DARES Y TOMARES DE LOS ÍNTIMOS DE LA CÚPULA DE LA CLEPTOCRACIA GAVIRISTA

No hace falta remontarse a los mitológicos saqueos del erario por parte de los dictadores militares para saber que en América Latina, por lo general, muchos presidentes llegan al poder sin un centavo y salen, junto con sus familias y cortesanos, convertidos en multimillonarios. La nueva generación neoliberal brinda abundantes ejemplos. En Brasil, Fernando Collor de Melo fue destituido por el congreso tras comprobársele gigantescos negociados al amparo del aparato estatal. En Venezuela, Carlos Andrés Pérez se ve igualmente forzado a abandonar el cargo acusado de corrupción. Alan García tiene que salir a la carrera del Perú a causa de las investigaciones judiciales sobre su enriquecimiento personal; su sucesor, Alberto Fujimori, tampoco está exento de sindicaciones sobre malos manejos del presupuesto, mientras su esposa repartió a su antojo y según sus conveniencias políticas algunas donaciones internacionales de solidaridad. En Argentina, Carlos Menem coacciona a los jueces para encubrir las graves denuncias sobre lavado de dólares del narcotráfico por parte de su cuñada, Amira Yoma, quien además era jefa de audiencias de la presidencia.
En nuestro país aún está vivo el recuerdo del «Hijo del Ejecutivo», Alfonso López Michelsen, por causa de cuyos negocios su padre tuvo que renunciar a la presidencia de la República, cuando Jorge Eliécer Gaitán señalara que a él y a varios funcionarios afectos al primer mandatario se les veía «la punta del cheque de la Handel en el bolsillo». Los más recientes vástagos de la familia siguieron el ejemplo, como se recordará, con la rentable «Hacienda La Libertad». Y si bien se podrían suministrar numerosos ejemplos, el del presente gobierno resulta harto ilustrativo.
En lo que va corrido de este año los colombianos han seguido, semana tras semana, las revelaciones del Veedor del tesoro, nombrado para preservar los dineros públicos de las prácticas del clientelismo electoral; las réplicas, las contrarréplicas, la sanción impuesta al funcionario por el Consejo Superior de la Judicatura, el levantamiento de la misma, sus nuevas denuncias. Los más diversos medios de comunicación han difundido datos sorprendentes acerca de los múltiples negocios sobre los cuales se abalanzó la familia presidencial desde el momento mismo en que fuera elegido César Gaviria Trujillo. Uno de sus hermanos se ha enriquecido con pasmosa rapidez, cubriendo fuentes de ganancias tan variadas como la construcción, el turismo, los tratos con Terpel o la industria siderúrgica; el otro promueve una revista generosamente financiada por empresas del Estado; la primera dama, Ana Milena Muñoz de Gaviria, desconoce el Icetex y funda otro organismo para entregar becas según su voluntad, Colfuturo, cuya junta directiva resulta designada como vitalicia para perpetuar la clientela de los beneficiarios; el cuñado de la misma Ana Milena se hace a una sospechosa indemnización oficial y el propio presidente, en fin, se arroga el derecho de repartir los fondos de los nuevos institutos y administra las entregas directas de varias tajadas del ponqué presupuestal.
1. La educación, otro pretexto para desfalcar
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, encabezado por el entonces secretario general, Fabio Villegas, dio a la luz, mediante decreto expedido por la alcaldía mayor de Bogotá, la Fundación para el Futuro de Colombia, Colfuturo, el 20 de noviembre de 1991. Para el efecto solicitó, el aporte de recursos en grande escala de las empresas descentralizadas del Estado.

Se colocó a Ana Milena de Gaviria, la ejecutiva del Ejecutivo, como responsable de la nueva entidad, con el fin de que no saliera de las manos presidenciales el manejo de los auxilios previstos. Se creó a continuación el Consejo de Fundadores integrado por los principales grupos de la gran burguesía, entre cuyos representantes se encuentran Luis Carlos Sarmiento Angulo, Carlos Ardila Lulle, Canos Pacheco Devia, Ricardo Villaveces, Augusto López Valencia, etc. Además, estos próceres fueron nombrados a perpetuidad. No es difícil deducir que se pretende también consolidar el aparato ideológico y político del sistema, brindándole a un selecto número de egresados universitarios sendas becas para que sean preparados por las academias del imperialismo.

Colfuturo fue creada como una entidad, privada, a pesar que sus consejeros intenten hacer creer que es de naturaleza mixta, figura que no se contempla en la nueva Constitución. Y por lo tanto, los institutos descentralizados no pueden otorgarle recursos, en forma de donaciones o auxilios.

Los dineros entregados en primera instancia se discriminaron así: la Presidencia se hizo presente con ocho millones de dólares; a lo cual agregó 312 millones de pesos. A su turno, la FEN y Ecopetrol participaron con 1 y 2 millones de dólares, respectivamente. En total, los recursos tan «arduamente» obtenidos por Ana Milena de Gaviria alcanzaron una suma multimillonaria. Y al veedor le correspondió alborotar el avispero.

Al reseñar los entresijos de la creación de Colfuturo, lo primero que hizo fue circunscribirlos dentro de la danza de los despilfarros que ameniza los salones de la Presidencia de la República. Se refirió a los 69 mil millones de pesos de que dispone a su amaño el primer mandatario desde septiembre de 1992. Por su lado, la Procuraduría abrió pliego de cargos contra nueve altos funcionarios por las dadivosas donaciones a la tan socorrida asociación de doña Ana, incluido a Fabio Villegas, actual Ministro de Gobierno. Y pidió a la Fiscalía General abrir investigación al respecto. Sólo que una semana después, el mismo funcionario, sin más ni más, intentó cambiarle el rumbo a los acontecimientos y salvar a los Gaviria. Adujo que Colfuturo estaba siendo aprovechada por los políticos como campo de batalla, cuando los recursos se habían manejado de manera transparente y pulcra.

El caso desató un torrente de sindicaciones. El Espectador, por ejemplo, aludió al «duro lenguaje» empleado por Llorente y Marín Bernal. Este «calificó de extraño el silencio del presidente Gaviria sobre los hechos mencionados,» Y aquél dijo que la Primera Dama «es la presidenta de una fundación que administra en forma alegre el tesoro de los Gaviria.» Y el columnista de El Tiempo, D’Artagnan, cita como correcta la actitud de los directivos de Telecom, que hablaron de «la imposibilidad legal de contribuir a la constitución de Colfuturo.» E inquiere: “¿No habría podido la oficina jurídica de Palacio advertir acerca de la existencia de estas limitaciones para evitar ciertas ligerezas?”
Las pruebas son más que suficientes. La impunidad encubre la defraudación. Pero tarde que temprano, el pueblo enjuiciará a sus desfalcadores.

2. Los hermanitos de Gaviria se divierten en la feria
La caliginosa trayectoria el arquitecto Juan Carlos Gaviria como merodeador de las dependencias del Estado data de los días no distantes de la administración Barco, cuando su carnal iniciaba el inesperado e inexplicable ascenso hacia el Poder. Desde entonces corría a su cargó uno que otro boceto público, hasta que cayó en el fiasco del malogrado parador turístico de Cerritos, una obrilla financiada por Corturismo, y cuya deuda todavía hace parte de los pasivos suyos. Se conoce de autos que en el pago de la obligación aparecen ostensibles la morosidad y la negligencia del acreedor. Esto no resulta raro, pues la vocería presidencial en tal instituto le ha correspondido a la señora Diola Gallo, connotado miembro del grupo íntimo de la familia Gaviria y en especial de la Primera Dama.
Sin embargo, a los colombianos los impresiona la enorme actividad edificadora que actualmente despliega el doctor Juan Carlos. “Todo está normal”, “cualquier arquitecto tiene derecho” “se halla contribuyendo con la vivienda social…”, arguyen en favor de aquél los áulicos de oficio, tratando de desmeritar las justas acusaciones, por tráfico de influencias. Nueve mil millones de pesos en subsidios percibidos a través del Inurbe, hablan por sí solos. Pero las anormalidades no paran ahí. Fuera de disfrutar de la tranquilidad -no de conciencia- que le proporciona el convencimiento de que todas y cada una de sus «soluciones» presentadas cuenta con el beneplácito de aquella entidad, abriéndole el panorama de jugosos negocios y eliminándole cuanto riesgo exista, los préstamos le han permitido al ávido doctor convertirse en un próspero industrial de materiales para la construcción.

Desde un principio se conocieron los sesgos de sus mañas. Con un ingenioso diseño que se sustenta fundamentalmente en dos tejas de asbesto cemento, cuatro muros y sólo calles interiores peatonales, montó para los factibles beneficiarios sus generosos planes de estafa social. En la oferta de sus conjuntos populares y en los contratos de los créditos que recibió estaba incluido, desde luego, el costo de los servicios básicos; pero a la hora de nona se lo recargaba a los usuarios, cual lo criticó la misma procuraduría. Ya en su urbanización bandera, Bosques de la Acuarela, en Desquebradas, Risaralda, se vislumbran las irregularidades. Hipotecó a Ahorramás, en junio de 1991, etapas del proyecto un monto de 585 millones de pesos, cuando había pagado por los terrenos 42 millones. Y como reconocimiento de su avivatada lo nombraron miembro suplente de la junta directiva; de la Corporación, configurándose el hecho punible de que un integrante de ésta era a la vez un cliente suyo. Con buen juicio decía hace poco El Nuevo Siglo que por tal infracción «fueron procesados e incluso condenados en los años ochentas numerosos jerarcas bancarios.»

Dentro del rosario de los azarosos lances del hermanito existen muchas cuentas por contar. Obtuvo una valiosa financiación del Banco Central Hipotecario, comprometiéndose a invertir los dineros en vivienda para pobres; no obstante, sin el menor escrúpulo, desvió el empréstito hacia un programa de lujo en la isla de San Andrés. Se trata del apartahotel Morgan Bay, de 18 cabañas y concluido en febrero de 1992. Cada una la vendió en setenta millones. Cabe subrayar un grave antecedente. El banco le había negado el crédito para semejante filón porque no era conveniente, puesto que, según la petición inicial, las cabañas serían cedidas en arrendamiento, por temporadas, y la cartera se convertiría de difícil recuperación. Los funcionarios del Banco se saltaron a la torera sus propias objeciones y la pirueta se consumó. Al fin y al cabo la definitiva estaba en las manos largas del gobierno.

El candidato conservador Rodrigo Marín Bernal y algunos órganos de expresión denunciaron, hasta el cansancio, que la cifra total con que Inurbe ha favorecido al emergente «zar del ladrillo» llega a los 35.000 millones, dejando relegados en el goce de tales provechos a consorcios como, Luis Carlos Sarmiento Angulo, compartir, Cafam, etc. Ante las evidencias, el implicado replicó: “Al hermano del presidente también le puede ir bien”; y el presidente, a su turno: «El gobierno ha sido y es el primer-interesado en que la lucha contra la corrupción no sea apenas un propósito retórico, sino una verdadera cruzada.»

Pero la venturosa familia, por desgracia, tiene otro célebre exponente que ya hizo sus pinitos en aquellos menesteres, el benjamín. Alejandro Gaviria empezó no con el cemento sino con la tinta. Valiéndose de los cambios gubernamentales ingresó, en calidad de socio honorario, a la Fundación Puntos Suspensivos, un modesto centro, adonde llevó sus proposiciones y con cuyos integrantes las cumplimentó, entre las cuales se destaca la revista Apertura económica. Luego tocó a las puertas de las covachuelas del régimen, de los amigos colombianos, de los monopolios extranjeros y de los Estados vecinos, con el objeto de pedir pautas publicitarias y ofrecer sus ediciones. Por ejemplo, desplazó a los cercanos colaboradores hasta Arauca, tras la mira de venderles a las autoridades de entonces de la intendencia la idea de imprimir un estudio sobre los secretos ecológicos de la región. Por menos de mil ejemplares el intendente pagó más de diez millones de pesos. Con El Espectador elaboró un folleto, Colombia precolombina. Una parte circuló como separatas dentro del diario y la otra se la empotró al Ministerio de Educación.

También ha ejercido la asesoría en varias empresas estatales sobre disímiles temas. Cuando un periodista lo cogió cortico preguntándole si esto era cierto, respondió: “somos consultores.”
Nada de lo anterior sucede gratuitamente. Las comilonas de la a las cancela el país.

3. La intervención de los organismos de justicia
Las liviandades de la familia presidencial terminaron comprometiéndola con los llamados organismos estatales de control, y entonces la opinión pública pudo conocer lo que se cocinaba tras bambalinas. Primero fue la denuncia que hizo el Veedor ante la Corte Suprema de Justicia contra el ex ministro Humberto de la Calle Lombana y su subalterno Héctor Riveros, quienes autorizaron el giro de auxilios por $ 13.988 millones en el semestre inmediatamente posterior a la promulgación de la nueva Carta, la que los prohíbe en forma explícita. Los dineros se destinaron a algunos barrios, a través del Fondo de Desarrollo Comunal, y a las tesorerías municipales bajo el rubro de “obras varias”. Pero el mayor volumen de recursos estuvo dirigido a programas de becas, algo así como a la formación de los cuadros que tratarán de perpetuar la ideología y la práctica de la dominación imperialista.

En el caso de Colfuturo también se dan las mismas anomalías alrededor de los auxilios y donaciones. Al respecto, la Fiscalía General de la Nación abrió investigación contra el secretario general de la Presidencia, hoy ministro de Gobierno, Fabio Villegas; el gerente de Ecopetrol, Andrés Restrepo; el ex ministro de Minas, Luis Fernando Vergara, y contra algunos funcionarios de la Federación de Cafeteros y de la Financiera Eléctrica Nacional, por la razón de habérsele traslado cerca de 12 millones de dólares a Colfuturo -porque además de la Presidencia aportaron otras entidades oficiales-, con lo cual se viola el Art. 355 de la Constitución. Conforme a esta norma, es prohibido a las ramas del poder público efectuar transferencias pecuniarias en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado, hecha la salvedad de los contratos que pueda celebrar el gobierno con entidades privadas sin ánimo de lucro, pero siempre y cuando estén acordes con los planes nacional o seccionales de desarrollo. Así fueron cogidos in fraganti, pues Colfuturo fue creada cual entidad de derecho privado, con personería jurídica reconocida según resolución del alcalde de Bogotá del 27 de noviembre de 1991. Los 12 millones de dólares que recibió no están vinculados a ningún Plan de Desarrollo que, como es de dominio general, casi nunca ha ido aprobado, o ejecutado en Colombia.

La Presidencia tuvo que buscar hoja de parra, recurriendo a la argucia de que Colfuturo se trata de un fondo público y privado a la vez, como ya se dijo.

Justo en ese momento, el Consejo Superior de la Judicatura pidió la destitución del Veedor, aduciendo que en las investigaciones de Colfuturo y los fondos del Icetex aquél había obrado con extralimitación de funciones. El socorrido argumento dejaba ver a las claras la orientación que quería dársele a toda la maniobra.

Sin embargo, los hechos han venido poniendo al desnudo el tinglado de la farsa, ya que legalmente las fundaciones de doble carácter ya no se permiten en Colombia. Sin otra alternativa, el Consejo de Estado, a principios de junio, declaró la nulidad del Art. 3 del decreto 777 de 1992 con el cual el Ejecutivo autorizaba la entrega de dineros a entidades privadas, mediante la celebración de contratos. Según el fallo de la corporación, se requería para ello, la vigencia del tan llevado y traído Plan Nacional de Desarrollo.

Para sofrenar al locuaz e impertinente señor de la veeduría, el Ejecutivo expidió el decreto 2093 de 1991, por medio del cual se le prohibía a aquél congelar, antes de los tres meses previos a cada elección y sin permiso del procurador, las partidas oficiales que pudieran caer en las arcas de las campañas políticas. El Consejo de Estado, también sin otra alternativa, enterró las susodichas normas. La providencia sostiene que la Carta Política no dice en ninguna parte que sea necesaria la intervención de la Procuraduría ni le fija límites en el tiempo a la gestión del Veedor.

Debido a sus descalabros, el gobierno echó mano del Consejo Superior de la Judicatura para remover al Veedor, a quien había nombrado. Y como siempre le sucedió, no tuvo otra alternativa que anular la destitución y recoger las velas.

No sobra añadir que García Hurtado expuso, en una conferencia del 22 de julio, que tampoco se sabía a donde iban a parar los intereses que generan los recursos entregados por gobiernos extranjeros para atender las catástrofes y que son puestos en contrato de fiducia. Igualmente, sin otra alternativa concluyó: “Este es uno de los gobiernos más corruptos que tiene América”.

De nuestra parte sostenemos que Gaviria y su panda se han ganado un lugar en la picota de la historia.

EL EJECUTIVO REVUELCA EL ERARIO

Utilizando una disposición transitoria que le permitía ordenar gastos electorales para la campaña de octubre de 1992, Gaviria, dice Juan Diego Jaramillo, «procedió a decretar 6000 millones de pesos para las elecciones, y mete un mico de 986.000 millones, en que van incluidos todo tipo de becas, auxilios y subsidios de los prohibidos…» (El Tiempo, mayo 12 de 1992).

Pero esto es apenas un indicio del sometimiento del tesoro público a los intereses familiares y políticos del actual mandatario. Ya en 1991, según lo denunciara la veeduría, la cartera de Gobierno en manos del hoy candidato oficial a la presidencia, Humberto de la Calle Lombana, por medio de resoluciones asignó recursos por más de 9.000 millones de pesos a diversas entidades municipales y fundaciones privadas, luego de que la nueva Constitución los proscribiera. Varias de las entidades favorecidas aparecen bajo el nombre de reconocidos congresistas y líderes políticos.

En entrevista con el director de La Clave, el Veedor García Hurtado sostiene: «El ministro Hommes maneja una cantidad de autorizaciones legales de recursos inmensos que distribuye a su antojo, a su amaño. El ministro de Hacienda, el presidente, el de planeación son parte de una dictadura fiscal muy bien organizada… Este ha sido uno de los gobiernos que ha manejado la hacienda pública con más indelicadeza en la historia de Colombia». Y más adelante: «Se repartieron más de 20.000 millones de pesos ilegalmente a fondos supuestamente para becas. Yo puse esta demanda ante la Fiscalía hace un año. Me tocó incluir muy a pesar mío, pero cumpliendo con mis deberes, al presidente César Gaviria, al ciudadano Gaviria, quien manejó también fondos de becas del Icetex».

Sostiene Rodrigo Marín Bernal que, entre 1991 y 1992, el mandatario actual dispuso, libérrimamente, y sin sujeción a las normas ordinarias ni intervención de los organimos de sumas que ascienden a 185.000 millones. Y concluye: «Nadie sabe hoy cómo y con cuáles criterios se adjudicaron los múltiples y cuantiosos contratos.» (El Nuevo Siglo, marzo 19 de 1993). Por otra parte, en ese mismo período, afirma el representante Manuel Velásquez Arroyave, se gastaron «35.000 millones en viajes y viáticos del presidente Gaviria, la primera dama y los ministros, y 31.000 millones en ‘imagen’, publicidad y publicaciones.» (El Nuevo Siglo, junio 26 de 1993).

Esta manipulación de ingentes sumas del presupuesto sin duda favorece a los candidatos oficiales con miras a perpetuar una casta de vendepatrias en el Palacio de Nariño, o sirve para compensar copiosas votaciones favorables al régimen en las corporaciones públicas. Y un bocado de ellas, simplemente, va a engrosar las arcas de la familia en el poder y de sus más allegados. De ahí que Jorge Ramírez Ocampo, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores, Analdex, dijera al clausurar el IX Congreso del gremio: «Las presiones políticas están convirtiendo al presupuesto nacional en un árbol de navidad lleno de regalos a costa de la coherencia de la política económica.» En el editorial del 28 de agosto de 1992 del diario de los Santos se lee: «Al señor presidente Gaviria le faltó grandeza para seleccionar los nombres de quienes debían de ser llevados al Consejo Superior [de la Judicatura]… El episodio electorero, en el que sale muy mal librada la Justicia, tiene varios inconvenientes. Se corre el riesgo de que el presupuesto de cerca de 300.000 millones -que por ley deberá elaborar y administrar el Consejo- pueda quedar hipotecado a los intereses muy particulares de sus electores».

Juega la pirámide de la arrebatiña
En la Ley de Apropiaciones vigente en 1993 se incluyen recursos por valor de 52.832 millones de pesos para el Fondo Especial de la Presidencia. En esa «caja menor» del clan gobernante se le asignan 9.000 millones a lo que en el mismo palacio se llama el presupuesto del despacho de la Primera Dama. Al informar sobre estas destinaciones, La República del 14 de enero de 1993, decía que el susodicho fondo se había convertido en un superministerio «con capacidad para invertir en absolutamente todas las actividades vitales del país». También señalaba cómo la Presidencia dispone de 22.688 millones adicionales, contando así, en realidad, con 75.520 millones reservados a salud rural, atención al menor y la familia, capacitación comunitaria y fomento al desarrollo, actividades que normalmente atienden diversas entidades estatales.

Gracias a los decretos expedidos el 29 de diciembre de 1992, con base en el artículo transitorio 20 de la nueva Constitución, dirigidos a la «modernización del Estado», se convirtió en establecimiento público el Fondo de Solidaridad y Emergencia Social de la Presidencia de la República. El nuevo organismo tendrá una asignación inicial de 200.000 millones de pesos. El manejo suelto de estos multimillonarios auxilios afirma la representante liberal María Cristina Ocampo, «quedó a cargo de un consejo directivo formado por el secretario general de la Presidencia y cinco amigos». (El Nuevo Siglo, abril 22 de 1993).

Preparando el terreno para el resto del cuatrienio
Contando con que poco debe temer de un Congreso controlado merced a los desayunos de trabajo, el primer mandatario defiende, a través de sus subalternos, un proyecto de presupuesto para 1994 atiborrado de vicios constitucionales y legales que ha venido denunciando un sinnúmero de comentaristas, incluso los pertenecientes a la gran prensa. Así, el próximo año la Presidencia manejará de entrada partidas por valor de 70.000 millones de pesos, cifra muy superior a la designada, por ejemplo, para el DAS o aun para el ministerio de Desarrollo o el de Relaciones Exteriores. Al respecto, el Veedor en: su intervención ante el Congreso, el 24 de agosto último, insiste en que ni Gaviria ni Planeación Nacional pueden ser ejecutores del gasto. Asimismo se pregunta qué hace la Presidencia manejando decenas de miles de millones de pesos dedicados a la «defensa de los derechos humanos»; o a programas de «prevención y atención de enfermedades visuales, orales, auditivas y ortopédicas»; a «estudios especiales, asesorías y consultas», a «buscar y recuperar barcos que naufragaron».