EN WASHINGTON SE MAQUINA LA CRISIS DE COLOMBIA

Al acercarse a un siglo y un milenio nuevos, Colombia enfrenta los embates de la recolonización que ha emprendido Estados Unidos. Las abigarradas e intensas contradicciones sociales que ese designio ha generado recientemente, son inequívoco anuncio de que para la gente éste es el tiempo de la resistencia, pues lo que aparece más nítido entre la maraña de acontecimientos es la necesidad de luchar por preservar la soberanía nacional y nuestro derecho a la autodeterminación.

En esa brega histórica, la inmensa mayoría de los colombianos, aquellos que hacen parte de las fuerzas y baluartes que poseen «algún arraigo o entronque con la nación y con su historia», podrán desentrañar la causa real y a los promotores internos y externos de sus males; prevenirse del letargo y la confusión en que los quieren sumir e iniciar la forja de un movimiento de resistencia y salvación nacionales. Esa misma brega será la que cimente las bases para el futuro desarrollo democrático e independiente de la nación.

I
El narcotráfico y los delitos conexos, así como la corrupción en todas sus formas, constituyen problemas nefastos para la marcha y progreso de la sociedad y como tal deben ser combatidos y extirpados sin demoras ni titubeos, pero no a costa de la independencia de la nación, como expresara nuestro recordado líder Francisco Mosquera. La soberanía nacional y no el resto de litigios, por preocupantes que sean o por terribles que se les haga aparecer, es lo primero que, cualquiera sea el desenlace de los actuales sucesos, debe preocupar a los colombianos. Nada más corrupto, antidemocrático y despreciable que embolatar, supeditar y entregar la soberanía e independencia de la nación con la disculpa de que lo prioritario son las hipócritas y mezquinas campañas de moralistas en plan de saciar sus apetitos de poder político y económico. Quienes así proceden entran en los linderos de un delito ante el cual palidecen las actividades de narcotraficantes y corruptos: la traición nacional. No puede existir solución real y verdadera a lo que hoy se discute en Colombia sin la supresión de la creciente intervención norteamericana.

II
Dos son las consideraciones principales de Estados Unidos al formular su estrategia contra el tráfico de narcóticos.

Primero. Si bien éstos se producen en Colombia y otros países de América Latina, necesitan como toda mercancía su realización, es decir, su venta, y ésta se efectúa en Estados Unidos. Es allí donde se genera el caudal monetario del narcotráfico, que según los cálculos más confiables alcanza en Estados Unidos una cifra superior a 200 mil millones de dólares. Suma enorme que circula primero por los vasos comunicantes de la economía norteamericana. Al gobierno gringo le interesa velar porque tal monto de dinero insufle sus redes bancarias y financieras, mas para ello también debe regular la circulación de la droga. Los linces financieros estadounidenses no poseen cortapisas morales ni principios políticos que les impidan que ese dinero repose y adquiera dinámica en Wall Street, y no fuera de allí. Por esa razón el tráfico no se acaba, ni se capturan grandes capos en los Estados Unidos. No es consistente y persistente la política antidrogas del gobierno norteamericano. Quieren regular, controlar y aprovechar el tráfico, no suprimirlo.

Segundo. Utilizar la lucha contra el narcotráfico como estrategia para su intervención política y económica en los diversos países. Blandiendo la amenaza de que es un problema de seguridad nacional para Estados Unidos, la utiliza para quitar y poner legislaciones y legisladores, organismos judiciales con sus correspondientes jueces y fiscales, jefes de policía y funcionarios públicos, incluidos primeros mandatarios. Todo ello con el objetivo de darle curso a su expoliación económica.

III
La Fiscalía echa mano de un sistema acusatorio auspiciado por los Mismos Estados Unidos desde los tejemanejes de la Constitución de 1991 y ejerce su función como un redivivo inquisidor asesorado por jueces encapuchados. Se compran y venden testigos y testimonios, operando la norma del mejor postor y el pago de beneficios. Sobra decir que, como lo demuestran diversos hechos del principal proceso que adelanta la Fiscalía, el postor más poderoso es Estados Unidos, tanto por lo que ofrece como por lo que puede quitar.

El fiscal expresa que no está al servicio de Norteamérica, pero su actividad judicial va dirigida contra las personas, ya sean políticos, funcionarios o delincuentes, que Estados Unidos le señala. Afirma que no recibe presiones de Washington, pero a juzgar por lo actuado esa presión no es necesaria, puesto que existen armonía y coincidencia remarcables con la Fiscalía y otras agencias norteamericanas. La señora Reno lo elogia y aplaude y el subsecretario Gelbard dice que sólo confía en él.

Con razón se ha dicho que el proceso de investigación que adelanta el fiscal Valdivieso arrasa con todo el Estado de Derecho. Esta fascistización de la justicia, en la parte sustantiva y en la de procedimiento, se nos ha presentado como la panacea y a los funcionarios encargados de ponerla en funcionamiento como infalibles moralizadores.

IV
La posición del gobierno de Samper ante la política norteamericana ha sido de acatamiento. Sus afanes han estado dirigidos a darles todo tipo de explicaciones y satisfacciones a los funcionarios de distinto rango de las agencias y departamentos gringos, en una muestra de indignidad política. Dos eventos resaltan la obsecuencia de Samper con los planes neocoloniales del gobierno norteamericano: su aceptación y cumplimiento de la política formulada por Clinton en la Cumbre de las Américas y la aprobación de la estrategia político-militar señalada por la Casa Blanca en la reunión de ministros de Defensa latinoamericanos en Williamsburg, en medio de las felicitaciones del vicepresidente Al Gore tanto a Samper como al ex ministro Botero Zea por los servicios prestados y favores ofrecidos. En la primera aprobó el neocolonialismo en lo económico, en la segunda el neocolonialismo en lo militar.

V
El Salto Social de Samper es a la vez un “aditamento y un cosmético” para la apertura económica que aplicó Gaviria, es decir, dos mandatarios para una misma política. Es diciente que, tras 18 meses de críticas a Samper por parte de los funcionarios al mando en Washington y de columnistas en diarios norteamericanos, éstas no contengan rechazos o quejas sobre su política económica. En lo económico ¡están servidos los señores! No queda duda de que aquí no existe una disputa sobre modelos económicos entre neoliberales extremistas y neoliberales moderados. El capitalismo inherente a la recolonización norteamericana es salvaje por naturaleza, y ése es el capitalismo que aceptan Gaviria y Pastrana, López, Samper y De la Calle, Juan Manuel y Nohemí, todos maleables ante las pretensiones norteamericanas. Las diferencias entre ellos son de menor cuantía, mientras grande es su identidad con la apertura económica y el neoliberalismo.

VI
Consecuente con los anteriores criterios sobre la situación política, que atraviesa la nación y ante las diversas salidas o soluciones que proponen distintas fuerzas políticas y sociales, el MOIR declara:

1. Ya que ninguno de los hechos y aspectos de la economía, la política y la vida social de la nación han estado sustraídos a la injerencia y presencia decisivas que en ellos ha tenido Estados Unidos, los juicios, consultas y fórmulas de solución planteados no conducirán a extirpar los males que impiden el desarrollo económico, político y cultural de la nación. El pueblo debe decidir en primera instancia su rechazo radical al intervencionismo imperial en los eventuales cambios institucionales y políticos de Colombia. Igualmente, debe rechazar todo chantaje, incluido el que viene ligado a la certificación o a la aprobación por parte de Washington de asuntos cuyo tratamiento y decisión incumben soberanamente a Colombia.

2. La actual embestida norteamericana sobre el país se propone un reajuste en el gobierno que proporcione mayor celeridad y eficacia a sus dictados. En las circunstancias actuales persigue un recambio en el poder político, el cual se intenta presentar como una solución cuando en verdad es una continuación de algo que, por encima de uno que otro escarceo, ha practicado Samper, y que constituye nuestro principal problema: la política de sumisión nacional a la superpotencia estadounidense.

3. Es una falacia la afirmación de que la inestabilidad promovida, maquinada y muñequeada por el gobierno de Estados Unidos y sus favoritos obra a favor de 1a nación y el pueblo colombiano. Entonces es mero candor reformista esperar que los fallos judiciales, que arrasan de paso con todo principio democrático en materia de derecho, abrirán espacios que serán llenados mediante un idílico y puro ejercicio democrático por miembros de las fuerzas de oposición. Es equivocado considerar que «la campaña contra la corrupción». la adelantan funcionarios neutrales para fines neutros y no por diablos predicadores alentados por personajes adictos al imperialismo y la apertura.

4. Siguiendo una ley universal, el gran antagonismo que han adquirido las contradicciones internas ha permitido que se ponga al desnudo la mediocridad y mezquindad de espíritu de encumbrados dirigentes, voceros y orientadores de la sociedad. Ya muy pocos precisarán aguzar el olfato para saber de dónde proviene lo que huele a podrido en Colombia. Y, lo que es más importante aún, ha permitido que aparezca con creciente nitidez una verdad elemental: la contradicción existente entre la nación y el imperialismo norteamericano preside y somete a su desarrollo todas y cada una de las demás contradicciones presentes en la sociedad, por lo que la condición sine qua non para la solución de nuestros males de estancamiento material, político y cultural, es el cese definitivo de todas las formas de intervencionismo extranjero en Colombia.

5. La casi totalidad de quienes han venido desempeñando el papel de dirigentes políticos y sociales han desestimado esta verdad que los hechos corroboran tozudamente. Mas lo peor es que muchos de ellos adoptan una actitud de pusilanimidad cómplice, y un puñado, con cinismo y desvergüenza infinitos, ha degenerado en agentes u abogados de la política emitida por Washington. Se debe insistir en la necesidad de señalar que, al impulsar la aplicación de dogmas neoliberales, menoscaban derechos democráticos, permiten el despojo de nuestros recursos y trabajo, y anarquizan la vida social, facilitando así los avances en la toma de la nación por parte de los Estados Unidos.

6. Ya que el programa de la administración Samper, bajo la denominación de Salto Social, acoge y aplica la política que Estados Unidos ha recetado a través del Fondo Monetario Internacional, como las privatizaciones de las empresas y haberes estatales, los aumentos en las tarifas de los servicios públicos, y el deterioro de los salarios que quedó refrendado en el Pacto Social, llamamos a una verdadera resistencia antiimperialista mediante pronunciamientos y movilizaciones de masas.

El MOIR reitera hoy su convocatoria a los compatriotas, pertenecientes a todas las clases y todas las organizaciones, políticas y sociales que no admiten la opresión nacional a ponerse en pie de resistencia contra las imposiciones económicas, la intervención en los asuntos internos y todas las formas de coacción por parte del gobierno de los Estados Unidos, y contra todos aquellos que coadyuven a esos propósitos imperialistas.

MOVIMIENTO OBRERO INDEPENDIENTE Y REVOLUCIONARIO (MOIR)
Comité Ejecutivo Central
Héctor Valencia, Secretario General
Bogotá, febrero 9 de 1996.

CENTRALES OBRERAS Y SINDICATOS BANCARIOS RESPALDAN HUELGA EN CAJA AGRARIA

La crisis financiera que soporta la Caja Agraria es el producto de medidas gubernamentales que deterioran la función social que debiera cumplir. De tiempo atrás se ha venido desangrando la institución, cuyos recursos se han destinado a atender desastres nacionales, el problema de los desplazados por el diferendo en la frontera con Venezuela y para paliar los conflictos surgidos de la importación indiscriminada de alimentos.

Ha sido así como el gobierno ha acumulado una deuda con la Caja de 658 mil millones de pesos. Llevada a causal de disolución ha pactado convenios de «recapitalización», que deberían haberle reportado 342 mil millones de pesos, pero sólo han ingresado 5 mil. Fuera de eso, la administración ha asumido actitudes complacientes frente a importantes deudores morosos.

Por ello rechazamos la descabellada pretensión del presidente de la entidad, doctor Carlos Gustavo Cano Sanz, de desmontar la convención colectiva de trabajo, lesionando los más caros interés de sus ocho mil trabajadores. Las centrales obreras CUT, CGTD y CTC, sus organizaciones filiales, así como los sindicatos que agrupan al sector financiero anunciamos a la opinión pública nuestro enérgico rechazo a este atentado y convocamos al conjunto del movimiento campesino y a los usuarios de la Caja Agraria a respaldar la lucha que libran sus trabajadores en defensa de la institución y de sus derechos laborales.

Jornada nacional de solidaridad
La CUT, la CGTD y la CTC han instruido a sus sindicatos filiales para que se vinculen en todo el país a una gran jornada nacional de protesta y movilización en solidaridad con la justa lucha de los trabajadores de la Caja, a partir del momento en que se vean forzados a declarar la hora cero de la huelga nacional. Igualmente en rechazo a la política privatizadora del actual gobierno que atenta contra la soberanía económica del país y los trabajadores, y cobija a otras importantes entidades del sector financiero.

Inminente paro nacional bancario
Doce organizaciones sindicales que representamos a la totalidad de los trabajadores bancarios, hemos ordenado a nuestros afiliados no recibir transacciones de la Caja Agraria, so pena de generar conflictos laborales en las entidades que pretendan realizarlas.

Asimismo iniciamos la preparación de un paro nacional bancario en solidaridad con los trabajadores creditarios, cuya realización estará sujeta a la concreción de un acuerdo satisfactorio que implique la garantía integral de los derechos consagrados en la convención colectiva.
Firman: Luis Eduardo Garzón, presidente de la CUT; Mario de J., Valderrama, presidente de la CGTD; Apecides Alvis F, presidente de la CTC.

Fenasibancol, Aceb, Uneb, Asdecos, Astraban, Adebic, Sintrabancol, Sintraban, Sintracitibank, Sintraprevi, Sintrabanteq, Sintrasudameris, Fedepetrol, Uso, Fensuagro, Sintraiss, Acotv, Sittelecom, Sindess, Sinucom, Fenaltrase y Utradec.

Unidad Cafetera: «HACER EFECTIVA CONDONACIÓN DE DEUDAS»

Condonar las deudas que están por debajo de $ 3 millones, refinanciar los créditos y bajar las tasas de interés constituyen «medidas favorables», dijo Fabio Trujillo, presidente de Unidad Cafetera Nacional, durante el Foro realizado en Manizales el 7 de febrero. “Sin embargo, el gobierno se niega a hacerlas efectivas, y esta demora puede llevar a que las entidades financieras embarguen definitivamente al campesino”.

También el coordinador de Unidad Cafetera, Jorge Enrique Robledo, denunció la tardanza oficial y protestó por el bajo precio interno. “Hay que enfrentar las maniobras de las multinacionales en el mercado mundial. La acción gubernamental no puede limitarse a trasladar al mercado interno los bajos precios que se den afuera”.

Monseñor José Luis Serna, obispo del Líbano, dijo que son casi ocho años «de un viacrucis espantoso» y concluyó que la movilización de los cultivadores es una lucha justa.

El FMI: UNA RECETA DELETÉREA

Por Alfonso Hernández

El Fondo Monetario Internacional, verdugo con ropaje de galeno, aplica sus sapientísimas e invariable fórmulas sin requerir de diagnóstico específico del país paciente. Bien podría, como el médico de la Mama Grande, adelantar sus tratamientos a través de suposiciones, correveidiles y recados. Con actitud adusta y proclamando la necesidad de severos planes de ajuste, prescribe a los pobres la miseria, a las economías languidecientes, la asfixia, y a las naciones que buscan el sendero de su propio desarrollo, las cadenas del neocolonialismo. No pocas veces sus emplastos e intervenciones han desembocado en verdaderas sangrías, como en la República Dominicana hace cerca de diez años y en Venezuela más recientemente.

La Misión Colombia, adscrita al mencionado organismo multilateral, presentó en noviembre pasado a la directiva del Banco de la República, como todos los años, el paquete de «recomendaciones» a las que han de ceñirse durante 1996 tanto el Emisor como el gobierno. Dichas recomendaciones, que pretenden fundamentarse en la urgencia del control de la inflación, poseen tres rasgos característicos.

1. Onerosas cargas para el pueblo
El Fondo exige, nuevamente, enormes alzas en las tarifas de los servicios públicos, en los precios del petróleo y en la gasolina, ya incrementados por la sobretasa en muchos de los municipios, y mayores impuestos. Sin importar que en los últimos cinco años ya se preparan otras dos: una de carácter nacional y otra para los entes territoriales como consecuencia de la reducción, también ordenada por el fondo, de las transferencias de la nación a los municipios y departamentos, a los que pretende forzar a alcanzar la llamada autonomía fiscal. ¡Trago amargo de la política de descentralización!

Desde luego, la rebaja de los salarios es parte esencial del recetario. En él se afirma que el sueldo mínimo sólo debe incrementarse con base en la inflación proyectada. El FMI, instrumento de los monopolios imperialistas, está decidido a reducir los costos de la mano de obra a niveles que hacen muy precaria la subsistencia del proletariado.

2. Mayores restricciones a la economía nacional
A juicio de los cerebros del ente financiero internacional, la economía colombiana debe evitar el gasto, sobre todo el gasto en desarrollo. Por eso ordena ahorrar los recursos del Fondo de Estabilización Petrolera, creado por consejo del Banco Mundial, con el fin de que el país consigne en el exterior los dineros de Cusiana. Con miras a lograr un superávit fiscal, el gobierno debe reducir sus erogaciones, suspender subsidios y cualquier otro apoyo a renglón alguno de la producción nacional.
Cuando la industria y la agricultura, e incluso la construcción, se debaten ante la quiebra por la competencia externa, y entre las pocas cifras que crecen constantemente están las de los concordatos, el FMI exige un drástico ajuste monetario y el aumento de las tasas de interés, que figuran ya entre las más altas del mundo. Las consecuencias no pueden ser otras que la mayor quiebra empresarial y la escalada del desempleo.

3. Aún más ventajas al capital extranjero
El memorando insiste en que se debe acelerar el proceso de privatizaciones. A un Estado cuyos súbditos viven agobiados por la carga impositiva, y que padece un crónico déficit fiscal, se le obliga con el pretexto de superar este desbalance a deshacerse de las pocas empresas rentables como Ecopetrol y Telecom, para entregarlas a las multinacionales que controlan esas ramas de la actividad económica.

Además, el Fondo dispone que, mientras se restringen los movimientos monetarios y crediticios nacionales, se abran las puertas al endeudamiento externo privado a corto plazo, con lo que el capital extranjero alcanzará un mayor dominio sobre los diferentes renglones de la producción del país. Los capitales golondrina, cuyas maniobras especulativas jugaron un papel determinante en la crisis mexicana, tienen franqueado el acceso a la economía de Colombia.

El gobierno de Samper ha venido aplicando, con la sumisión que le es característica, las imposiciones del Fondo Monetario. El alegato del ministro de Hacienda en la carta que le dirige al presidente de la Misión Colombia, Paulo Neuhaus, es sólo para reclamar que se le reconozca que ha cumplido el mandado a cabalidad.

Los prepotentes economistas del imperialismo están notificados de la decisión de los colombianos de rechazar sus planes de desajuste. Esto es lo que indican las luchas de los trabajadores de Ecopetrol y de la Caja Agraria. La perentoria advertencia viene también de los asalariados del sector eléctrico del Ecuador, de los proletarios del petróleo en el Perú, de los mineros de Chile, de los habitantes de las favelas de Río, y de las gigantescas protestas del pueblo de Córdoba y otras provincias de Argentina. Es cierto que los tejemanejes del Fondo Monetario acrecen las ganancias de los magnates, pero, como contrapartida, están adunando las voluntades de los pueblos latinoamericanos en contra de sus fechorías.

LA SERVIDUMBRE DEL FISCAL VALDIVIESO

Por Alfredo Camelo (Revista Deslinde, No. 18)
Una de las afirmaciones más claras y sinceras que reflejan el estado de animo y la condición de postración de ese otro país que en nombre de la «interdependencia» recolonizadora desprecia la soberanía nacional y suspira obsecuente por una candidatura presidencial o por un puesto en un organismo internacional, es la «célebre» afirmación del señor fiscal Alfonso Valdivieso Sarmiento: «La soberanía hay que merecerla».

Frente a esta sordidez, resplandece la sentencia del filósofo Hegel cuando, al analizar la Ilustración como la edad de la emancipación del espíritu moderno y del surgimiento de las naciones, afirmaba:

«La luz pone al hombre en situación de elegir y el hombre sólo puede elegir cuando ha salido de la servidumbre» (Hegel, Filosofía de la Historia).

No hubo tal narcomico: SE ACENTÚA FASCISTIZACIÓN PROGRINGA DE LA JUSTICIA

Por Marcelo Torres Benavides

A mediados de diciembre del año pasado sobrevino el escándalo del llamado «narcomico». Inicialmente, una abrumadora mayoría del Senado, en la cual se contaba el senador Jorge Santos Núñez, aprobó lo que en otros tiempos se habría considerado loable y normal reafirmación del principio democrático del debido proceso. Sin embargo, los medios de comunicación afirmaron, y así quedó registrado en la mente de muchos colombianos, que la mayoría de los parlamentarios de Senado y Cámara habían tratado de consagrar la impunidad para los narcotraficantes y sus cómplices. Según la amañada versión de las cosas, sólo la inmediata denuncia de los medios y el repudio unánime de la «parte sana» del país habría evitado el despropósito. El hecho muestra hasta qué punto ha llegado la adulteración, monstruosa, del proceso real que padece el país y la urgencia de librar una consecuente lucha contra el desmantelamiento de las conquistas democráticas.

Un alboroto prefabricado
La «parte sana» de Colombia a que aludieron los dicterios de la prensa y los demás medios se refería especialmente a la posición asumida por el fiscal Valdivieso, Andrés Pastrana y los otros candidatos presidenciales liberales y conservadores. En perfecta identificación, sobra decirlo, con la del Departamento de Estado norteamericano y el embajador Frechette. Según todos ellos, la modificación aprobada por el Senado en torno del delito tipificado como enriquecimiento ilícito conducía a la imposibilidad de investigar, enjuiciar y condenar a quienes incurrieron en tal conducta criminal. Lo que echaría por tierra, como lo afirmó el fiscal, el Proceso 8.000. Con lo cual se desactivaría una de las piezas claves de la actual injerencia norteamericana en los asuntos internos del país. Aquí reside la raíz del escándalo armado alrededor del llamado «narcomico».

Bastó entonces con que el gobierno de Estados Unidos advirtiera que, para expedir un comunicado sobre el asunto, esperaría la respectiva alocución presidencial televisada acerca del tema para que Samper, como ha sido habitual, se sumara presuroso a la posición norteamericana. Con lo cual, como se sabe, la modificación legislativa aprobada se hundió en la Cámara aquella misma noche.

El debido proceso, piedra de escándalo
¿Y cuál era la modificación objeto de tantas iras? Sencillamente, la reafirmación de que los ciudadanos sólo podían ser enjuiciados por enriquecimiento ilícito si previamente se comprobaba que la fuente de tal enriquecimiento era un delito. La Corte Suprema, dos años atrás, había señalado que tal comprobación consistía en la sentencia correspondiente proferida en juicio; ello debía ser así; insistía la Corte, para preservar el debido proceso. Precisamente en dicha sentencia del alto tribunal se basaba el proyecto de modificación legislativo constituido en piedra de escándalo. Es decir, más clara y justa no podía ser la motivación que llevó a los legisladores a aprobar el proyecto de ley. La argumentación contraria, la de la fiscal norteamericana Janet Reno, la del Departamento de Estado gringo y sus corifeos colombianos, se basa en que a los narcotraficantes y sus secuaces no puede juzgárseles según tales procedimientos y principios, que universalmente constituyen las bases democráticas de la justicia.

La tesis implícita es que en la lucha contra el narcotráfico se justifica la supresión de tales preceptos. Viene al caso recordar que, muy explícitamente, el proyecto de reforma constitucional del gobierno de Gaviria, presentado a la Constituyente de 1990, propuso suspender y limitar el derecho de defensa para determinados juicios y delitos. Tal abominación, como las que -especialmente desde 1989- vienen mutilando garantías procesales y preceptos democráticos han sido inspiradas por la política norteamericana antinarcóticos. En su cumplimiento se suprimió el jurado y se erigió la justicia encapuchada. Así, se ha impuesto a la justicia colombiana el falso dilema de impunidad o fascismo, y la conclusión de arrasar las conquistas democrático-burguesas en aras de la lucha contra la delincuencia organizada. En el caso del enriquecimiento ilícito, si ya no es necesario probar previamente el ilícito del cual provendría la riqueza malhabida, equivale ello a exonerar al Estado de la carga de la prueba y en adelante será el acusado quien deberá demostrar su inocencia.

Lo peor del asunto ha residido en que, paralelamente a tales restricciones de la justicia colombiana, los medios masivos de comunicación han venido apabullando y lanzando sobre quienes defiendan los derechos conculcados el anatema de voceros del narcotráfico. El hecho de que se asimile sin más ni más toda defensa de los derechos democráticos en el terreno de ¡ajusticia a un oscuro interés ligado al narcotráfico, no puede calificarse más que como un deplorable envilecimiento de la opinión pública. Tal es el contexto en que se dio el alboroto decembrino contra el Congreso.

Se equipara la democracia a la delincuencia
En el clima de escarnio público y cacería de brujas que se desató en seguida, no fue extraño que la Corte Suprema de Justicia renegara de su propia doctrina como lo hizo, ni que aterrorizados parlamentarios de ambas Cámaras votaran negativamente el mismo proyecto que aprobaron la víspera. La doble afrenta a Colombia -echar atrás una garantía democrática y que ello obedeciera a la voluntad de complacer a un gobierno foráneo- constituye un turbio logro norteamericano sobre el país. El que congresistas y jueces se avergüencen por defender las conquistas democráticas a la luz del día, dice de la magnitud del dominio gringo sobre la nación.

A pesar de todo, abogados y organizaciones de juristas demócratas, empleados de la rama judicial y distintas personalidades, han denunciado valerosamente los pasos concretos de la fascistización de la justicia colombiana. Las varias iniciativas de dentro y de fuera del Congreso por suprimir la llamada justicia sin rostro, son muy justas y merecen el apoyo de los colombianos. No puede admitirse ni justificarse que por el hecho de que voceros o defensores de los traficantes de narcóticos reclamen garantías y esgriman preceptos democráticos, tales garantías y preceptos sean desconocidos.

La experiencia demuestra que tales prácticas, lejos de limitarse a la delincuencia se extienden y aplican a los reclamos y protestas de las masas y contra dirigentes y miembros de las fuerzas opositoras y contrarias al régimen. En los tiempos recientes, el país ha padecido la persecución y el encarcelamiento de huelguistas del movimiento obrero y de líderes políticos bajo la vigencia de esta caricatura de justicia. Es claro que la tendencia apunta a extender esta justicia de excepción a todos los colombianos rasos.

Urge la defensa de las bases democráticas de la justicia
Cuando, luego de la perentoria orden de reversa dada por el gobierno a instancias del imperio, los parlamentarios de Senado y Cámara echaron atrás el proyecto aprobado, el senador Jorge Santos mantuvo su posición. Sostuvo que, lejos de lamentar la aprobación de un proyecto que reafirmaba una garantía democrática, lo vergonzoso era que las mayorías que lo habían realizado reversaran ahora bajo la presión del macartismo y el interés extranjero. No podemos admitir, insistió, que se equipare la defensa de las conquistas democráticas a actos delictivos: cuando un país acepta pasivamente semejante cosa, advirtió, puede ser más fácilmente esclavizado por sus opresores extranjeros.

Santos recordó que el MOIR ha sido partidario de la cooperación internacional para reprimir el narcotráfico en ese ámbito, pero aclaró que lo que impera hoy es una injustificable y descarada imposición de la política antinarcóticos de Estados Unidos en los países de América Latina, especialmente en aquéllos donde se producen las drogas o sirven de puntos intermedios del ilícito tráfico. Una nación, reiteró el senador del MOIR, puede combatir la delincuencia organizada y al mismo tiempo preservar las libertades y garantías democráticas.

El bochornoso episodio del llamado «narcomico» pone de presente la urgente necesidad de la lucha por impedir que prosiga el socavamiento de las bases democráticas de la justicia. Hace casi 150 años, resumiendo las lecciones de la lucha de clases en Francia, Marx aseveró que, después de conquistado el poder, es inherente a la burguesía la tendencia a anular las armas que forjó y le sirvieron en su lucha contra el feudalismo: el parlamento, las libertades públicas, la ilustración, etc., impulso que se acentúa en la época del imperialismo. Entonces, como lo aclarara Lenin, la defensa de las conquistas de la democracia burguesa corre por cuenta de los obreros y las capas más progresivas de la población. Es lo que Jorge Santos, entre otros deberes, cumple en el Senado.