El FMI: UNA RECETA DELETÉREA

Por Alfonso Hernández

El Fondo Monetario Internacional, verdugo con ropaje de galeno, aplica sus sapientísimas e invariable fórmulas sin requerir de diagnóstico específico del país paciente. Bien podría, como el médico de la Mama Grande, adelantar sus tratamientos a través de suposiciones, correveidiles y recados. Con actitud adusta y proclamando la necesidad de severos planes de ajuste, prescribe a los pobres la miseria, a las economías languidecientes, la asfixia, y a las naciones que buscan el sendero de su propio desarrollo, las cadenas del neocolonialismo. No pocas veces sus emplastos e intervenciones han desembocado en verdaderas sangrías, como en la República Dominicana hace cerca de diez años y en Venezuela más recientemente.

La Misión Colombia, adscrita al mencionado organismo multilateral, presentó en noviembre pasado a la directiva del Banco de la República, como todos los años, el paquete de «recomendaciones» a las que han de ceñirse durante 1996 tanto el Emisor como el gobierno. Dichas recomendaciones, que pretenden fundamentarse en la urgencia del control de la inflación, poseen tres rasgos característicos.

1. Onerosas cargas para el pueblo
El Fondo exige, nuevamente, enormes alzas en las tarifas de los servicios públicos, en los precios del petróleo y en la gasolina, ya incrementados por la sobretasa en muchos de los municipios, y mayores impuestos. Sin importar que en los últimos cinco años ya se preparan otras dos: una de carácter nacional y otra para los entes territoriales como consecuencia de la reducción, también ordenada por el fondo, de las transferencias de la nación a los municipios y departamentos, a los que pretende forzar a alcanzar la llamada autonomía fiscal. ¡Trago amargo de la política de descentralización!

Desde luego, la rebaja de los salarios es parte esencial del recetario. En él se afirma que el sueldo mínimo sólo debe incrementarse con base en la inflación proyectada. El FMI, instrumento de los monopolios imperialistas, está decidido a reducir los costos de la mano de obra a niveles que hacen muy precaria la subsistencia del proletariado.

2. Mayores restricciones a la economía nacional
A juicio de los cerebros del ente financiero internacional, la economía colombiana debe evitar el gasto, sobre todo el gasto en desarrollo. Por eso ordena ahorrar los recursos del Fondo de Estabilización Petrolera, creado por consejo del Banco Mundial, con el fin de que el país consigne en el exterior los dineros de Cusiana. Con miras a lograr un superávit fiscal, el gobierno debe reducir sus erogaciones, suspender subsidios y cualquier otro apoyo a renglón alguno de la producción nacional.
Cuando la industria y la agricultura, e incluso la construcción, se debaten ante la quiebra por la competencia externa, y entre las pocas cifras que crecen constantemente están las de los concordatos, el FMI exige un drástico ajuste monetario y el aumento de las tasas de interés, que figuran ya entre las más altas del mundo. Las consecuencias no pueden ser otras que la mayor quiebra empresarial y la escalada del desempleo.

3. Aún más ventajas al capital extranjero
El memorando insiste en que se debe acelerar el proceso de privatizaciones. A un Estado cuyos súbditos viven agobiados por la carga impositiva, y que padece un crónico déficit fiscal, se le obliga con el pretexto de superar este desbalance a deshacerse de las pocas empresas rentables como Ecopetrol y Telecom, para entregarlas a las multinacionales que controlan esas ramas de la actividad económica.

Además, el Fondo dispone que, mientras se restringen los movimientos monetarios y crediticios nacionales, se abran las puertas al endeudamiento externo privado a corto plazo, con lo que el capital extranjero alcanzará un mayor dominio sobre los diferentes renglones de la producción del país. Los capitales golondrina, cuyas maniobras especulativas jugaron un papel determinante en la crisis mexicana, tienen franqueado el acceso a la economía de Colombia.

El gobierno de Samper ha venido aplicando, con la sumisión que le es característica, las imposiciones del Fondo Monetario. El alegato del ministro de Hacienda en la carta que le dirige al presidente de la Misión Colombia, Paulo Neuhaus, es sólo para reclamar que se le reconozca que ha cumplido el mandado a cabalidad.

Los prepotentes economistas del imperialismo están notificados de la decisión de los colombianos de rechazar sus planes de desajuste. Esto es lo que indican las luchas de los trabajadores de Ecopetrol y de la Caja Agraria. La perentoria advertencia viene también de los asalariados del sector eléctrico del Ecuador, de los proletarios del petróleo en el Perú, de los mineros de Chile, de los habitantes de las favelas de Río, y de las gigantescas protestas del pueblo de Córdoba y otras provincias de Argentina. Es cierto que los tejemanejes del Fondo Monetario acrecen las ganancias de los magnates, pero, como contrapartida, están adunando las voluntades de los pueblos latinoamericanos en contra de sus fechorías.

LA SERVIDUMBRE DEL FISCAL VALDIVIESO

Por Alfredo Camelo (Revista Deslinde, No. 18)
Una de las afirmaciones más claras y sinceras que reflejan el estado de animo y la condición de postración de ese otro país que en nombre de la «interdependencia» recolonizadora desprecia la soberanía nacional y suspira obsecuente por una candidatura presidencial o por un puesto en un organismo internacional, es la «célebre» afirmación del señor fiscal Alfonso Valdivieso Sarmiento: «La soberanía hay que merecerla».

Frente a esta sordidez, resplandece la sentencia del filósofo Hegel cuando, al analizar la Ilustración como la edad de la emancipación del espíritu moderno y del surgimiento de las naciones, afirmaba:

«La luz pone al hombre en situación de elegir y el hombre sólo puede elegir cuando ha salido de la servidumbre» (Hegel, Filosofía de la Historia).

No hubo tal narcomico: SE ACENTÚA FASCISTIZACIÓN PROGRINGA DE LA JUSTICIA

Por Marcelo Torres Benavides

A mediados de diciembre del año pasado sobrevino el escándalo del llamado «narcomico». Inicialmente, una abrumadora mayoría del Senado, en la cual se contaba el senador Jorge Santos Núñez, aprobó lo que en otros tiempos se habría considerado loable y normal reafirmación del principio democrático del debido proceso. Sin embargo, los medios de comunicación afirmaron, y así quedó registrado en la mente de muchos colombianos, que la mayoría de los parlamentarios de Senado y Cámara habían tratado de consagrar la impunidad para los narcotraficantes y sus cómplices. Según la amañada versión de las cosas, sólo la inmediata denuncia de los medios y el repudio unánime de la «parte sana» del país habría evitado el despropósito. El hecho muestra hasta qué punto ha llegado la adulteración, monstruosa, del proceso real que padece el país y la urgencia de librar una consecuente lucha contra el desmantelamiento de las conquistas democráticas.

Un alboroto prefabricado
La «parte sana» de Colombia a que aludieron los dicterios de la prensa y los demás medios se refería especialmente a la posición asumida por el fiscal Valdivieso, Andrés Pastrana y los otros candidatos presidenciales liberales y conservadores. En perfecta identificación, sobra decirlo, con la del Departamento de Estado norteamericano y el embajador Frechette. Según todos ellos, la modificación aprobada por el Senado en torno del delito tipificado como enriquecimiento ilícito conducía a la imposibilidad de investigar, enjuiciar y condenar a quienes incurrieron en tal conducta criminal. Lo que echaría por tierra, como lo afirmó el fiscal, el Proceso 8.000. Con lo cual se desactivaría una de las piezas claves de la actual injerencia norteamericana en los asuntos internos del país. Aquí reside la raíz del escándalo armado alrededor del llamado «narcomico».

Bastó entonces con que el gobierno de Estados Unidos advirtiera que, para expedir un comunicado sobre el asunto, esperaría la respectiva alocución presidencial televisada acerca del tema para que Samper, como ha sido habitual, se sumara presuroso a la posición norteamericana. Con lo cual, como se sabe, la modificación legislativa aprobada se hundió en la Cámara aquella misma noche.

El debido proceso, piedra de escándalo
¿Y cuál era la modificación objeto de tantas iras? Sencillamente, la reafirmación de que los ciudadanos sólo podían ser enjuiciados por enriquecimiento ilícito si previamente se comprobaba que la fuente de tal enriquecimiento era un delito. La Corte Suprema, dos años atrás, había señalado que tal comprobación consistía en la sentencia correspondiente proferida en juicio; ello debía ser así; insistía la Corte, para preservar el debido proceso. Precisamente en dicha sentencia del alto tribunal se basaba el proyecto de modificación legislativo constituido en piedra de escándalo. Es decir, más clara y justa no podía ser la motivación que llevó a los legisladores a aprobar el proyecto de ley. La argumentación contraria, la de la fiscal norteamericana Janet Reno, la del Departamento de Estado gringo y sus corifeos colombianos, se basa en que a los narcotraficantes y sus secuaces no puede juzgárseles según tales procedimientos y principios, que universalmente constituyen las bases democráticas de la justicia.

La tesis implícita es que en la lucha contra el narcotráfico se justifica la supresión de tales preceptos. Viene al caso recordar que, muy explícitamente, el proyecto de reforma constitucional del gobierno de Gaviria, presentado a la Constituyente de 1990, propuso suspender y limitar el derecho de defensa para determinados juicios y delitos. Tal abominación, como las que -especialmente desde 1989- vienen mutilando garantías procesales y preceptos democráticos han sido inspiradas por la política norteamericana antinarcóticos. En su cumplimiento se suprimió el jurado y se erigió la justicia encapuchada. Así, se ha impuesto a la justicia colombiana el falso dilema de impunidad o fascismo, y la conclusión de arrasar las conquistas democrático-burguesas en aras de la lucha contra la delincuencia organizada. En el caso del enriquecimiento ilícito, si ya no es necesario probar previamente el ilícito del cual provendría la riqueza malhabida, equivale ello a exonerar al Estado de la carga de la prueba y en adelante será el acusado quien deberá demostrar su inocencia.

Lo peor del asunto ha residido en que, paralelamente a tales restricciones de la justicia colombiana, los medios masivos de comunicación han venido apabullando y lanzando sobre quienes defiendan los derechos conculcados el anatema de voceros del narcotráfico. El hecho de que se asimile sin más ni más toda defensa de los derechos democráticos en el terreno de ¡ajusticia a un oscuro interés ligado al narcotráfico, no puede calificarse más que como un deplorable envilecimiento de la opinión pública. Tal es el contexto en que se dio el alboroto decembrino contra el Congreso.

Se equipara la democracia a la delincuencia
En el clima de escarnio público y cacería de brujas que se desató en seguida, no fue extraño que la Corte Suprema de Justicia renegara de su propia doctrina como lo hizo, ni que aterrorizados parlamentarios de ambas Cámaras votaran negativamente el mismo proyecto que aprobaron la víspera. La doble afrenta a Colombia -echar atrás una garantía democrática y que ello obedeciera a la voluntad de complacer a un gobierno foráneo- constituye un turbio logro norteamericano sobre el país. El que congresistas y jueces se avergüencen por defender las conquistas democráticas a la luz del día, dice de la magnitud del dominio gringo sobre la nación.

A pesar de todo, abogados y organizaciones de juristas demócratas, empleados de la rama judicial y distintas personalidades, han denunciado valerosamente los pasos concretos de la fascistización de la justicia colombiana. Las varias iniciativas de dentro y de fuera del Congreso por suprimir la llamada justicia sin rostro, son muy justas y merecen el apoyo de los colombianos. No puede admitirse ni justificarse que por el hecho de que voceros o defensores de los traficantes de narcóticos reclamen garantías y esgriman preceptos democráticos, tales garantías y preceptos sean desconocidos.

La experiencia demuestra que tales prácticas, lejos de limitarse a la delincuencia se extienden y aplican a los reclamos y protestas de las masas y contra dirigentes y miembros de las fuerzas opositoras y contrarias al régimen. En los tiempos recientes, el país ha padecido la persecución y el encarcelamiento de huelguistas del movimiento obrero y de líderes políticos bajo la vigencia de esta caricatura de justicia. Es claro que la tendencia apunta a extender esta justicia de excepción a todos los colombianos rasos.

Urge la defensa de las bases democráticas de la justicia
Cuando, luego de la perentoria orden de reversa dada por el gobierno a instancias del imperio, los parlamentarios de Senado y Cámara echaron atrás el proyecto aprobado, el senador Jorge Santos mantuvo su posición. Sostuvo que, lejos de lamentar la aprobación de un proyecto que reafirmaba una garantía democrática, lo vergonzoso era que las mayorías que lo habían realizado reversaran ahora bajo la presión del macartismo y el interés extranjero. No podemos admitir, insistió, que se equipare la defensa de las conquistas democráticas a actos delictivos: cuando un país acepta pasivamente semejante cosa, advirtió, puede ser más fácilmente esclavizado por sus opresores extranjeros.

Santos recordó que el MOIR ha sido partidario de la cooperación internacional para reprimir el narcotráfico en ese ámbito, pero aclaró que lo que impera hoy es una injustificable y descarada imposición de la política antinarcóticos de Estados Unidos en los países de América Latina, especialmente en aquéllos donde se producen las drogas o sirven de puntos intermedios del ilícito tráfico. Una nación, reiteró el senador del MOIR, puede combatir la delincuencia organizada y al mismo tiempo preservar las libertades y garantías democráticas.

El bochornoso episodio del llamado «narcomico» pone de presente la urgente necesidad de la lucha por impedir que prosiga el socavamiento de las bases democráticas de la justicia. Hace casi 150 años, resumiendo las lecciones de la lucha de clases en Francia, Marx aseveró que, después de conquistado el poder, es inherente a la burguesía la tendencia a anular las armas que forjó y le sirvieron en su lucha contra el feudalismo: el parlamento, las libertades públicas, la ilustración, etc., impulso que se acentúa en la época del imperialismo. Entonces, como lo aclarara Lenin, la defensa de las conquistas de la democracia burguesa corre por cuenta de los obreros y las capas más progresivas de la población. Es lo que Jorge Santos, entre otros deberes, cumple en el Senado.

JORGE SANTOS EN EL SENADO

La actividad del senador Jorge Santos Núñez, del BDR-MOIR, ha encarnado la más clara resistencia a la intrusión norteamericana, al gobierno de Samper y a su política de sumisión nacional y de continuismo en la apertura económica.

Levantando la bandera de la soberanía, Santos ha presidido numerosos actos públicos, entre ellos, en la isla de San Andrés, ante la embajada norteamericana en Bogotá, y ante la cumbre de los Países No Alineados en Cartagena. En todos quemó la bandera gringa.

El senador moirista ha votado y dejado constancia contra los antipopulares proyectos gubernamentales. «El Pacto Social, un plan demagógico y antinacional» fue una de sus posiciones en defensa de los trabajadores. Ha dado también importantes debates defendiendo a los productores nacionales en contra de las privatizaciones y la fascistización de la justicia. Su voto el fue único consignado en contra de la Ley 200, el despótico régimen disciplinario único.

Santos sigue estrechamente ligado a los proletarios. En sus giras ha visitado cuarenta ciudades. Marchó de Calarcá a Armenia en el paro de los caficultores; y en Bucaramanga y Florencia contra la privatización de los servicios y en la capital con los vendedores ambulantes y los habitantes de las riberas del río Bogotá contra los desalojos de Mockus.

En respaldo a las luchas populares ha presentado tres proyectos de ley: el de condonación de las deudas bancarias de los caficultores, el de garantías sindicales para los trabajadores del Estado, aprobados en el Senado, y el de la patriótica ley de hidrocarburos preparado por la USO y suscrito por otros nueve senadores.

«QUIEREN ACALLARME PARA QUE NO DENUNCIE LA TRAICIÓN»

(El siguiente es el texto del mensaje enviado por el camarada José Fernando Ocampo a la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, el 15 de diciembre de 1995, al serle informado que sería destituido de dicho organismo, como en efecto sucedió en enero de 1996 por decisión de la mayoría del comité ejecutivo. La carta está dirigida a Celio Nieves, fiscal de la Federación)

Acuso recibo de su carta, y de los documentos adjuntos, en la que me notifica que se declarará mi vacancia en el comité ejecutivo de Fecode, a menos que pruebe mi vinculación con la Asociación Distrital de Educadores y la Universidad Distrital. No me extraña que usted haga recaer la carga de la prueba sobre mí, no obstante que defendió que la Ley 200 contiene aspectos positivos al incorporar elementos del Código Penal para que le sean aplicados al magisterio, y que no reconozca en mi caso el principio de la favorabilidad en la interpretación de los estatutos de la organización sindical.

Pero esto es lo de menos. Usted y quienes lo acolitan en el comité ejecutivo interpretarán los estatutos de la Federación y las leyes de Colombia de la manera amañada que sea necesario con tal de acomodarlas al propósito de declarar arbitrariamente mi vacancia. La inferencia que sacarán de los términos «para ser miembro del comité ejecutivo», del artículo 21 de los estatutos, servirá a su propósito atrabiliario. Pero lo que no podrán es probar que mi elección no fue ajustada a los estatutos, a pesar de las demandas ante la Fiscalía General de la Nación por parte de los amigos de Boris Montes de Oca en la Universidad Distrital contra el certificado dado por el rector, las cuales no solamente no prosperaron sino que se les revirtieron por falsa acusación.

En efecto, la comisión electoral de las elecciones de 1993 convalidó mi inscripción, el tarjetón nacional ratificó el derecho que había sido reconocido para encabezar una lista, y mi nombre ha sido inscrito por el Ministerio de Trabajo por lo menos en tres ocasiones en este lapso, siempre que ha sido necesario para reconocer los cambios en el comité ejecutivo. El período de mi elección no ha vencido. En su calidad de fiscal usted conocía desde hace dos años mis circunstancias personales, que le sirven ahora de argumento para su torcida aplicación de los estatutos. Sin embargo, permitió que fuera elegido por la junta nacional a la comisión negociadora, que actuara como secretario de asuntos pedagógicos y, en calidad de tal, fuera nombrado coordinador del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes, CEID, que hiciera parte de la organización del Congreso Pedagógico, que se me incluyera en la terna para la Junta Nacional de Educación, que votara en las juntas nacionales y que ejerciera mi derecho de ser miembro del comité ejecutivo.

Lo que pasa es que el propósito suyo, en unión de Boris Montes de Oca, Nelson Franco, Jorge Guevara, Luis Ernesto Romero, Carlos Higuita, Max Correa, Gabriel Manrique y Rafael Cuello, radica en acallarme para que no siga denunciando la traición histórica que han cometido contra el magisterio, al haber cohonestado con el gobierno de Ernesto Samper para que derogara el régimen disciplinario del Estatuto Docente y quedaran los educadores bajo la Ley 200. Me están cobrando también el hecho de no haber firmado el acuerdo de mayo, que entregó los intereses económicos de los maestros colombianos.
¿Qué democracia es la que ustedes predican? En la elección directa del comité ejecutivo de 1993 obtuve 13 mil votos, cuatro veces más que el presidente de Fecode. Esta mayoría abrumadora convierte mi legitimidad en indiscutible, por encima de la arbitraria interpretación del artículo 21 de los estatutos de la Federación. Como es la costumbre de ustedes, pisotean los mismos principios de los que se hacen voceros, en este caso la «democratización» de la organización sindical de que tanto alardearon al proponer la elección por voto directo. Están echando por tierra la legitimidad democrática de los resultados electorales. Yo sé que para ustedes los principios no son sino bagatelas.
¿Cuál es el pluralismo de que tanto se ufanan? En mis veinte años de pertenencia a la dirección de Fecode y desde que el MOIR llegó en la década del 70 a la dirección de los sindicatos del magisterio, jamás hemos interpretado los estatutos para acallar a los contrincantes. Pero eso es lo que ustedes hacen ahora. No soportan mi oposición a la incompetente, arbitraria, antidemocrática, unilateral, progobiernista, antimagisterial dirección que han instaurado en mala hora en Fecode. Su cantinela sobre el pluralismo es una farsa. No soportan ni la diversidad de pensamiento. Lo único que toleran es el sometimiento de los demás a su manera de pensar.

El catálogo de sus traiciones al magisterio durante este año es asombroso. En la negociación del paro de mayo pusieron la independencia de la organización sindical en manos de los senadores Dussán y Pizano, quienes suplantaron a la comisión negociadora de Fecode con el patrocinio de ustedes. Por primera vez los negociadores del paro esperaron sumisamente que sus nuevos agentes les comunicaran los resultados en la sala de espera del ministro Sarabia.

Pero igualmente firmaron un acuerdo aceptando un aumento salarial basado en la inflación proyectada y no en la inflación causada, permitiendo la aplicación del concepto de productividad -del más puro cuño neoliberal- a la educación como si fuera una mercancía, y se contentaron con un 8% de salario profesional, totalmente hipotético, para cada uno de los tres años siguientes.

Jamás los educadores de Colombia se habrían imaginado que iban a perder el Estatuto Docente precisamente con la aprobación de la mayoría del comité ejecutivo y de la junta nacional de Fecode. Han acudido ustedes a todos los subterfugios posibles para disfrazar su defensa de una ley fascista como la Ley 200. Negociaron la aplicación de ésta con el decreto 1726. Propiciaron un proyecto de ley que no deja clara la excepcionalidad de los educadores al régimen único disciplinario. Rechazaron la propuesta de un paro nacional indefinido para defender el Estatuto, esperando que Samper -a quien han defendido no obstante su entrega sin precedentes a Estados Unidos- y sus amigos los saquen del atolladero. Se negaron a exigirle al gobierno la vigencia del artículo 6° de la Ley 60 que mantiene el Estatuto Docente.

Después que Fecode había hecho respetar el puesto de preeminencia que le corresponde con sus propuestas en la discusión de la Ley General de Educación, defendidas con el paro de 1993; después que hubo derrotado las pretensiones de sustituirla encabezadas por la «constituyente educativa», logrado sacarla avante en las vicisitudes del Congreso de la República y haberla constituido en un factor fundamental del proceso educativo del país, ustedes se plegaron a la maniobra de la ministra María Emma Mejía, para entregarles a dos fundaciones enemigas del magisterio y de la educación pública, como Viva la Ciudadanía y La Fundación Social, el proceso espúreo de discusión y elaboración del plan decenal educativo. De un plumazo, Fecode dejó perder lo que había ganado con tanto esfuerzo.

Entre su incapacidad para dirigir, su concepción gobiernista del sindicalismo y su apoyo descarado a Samper, usted y los otros ocho miembros del ejecutivo, que componen la mayoría han conducido la Federación a la peor y más lamentable crisis de sus treinta y cinco años de historia. Y eso es lo que pretenden tapar con la persecución desatada contra mí y contra mi organización política, mediante amañadas interpretaciones estatutarias. ¡Qué lamentable impotencia! ¡Qué desfachatez! ¡Qué descarada negación de la democracia! ¡Qué mentís a su tan cacareado pluralismo!

Procedan como van a proceder. Si declaran mi vacancia, apelo su decisión a la junta nacional como un organismo superior al comité ejecutivo.

USO ARRECIA BATALLA EN DEFENSA DE ECOPETROL

Por Gustavo Triana

Empeñado en privatizar a Ecopetrol, Samper ha propuesto reestructurarla en cuatro negocios diferentes, cada uno con plena autonomía financiera y administrativa. Ya en 1994 lo había intentado, pero se lo impidió la disposición de los trabajadores de salir a la huelga en defensa del patrimonio público de la nación.

Esta segunda arremetida pretende acabar con la integridad de la empresa, poniendo a cada división a competir con las demás, lo que permitirá al capital privado apropiarse de las actividades que hoy adelanta en forma unificada la petrolera estatal. El gobierno, al mismo tiempo, ha modificado los plazos existentes en los contratos de asociación, extendiendo su vigencia hasta el agotamiento de los pozos. Se comprometió además a pagar el 50% de los gastos en perforación y estudios de superficie cuando los nuevos yacimientos resulten secos. Liberó la importación de combustibles. Mientras que permitió la inversión privada en los campos reservados a Ecopetrol, a ésta le limitó sus inversiones y la obligó a vender sus activos en Terpel, Monómeros, Promigás, Colgás, Gas Natural y otras. El objetivo no es otro que dejar por completo en manos de las voraces multinacionales el estratégico renglón de los hidrocarburos.

Para enfrentar la arremetida privatizadora, la USO realizó en diciembre un paro nacional de la producción, tarea que no se adelantaba desde 1977. El cese fue exitoso y contó incluso con la aceptación de la mayor parte de la administración.

En la actualidad, el sindicato viene efectuando negociaciones con la empresa y el Ministerio de Minas. La USO continúa empeñada en defender que Ecopetrol se mantenga como una entidad de carácter comercial e industrial del Estado. Exige además que se preserve su unidad y que sean destinados recursos suficientes al urgente objetivo de fortalecerla, condición clave para poder lograr nuestra soberanía económica.

Al cierre de esta edición, en la Refinería de Barrancabermeja se llevaba a cabo un paro de 1.700 trabajadores temporales y de contratistas contra las violaciones a la convención colectiva y en defensa de la empresa.

Hoy como ayer, la USO está al frente de los más preciados intereses de la nación.