Julio Roberto Gómez, secretario general de la CGTD: LA CLASE OBRERA RECOGIÓ LA INCONFORMIDAD POPULAR

T. R.: ¿Cuál fue el aporte de la CGTD al proceso de unidad que hizo posible el paro?

Julio Roberto Gómez: El proceso tuvo su origen en lo que podríamos denominar la paciencia histórica de la CGTD. Desde cuando se firmó por primera vez el “pacto social”, la CGTD asumió una actitud muy crítica frente al mismo, aun cuando sin romper en ningún momento con las demás centrales obreras.

Nosotros sabíamos que nuestra posición era correcta. Habíamos cotejado el “pacto social” mexicano durante los últimos siete años y concluimos que no trajo un mejorestar para los trabajadores. Una inflación menor no necesariamente significa bienestar para la clase obrera. En México los neoliberales lograron disminuir la inflación de 159% a 9%, pero a costa de reducir los salarios de los trabajadores en 32%, con un desempleo cada vez más desenfrenado y una mayor intervención norteamericana, en el marco del Tratado de Libre Comercio.

Al ir haciéndose evidente en Colombia el fracaso del “pacto social”, empezó a darse un acercamiento entre la CGTD y las demás confederaciones. Y cuando el año pasado se instala la Comisión Permanente de Concertación, señalamos que no era bueno darle continuidad a un “pacto social” nefasto para los asalariados. En esa misma Comisión fuimos estrechando los lazos de fraternidad con las demás vertientes sindicales y acordamos con ellas, en octubre de 1996, que el nuevo salario no se discutiría dentro de las instancias del “pacto social” sino en la Comisión Permanente. Ya estaba en marcha el cambio en la CUT y se hacía evidente que se apuntaba hacia la institucionalización de esa central, lo cual facilitaba los acuerdos. La llegada a la presidencia del compañero Luis Eduardo Garzón permitió un acercamiento mucho más sólido y una posición totalmente unificada en las negociaciones con el gobierno sobre el salario mínimo.

Al iniciarse éstas en diciembre, logramos un segundo acuerdo de clase: no aceptar la tendencia que traía el gobierno de decretar un mínimo por debajo de la inflación causada. Como ya se anunciaba el 13.5% para los estatales, exigimos que el incremento se acordara allí mismo y para todo el mundo. El gobierno se negó a aceptar ambas propuestas y rompió la posibilidad de un aumento concertado.

Propusimos un coloquio para el 17 de enero, con la presencia de las centrales, incluida la CTC. Como en la segunda semana de enero el gobierno impuso el 13.5 %, se lanzó de inmediato la consigna de paro nacional. Así, lo que iba a ser un simple intercambio de opiniones, se convierte en una reunión nacional alrededor de la consigna, finalmente aprobada por unanimidad. Se acordaron también los cuatro puntos que terminaron por aglutinar a todas las vertientes. Por primera vez en la historia se lograba la plena unanimidad de las confederaciones y las fuerzas políticas dentro del movimiento obrero.

T.R.: ¿Qué actitud toma el gobierno frente al paro?

Julio Roberto Gómez: Serpa se dedicó a decir que era un paro infiltrado por la guerrilla. Obregón señaló que era un “paro de élites”. Hay una constante entre los gobernantes de este país: cuando los sindicatos presentamos pliegos, no hay una sola empresa que no esté en quiebra. Y no hay un sola huelga que no esté infiltrada por la guerrilla.

T.R.: ¿Y la respuesta de los sindicatos?

Julio Roberto Gómez: Demoledora. Los petroleros disminuyen el bombeo de crudo, la planta de hidrocarburos trabaja a media marcha, Telecom se paraliza, como también el sector de la salud -salvo las urgencias- las penitenciarías, en fin, el servicio al público, hasta en el mismo Ministerio del Trabajo, la casa de Obregón. Al movimiento se unen, en solidaridad, los vendedores ambulantes.

La contundencia de la protesta hace que el presidente Samper tenga que establecer contacto con el Comando Nacional de Paro -que tenía su sede en la CGTD- y reiniciar las conversaciones.

En resumen, el paro canalizó la profunda inconformidad latente en el pueblo.

T.R.: ¿Cómo analizan ustedes el acuerdo, en lo económico y en lo político?

Julio Roberto Gómez: Yo soy muy franco en afirmar que el acuerdo, sin que resuelva los problemas fundamentales del país, es altamente satisfactorio. Se derrota la política oficial del 13.5% en materia salarial. Hay algunos salvajes que ahora dicen que porque no logramos romper la tasa de inflación, el paro es un fracaso. Se necesita ser muy obtuso para calificar como un fracaso lo que fue un éxito demoledor. Es un triunfo el que mucha gente haya subido al 20% y la gran mayoría al 18%.

En el punto de privatizaciones, se logra que inicialmente Ecogás sea una Empresa Industrial y Comercial del Estado. El caso de Telecom, no logramos la revolución en materia de telecomunicaciones, pero si defender los servicios de larga distancia en manos de la empresa, además de otros puntos que le salen al paso a la privatización. Frente a esta política mantenemos posiciones opuestas que van a ser debatidas ampliamente.

En materia de contratación colectiva, el gobierno se compromete a introducirle reformas al proyecto 072 para adecuar a la ley colombiana los Convenios de la OIT.

En el campo de la criminalización de la protesta, se va a abrir también el debate, transmitido por televisión, sobre la justicia sin rostro.

T. R.: ¿Y qué sigue este año?

Julio Roberto Gómez: Hay un Encuentro Nacional de Organizaciones Populares, previsto para el 17 de abril. Luego viene la conmemoración unitaria del Primero de Mayo, con movilizaciones que serán gigantescas, por el entusiasmo reinante.

Y luego un paro cívico o una huelgo general, una acción que todavía está por definirse y que dependerá de acuerdos dentro de este proceso que ya está en desarrollo.

T. R.: ¿En qué aspectos se fortalece el movimiento sindical?

Julio Roberto Gómez: Conquistamos un espacio político muy importante porque nos ganamos a la opinión pública. Este triunfo guarda una connotación histórica, que vigoriza al movimiento sindical, tan estigmatizado por sus detractores. El que reconozca el carácter disciplinado de la protesta y la importancia de la lucha como herramienta reivindicativa traza el camino que debemos seguir. En síntesis, se legitima el paro de protesta como un instrumento de la democracia. Contrasta esta actitud erguida con el lobby humillante que hicieron en Washington los ministros, mendigando la certificación. La clase obrera le dio al país una lección de dignidad.

A pesar de su importancia estratégica: SE PRIVATIZA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE TIBITOC

La capital se surte principalmente de Chingaza y del río Bogotá, a través de los embalses de Tominé, Sisga y Neusa, cuyas aguas son tratadas en la planta de Tibitoc. Con el sistema de los ríos Tunjuelo y San Cristóbal y las plantas de Vitelma, San Diego y La Laguna, se completa la red de abastecimiento de la ciudad.

Para poder atender la emergencia se puso a trabajar a todo vapor la planta de tratamiento de Tibitoc, que en estos momentos proporciona 60% del líquido requerido. La actual crisis se produce en momentos en que el gobierno de Mockus pretende entregar en concesión este valioso activo por un término de 20 años. En contraprestación, la Empresa exige rehabilitar la planta y la red matriz Tibitoc-Casa Blanca, obras que tienen un costo estimado de $65.000 millones. En un documento elaborado en 1994 por el personal técnico que labora en la planta, se denuncia que la dirección de la empresa suministra exiguos recursos para su mantenimiento, pese a lo cual los equipos funcionan en un 95%. Presentan, además, una propuesta sustentada con cifras y el conocimiento directo de la situación, en la que demuestran que si se reinvirtiera 20% del producto de la planta en su rehabilitación, ésta se lograría en cuatro años a un costo muy por debajo del que se espera del concesionario.

Personal calificado de la empresa, cuya identificación nos reservamos, sostiene que el ritmo de trabajo al que se ha puesto a trabajar Tibitoc, sumado a la política de restringir los recursos para su mantenimiento, pueden resultar en consecuencias catastróficas.

Con razón los trabajadores de la EAAB han expresado su celo en la defensa del patrimonio de los bogotanos. En su comunicado del 29 de enero señalan que a pesar de lo desafortunado de la situación. “sirve sin embargo para demostrarla importancia que tiene la planta de Tibitoc como elemento estratégico frente a eventuales emergencias como la actual”. Lo anterior es aún más cierto teniendo en cuenta la vulnerabilidad de Chingaza. Imaginémonos lo que ocurriría si cuando la ciudad necesitara disponer a plenitud de la capacidad de Tibitoc, los concesionarios se encuentran especulando con la producción de agua embotellada y en bolsas.

Declaración de la CGTD: ¡NI COLOMBIA, NI SU PUEBLO, NECESITAN CERTIFICACIÓN DEL IMPERIO!

Bogotá, 28 de febrero de 1997.

La decisión del presidente norteamericano de “descertificar” por segundo año consecutivo a Colombia constituye ocasión para insistir, ante todas las fuerzas políticas y sociales del país, sobre la necesidad imperiosa de la unidad nacional alrededor de la defensa de la soberanía y contra la creciente injerencia norteamericana en todos los asuntos internos del país.

Pero a la vez, la circunstancia es propicia también para reafirmar, desde el punto de vista de los trabajadores y del pueblo de Colombia, que ningún Estado, por poderoso que sea, puede arrogarse el “derecho” de calificar o descalificar a otro, en ningún aspecto de las relaciones internacionales o de su situación interna.

Y mucho menos, si del tema del narcotráfico se trata, ya que como lo reconoce la comunidad internacional, éste es un problema cuya solución implica la responsabilidad y el aporte de todos los países, especialmente aquellos del mundo industrializado, donde se concentra la inmensa mayoría del consumo y del negocio de los narcóticos.

La economía y el capital financiero norteamericano son los grandes beneficiados de un oscuro negocio que mueve más de 500 mil millones de dólares al año, de los cuales sólo una vigésima parte llega a los países productores, según estudios de las agencias oficiales gringas.

Son los Estados Unidos los ganadores de la aplicación del neoliberalismo en América Latina, se benefician de la miseria de los pueblos y la ruina de las actividades productivas nacionales.

Hacen la guerra, negocian la paz, quitan y ponen gobiernos, venden armas y precursores químicos. Su doble moral doblega gobernantes sumisos y complacientes pero jamás atemorizará a los trabajadores y los pueblos.

Esta determinación imperial de los Estados Unidos incrementa la indignación y el desprecio del pueblo a los gobernantes de Colombia, que se han dedicado a consolidar el modelo económico neoliberal para beneficio del interés norteamericano, y a cumplir al pie de la letra todas y cada una de las inaceptables exigencias planteadas por el Departamento de Estado y el virrey Frechette.

La CGTD repudia el proceso de la “certificación”, condena la genuflexa actitud de todos los funcionarios oficiales y dirigentes gremiales que se rasgaron las vestiduras en los pasillos del Congreso gringo, exalta la vertical actitud patriótica de la mayoría de la nación, a la que aún le importa la dignidad y la soberanía de Colombia y llama a la generalización de la protesta en las calles y plazas.

Del legado de Mosquera: LA CLASE OBRERA SE HARÁ SENTIR EN GRANDE

(Tomado de “Omnia consumata sunt” publicado en El Tiempo el 8 de noviembre de 1990. Francisco Mosquera, Resistencia civil, Bogotá, Editor Tribuna Roja, 1995, pp. 441-444).

Dentro del desconcierto prevaleciente se escuchan voces que, no obstante su inconciencia, destapan en unos cuantos señalamientos aspectos sustanciales de la verdad oculta. Después de echarle un vistazo a la creciente fragmentación económica universal y de tomar nota de los rumores pesimistas que bullen en los pasillos de las difíciles negociaciones comerciales del Gatt, llevadas a efecto al otro lado de la frontera, en la célebre Ronda de Uruguay, El Mercurio, de Chile, en sus glosas editoriales del 8 de octubre último, se quejaba de “dos fenómenos” que “marcan” una “tendencia mundial”: “El primero es el mayor proteccionismo que amenaza la política de libre intercambio, a la cual obedece la enorme prosperidad económica vivida en las últimas décadas en el mundo industrializado. El segundo es la formación de bloques comerciales que agrupan a determinados países para establecer un comercio libre intrarregional y, en ciertos casos, armonizar incluso las políticas económicas”. Llama la atención que semejantes deducciones provengan del país piloto de la apertura. No es que el diario ya no crea en ella; sencillamente ha empezado a objetar, un tanto tarde y a la buena de Dios, de qué modo las metrópolis les instilan a los pueblos expoliados el liberalismo económico de nuevo cuño, mientras entre ellas levantan murallas férreamente proteccionistas. Una contradicción obvia, comprensible y explicable.

Entre nosotros también han surgido comentarios adversos al proyecto aperturista, siendo que aún no hemos padecido sus calamidades. Desde cuando encumbrados funcionarios dieron como un hecho irreversible que la agricultura colombiana había de sufrir, sin atenuantes, el hostigamiento de los competidores foráneos, el doctor Gabriel Rosas Vega,* basado en su experiencia, se opuso y trajo a colación que las sociedades altamente industrializadas de Estados Unidos y de la Comunidad Europea gastan decenas de miles de millones de dólares en subsidios con los cuales sostienen el rendimiento de su producción agrícola, sin que ello sea óbice para aconsejar le al Tercer Mundo que elimine los suyos. A su turno, muchos sectores gremiales que se mueven entre la incertidumbre y la esperanza han puesto en circulación sus críticas, sus reclamos, sus falencias. Coinciden todos en que hay una infinidad de problemas represados, debido a la acción indolente de administraciones sucesivas, para que la actual salte hoy a la escena con un montón de programas improvidentes cuyo efecto inevitable sería la desaparición de los frutos del trabajo de varias generaciones colombianas. Y la clase obrera ha declarado para este 14 de noviembre un paro cívico nacional contra la apertura económica, contra la privatización de las entidades del Estado y en defensa de sus caras conquistas sindicales, objetivos que por sí solos hablan tanto de la claridad y de la decisión de los trabajadores como de su patriotismo. Las fuerzas sociales que velan por la soberanía de Colombia contribuirán a esta pelea histórica que se nos ha impuesto, pero al proletariado le corresponden el deber y la distinción de encauzarla.

Una advertencia a manera de epílogo. Los representantes del gobierno han creado falsas expectativas en torno al eventual aumento de las inversiones extranjeras que registraríamos, si llevamos sin vacilaciones y hasta las últimas consecuencias la apertura económica. Pero al margen de cualquier otro análisis, el flujo de aquéllas, grande o pequeño, no elevará realmente el nivel de vida de nuestra población. Como su movimiento está determinado por la ley de la máxima ganancia. y al país vienen a resolver no las dificultades ajenas sino las propias, agravadas con la agudización de la competencia mundial, se concentrarán en los negocios que más reditúen y con las condiciones previstas dentro de la reforma laboral, o sea la utilización de la mano de obra menos cara posible.

Por los días de agosto en que los colombianos supimos con sorpresa que las telecomunicaciones serían privatizadas de inmediato, el doctor Emilio Saravia Bravo, aún presidente de Telecom, en enhiesta posición y patriótica actitud de rechazo a las medidas, hizo hincapié en un par de consideraciones fundamentales: que no se podía “desaprovechar una infraestructura montada por el Estado durante cuarenta años”: y que si se pierde esa fuente de ingresos tendrán que “revisarse planes de alcance social indiscutible como el Plan Nacional de Telefonía Rural”. Seguramente sin proponérselo, el doctor Saravia traza la única línea válida de desarrollo para el pueblo colombiano: hacer valer lo suyo y vincular al progreso las zonas atrasadas. Mas eso no lo lograremos sin las denigradas partidas de apoyo a los frentes de la producción con mayores penurias, sin el llamado “crédito de fomento”, y, en suma, sin que destinemos parte de la acumulación nacional al adelanto de los sitios relegados pero que entrañan enormes potencialidades para el porvenir de la nación entera. El doctor Saravia concluye: “Lloverán propuestas para prestar los servicios rentables, pero se dejarán de lado las comunidades que no disponen siquiera de un teléfono y a las que se llega con pérdidas”. Los capitales imperialistas, a los que atribuimos no sin razón las más maravillosas realizaciones en los anales de la industria moderna, no logran suprimir el desequilibrio secular entre los centros ricos y la periferia pobre. Al contrario, erigen su esplendor sobre el ahondamiento de aquellas desigualdades, tanto dentro de las repúblicas que los acogen como a escala internacional. Quienes creen que la ley de la rentabilidad decide desde el nacimiento y muerte de las fábricas hasta el “auge y caída de las grandes potencias”, abrazan el más grosero economismo. Si hay alguna actividad en la que se den cita tarde que temprano las influencias del resto de las funciones sociales, sin excluir la enseñanza, el arte de gobernar, el ordenamiento del pueblo, o la guerra, ésa es la producción, que proporciona los bienes materiales y sostiene al hombre.

De las incidencias de tales elementos y de sus relaciones, que con el avance se tornan más y más complejas, depende la evolución de la sociedad. De ahí que al Estado moderno le corresponda un creciente papel en la conducción económica, que con toda certeza no habrá de desaparecer por la apertura. Las mismas trasnacionales necesitan de la capacidad económica de los gobiernos, sin la cual no habría quién atienda los frentes no rentables, que en materia de servicios o infraestructura, por ejemplo, son imprescindibles en el desarrollo productivo. La solvencia oficial se requiere igualmente. y en alto grado, como garantía de cumplimiento de los compromisos bilaterales o multilaterales acordados entre las naciones por diversas causas: y para que la administración pública vele por los pobres, quienes van pasando poco a poco de la “formalidad” a la “informalidad”, y habida cuenta de que las revoluciones también repercuten en la economía. Por lo que respecta al descontento del pueblo, éste impedirá que la privatización abarque a muchas empresas estatales. Y si la preocupación estriba en las malas administraciones, procuremos designarlas buenas.

Lo curioso de este complicado asunto radica en que a pesar de todo la tasa de ganancia de las trasnacionales seguirá descendiendo v los problemas propiamente obreros se propagarán sobre la superficie del orbe. Los costos de producción en los países semiindustrializados del Sudeste Asiático, en donde floreció primero la subcontratación internacional, han ido incrementándose por variados motivos, entre los cuales se destacan las luchas de los sindicatos. Los monopolios norteamericanos y japoneses buscan otras naciones receptoras, baratas, como Tailandia, Filipinas, Malasia y el mismo México. La internacionalización del capital acabará entrelazando al mundo en tal forma que la división del trabajo propia de las grandes factorías se efectuará a través de países y de continentes y no ya bajo un solo techo. Unos producirán las partes o los componentes de los productos y otros los acabarán o ensamblarán, ahondándose las desigualdades entre la porción desarrollada del mundo y la indigente. Las contradicciones entre los bloques económicos tampoco conocerán límites: la crisis se extenderá con todos sus estragos. Y la clase obrera se hará sentir en grande.

Contraria contrariis curantur. Las cosas se curan por medio de las contrarias.
………………
* El señor Rosas Vega pasó de reclamar fomento oficial a los renglones productivos a gendarme del recorte del gasto público. Conocidas metamorfosis de los altos funcionarios (Nota de la Redación).

Luis Eduardo Garzón, presidente de la CUT: CON EL PARO SE CONSOLIDA EL PROCESO UNITARIO DE LAS CENTRALES

T. R.: El cambio de dirección ocurrido en la CUT, ¿cómo repercutió en el proceso de unidad que hizo posible el paro estatal?

Luis Eduardo Garzón: Durante los pasados 18 meses se libró en el seno de la Central una confrontación por su conducción.

Pero llegó un momento en que esa línea de conducta fue insostenible. Lo que entró en crisis fue la conciliación con el “pacto social”, como también la pérdida de autonomía frente al gobierno, hecha aún más notoria cuando el presidente de la CUT, Orlando Obregón, acepta el Ministerio del Trabajo.

Se hacía necesario entonces cambiar el rumbo, poner el énfasis en la movilización y la lucha, en la defensa de los derechos conculcados. Y fue precisamente eso lo que decidieron las bases de la CUT, por voto universal, en octubre de 1996.

La anterior dirección desconocía la posibilidad de marchar hombro a hombro con las demás centrales. Se calificaba a la CGTD, por ejemplo, de contestataria. Tales posturas también hicieron crisis, y desde el pasado Primero de Mayo empezamos a trabajar por sacar adelante la unidad.

A la elección directa se desembocó entonces con propuestas muy claras contra la política “social” del gobierno, totalmente demagógica y en franco deterioro.

Ya en ese momento podía percibirse en el ambiente que la inconformidad frente al neoliberalismo oficial iba en aumento. Tan sólo en Bogotá, durante 1996, hubo 93 movilizaciones contra medidas del gobierno.

Todo ello, y la actitud autocrítica de la CTC, hicieron posible las reuniones del 17 y 20 de enero, cuando se suscribieron los acuerdos que culminaron en el paro estatal.

T. R.: ¿Cuál es el balance que hace la CUT sobre el paro?

Luis Eduardo Garzón: En este movimiento hay varios hechos sin precedentes. Primero, no fue un cese de 24 horas sino de siete días. Segundo, es la primera vez que se registra una coincidencia tan unánime dentro del movimiento obrero. Mérito indiscutible del comando de paro fue el haber reunido en cuatro puntos los objetivos, de por sí heterogéneos, tras de los cuales iban Fenaltrase, la USO, Sittelecom, los guardias del Inpec y las demás organizaciones.
Tampoco tiene antecedentes la composición social de los participantes. Desde sectores productivos, como Ecopetrol y Telecom, hasta guardianes, profesores universitarios, venteros ambulantes, médicos y enfermeras, transportadores, personal de la Contraloría y los Ministerios, y abogados de la Defensoría.

T. R.: ¿Cuáles eran los factores favorables?

Luis E. Garzón: Lo primero, la gente quería pelear. Había una enorme inconformidad represada que desde agosto de 1996 intentaba manifestarse, hallar una salida. Las marchas campesinas e indígenas, el bloqueo de los tractomuleros, las quejas de los militares en retiro, las numerosas marchas, así lo indicaban.

De otra parte, el desprestigio del gobierno, derivado de su política antipopular y del clima de crisis por los efectos de la descertificación, contribuyeron asimismo a que la agitación del paro fuera creciendo.

La cuenta de cobro que le pasa a Samper el partido conservador y los preámbulos de la campaña electoral hacían que el partido liberal no pudiera lanzarse a reprimir abiertamente, a diferencia de lo ocurrido en 1977. Sí trataron de desmontarlo tildándolo de “paro guerrillero” o de “paro con objetivos políticos”, como lo señalaran Serpa y Obregón. Pero tuvieron que tragarse sus palabras ante la fuerza y el carácter pacífico del movimiento.

T. R.: ¿Qué es lo esencial de los acuerdos?

Luis Eduardo Garzón: Los cuatro puntos tenían todos un contenido político muy claro y combativo contra el neoliberalismo. Por eso constituye un avance significativo no sólo el haber roto la política salarial del 13.5%, sino también haber forzado al gobierno a firmar un acuerdo sin represalias, pues un aspecto básico de la política neoliberal es la represión: ni el recorte de los salarios ni las privatizaciones se pueden imponer sin criminalizar antes la protesta social. Ya es un paso adelante el que el gobierno mismo haya reconocido que aquí se penaliza la lucha popular. Y se va a abrir un gran debate contra la justicia sin rostro.

Con el acuerdo, la contratación colectiva para los empleados estatales pasa a ser una de nuestras prioridades inmediatas.

Sobre las privatizaciones, meollo de la política neoliberal, lo tangible no es por ahora mucho, pero con lo firmado las centrales anuncian que mantienen este objetivo para próximas movilizaciones. Ésta es una característica política muy importante del pasado paro estatal: que configura una proyección para peleas superiores.

T. R.: ¿Qué avances políticos obtuvo el movimiento obrero?

Luis Eduardo Garzón: El más importante, haber consolidado el proceso unitario entre las diferentes centrales, con propuestas muy claras que les van a servir de base al movimiento obrero y al pueblo para las necesarias batallas que habremos de librar en 1997, al que en la CUT hemos calificado como el “año de la lucha social, la paz y la unidad”.

No sólo la CUT ganó en legitimidad, sino también las demás centrales. Los colombianos nos están escuchando cada vez más en temas como la descertificación y las imposiciones de Estados Unidos.

T. R.: Bueno ¿y qué sigue?

Luis Eduardo Garzón: Ante todo, preparar el Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales para mediados de abril. Allí se hará el balance del camino recorrido y se acordarán nuevas y más amplias acciones.

Sobre la posibilidad de convenir la realización de un paro cívico, pienso que éste debe ser consecuencia de un compromiso real y masivo de todos los sectores firmantes: un compromiso serio que garantice que en efecto el paro cívico se va a llevar a cabo y que defina cuáles serían sus objetivos.

Declaración del Comando Nacional Unitario: EJERCEREMOS EL DERECHO A ENFRENTAR LA INTROMISIÓN GRINGA

El Comando Nacional Unitario y las organizaciones sociales y políticas, reunidas para analizar las últimas manifestaciones de la injerencia norteamericana sobre nuestro país y las acciones de protesta que se realizarán el miércoles 5 de marzo en las principales ciudades de Colombia, declaran:

1. Ningún Estado puede arrogarse la facultad de calificar o de descalificar a otro, en ningún aspecto de las relaciones internacionales o de su situación interna. Los trabajadores y el pueblo de Colombia rechazan el procedimiento colonial de la “certificación”, utilizado por el gobierno norteamericano sobre los demás países como presión para la imposición de sus políticas, trátese de asuntos comerciales, de inversión, militares o de narcotráfico.

2. La decisión de “descertificar” por segundo año consecutivo a Colombia reafirma la necesidad de la unidad nacional alrededor de la defensa de la soberanía, contra la creciente injerencia norteamericana en todos los asuntos del país y el rechazo a gobernantes y dirigentes políticos y gremiales que de una u otra forma han puesto sus responsabilidades en el sentido señalado por Washington.

3. La gravedad del inaceptable pronunciamiento gringo, de clara naturaleza imperialista, no se puede soslayar señalando al país que es “injusto”, “unilateral”. “político” y “desmoralizante”. Para los trabajadores y el pueblo constituye una razón más para incrementar su indignación y desprecio al gobierno de Ernesto Samper, que se ha dedicado, sumisamente, a consolidar el modelo económico neoliberal -para beneficio del interés norteamericano- y a cumplir todas las exigencias planteadas por Clinton y el virrey Frechette. Las medidas, declaraciones y actos de los funcionarios de Estados Unidos contra Colombia generan entre los demócratas y los patriotas un incremento del sentimiento de nacionalismo, necesario para defender la soberanía y combatir la subyugación.

4. El gobierno norteamericano, al reiterar las pocas exigencias aún no satisfechas, ha vuelto a colocarla extradición de colombianos como la más importante de ellas. Los firmantes de esta declaración enfatizamos nuestra posición contraria a esta pretensión. Es claro que el tratado negociado en 1979 con Estados Unidos no está vigente y la extradición está expresamente prohibida por la Constitución. Este asunto, más que jurídico, es de soberanía y la insistencia gringa para que se entreguen nacionales con el fin de juzgarlos y condenarlos es inadmisible y contrario al principio de la autodeterminación de los pueblos. Rechazamos la modificación o la eliminación del artículo 35 de la Constitución, como ha anunciado hacerlo el gobierno a través de un proyecto de reforma constitucional.

5. Como las viejas y muevas exigencias norteamericanas contarán con el respaldo del gobierno y los dirigentes políticos y gremiales ya señalados, los trabajadores y el pueblo ejerceremos el derecho a la protesta contra la intervención gringa y a la denuncia de quienes la acepten o la promuevan.

Bogotá, 3 de marzo de 1997.

CUT, CCTD. CTC, (PC. Comando Distrital de Paro, Utradec. Fenaltrase, Futee, USO, Sittelecom. Federación de Profesores Universitarios, ASPU, Sindess, Anthoc, Sindesena. Asdecol, Sintracreditario, SintraelecoI, MOIR y Partido Comunista Colombiano.