Senador Jorge Santos: EL MÁS FORMIDABLE DESAFÍO A LOS DICTADOS DEL FMI

(Mensaje dirigido al Comando Nacional de Paro el 17 de febrero)

Por su claridad en los objetivos, por el especial momento que atraviesa el país, por la amplitud de los sectores incorporados, por la iniciativa desplegada y la fuerza de las impresionantes movilizaciones realizadas, como por lo prolongado de la batalla, sin duda que el actual paro nacional de los trabajadores estatales constituye la demostración de mayor envergadura erguida en el panorama de las luchas obreras de los últimos tiempos.

Constituida en un hito en el proceso de resistencia obrera y popular contra la liberalización de nuestra economía impuesta por Estados Unidos, no dudo en expresar que en ella se cifra el presente y el porvenir inmediato de nuestra clase y del país entero.

El informe del FMI sobre nuestra economía, de agosto del año pasado, ordenó al gobierno de Samper congelar o reducir los salarios de los trabajadores, acelerar las privatizaciones, mantener la apertura comercial y varias otras modalidades del esquema neoliberal. El paro nacional en curso es el más formidable desafío al dictado de la imperial agencia
financiera. La enérgica exigencia de detener las privatizaciones es la reivindicación de la nación entera ante el despojo infame que las multinacionales adelantan sobre el patrimonio público nuestro con la diligente colaboración del actual gobierno.
La derrota de la ley que adultera el derecho a la negociación colectiva y la respuesta ante la ola de represión contra las organizaciones sindicales y populares y sus líderes, representa otros tantos pasos claves en la imprescindible reconquista de un terreno democrático y la acumulación de fuerzas que conlleva para elevar la lucha a un plano más alto. El paro nacional mantiene en vilo a toda la nación. Desde mi modesto lugar en la lucha, saludo regocijado los admirables esfuerzos que vienen haciendo al frente del paro en pos de la victoria.
Sancionada ley de fuero para los empleados públicos
El mismo día en que se firmó el acuerdo de los estatales, el gobierno se vio obligado a sancionar la Ley 362, en que se reconoce el fuero sindical para los dirigentes de los empleados públicos.
El senador del MOIR, Jorge Santos Núñez, había presentado el proyecto desde finales de 1995, señalando que si bien a los empleados públicos se les reconocía el derecho a formar asociaciones, a sus dirigentes se les negaba el fuero especial consagrado en la Constitución.

La nueva ley modifica el artículo 2o. del Código Procesal del Trabajo. El fuero queda contemplado en el parágrafo 2o.

Esta conquista democrática se suma a la de negociación colectiva, conseguida por el paro estatal.

EL PLIEGO DE LA USO CONTRA PRIVATIZACIÓN DE ECOPETROL

Por Gustavo Triana

Desde el 8 de enero se inició la negociación del pliego de peticiones que definirá la convención colectiva de 1997-1998. Esta batalla la libran los obreros petroleros en medio de la gran ofensiva de exigencias del virrey Frechette que, en entrevistas con El Tiempo y El Espectador, señaló que el petróleo debe ser objeto de las políticas de apertura y privatización. El Espectador, de enero 21, informó que en marzo se reunirán en Cartagena el secretario de Energía de Estados Unidos, el ministro de Minas colombiano y empresarios de ambos países.

La importancia que guardan México, Venezuela y Colombia para el aprovisionamiento de la superpotencia es evidente, ya que los tres países tienen 50% de crudo de América Latina. Colombia surte hoy 7% del mercado gringo, y de 63 empresas asociadas con Ecopetrol, 29 son norteamericanas.

La Enron Corporation compró 40% de Promigás, que transporta el gas natural de la Costa Atlántica y cuyas utilidades alcanzaron en 1995 los 20 mil millones de pesos. La misma multinacional opera por concesión el gasoducto Ballenas Barranca, a través de la subsidiaria Centragás.

Tres aspectos del pliego
La USO centralizó su pelea en tres aspectos:

El primero, la defensa de Ecopetrol, entendida como la oposición a la denominada “reconstrucción de la empresa”, que va a debilitar su integralidad y permite el traspaso al capital privado de varias de sus actividades.

Se exige además que el gobierno se abstenga de crear a Ecogás, cuya finalidad consiste en escindir de Ecopetrol el transporte masivo de gas natural v feriárselo al capital privado por sólo 80% del valor en libros y a 30 años de plazo. Este despropósito privará al Estado del negocio con más futuro en este sector productivo.

También es clave la autonomía financiera y presupuestal, pues tal como lo señala el anterior presidente, Luis Bernardo Flórez, Ecopetrol consigue los recursos para su propio desarrollo, pero el gobierno nacional se los sustrae con transferencias, como los 69 mil millones de pesos de 1996 y los 260 mil millones de pesos proyectados para 1997. Dichas sumas son diferentes a la apropiación de utilidades que hace el Confis para el presupuesto general de la nación, utilidades que representaron 170 mil y 423 mil millones de pesos en 1995 y 1996.

La empresa requiere de 1.600 millones de pesos para adelantar en 1997 la perforación de ocho pozos, poner en marcha los campos que hoy explota y modernizar las refinerías. No hacerlo sería darles más ventajas a las multinacionales.

Segundo, la lucha por lograr la libertad de los dirigentes y trabajadores detenidos, a quienes se aplicó la justicia sin rostro por parte de la Fiscalía. Este aspecto implica además echar atrás las sanciones económicas a los activistas y las millonarias multas impuestas a la USO.

Se pelea a fondo asimismo por que ingresen a Ecopetrol los dos mil trabajadores temporales que desempeñan funciones propias y permanentes de la industria. Esta batalla por la nómina convencional significa la continuidad de la base material que puede defender la empresa de las constantes agresiones del gobierno privatizador.

Tercero, en materia de peticiones económicas, se está exigiendo un aumento que atenúe las nefastas secuelas de la política oficial. En los últimos diez años el salario real de los petroleros se ha mermado en 28.5 %, mientras que los ingresos operacionales de Ecopetrol crecieron 30% en los últimos dos años y las utilidades se multiplicaron por 2.5.

El proletariado petrolero libra una batalla patriótica, que enfrenta la política imperialista de recolonización. Los colombianos estamos obligados a secundar esta pelea por la soberanía nacional.

Declaración del MOIR: ¡RESISTIR EL INTERVENCIONISMO GRINGO, REBELARSE CONTRA EL COLABORACIONISMO!

Bogotá, 1° de marzo de 1997.

Ante la decisión adoptada por el gobierno de Estados Unidos contra Colombia y las declaraciones al respecto por parte de autoridades de ambos países, el MOIR declara:

1. El pronunciamiento de descertificación del país emitido por Clinton sólo es desmoralizante para aquellos funcionarios de las distintas ramas del Estado, empezando por la del Ejecutivo que preside Ernesto Samper, que sin mayores dificultades ni vergüenza se dedicaron, con creciente intensidad y diario afán, a atender los dictados de Washington y acomodar a éstos sus funciones, actividades y criterios. Además, la naturaleza de por sí imperialista de esa determinación no se puede soslayar o enmascarar recurriendo a la tontada de decir que es injusta y unilateral, o que es una medida política.

2. La responsabilidad por el avasallamiento de la nación que perpetra Estados Unidos en grados cada vez más insoportables, como se manifiesta en la descertificación, también recae sobre proclamados dirigentes de la sociedad civil. Desde los que vulgarmente se denominan “grandes cacaos” hasta mediocres dirigentes gremiales que gozan con plañir la pérdida de unos despreciables dólares ante la siniestra burocracia norteamericana; desde políticos carentes de “hombría y cojones” para defender los intereses de sus mandantes, que son los de la nación, hasta la panda de funcionarios gaviristas que, agazapados en organismos internacionales, financieros y académicos, conspiran contra la soberanía nacional; desde precandidatos preñados de neoliberalismo y en busca del beneplácito gringo, hasta fiscales y policías asignados a labores sucias del intervencionismo estadounidense.

3. Para las mayorías, conformadas por todos los colombianos cuyo arraigo en la nación sustenta su carácter de patriotas y demócratas consecuentes, las medidas, declaraciones y actos de los gobernantes de los Estados Unidos en su embestida contra Colombia les genera un sentimiento de nacionalismo y antimperialismo que, lejos de ser indeseable, como le parece a Samper, hace parte, por altivo y digno, de la moral realmente nueva y verdadera que se precisa para combatir la oprobiosa subyugación.

4. La población presencia airada el despreciable espectáculo de gobernantes y dirigentes que, en términos de la copla traída a cuento por el ministro del Interior, luego de que Estados Unidos los enjalmó, con la ayuda de los colaboracionistas al apretar cinchas, ahora se atropellan para emitir en variado tono toda suerte de lamentables declaraciones en donde patentizan que no les incomoda la enjalma sino las mataduras.

5. En prosecución de su política de recolonizar, el gobierno norteamericano reitera los ultimátums de la hora: restablecer la extradición, poner en efecto el acuerdo marítimo, y atender las exigencias sobre penalización, uso de herbicidas y régimen carcelario. Ya que en ese plan contará sin lugar a dudas tanto con la aquiescencia, quizá otra vez en medio de fútiles discrepancias, de los mencionados gobernantes y dirigentes, como con la labor de zapa de los colaboracionistas, el pueblo debe aprestarse a ejercer su fundamental derecho a levantarse en resistencia contra la política de intervención gringa, rebelarse contra toda disposición o ley internas que sirvan a esa política, y denunciar y condenar a quienes, ya sea desde la esfera pública o desde la privada, la promuevan o alcahueteen.

ZARPAZO DE LA BRITISH PETROLEUM CUESTA 1.800 MILLONES DE PESOS

Por Norman Alarcón Rodas

La British Petroleum es una de las cinco grandes empresas oligopólicas que se reparten el negocio de los hidrocarburos en el mundo. Su presupuesto es mayor que el del Estado colombiano.

Hace siete años, esta trasnacional inglesa obtuvo del gobierno el contrato de Cusiana, campo que ya había sido objeto de trabajos exploratorios por parte de Ecopetrol, que auguraban el hallazgo de importantes yacimientos. En efecto, se encontraron 1.800 millones de barriles y un descomunal depósito de gas natural.

Después de declarada la comercialización de Cusiana y de iniciada su explotación vertiginosa, la trasnacional empezó a presionar una reforma constitucional sobre las expropiaciones, lo cual ya le fue concedido por el legislativo y el ejecutivo. Luego exigió negociar el gas por separado para obtener mayor tajada. Y la última exigencia del segundo semestre de 1996 fue que se cambiaran los términos del contrato de Piedemonte, en busca de la máxima rentabilidad.

Este contrato, firmado entre Ecopetrol y la British en junio de 1992, se basó en los términos de distribución escalonada: entre 0 y 60 millones de barriles extraídos, 50% para la nación y 50% para el asociado. Entre 60 y 90 millones de barriles, 55% para la nación y 45% para el asociado. Más de 150 millones, 70% para la nación y 30% para el asociado.

Allí se encontraron los yacimientos de Floreña y Pauto, que contienen casi 1.000 millones de barriles de petróleo -la mitad de Cusiana-, y Volcanera, con grandes cantidades de gas.

En 1996, la multinacional exigió modificar el contrato inicial para tener en cuenta el factor R, amenazando con suspender las inversiones. La comisión quinta del Senado rechazó la pretensión, como también el contralor David Turbay, el senador Jorge Santos Núñez, la USO, el periódico El Colombiano de Medellín y tres miembros de la junta directiva de Ecopetrol, quienes por tal motivo renunciaron.

El ministro de Minas y Energía, Rodrigo Villamizar, siempre estuvo atento a complacer los apetitos de la compañía foránea. Para tal fin solicitó un concepto del Consejo de Estado, el cual lo emitió a principios de 1997 dándole la razón a la British, con la dudosa argucia de que en el contrato en mención se hablaba de la exploración de un condensado, término que según el alto tribunal se refería a gas y no a petróleo. La ex ministra de Minas, Margarita Mena de Quevedo, acaba de refutaren detalle la amañada interpretación del tribunal.

Si el concepto del Consejo de Estado es acogido por el gobierno, la British, por arte de birlibirloque, se saldría con la suya, obteniendo pingües ganancias que ascienden a 1.800 millones de dólares, los mismos que perdería la nación.

Por ello cabe citar aquí el editorial de El Colombiano, del 22 de octubre de 1996, refiriéndose a este conflicto: “Cuando creímos que el imperialismo burdo era cosa del pasado, descubrimos que los vientos neoliberales lo mantienen vivo y operante”.

Faltaría agregar que la defensa del interés nacional es la línea divisoria entre los patriotas sinceros y los colaboracionistas genuflexos.

TRIUNFO DE LOS TRABAJADORES

El justo y correcto contenido de los objetivos del paro, que apuntaba contra soportes medulares de la política neoliberal, fue uno de los factores que propiciaron la singular unidad de acción de todas las vertientes políticas y gremiales del movimiento obrero. En la foto, manifestación en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

Comunicado de la USO: EL AUMENTO DE COMBUSTIBLES

Sobre el precio de los combustibles, la USO tiene que señalar dos aspectos que, en nuestra opinión, no favorecen a Ecopetrol ni a los consumidores.

1. El precio tiene un alto componente de impuestos, es decir, la carga fiscal es exagerada y con ello el gobierno nacional está gravando indirectamente al, pueblo colombiano. La gasolina tiene una carga fiscal de 37.14%, o sea, 404.17 pesos por galón.

2. El margen para los distribuidores mayoristas es elevado y además favorece a cuatro monopolios privados, tres de ellos norteamericanos: Codi Mobil, Esso y Texaco. Éstos tienen un margen de 4.42%, o sea, 48.13 pesos por galón, que, aplicados a 129 mil barriles diarios producen unas multimillonarias utilidades, por una labor que no le representa al país ni empleos, ni inversión, ni tecnología. Estas empresas lo que hacen es recibir la gasolina de Ecopetrol y venderla en las plantas de abasto mayoristas a los distribuidores minoristas, o sea, los surtidores al público.

La Mobil ganó en 1995 la suma de 6.7 millones de dólares en esta actividad y es una de las cuatro compañías de Colombia colocadas entre las 170 empresas más grandes de América Latina. Puesto alcanzado sólo intermediando combustibles de Ecopetrol a los dueños de los surtidores que agremia Fendipetróleos.

Ecopetrol finalmente sólo recibe 581.51 pesos por cada galón producido y, desde la venta de los Terpeles, no participa en este jugoso negocio de la distribución.

La intermediación de la Esso, Mobil, Texaco, la incorporación del aditivo ecológico y la alta carga fiscal, no benefician a Ecopetrol, sino a los privados, y se descarga en el bolsillo de los consumidores.