se realizan en los hornos, en la operación de las grúas que transportan los pesados equipos y materiales, en los trenes de laminado, o en los talleres, entre otras. Hoy existen dos o tres generaciones de hombres, en su mayor parte, pero también mujeres, que entregaron sus energías a la industria del acero. Paz del Río cuenta con cerca de cinco mil pensionados.

Desde que comenzaron las dificultades de la empresa, la dirección se ha empeñado en demostrar que éstas tienen su origen en la «excesiva carga laboral» y que, para salvarla, los trabajadores deben hacer los consiguientes sacrificios. El eco que algunos dirigentes sindicales hacen a tales posiciones resulta sumamente perjudicial para los obreros. La labor esclarecedora ha corrido por cuenta del MOIR y otros sectores minoritarios que ven la defensa de Paz del Río como un elevado interés patriótico, pero que no están dispuestos a aceptar que, so pretexto de la crisis, se estafe y se flagele a los asalariados.

En sus épocas de crecimiento, Acerías llegó a tener 8.000 trabajadores, pero el número se ha venido reduciendo desde cuando se produjo la primera crisis de 1979 – 1982, hasta llegar en la actualidad a 2.700. Su merma ha corrido paralela con el aumento de la explotación del trabajo y la pérdida de las garantías laborales. A finales de los años ochenta la empresa había conseguido reducir la planta de personal a 5.000 no reemplazando a quienes se retiraban por jubilación o por cualquier otra causa. En 1992 había mil empleados menos. En 1993 se cierra la sección de trefilería que contaba con 320 operarios, y en la que se procesaban alambres brillantes, y el de púas que abastecía los agropuntos de la Caja Agraria. En los últimos meses, se cerraron los frentes mineros de La Chapa, Samacá y el de caliza, ofreciéndoseles a parte de los mil cesantes una supuesta «readaptación laboral», consistente en inducirlos a invertir los ahorros de sus prestaciones en «microempresas» mineras qué hoy los han llevado a la ruina, pues la compra de su producto por la Compañía se hace a precios miserables. En situación similar está colocada el resto de la pequeña minería del departamento.

Con base en estudios contratados con firmas extranjeras como la Voest-Alpine y la London Consulting Group, se pusieron en práctica planes de reestructuración administrativa cuya única ciencia consiste en ‘bajar los costos laborales», «aumentar la productividad» y «fragmentar las operaciones». Simultáneamente con la disminución del personal se fueron imponiendo los llamados Comités de Participación y Calidad, Copacs, y planes administrativos tendientes a intensificar la explotación del trabajo. El método consiste en realizar reuniones en las que mediante halagos, pues se parte de reconocer en los trabajadores su calidad de «accionistas», se pone a éstos a identificar los problemas que enfrenta la producción, para llegar a que «voluntariamente» algunos de ellos se comprometan a solucionar el problema. Eso sí, las operaciones deben realizarse por fuera de la jornada laboral, sin ningún recargo para la Compañía. En tales reuniones, el personal administrativo se encarga de presentar cifras exactas de los índices de productividad y de establecer metas para alcanzar mayores volúmenes de producción en menos tiempo, comprometiendo a los trabajadores a lograrlas. A finales del año pasado se presentaron dos accidentes en los que cinco obreros murieron quemados. En los mítines que se realizaron como reacción a estos hechos, los trabajadores exigieron la salida de los funcionarios de la London, pues algunas de las víctimas habían sido sometidas a turnos prolongados. La «participación», con su sobrecarga laboral, es acompañada por un severo régimen disciplinario. Cada vez es mayor el número de renuncias de obreros que no resisten las presiones, viéndose obligados a acogerse a una «negociación» de su retiro en la que pierden parte de sus prestaciones.

La vinculación de nuevo personal se está haciendo por contrato. Se trata de jóvenes recién egresados del Sena, a quienes se prepara para desempeñar «operaciones múltiples», son lo que llaman «polifuncionales». Sus salarios apenas superan el mínimo. En los últimos años se han entregado a los contratistas frentes como la vigilancia y los servicios generales. En la actualidad las actividades que éstos cubren ocupan a cerca de 500 personas.

Los trabajadores han recibido golpe tras golpe. En 1994 se produjo la más prolongada de las tres huelgas que se han realizado en la historia de Paz del Río. Su duración fue de 63 días. Se buscaba impedir el paso a la recién promulgada Ley 100, en lo referente a las pensiones de jubilación. La desatinada orientación del conflicto por el entonces presidente de la CUT, Orlando Obregón, llevó a su culminación en un tribunal de arbitramento. Vino después la negociación del pliego a finales de 1995 y comienzos de 1996, en medio de la debilidad del sindicato. Además de perderse algunas conquistas de la convención, especialmente en salud, la nueva se pactó desventajosamente a tres años. Y el más reciente y fuerte golpe: el acuerdo concordatario de 1996.

La Superintendencia de Sociedades aprobó en mayo de 1995 la solicitud hecha por la Compañía de entrar en concordato preventivo. El 15 de mayo de 1996 se firmó el acuerdo concordatario en medio de la más violenta guerra sicológica para embaucar a los trabajadores. Con el argumento de que la salvación de Acerías dependía de ellos, se les dijo que debían pasarse al régimen de la Ley 50, renunciando a la retroactividad de las cesantías, y aportar 40% de éstas para capitalizar la empresa invirtiéndolas en bonos convertibles en acciones. ¡Y en una estafa sin precedentes, las mentadas acciones que les fueron vendidas a diez pesos, posteriormente pasaron a cotizarse a menos de dos pesos, con lo que se les despojó de más de ocho mil millones de pesos! Para legalizar el atraco, el Ministerio de Desarrollo no vaciló en dictar, con posterioridad y con carácter retroactivo, el Decreto 1425 de agosto de 1996.

Con apertura no hay salvación
Los hechos vienen aclarando lo que significan las palabras del presidente de la empresa cuando habla de darle a Acerías «una muerte digna y ordenada». El principal asunto que el Sindicato Antioqueño está tratando de resolver, es cómo birlarles a los trabajadores lo que queda de sus cesantías, y mediante una «conmutación pensional», traspasarle el pasivo laboral a los Seguros Sociales.

El compromiso que la empresa se hizo en el acuerdo concordatario, fue modernizar la factoría adoptando la metalurgia en cuchara y la colada continua. Para ello, el gobierno nacional, a través del IFI, se comprometió a hacer aportes de capital por 20 millones de dólares y una cantidad igual en créditos, de los cuales se desembolsaron $25.000 millones en 1996. Los proveedores capitalizaron deudas por $15.000 millones, y los municipios aceptaron resignadamente aplazar el cobro de lo que se les adeuda por pago de impuestos. Al final, en lugar de la anhelada reconversión, se vuelve a plantear que la única salida es liquidar Acerías y fragmentaria en las tales cuatro unidades de negocio. La empresa alega que no se cumplieron por parte del Estado los supuestos macroeconómicos. ¿Cuáles? La inflación superó la meta de 18%, el año terminó con el peso fuertemente revaluado, y el incumplimiento del gobierno al no tomar medidas para proteger el renglón siderúrgico, evitar la subfacturación de los aceros importados y frenar el contrabando.

Los hechos, y los recientes debates en el Congreso y en el foro del 8 de mayo en Sogamoso, demuestran curiosas coincidencias entre él Sindicato Antioqueño y el régimen de Samper. Ambos sostienen que en el terreno de la apertura no hay marcha atrás. Sus declaraciones sobre la defensa de nuestro mercado son mera retórica. Hablan de la necesidad de proteger a Acerías y al resto de la industria siderúrgica frente a las importaciones y el contrabando, pero no se toma ninguna medida concreta para lograrlo. Es lamentable ver cómo Fedemetal depuso la erguida posición de Méndez Munevar, para cambiarla por una página en Internet en la que mediante una «bolsa de subcontratación», ofrecen nuestra base industrial para hacer los mandados que ordenen las trasnacionales.

Las subvenciones que el gobierno desembolse, no van a salvar a Paz del Río mientras no se reverse la apertura. Serán más bien una dádiva al Sindicato Antioqueño. Lo mismo sucede con las medidas del Banco de la República, obsesivas en el afán de atraer los capitales extranjeros, así se derrumbe todo el aparato productivo nacional. Frente a ellas los reclamos del samperismo y del conglomerado no tocan su esencia. Lo único seguro son los compromisos con la política imperial de los Estados Unidos tendiente a crear un vasto mercado para sus grandes consorcios, desde Alaska hasta la Patagonia, y cuyo proceso vigilan al milímetro el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, prestos a impedir que las ovejas se salgan del redil.

La resistencia
Por eso a la clase obrera, a los campesinos, a los industriales que aún creen y aman la patria, y a todo el pueblo, nos corresponde empuñar las banderas del progreso de Colombia.

El movimiento que se ha iniciado en Boyacá, mirado con simpatía por todas las gentes progresistas del país, es la alternativa para salvar a la única acería integrada con la que contamos, de la que dependen 25 del producto interno y 55% del empleo manufacturero de ese departamento. No dejemos que regrese la rueda de la historia.

Las movilizaciones desarrolladas por los trabajadores y el pueblo de Boyacá, los múltiples foros, la preocupación que hay entre los alcaldes y autoridades de los municipios que se verían gravemente afectados con el cierre de la factoría, la reacción de los angustiados comerciantes frente a la medida, las expresiones de rechazo a la política de apertura por las siderúrgicas semintegradas y por la industria transformadora del hierro y del acero, la posición de algunos congresistas, todo, viene demostrando que es posible organizar la resistencia.

Cuando se celebra el cincuentenario de la creación de Acerías Paz del Río, la única siderúrgica integrada del país, en lugar de los actos festivos, nos encontramos con los anuncios de su liquidación.

Son los resultados de la apertura impuesta por Estados Unidos, y aplicada dócilmente por los tres últimos gobiernos. Cuando el Estado Nacional abandona el papel para el que fue creado, cual es proteger el mercado interior, condena su producción a la ruina.

Son los resultados de privatizar actividades sumamente claves para crear las sólidas bases de un desarrollo independiente. Sin siderurgia, sector estratégico, no hay industrialización.

Los trabajadores y el pueblo de Boyacá no tienen por qué pagar ni los desatinos del gobierno, ni la codicia de los empresarios. La lucha unida que ustedes han iniciado es el camino. Es una lucha patriótica. En ella cuentan con mi respaldo y el de mi partido, el MOIR.

Frente a la crisis de Paz del Río, las propuestas que ha planteado la compañía y avala el gobierno, son: la desintegración de la empresa en varios negocios, dentro de los cuales no se encuentra la siderúrgica; arrancar a los trabajadores los ahorros de sus cesantías; traspasar a los Seguros Sociales el pasivo pensional, y donativos a través del IFI.

Los trabajadores y diversos estamentos de la sociedad han respondido exigiendo la conservar Acerías como una siderúrgica integrada. La salida sería su renacionalización, como lo plantearon el alcalde de Sogamoso, padre Gustavo Suárez, y el representante del sindicato Fernando Bayona.

Los trabajadores aprendieron la lección de que la crisis se está utilizando para estafarlos, y han respondido indignados a la propuesta de «donar» su prima de mitad de año.

El paro de los municipios del oriente boyacense programado para el 21 de mayo es parte integrante de la lucha de Colombia para salvar la producción nacional.

(Entrevista a la presidenta de la Cámara de Comercio de Sogamoso, Adriana Forero de Reina).

TR. Por los anuncios de liquidación de Acerías Paz del Río hay una serie de sectores interesados en movilizarse para salvarla. ¿Cuál es la posición de la Cámara de Comercio?

Adriana Forero. Nosotros nos dimos cuenta de que había que aglutinar las personas y empresas que se verán afectadas con el cierre de Acerías. Por eso convocamos a la universidad, a los industriales, a los comerciantes, a las entidades cívicas, al Club Rotario y decidimos citar un foro para el 8 de mayo, en este caso diferente a todos los foros que se han venido dando, con la presencia del presidente de la empresa y los ministros que en un momento dado puedan tomar decisiones para salvarla. Hay que buscar una solución conjunta; si no se logra, seguramente el más perjudicado va a ser el departamento de Boyacá.

TR. Esta crisis de Acerías es de vieja data, pero ahora el problema es agudo. Ninguna de las medidas adoptadas por los accionistas mayoritarios y el gobierno han servido, ¿por qué? ¿Qué solución están planteando ustedes?

Adriana Forero. Ya se dio cuenta la empresa, y toda la gente, que el inyectarle capital no es la salida. Ya los trabajadores dieron la suya, el gobierno dio su cuota y ha sido un capital que se ha ido dilapidando. Ha faltado esa tecnología nueva que saque a la empresa del estancamiento. ¿Por qué no ha dado resultado? La apertura económica afectó mucho la empresa por las importaciones de hierro y acero de otros países en donde la producción es subsidiada, lo que hace que los nuestros no sean competitivos. La única solución que nosotros vemos es que el gobierno fije unos aranceles fuertes a esas importaciones y que se frene el contrabando de Venezuela, que es grandísimo por el lado de Arauca. Eso afecta no sólo a Paz del Río, todas las siderúrgicas están mal. Y cerrarlas es grave para un país. Se trata de uno de los renglones más importantes para la economía. En épocas de guerra, por ejemplo, se requiere contar con siderúrgicas funcionando.

¿Qué haríamos nosotros dependiendo del exterior?

TR. Ustedes están pidiendo medidas políticas. ¿Nos podría ampliar ese aspecto?

Adriana Forero. Lo que estamos pidiendo es voluntad política. Que el gobierno entienda que esta industria es vital para la economía de la nación. ¿Cómo vamos a depender de nuestros vecinos? En Colombia existen ocho empresas y la más grande es Acerías Paz del Río. Si se acaba, las otras siete no van a poder llenar ese vacío en el mercado. ¿Qué se hará entonces? Pues importar aceros subsidiados que son más baratos, con los que el resto de la industria nacional no puede competir. Entonces ¿qué va a pasar? Que el resto de la industria también se acaba. Y en ese caso, imagínense lo que sería de nosotros. El gobierno debe pensar en eso y fijar aranceles más altos.

TR. Frente a la propuesta que vienen haciendo el alcalde de Sogamoso y el presidente del sindicato de nacionalizar la empresa ¿qué opina?

Adriana Forero. Sería interesante siempre y cuando se manejara con el criterio de que diera utilidad y teniendo en cuenta que ese es un renglón vital para el país. Si hacemos historia, las naciones desarrolladas se han preocupado ante todo por tener una industria siderúrgica fuerte.

TR. ¿Con cuáles sectores industriales afectados por el cierre han entrado ustedes en relaciones para enfrentar este problema?

Adriana Forero. Con las empresas de la puntilla, del alambre, de las grapas, los ferreteros. Acerías abastece la materia prima. ¿Qué va a pasar con ellos?
Pues se acaban. Ahora ¿qué pasa con los ornamentadores, con los transportadores, con los mineros? Mejor dicho, de esa empresa depende casi toda la economía de Boyacá. Se ha dicho siempre que éste es un departamento agrícola, pero la verdad es que es más minero: carbón, esmeraldas, aunque no nos dejan nada, y hierro y acero, eso es lo que más nos caracteriza. Las empresas del corredor industrial están relacionadas con el acero y unas dependen de las otras, unos hacen el alambre, otros la puntilla, todas dependen de la materia prima producida por las siderúrgicas.

TR. Si no se ve una salida positiva por parte del gobierno, ¿qué piensan hacer?

Adriana Forero. No quiero aventurar lo que vaya a pasar. Pero es el momento de que Boyacá se una y haga ver que también somos Colombia, que somos parte de este país. Yo pienso que al departamento no le va a gustar que el gobierno se olvide de nosotros, porque sería matarnos económicamente. Tocaría tomar otras medidas, seguros de que es una unión por Boyacá y vamos a estar todos dispuestos a lo que nos toque hacer.

(Mensaje dirigido por Rafael Espinel, secretario regional del MOIR en Norte de Santander, a Jesús A. Ramón Melo, candidato al Concejo de Cúcuta).

En su carta, fecha el 22 de abril de 1997, me cuenta que «nuevamente intento presentar mi nombre a consideración para el Concejo de Cúcuta», y que «la visión de la problemática de nuestra ciudad es crítica y creo representar e interpretar, los ideales del Movimiento que usted lidera en el Norte de Santander». Usted pide el apoyo del MOIR y de su senador Jorge Santos Núñez «para avalar esa aspiración».

Permítame hacer un resumen de nuestros principios y programas, con los cuales estamos forjando una opción para Colombia, sus departamentos y municipios como el de Cúcuta.

Primero. Luchar por la autodeterminación nacional.

Segundo. Defender la producción nacional.

Tercero. Civilizar la lucha política.

Cuarto. Buscar el bienestar del pueblo.

La recolonización emprendida por el imperio norteamericano y la correspondiente aplicación del modelo neoliberal tienen a Colombia sumida en una espantosa crisis, que ya toca todos los sectores productivos. Como la mayor parte de la crisis ha afectado el campo, es necesario hacer hincapié en un programa agropecuario que tenga como mínimo:

1. Garantía y precios de sustentación.

2. Créditos suficientes, oportunos y baratos.

3. Cese de procesos judiciales y embargos; condonación de deudas.

4. No a la importación de alimentos, insistiendo en el concepto de seguridad alimentaria.

5. Defensa de las instituciones agropecuarias.

6. No a la estratificación rural.

Para el municipio capital de Norte de Santander, nuestra consigna de industrializar a Cúcuta, hoy tiene más vigencia que nunca.

Pero ésta debemos acompañarla de propuestas concretas que le den salida a la problemática de nuestra ciudad, la cual usted, cuando fue secretario de Planeación del municipio tuvo la oportunidad de apreciar en toda su magnitud.

Estimado amigo: creo que en sus manos estas banderas podrán ondear dignamente y sus electores con entusiasmo cumplirán tareas más allá de las elecciones en favor de esta noble causa.

Desde ahora me comprometo a tramitar su solicitud dentro de mi Partido y con este respaldo gestionar todo lo correspondiente ante las autoridades electorales.

Con usted, y otras personalidades amigas, tendremos la oportunidad de aprovechar la próxima contienda electoral para educar a las masas en estos temas y llevar a los cuerpos colegiados a personas que desde allí nos ayuden a construir un gran Frente Único, capaz de forjar una nueva Patria Soberana, donde se pueda generar riqueza para el bienestar de la comunidad.

En Cácota
Los habitantes de Cácota, reunidos en la fecha en las instalaciones del Salón Cultural, previamente convocados por la Alcaldía Técnica, el Concejo, la Unidad Municipal de Asistencia Técnica, Umata, y el Sindicato de la Caja de Crédito Agrario, nos permitimos declarar que hemos conformado el Comité Local de Defensa del sector agropecuario, integrado por:

Presidente, Javier Orlando Flórez Duque; vicepresidente, Hernán Cañas Cañas; secretario general, Carmen Rosa Granados Sandoval; tesorero, Josué Natividad Flórez Peña; fiscal, Jaime Araque. Vocales, Melitón Vera, Román Chapeta, Manuel Isidro, Miguel Pabón, Samuel Carrillo, José Santos Daza y María Isidro.

Que dicho comité buscará como objetivo la defensa de la producción agropecuaria local, la cual se encuentra en verdadero deterioro, sobre la base de los siguientes puntos programáticos:

Primero. Exigir que se garantice la compra de la papa, curuba, trigo, maíz, cebolla, ajo, zanahoria y repollo, productos de esta región, y se fijen y mejoren los precios de sustentación para los mismos.

Segundo. Exigir que el gobierno nacional tenga créditos suficientes, oportunos y baratos, restableciéndose el crédito de fomento.

Tercero. Que cesen los procesos judiciales y embargos para los deudores que por razones de la importación de los productos o de los riesgos de la producción no se encuentran al día en sus obligaciones.

Cuarto. Que cesen las importaciones de alimentos y se haga énfasis en la seguridad alimentaria como un principio de soberanía y como derecho fundamental del pueblo.

Quinto. Que se fortalezcan las instituciones estatales dedicadas al agro, en particular la Caja Agraria, definiendo para ello que dichas instituciones son base del progreso y desarrollo del sector agrario y de nuestra región y de nuestra localidad. La Caja Agraria debe restablecer su función social, en particular retomando el funcionamiento de los agropuntos. Para ello requiere de la dotación de facultades de crédito, personal, herramientas y servicios que lo hagan el banco del campo y no un banco comercial más.
Seis. Que en el evento de que se establezca la estratificación rural, la rechazaremos, por cuanto se incrementarán los costos de los servicios públicos de la región.

Quienes suscribimos la presente, en nombre de los campesinos del municipio de Cácota, Norte de Santander, debidamente facultados por la Asamblea, señalamos nuestra disposición a coordinar las tareas necesarias con otras organizaciones del sector y promoveremos entre nuestros asociados el conocimiento de los puntos acordados. Para constancia se firma por quienes intervenimos, a los 22 días del mes de febrero de 1997. (Firmas de más de 60 asistentes).

En Labateca y Chitagá
En idénticos términos se dieron las reuniones de Labateca y Chitagá, donde fueron elegidos los siguientes directivos:

Labateca:
Presidente, Eduardo Rozo; vicepresidente, Leonardina Parada; secretaria, Marta Cecilia Merchán: tesorero, José Rosario Flórez; fiscal, José Santos Rozo, y subfiscal, Campo Elías Monterrey

(Respaldada por más de 80 asistentes).

Chitagá:
Presidente, Oscar Carvajal; vicepresidente, Roberto Flórez; secretario general, Ramón Peña; tesorero, Alfonso Ortiz; fiscal, Martín García. Vocales, Oscar Peña, Roque Villamizar, Josué de Jesús Peña, Florencio Carvajal y Reinaldo Rodríguez.

(Esta reunión quedó respaldada con la firma de más de 120 asistentes).

Para el 15 de junio se realizará la asamblea del Comité en Durania.

El 24 de mayo está programado el cursillo de capacitación para los miembros de las Juntas Directivas de los Comités, con tres temas principales:

a) Liderazgo campesino, b) situación agraria nacional e c) historia del crédito en la Caja Agraria.

La Juventud Patriótica, JUPA, del Valle y Risaralda aprovechó la oportunidad de convertir una fiesta popular, el 31 de diciembre, año viejo, para demostrar el inconformismo de una gran nación ante la arremetida colonial del imperialismo yanqui en el campo económico, político y cultural.
El 31 de diciembre, el pueblo ha instituido la costumbre de elaborar muñecos llenos de pólvora, que arden a la medianoche, como símbolo de lo viejo y lo malo.

En la quema del pasado año viejo, los bugueños hicieron uno del embajador Myles Frechette, que aparece en la foto, personificación de los males que aquejan al país.

El matachín fue paseado por las poblaciones del norte del Valle y finalmente quemado entre consignas: ¡Resistencia contra el intervencionismo gringo!

Se revivió la consigna de los años setenta: ¡Por una nueva cultura de masas, viva el arte nacional!

También se gritaron los lemas centrales en la actual situación: ¡Abajo el imperialismo en el campo de la educación! ¡Fuera gringos de Colombia!

Con avances significativos terminó el conflicto colectivo del Hospital Simón Bolívar de la capital, el cual se prolongó desde el 6 hasta el 15 de mayo. Los trabajadores de este centro hospitalario distrital recibieron el apoyo decidido de organizaciones sindicales como Sindess, Asmedas, Sindistritales, Anthoc y Sintrasalud.

Fruto del movimiento de protesta que llevó a los empleados a una asamblea permanente, se llegó aun acuerdo con la dirección del hospital, que se resume así: suspensión de concursos para inscripción en carrera administrativa respecto de funcionarios que estén desempeñando cargos previstos en ésta; la administración se abstendrá de declarar insubsistentes a sus funcionarios hasta tanto la ley no expida un mecanismo concertado de inscripción en carrera. Se adopta como modelo de contrato de trabajo a término indefinido el que rige para los hospitales de primero, segundo y tercer nivel de atención.

En el terreno disciplinario, la dirección del hospital desistirá de todas las acciones tendientes a sancionar a sus trabajadores por razón de la protesta, y no hará descuentos salariales por el mismo hecho. Por último, las autoridades se comprometieron a no tramitar demandas que pudieran encaminarse a la suspensión o cancelación de las personerías jurídicas de las asociaciones sindicales que participaron en el movimiento.

En el Hospital Militar
Después de un prolongado cese de labores que los trabajadores de este hospital habían promovido contra medidas privatizadoras, que además lesionaban sus derechos, se llegó a un acuerdo. El compromiso del hospital es reintegrar a los funcionarios despedidos, dar aplicación a la carrera administrativa como instrumento para garantizar la estabilidad y el mejoramiento de los salarios.

En ambos casos fue ejemplar la contribución a la lucha que nacionalmente se libra por la defensa de la salud pública y son precedentes para otros conflictos que se avecinan.