INDÓMITA LUCHA CONTRA LA NATURALEZA Y EL ESTADO

Al pie de las estribaciones de la Sierra Nevada del Cocuy, en el noreste de la Intendencia Nacional de Arauca, se abren hacia los Llanos Orientales las 330 mil hectáreas del Sarare. Se trata de una región que hasta hace 20 años el país prácticamente desconocía pero que ahora conforma una importante colonización agrícola en la cual viven 80 mil colombianos, desplazados de su tierra de origen por la violenta presión de los terratenientes. Son en su mayoría campesinos oriundos de los Santanderes y Boyacá, llegados en crecientes oleadas desde 1965, cuando Saravena que hoy en día tiene 20 mil habitantes y constituye el principal municipio de la zona, era apenas un campamento donde paraban las caravanas de mulas, levantado en medio de la selva insalubre y hostil. Sin embargo, cinco años después, aferrados a la ilusión de hacerse por fin a un pedazo de tierra propio, estos colonos ya habían civilizado 34 mil hectáreas.

Semejante faena la realizaron a costa de su salud, y en decenas de casos, entregaron la vida en la empresa; otros fueron impotentes testigos de la muerte de sus hijos, víctimas de enfermedades fulminantes. Actualmente muchos de aquellos pioneros, ya sin fuerzas para tumbar monte, no poseen más que la miseria que los llevó hasta esos parajes.

“Alternativa a la reforma agraria”
Desde finales del siglo pasado existía la idea de abrir una “trocha del Sarare” que comunicara al Norte de Santander con los Llanos y, en 1902, Juan Obando Estévez se aventuró por la comarca en un intento por establecer una fundación, que a la postre resultó vano. Tampoco lo lograría Benjamín Naranjo, diez años después. En 1945 se creó por iniciativa oficial una “Colonia agrícola y ganadera” en el Sarare, con 50 familias, pero este esfuerzo no dio frutos debido al clima malsano y a la falta de vías de comunicación. Solamente en 1962 llegó a Cobaría una precaria carretera desde Pamplona, que hizo posible el arribo de los primeros pobladores.

A partir de 1965 el gobierno colombiano, acogiendo recomendaciones de los Estados Unidos, que se hallaban alarmados por el auge de las luchas campesinas en América Latina, anunció varios planes de colonización que fueron presentados como una “alternativa a la reforma agraria”.

Para promover dos de ellos, el del Sarare y el del Ariari-Guéjar, en el Fondo de Operaciones Especiales del BID, prestó al Incora más de 600 millones de pesos que el país tendrá que ir amortizando en cuotas semestrales hasta 1994, con altos intereses, comisión de servicios y comisión de compromiso. Según el contrato, con dicha suma se resolverían los problemas de vías, salud, educación, desarrollo de parcelas, explotación forestal, inspección, vigilancia y administración del Proyecto. Con tales ofrecimientos fueron atraídos decenas de miles de campesinos sin tierra, que llegaron incluso de lugares tan distantes como el Valle o Antioquia y se encontraron, no obstante, con una realidad bien diferente.

Embotellamiento económico
Desde un comienzo los colonos del Sarare fueron abandonados a su suerte. La inmensa mayoría gastó sus ahorros en el viaje y llegó sólo con unos cuantos machetes. Proliferaron entonces, ante la falta de planificación, las fundaciones dispersas, de ocupación espontánea, para desarrollar las cuales los agricultores se vieron forzados a endeudarse, aparte de no contar con asesoría ni asistencia técnica alguna. Talaron y quemaron como pudieron, en una tierra apta para pastos, pero que, para la agricultura, requiere de prácticas intensivas de conservación de la capa vegetal. Los títulos de propiedad, cuando no les fueron escamoteados, tardaron varios años y contienen estipulaciones que en cualquier momento pueden invalidarlos pues contemplan, por ejemplo, prioridades para las concesiones madereras y petroleras.

Los campesinos dependían entonces de lo que les reportaba la venta de sus cosechas, teniendo que sobreponerse a las dificultades del mercado. Acometieron personalmente el transporte de los bultos de cacao, plátano, maíz, caraota y la madera hasta Saravena y allí quedaron embotellados, puesto que no hay carreteras ni hacia la capital intendencial, ni hacia el interior. Asimismo entregaron sus reses por lo que les pagaran en Venezuela. En tales condiciones, mientras la propaganda oficial decía que el problema no era de tierras sino de técnica, caminos, créditos e insumos, muchos de ellos abandonaron o malvendieron sus parcelas y de nuevo fueron condenados a trabajar como jornaleros, al igual que los indios tunebos, previamente desplazados a los suelos arenosos de la cordillera. La mayor parte de los que lograron sortear los primeros años se mantienen asfixiados por los intereses y las condiciones de los préstamos. Escasamente alcanzan a producir para el consumo familiar y cubrir las inversiones necesarias, los impuestos y demás gastos. Si acaso venden lo que cultivan, no tienen otra alternativa que la de someterse a los precios arbitrarios fijados por los monopolios compradores. Precisan siempre de nuevos créditos, y la Caja Agraria les subió los intereses, desde hace un año, del 22 al 29%.

Indigencia y represión
Al igual que las demás regiones de los Territorios Nacionales, el Sarare vive olvidado por el gobierno. A la falta de vías se suma la de energía, acueductos, pavimentación, tratamiento de aguas, salud y educación. Tres cuartas partes de los colonos viven en casas muy precarias y son pasto de todo tipo de enfermedades tropicales. Un 60% de la población padece paludismo y abundan la anemia, la desnutrición, la gastroenteritis, el parasitismo y las epidemias de fiebre amarilla, muchas veces mortales.

A tal punto llega la indiferencia oficial que en agosto pasado, pese a las advertencias de los campesinos, una pequeña quebrada se represó en la vereda Calafitas, arrastró consigo miles de toneladas de lodo y tierra que anegaron 3.600 hectáreas y dejaron 50 muertos, mil heridos y más de cien familias en absoluta indigencia.

Casi simultáneamente con el descubrimiento de yacimientos petrolíferos cuya producción potencial se calcula en unos 30 mil barriles diarios, y que serán explotados por varios monopolios imperialistas, el Sarare adquirió el aspecto de una zona de guerra. Desde la base militar de “La Ye”, el ejército manda a su antojo sobre la población so pretexto de combatir las guerrillas. El hostigamiento de la tropa es tan violento que, entre Puerto Miranda y Betoyes, por ejemplo, hay quienes prácticamente están regalando la tierra. El 31 de octubre, el alcalde de Saravena prohibió, a pesar de la demagogia oficial sobre garantías electorales, el acto programado como parte de la campaña del FUP, el cual tuvo que realizarse en un recinto cerrado, en la vereda de El Pescado. Y en diciembre, la Organización Campesina Intendencial de Arauca, Ocida, denunció el asesinato de dos de sus miembros, Domingo Velandia y Justo Pastor Pérez, cerca de la población de Fortul.

Sin embargo, el pueblo sarareño ha aprendido a luchar en pro de sus derechos. No en vano fue a través de combativos paros cívicos, y en especial del de 1972, que se prolongó por varios días, como Saravena logró la construcción del hospital. Por esta razón grupos de jornaleros, cosecheros, aserradores y pequeños y medianos propietarios de esta región se hicieron presentes en la fundación de la Ocida, el 14 de enero de 1981, en Tame, y en su primera asamblea general.

Poco tiempo después nacía en Saravena el Comité Regional de Solidaridad del Sarare, del cual forman parte los sindicatos del magisterio y del Incora, así como vendedores ambulantes, comerciantes menores, trabajadores de la salud, estudiantes y campesinos. Ni las amenazas ni la abierta persecución han impedido que también en Arauca el pueblo se organice y acoja el lema de la Ocida: “Sin derrocar el poder actual, los obreros y campesinos no conquistaremos ni la libertad ni la tierra”.

LA CONCESIÓN BARCO: UNA OPROBIOSA ENTREGA DE LA QUE NO HABLA EL LLERISMO

El compañero Álvaro Concha, secretario regional del MOIR en Norte de Santander, escribió recientemente un pequeño libro titulado La Concesión Barco: síntesis histórica de la explotación petrolífera del Catatumbo, que hemos querido resumir en este número de Tribuna Roja, por dos razones principales. En primer lugar, porque se trata de la denuncia de uno de los atropellos más aberrantes que han infligido al país los monopolios norteamericanos y, en segundo lugar, porque Virgilio Barco Vargas, el personaje que tal vez sacó mayor provecho de esta entrega de nuestros recursos naturales, fue presentado hace poco al pueblo colombiano como un paradigma de honestidad, pulcritud y decencia administrativa. El ex candidato llerista del Partido Liberal, según los patrocinadores de su campaña, era el hombre indicado para regenerar las costumbres políticas de la nación, acabar con el tráfico de prebendas e iniciar una nueva era de progreso y “soluciones efectivas”.

Sin embargo, la historia de la Concesión, que comienza el 16 de octubre de 1905, configura una monstruosa ignominia de la que no habla el llerismo. Ese día el presidente Rafael Reyes firmó un contrato con el general Virgilio Barco Martínez, antiguo prefecto de la provincia de Cúcuta, por medio del cual se autorizaba a este último para usufructuar fuentes de petróleo en cerca de 200 mil hectáreas baldías ubicadas en la región del Catatumbo, a pocos kilómetros de la frontera con Venezuela. El plazo de la concesión era de 50 años y el Estado percibiría el 15% de las utilidades líquidas. El beneficiario quedaba exento de impuestos; debía presentar planos y estudios de la zona al cabo de un año y empezar la producción tres años después; estaba facultado para aprovechar los yacimientos mineros y todos los demás materiales que encontrara en el área; y podía traspasar sus derechos adquiridos a cualquier individuo o compañía nacional o extranjera, previa autorización del gobierno. Una cláusula final, para salvar las apariencias, se refería a las causales de caducidad, entre las cuales se destaca la de que si el contratista no comienza los trabajos en el plazo establecido, la concesión revierte inmediatamente al país, y de manera gratuita.

Lejos de internarse en las inhóspitas selvas tropicales del Catatumbo para extraer petróleo crudo y ponerlo al servicio del desarrollo nacional, como pretenden sus apologistas, el general Virgilio Barco se limitó a instalar en una población cercana a Cúcuta un pequeño alambique para destilar queroseno y se dedicó con preferencia a desempeñar la labor de vendepatria, para la cual estaba mucho más capacitado. En enero de 1918 logró vender los derechos de la concesión a un consorcio norteamericano denominado Carlb Sindícate, de New York, que a su vez los revendió a otra compañía hasta que cayeron en poder de la Colombian Petroleum Company, Colpet. Aunque ya en 1908 Barco había incumplido varias obligaciones del contrato, incluida la de iniciar la explotación dentro del término de tres años, el Consejo de Ministros aprobó la transferencia y el general recibió 100 mil dólares en efectivo, algunas acciones de la empresa y el 15% de la producción total, lo que significaba una suma tres veces superior a la que percibía el Estado colombiano por concepto de regalías.

La danza de los millones
A principios del presente siglo, mientras el general Virgilio Barco instalaba su alambique y se consagraba a vender los yacimientos petrolíferos del Catatumbo al mejor postor, en los Estados Unidos y en los principales países industrializados de Occidente se operaba una transformación económica y política fundamental; los tiempos de la libre competencia habían cedido el paso a la era de los monopolios; el capital financiero se adueñaba de las palancas claves de la producción, y los trusts se lanzaban a la conquista del mercado mundial y de las fuentes de materias primas en medio de enconadas disputas. El capitalismo, en una palabra, había iniciado su fase imperialista; la burguesía de las naciones “civilizadas” enterraba las banderas revolucionarias con que había convocado a los de abajo en su lucha contra el feudalismo, y un puñado de banqueros poderosos imponía su voluntad a los pueblos oprimidos de Europa, Asia, África y América Latina.

El advenimiento de la nueva época generó importantes cambios en la situación interna del país, que después de la separación de Panamá, en 1903, y a semejanza del resto de naciones del Hemisferio, fue ingresando paulatinamente a la órbita neocolonial de los Estados Unidos. En 1913 las inversiones norteamericanas entre nosotros ascendían a la modesta suma de cuatro millones de dólares; siete años más tarde, en 1920, ya se habían multiplicado por ocho, y de ahí en adelante irían aumentando a un ritmo sostenido hasta llegar en 1929 a los 280 millones de dólares. Yacimientos de petróleo, minas, puertos, ferrocarriles, plantaciones, carreteras y grandes obras públicas caían bajo el dominio de unos cuantos hombres de negocios radicados en Pittsburg, New York, Filadelfia y otras ciudades del imperio.

La entrada creciente de capitales, junto con los primeros brotes de la industria nacional, propició el avance de la economía y contribuyó al nacimiento del proletariado colombiano. La reforma financiera del profesor Edwin Kemmerer, contratada por el gobierno de Pedro Nel Ospina, en 1923, allanó aún más el camino para el flujo acelerado de los empréstitos yanquis, y en 1928 la deuda pública de la nación con los Estados Unidos ya representaba una hipoteca de 171 millones de dólares.

Norteamérica, por otra parte, se había fortalecido notablemente a raíz de la Primera Guerra imperialista, cuyos campos de batalla convirtieron el petróleo en uno de los recursos estratégicos más codiciados del planeta. Los monopolios estadounidenses del ramo se contaban entre las mayores sociedades anónimas del mundo occidental y los ingresos eran superiores a los de casi todos los países donde operaban; sus flotas tenían más tonelaje que muchas marinas nacionales de América Latina; el comercio de sus combustibles era invulnerable a las leyes de la oferta y la demanda y a los caprichos de las bolsas de valores, y sus agentes en el extranjero se desempeñaban como funcionarios diplomáticos que urdían intrigas palaciegas, derrocaban gobiernos y financiaban golpes de Estado.

Uno de estos pulpos petroleros, la Standard Oil of New Jersey, hoy conocida como Exxon, y perteneciente a la familia Rockefeller, adquirió las acciones de la Tropical Oil Company, Troco, que en 1921 inició los trabajos de la Concesión de Mares en el Magdalena Medio. Y cinco años después, el 5 de enero de 1926, la Gulf Oil Company de los hermanos Mellon, una empresa rival de la Exxon, compró los derechos mayoritarios de la Colombian Petroleum Company, Colpet, que explotó los yacimientos de la Concesión Barco hasta el 9 de septiembre de 1981.

La diplomacia del dólar
Los hermanos Andrew y Richard Mellon, de Pittsburg, Pensilvania, uno de los grandes centros metalúrgicos de los Estados Unidos, eran propietarios de un conglomerado financiero que a comienzos de los años veinte controlaba 35 bancos comerciales, varias compañías de seguros, una corporación productora de aluminio y un consorcio de campos y refinerías de petróleo con intereses en muchas partes del mundo. Se calcula que a disposición directa o indirecta de los dos hermanos se hallaban por aquel entonces unos 13 mil millones de dólares; su fortuna figuraba inmediatamente después de las de Rockefeller, Morgan y Ford, y en 1921 el presidente Harding designó como secretario del Tesoro de su primer gabinete a Andrew Mellon, un cargo que este ocuparía hasta 1929.

Entre sus múltiples empresas familiares se encontraba la Gulf Oil Company, que gozaba del suficiente poder económico y político para echar atrás las determinaciones de cualquier gobierno, y que compró los derechos de la Concesión Barco a sabiendas de que el Ejecutivo colombiano estaba a punto de declarar la prescripción del contrato firmado en 1905.

Veamos cómo se desarrolló esta truculenta historia. El 2 de febrero de 1926, a los 28 días de haberse formalizado la venta de la Colpet al emporio de Pedro Nel Ospina declaró que “del estudio detenido que he hecho de este asunto he llegado a la convicción de que la Concesión Barco está caducada”, y acto seguido promulgó el decreto correspondiente. En él se decía que el concesionario, el general Virgilio Barco, había incumplido las cláusulas que lo obligaban a presentar planos y estudios de la región del Catatumbo, a comenzar los trabajos de explotación dentro del término acordado tres años y a pagar las regalías pactadas con la nación, el 5% del producto bruto. La sentencia oficial agregaba que, por no haber observado ninguno de estos compromisos, el general no tenía facultades para traspasar sus derechos a terceros.

Aunque algunos historiadores se habían esforzado por encontrarle a esta medida diversos “aspectos positivos”, supuestamente nacionalistas, lo cierto fue que Pedro Nel Ospina jamás defendió los recursos naturales del país frente a las pretensiones de los pulpos norteamericanos, como la prueba, entre otras cosas, la legislación petrolera que expidió durante su mandato. Su administración amplió el plazo para otorgar futuras concesiones, aumentó en diez años la prórroga de las mismas y colmó de privilegios a los monopolios extranjeros, especialmente a la Andian National Corporation, una empresa filial de Rockefeller que en 1923 inició la construcción del oleoducto Barrancabermeja-Cartagena. El contrato que firmó con aquella compañía lesionaba hasta tal punto los intereses de Colombia que el Congreso tuvo que investigar las denuncias de la opinión pública, muchas de las cuales demostraron que altos funcionarios de la rama ejecutiva, judicial y legislativa, sin, excluir al Presidente de la República, habían recibido cuantiosos sobornos de la Andian.

El hecho de que Pedro Nel Ospina prefiriera tratar con Rockefeller, sin embargo, no desanimó a Andrew Mellon, un hombre que podía contar con el respaldo de inmensas sumas de dinero y con el apoyo discreto pero efectivo de la Casa Blanca. No obstante, su paciencia pareció llegar al límite cuando Miguel Abadía Méndez, el candidato triunfante en las elecciones de 1926, confirmó el decreto de caducidad de la Concesión Barco. Mellon puso a funcionar sus influencias en el Departamento de Estado y en enero de 1928 el embajador de los Estados Unidos en Colombia, Samuel Piles, manifestó su profunda extrañeza “por la determinación del gobierno” y la consideró “contraria a las prácticas usuales entre naciones amigas”. Los abogados de la Colpet y los herederos del general Virgilio Barco acusaron al primer mandatario de tener acuerdos secretos con la Anglo Persian, una compañía británica que pretendió explotar los yacimientos del Golfo de Urabá, y en sus alegatos invocaron la protección de la Doctrina Monroe y blandieron las más burdas amenazas. Finalmente, en septiembre de 1928, Andrew Mellon logró que el Departamento de Comercio de los Estados Unidos expidiera la “circular especial No. 305”, un documento que alertaba a los banqueros norteamericanos sobre los riesgos de invertir en Colombia y que en la práctica significó un chantaje a través de la manipulación de los empréstitos externos, lo que provocó una profunda crisis en los altos estamentos oficiales del país.

El magnate de Pittsburgh le había puesto el dedo en la llaga a la oligarquía colombiana. Enrique Olaya Herrera, a la sazón embajador en Washington, entró en contacto inmediato con la National City Bank de Nueva York, con el Departamento de Estado y con el propio Mellon, y todos ellos insistieron en que la revocatoria del decreto de caducidad de la Concesión Barco, así como la redacción de un nuevo código petrolero, eran requisitos indispensables para “restablecer la confianza de los inversionistas” y reabrir la llave de futuros créditos.

El contrato Chaux – Folsom
Aunque a la larga se presentara una relativa recuperación de la producción colombiana, la Gran Depresión de 1929 tuvo sus repercusiones calamitosas para la nación. Los ingresos del gobierno disminuyeron en un 50% durante el lapso de unos pocos meses, el comercio exterior descendió vertiginosamente y el mercado interno se redujo a los artículos más imprescindibles. Muchos pequeños y medianos empresarios se vieron abocados a la quiebra y fueron absorbidos por los bancos. Los salarios bajaron y la miseria en que se debatían las masas populares, acorraladas por la usura y la inflación, las condujo a numerosas huelgas, paros y protestas.

El último cuatrienio de la llamada Hegemonía Conservadora, instaurada en 1886, se derrumbó en las elecciones de 1930, y un miembro del Partido Liberal llegó a la Presidencia de Colombia por primera vez en casi medio siglo.

Pero el liberalismo de Enrique Olaya Herrera, Alfonso López Pumarejo y otros “reformistas” de la época ya se había convertido en lo que es actualmente; una fuerza política con jurisdicción y mando al servicio de los testaferros del imperialismo. En el caso particular de Olaya Herrera, que gobernó con una facción del Partido Conservador hasta 1934, sus actos estuvieron dirigidos a truncar el avance del movimiento obrero y a cumplir al pie de la letra los dictámenes que había recibido cuando era embajador ante la Casa Blanca. Poco después de haberse posesionado de su cargo sancionó la Ley 37 de 1931, o “ley del Petróleo”, un conjunto de disposiciones redactadas por George Rublee, asesor del Departamento de Estado, y ese mismo año el señor Clarence Folsom, apoderado de los hermanos Mellon, suscribió con el ministro de Industrias del régimen liberal, Francisco J. Chaux, el convenio que retribuyó la Concesión Barco a sus antiguos dueños.

El contrato Chaux Folsom, que obtuvo la bendición del Congreso en marzo de 1931, devolvió a la Colombian Petroleum Company, Colpet, el dominio exclusivo sobre los yacimientos petrolíferos del Catatumbo, y facultó a la South American Gulf Oil Company Sagoc, socia de la anterior, para construir el oleoducto Tibú-Coveñas. La Colpet, tenía “derechos de vías” y “servidumbres” en un área de 187 mil hectáreas y era libre de utilizar toda la tierra que requiriese para campamentos, tanques, bodegas, instalaciones, caminos telégrafos, teléfonos, edificios de habitación, piedras y maderas, “incluyendo la leña necesaria”. Podía emplear los terrenos “para hacer potreros para ganados y bestias de servicio y para hacer plantaciones agrícolas”, al tiempo que la Sagoc quedaba autorizada para usufructuar “una zona autónoma y privilegiada, paralela al oleoducto y sus ramales, de 30 metros de extensión a cada lado de aquel y de estos”. Según los términos del acuerdo, el erario recibía el 10% del producto bruto y la familia Barco el 3.5%. La vigencia de la concesión expiraba a los 50 años y a las compañías se les permitía vender el combustible al gobierno colombiano con los mismos precios de Puerto Arturo, Texas, los más altos del mundo. H.A. Metzger, representante ejecutivo de la Tropical Oil en Bogotá, exclamó al conocer los resultados de la negociación: “Es el mejor contrato que yo haya visto en Colombia; ¡es maravilloso!”.

Diez lustros de pillaje
En agosto de 1931, una vez “restablecida la confianza de los inversionistas”, la Colpet abrió sus oficinas en Cúcuta y el National City Bank de New York aprobó un crédito de 20 millones de dólares para el gobierno colombiano. Al año siguiente entraron por los ríos Catatumbo y Sardinata las embarcaciones de la South American Gulf con las primeras herramientas de taladro. Por el ferrocarril de Táchira y las vías fluviales que desembocan al Lago de Maracaibo llegaron los equipos de perforación que luego seguían por carretera y a la naciente población de Petrólea, y miles de desposeídos abandonaron el campo para “engancharse” con la empresa a cambio de una paga miserable. El origen de las luchas de estos obreros se remonta a julio de 1934, durante la llamada “huelga del arroz”, cuando se apoderaron de la planta de energía en protesta contra la pésima alimentación que se les descontaba del sueldo todas las quincenas. Cuarenta días más tarde se revelaron 400 operarios en solidaridad con un compañero despedido, y poco a poco se fueron echando los cimientos para la creación del Sindicato de Trabajadores del Catatumbo, Sidelca, que agruparía a los asalariados de la Colpet y de la Sagoc.

Por otra parte, a mediados de 1936 los hermanos Mellon vendieron sus acciones en la Colpet a dos compañías norteamericanas, la Mobil Oil y la Texaco, que en 1938 empezaron los trabajos del oleoducto cuando ya se hallaban cerca de 40 pozos perforados. Una pequeña refinería se terminó de construir el 2 de octubre de ese año, y en 1939 se inició la explotación comercial con un promedio de 17 mil barriles diarios.

Durante la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, el transporte de combustible se tornó cada vez más difícil para los aliados, y esta circunstancia se reflejó de inmediato en la producción del Catatumbo, que en 1942 descendió a menos de la cuarta parte de lo que había sido en 1939. A pesar de que Colombia importaba por aquel entonces más de 34 millones de galones de gasolina, la Colpet ordenó licenciar a centenares de trabajadores alegando como causales el conflicto bélico y la estrechez de las exportaciones. Sólo después de 1945 la extracción del crudo de la Concesión Barco volvió a ser lo suficientemente rentable a los ojos de los monopolios del petróleo, y en la década siguiente, de 1951 a 1960, la concesión alcanzó el mayor rendimiento de su historia: 26 mil barriles diarios.

Entre tanto, los obreros desafiliaron el sindicato de la UTC en 1959, y en agosto de 1960 se lanzaron a una huelga de 29 días exigiendo la derogatoria del sistema de contratistas y de la “cláusula de reserva”, una norma que autorizaba a la empresa para despedirlos sin fórmula de juicio. Un año después realizaron multitudinarias manifestaciones callejeras para demandar la nacionalización de la Colpet, pero el ministro de Minas de Alberto Lleras Camargo, Hernando Durán Dussán, negó reiteradamente la solicitud.

A partir de ese momento declinó la producción en forma vertical, y en 1964 la compañía principió a preparar su retirada, vendió los equipos que debía transferir sin costo alguno al país; desmanteló las instalaciones y dejó los pozos exhaustos; eliminó los departamentos de taladro y las actividades extractivas y los trabajadores de las cuadrillas de perforación “fueron trasladados a servir en los clubes, bares, casinos y otras dependencias”.

En tales condiciones estalló la huelga de 1971, durante la administración de Misael Pastrana, que pronto se convirtió en un paro cívico que repudió al consorcio imperialista en todo el Norte de Santander. Los obreros exigieron la reversión de la Concesión y como resultado de las protestas, que se prolongaron por varias semanas, una comisión gubernamental designada en medio del conflicto tuvo que reconocer que la compañía había violado distintas obligaciones del contrato, y entre ellas mencionó el no pago de regalías a la nación, la venta ilegal de muchos materiales y “el mal estado de mantenimiento de los campos petroleros”, de la maquinaria y los equipos de las vías de acceso y de los pozos”. Por último, el ministro de Minas se vio obligado a promulgar una resolución en la cual afirmaba que “cabía declarar la caducidad” del convenio firmado con la Colpet en 1931.

Era tan descarado el abandono de los yacimientos que ni el gobierno podía dejar de registrar el hecho. Pastrana amenazó a la Colpet e hizo públicas las conclusiones de la comisión tratando de ganar tiempo para desmovilizar el paro cívico departamental, dividir la huelga y aumentar las medidas represivas. Y una vez conseguidos estos objetivos, el régimen declaró que la Colombian Petroleum Company había ‘subsanado las faltas que se le imputaron en 1971’ y procedió a comprar lo que debía revertir gratuitamente al país. El 17 de marzo de 1972, por la suma de 55 mil dólares, la Mobil Oil vendió sus acciones en la Concesión Barco al Estado colombiano, y tres años después, en 1975, Alfonso López Michelsen recibió los derechos de la Texaco a cambio de hacerse cargo del fondo de jubilaciones de los trabajadores, que ascendía a una cifra superior a los 700 millones de pesos. Ecopetrol pasó a manejar unos campos que entraban en barrena inexorablemente, luego de que las compañías foráneas, en un lapso de 50 años, extrajeron más de 256 millones de barriles de petróleo, distribuidos de la siguiente manera: el 88.25% para la Colpet, el 8.25% para Colombia y el 3.5% para la familia Barco. Este último porcentaje, consignado en New York, arrojaba una renta líquida de más de 52 mil dólares mensuales.

La escandalosa historia de la Concesión Barco, en resumidas cuentas, demuestra que todos y cada uno de los gobiernos liberales y conservadores del presente siglo, sin excluir a ninguno, han representado los intereses del imperialismo yanqui y de un reducido círculo de cortesanos que desempeñan el papel de intermediarios.

El general Virgilio Barco Martínez era uno de aquellos favoritos de Palacio que traficaron con el patrimonio del país y crearon una casta oligárquica íntimamente vinculada a los monopolios norteamericanos, y su nieto, el frustrado candidato del llerismo para las elecciones de 1982, es en la actualidad uno de los más caracterizados exponentes de ella. Aunque los dos ex mandatarios que patrocinaron la candidatura de Virgilio Barco Vargas intentaron presentarlo como un hombre ajeno a los vicios seculares de la política colombiana, hoy condensados en Alfonso López Michelsen, lo cierto fue que lo escogieron en virtud de su larga hoja de servicios a las clases dominantes criollas y a las entidades financieras de los Estados Unidos. La historia de Virgilio Barco, como la de la concesión que lleve su nombre, está hecha con la entrega del país y con la explotación del pueblo colombiano.

A los 60 años de la invasión: «LOS AFGANOS PREFIEREN MORIR CIEN VECES A RENDIRSE UNA SOLA VEZ»

Después de 26 meses, 100.000 soldados soviéticos continúan hollando el territorio de Afganistán y masacrando sin piedad a su pueblo, no obstante el repudio universal que ha provocado la invasión y los contratiempos que ésta le acarrea al Kremlin. La barbarie de que han hecho gala los socialimperialistas no ha podido doblegar a los valientes guerrilleros afganos que en desigual combate mantienen a raya a las divisiones rusas, equipadas con los más sofisticados y letales armamentos. La consigna de “Fuera rusos de Afganistán” retumba por doquier en el mundo y recuerda a los pueblos hasta donde es capaz de llegar Moscú en su desaforada carrera expansionista. En la agreste geografía de ese remoto país de quince millones de habitantes se libra un duelo entre la mayor potencia militar de todos los tiempos y una atrasada nación del Tercer Mundo que se desangra en la lucha por defender su soberanía.

Los afganos no se rinden

“Nosotros no nos transformamos en intrusos en las tierras de otros y no nos inmiscuimos en los asuntos internos de otros. Pero siempre lograremos defender nuestros derechos y legítimos intereses”. Esta declaración formulada por Leonid Brezhnev, en agosto de 1980, a propósito de Afganistán, revela el descaro de los revisionistas del Kremlin, quienes de palabra se dicen respetuoso de la independencia de las naciones pero en la práctica pisotean este precepto esencial del internacionalismo proletario. Un artículo aparecido en la revista Novedades de Moscú, en abril de 1980, indicaba: “El principio de la no intervención en su conjunto es bueno… pero la historia y la política no siempre concuerdan con fórmulas legales”. Estos son algunos de los razonamientos esgrimidos por los soviéticos para justificar la agresión contra Afganistán, la cual hasta ahora presenta un dantesco saldo de más de medio millón de muertos entre la población civil, dos millones de refugiados, centenares de aldeas demolidas e incontables cosechas arrasadas.

En su furor bélico, los invasores han empleado toda clase de armas contra la resistencia, incluidas las químicas. Abundan las pruebas del uso de una sustancia, denominada “lluvia amarilla”, que los aviones rusos dejan caer sobre las montañas afganas y que provoca en sus víctimas la muerte por asfixia. De igual modo, se han arrojado bombas de napalm y defoliantes contra indefensos aldeanos que para protegerse muchas veces no cuentan sino con viejos fusiles.

Un soldado del ejército pelele de Kabul, quien desertó y huyó a Pakistán, hizo a unos periodistas franceses el siguiente relato, en mayo de 1980: “Partimos y más tarde entramos a una aldea llamada Setté Kandao. Las casas de los mudjahidin (combatientes guerrilleros) estaban todas destruidas por las bombas. En nuestras filas habían muerto 300 rusos y 200 de los nuestros. Capturamos cuatro heridos. Entonces ví con mis propios ojos cómo fueron enterrados vivos”.

A la pregunta de quién había dado la orden, el soldado repuso: “El oficial soviético, el ruso. Yo vi cómo, heridos pero aún vivos, se les enterró con un buldózer”. Dubandím, una aldea situada 50 kilómetros al sur de Kabul, fue atacada por aire y tierra; cuando las tropas rusas llegaron, la villa había sido convertida en un montón de escombros y casi todos sus moradores yacían muertos por la metralla y las bombas. Un puñado de sobrevivientes logró escapar rumbo a Pakistán, donde relató los pormenores de la masacre. Actos de salvajismo como los reseñados dan una idea de la forma como las hordas del socialimperialismo adelantan su guerra de exterminio contra el pueblo afgano. Empero, tales crímenes han tenido el efecto de acrecentar la tenacidad de la resistencia popular, que hoy tienen bajo su influencia extensas zonas rurales, en las cuales los ocupacionistas no osan incursionar sino esporádicamente. Las fuerzas soviéticas tienen que pagar un alto precio en vidas y material bélico por cada una de las campañas punitivas que lanzan contra los bastiones afganos, los cuales mejoran su capacidad de fuego con las armas arrebatadas al enemigo. Un veterano luchador mudjahidin expresa el espíritu de combate que anima a su pueblo cuando afirma: “Los afganos prefieren morir cien veces a rendirse una sola vez”.

En una situación como la descrita no resulta extraño que la desmoralización cunda en el ejército títere; de los cien mil efectivos con que contaba en 1979, hoy no llega a 30.000, puesto que las deserciones en masa se suceden cada vez con mayor frecuencia. Las defecciones también ocurren en el seno del gobierno de Karmal. El 25 de octubre de 1980, un funcionario del régimen, Akhtar Mohammed Paktiawal, jefe de la delegación afgana ante la XXI conferencia de la Unesco, celebrada en Belgrado, se asiló y denunció públicamente: “Afganistán ya no es un país libre. Está completamente dominado por la Unión Soviética, pero lucha por sacudirse tal dominación… y echará a puntapiés al dominador ruso”. A finales del año pasado, huyeron a Pakistán numerosas personalidades de Kabul, como el director de la oficina para la reforma agraria, el redactor en jefe de noticias de la televisión nacional, un juez del Tribunal Supremo y varios destacados intelectuales.

Los Estados del mundo han manifestado su repudio a la intervención de Moscú. El 20 de noviembre de 1980, la Asamblea General de la ONU aprobó por 11 votos contra 22 una resolución que exige el retiro inmediato de las tropas foráneas de Afganistán. Era la segunda oportunidad en que dicho organismo hacía un pronunciamiento en este sentido. Y el 18 de noviembre del último año, de nuevo las Naciones Unidas aprobaron, por 116 votos a favor, una condena a la presencia de las divisiones rusas en aquel país.

Por otra parte, el Tribunal Permanente de los Pueblos por Afganistán, conformado por demócratas de los cinco continentes, concluyó en su primera sesión de mayo de 1981, “La intervención soviética en Afganistán constituye una agresión en el marco del derecho internacional, contra la soberanía, la integridad territorial y la independencia política del Estado afgano y un atentado contra los derechos nacionales fundamentales del pueblo afgano”. Con base en innumerables testimonios y pruebas, el Tribunal constató el empleo, por parte del ejército ruso, de armas como gases tóxicos, bombas de Napalm, minas antipersonales y otras; también denunció las atrocidades de los invasores para con los prisioneros de guerra, a los que primero torturan y luego ejecutan.

Afganistán y las superpotencias

Los intereses de la URSS son dobles; por un lado, están las vastas riquezas naturales de Afganistán, aún sin explotar; y por otro, la importante ubicación geográfica de esta martirizada nación, a mitad de camino entre Rusia y el Océano Índico y el Golfo Pérsico. Afganistán posee grandes yacimientos de gas natural, estimados en unos 1.700 millones de metros cúbicos, y depósitos de hierro y cobre calculados en 2.000 y 3.500 millones de toneladas, respectivamente. Asimismo, cuenta con reservas de petróleo, cromo, berilio, plomo, zinc, bauxita, litio, uranio, carbón, tantalio y barita. Para una superpotencia que como la Unión Soviética se prepara febrilmente con miras a una confrontación global, los recursos de su indefenso vecino no son nada despreciables.

Además, al poner un pie en Afganistán, los expansionistas soviéticos se aproximan considerablemente a la estratégica región del Golfo, en cuyos alrededores ya tienen firmes bases de apoyo. La inestabilidad crónica de Irán, las tensiones entre Pakistán y la India y el conflicto árabe-israelí son todos factores que en un momento dado pueden servir a la URSS para pescar en aguas revueltas e implantar su yugo en esa área. Es por ello que el Kremlin ha declarado enfáticamente que el problema afgano tiene que ligarse a los asuntos del Golfo. Hace poco un alto jerarca ruso dijo: “Los intereses vitales soviéticos en Afganistán son, naturalmente, mayores que los norteamericanos, porque este país está situado al sur de nuestra frontera, pero a miles de kilómetros de Estados Unidos”. (Afganistán posee límites comunes con Rusia a lo largo de 1.200 kilómetros). Con razón el señor Gromyko señaló que la exigencia del retiro del ejército ruso de Afganistán “es una ilusión”.

Para la superpotencia de Occidente el estacionamiento de fuerzas soviéticas tan cerca del Oriente Medio ha constituido un desafío. En los dos últimos años Washington tomó ciertas medidas contra la URSS, tales como el embargo cerealero (de mínima eficacia y suspendido a mediados de 1981 por Reagan), el boicot de las Olimpiadas de Moscú y el refuerzo de su flota del Índico. La administración republicana se esmera en incrementar la presencia militar yanqui en el Cercano Oriente, a la vez que proclama que está dispuesta a suministrar armas a los rebeldes afganos, lo cual fue aprovechado de inmediato por el Kremlin para justificar su vandálica ocupación de Afganistán.

Indudablemente los mayores esfuerzos de la Casa Blanca se han concentrado en apuntalar la capacidad defensiva de Pakistán, el único país del Sudoeste Asiático con que cuentan los norteamericanos para oponerse al avance socialimperialista. Desde hacía casi quince años Estados Unidos había impuesto un bloqueo a la venta de armas a dicha nación, principalmente porque estaba en contra de que el régimen de Islamabad desarrollara tecnología nuclear con fines bélicos, con ser que la India hizo explotar su primera bomba atómica en 1974. Pero los sucesos de Afganistán hicieron cambiar la postura del tío Sam hacia los paquistaníes, quienes han dado refugio a cerca de dos millones de afganos que viven en noventa campamentos a lo largo de la extensa frontera. Semejante situación, sumada a que Pakistán se encuentra en la senda de los tanques soviéticos hacia el Índico, ha puesto en peligro la seguridad de ese Estado. Al mismo tiempo, la India, unida a la URSS por un tratado militar desde 1971 y enfrentada a Pakistán por las viejas rencillas que en menos de veinte años han provocado dos guerras, mantiene 650.000 soldados en la frontera paquistano-hindú. Inicialmente el gobierno de Carter ofreció una ayuda militar de 400 millones de dólares a Pakistán, suma que con razón fue calificada como ridícula por el mandatario de dicha república. En 1981, Ronald Reagan decidió aumentar sustancialmente el compromiso con Islamabad: 2.500 millones de dólares en material de guerra y proyectos económicos. Cabe agregar que la India plantea actualmente comprar armas a la Unión Soviética por 1.600 millones de dólares.

En cuanto a los países de Europa Occidental, todos condenaron la invasión soviética, aun cuando se presentan vacilaciones y actitudes oportunistas, debidas principalmente a la notoria inferioridad militar de la OTAN frente al Pacto de Varsovia; a las dificultades económicas por las que atraviesa la Comunidad Europea, lo que la ha obligado a realizar cuantiosas transacciones con el bloque soviético, y a la pusilanimidad e incoherencia de la política de Estados Unidos, en especial bajo la administración Carter, cuyos descalabros se empeña en reparar el señor Reagan. A mediados de 1981, los Estados europeos presentaron a Moscú una llamada “solución política”, en el sentido de que Afganistán debía ser libre y neutral luego del retiro de las legiones rusas. El Kremlin rechazó la iniciativa alegando que era “no realista”. El cambio de gobierno en Washington ha redundado en un paulatino endurecimiento de la posición de Europa Occidental ante la amenaza rusa en todas sus expresiones. La visita de Brezhnev a Bonn, en noviembre pasado, fue una muestra palpable de los aprietos en que se halla la diplomacia moscovita. Mientras decenas de miles de manifestantes germanos condenaban la agresión rusa a Afganistán, el canciller Schmidt le comunicaba al inquilino del Kremlin que Alemania respaldaba irrestrictamente, al igual que la gran mayoría de los gobiernos de la OTAN, la estrategia norteamericana en materia de armamento nuclear en el teatro europeo, consistente en que los EE.UU. renunciarían a instalar mísiles de alcance intermedio a cambio de que la URSS desmantele los suyos.

La indignación mundial por la agresión contra Afganistán crece día a día. El carácter imperialista de la Unión Soviética ha quedado al desnudo con este vil ataque a un país del Tercer Mundo. Aunque los patriotas afganos han recibido solidaridad de algunos países, particularmente de la República Popular China, todavía carecen de medios adecuados para golpear con dureza a los invasores, y precisan de una ayuda masiva en armas y municiones. Sólo así podrán salir airosos de esta prolongada guerra de resistencia y conquistar sus metas: el retiro total de la soldadesca soviética y la restauración de un Afganistán independiente y no alineado, libre de la interferencia de las grandes potencias.

EN KAMPUCHEA, NOTABLES AVANCES DE LA RESISTENCIA

“Si la URSS y Viet Nam logran anexarse Kampuchea, nada les impedirá materializar su propósito estratégico de invasión y expansión en Asia del Sureste, adueñarse del estrecho de Malaca y dominar el Pacífico Meridional y el Índico Oriental. El problema de Kampuchea está estrechamente relacionado con el de Afganistán y lo está el de Asia Suroriental con el de Asia Suroccidental y el Golfo Pérsico”.

Con estas palabras sintetiza Khieu Samphan, primer ministro de Kampuchea Democrática y presidente provisional del Frente Democrático y Patriótico de Gran Unión Nacional de Kampuchea, los objetivos a largo plazo del socialimperialismo al mantener 200 mil soldados vietnamitas ocupando aquella nación, que hasta el 25 de diciembre de 1978 había conservado su status independiente y no alineado. En esta fecha, el ejército de Hanoi invadió Kampuchea, instaló en Phnom Penh un régimen títere y se dedicó a la tarea de aniquilar todo foco de resistencia con el fin de consumar la anexión del país. Empero, a pesar de la considerable superioridad en hombres y armamentos y del respaldo del oso soviético, al cabo de 38 meses de guerra Viet Nam no ha podido salirse con la suya y afronta un prolongado y desgastador combate con las fuerzas del gobierno legítimo de Kampuchea Democrática y otros sectores patrióticos. Los agresores han perdido la iniciativa militar, política y diplomática y a escala mundial aumenta cada día su aislamiento y crecen las protestas contra el infame genocidio cometido contra el pueblo Kampucheano.

Favorable evolución militar
Al comienzo de las hostilidades, por cada combatiente de Kampuchea Democrática había 6 ó 7 invasores, lo cual hizo pensar a la camarilla de Le Duan en una campaña relámpago que no iría, según sus cálculos, más allá del fin de la estación seca de 1979, o sea, el mes de abril. Gracias a su inmenso poderío bélico y a las ventajas que le proporcionaba su condición de agresor, Viet Nam pudo conquistar inicialmente la mayor parte del territorio kampucheano y someter a su dominio las principales ciudades, vías de comunicación y regiones agrícolas de la pequeña nación.

Para darle un toque de legitimidad a su atropello, los vietnamitas ungieron a un agente suyo, un tal Heng Samrin, como jefe de gobierno, a quien la URSS y todos sus paniaguados consideran único representante del pueblo khmer. Todo parecía indicar que el sueño dorado de Hanoi de crear una “federación indo-china” bajo su batuta y sin respetar las aspiraciones nacionales de los otros pueblos de la región era ya una realidad con una Kampuchea asolada y un Lao sojuzgado por más de 50.000 uniformados vietnamitas.

El gobierno legal de Kampuchea Democrática y su ejército se vieron forzados a replegarse a las zonas occidentales del país, desde donde dieron comienzo a la organización de la resistencia. Venciendo toda suerte de obstáculos de orden militar, económico y político, los rebeldes conformaron el Frente Democrático y Patriótico de Gran Unión Nacional y desplegaron una intensa actividad guerrillera que poco a poco se difundió por casi todo el territorio. Para la estación seca de octubre de 1979 a mayo de 1980 se hizo evidente que los agresores no habían conseguido aniquilar la resistencia y que ésta, por el contrario, se consolidaba en las regiones liberadas del oeste, donde tenía en armas a cerca de 60.000 hombres enrolados en un ejército regular y 50.000 en destacamentos guerrilleros. En su afán por destruir los bastiones patriotas, los vietnamitas atacaron repetidas veces, a mediados de 1980, a Tailandia, arrasaron varias aldeas y dieron muerte a decenas de civiles.

Acosada por crecientes dificultades internas, la burocracia dominante de Hanoi se vio imposibilitada para incrementar su ejército de invasión en Kampuchea y para emprender nuevas ofensivas estratégicas, limitándose a lanzar campañas esporádicas sobre las áreas controladas o influenciadas por las tropas de Kampuchea Democrática. Los vietnamitas, imitando a sus amos rusos en Afganistán, han venido utilizando en su guerra de exterminio armas químicas contra la población kampucheana, según denuncias de varios organismos internacionales, incluida la ONU.

En 1981 la situación no mejoró para los ocupacionistas. De acuerdo con el balance del alto comando del ejército nacional y las guerrillas de Kampuchea Democrática, dado a conocer en octubre del mismo año, los vietnamitas sufrieron 36.000 bajas, entre muertos y heridos; la insurrección liberó alrededor de 300 poblados y el número de personas bajo protección del régimen revolucionario alcanzó 1.700.000; muchas vías de comunicación de gran importancia para el enemigo fueron destruidas o dañadas; cerca de 3.000 soldados vietnamitas desertaron y entregaron sus armas a los luchadores populares. El informe señala además que, “debido a la falta de efectivos y a la no existencia de fuerzas estratégicas de intervención el enemigo perdió toda iniciativa de combate en la temporada lluviosa de 1981 (mayo a octubre)”. Y concluye diciendo: “El deterioro de la situación del enemigo resulta, asimismo, de la pérdida de su moral, de las frecuentes rebeliones y deserciones en sus filas, de las revueltas de soldados kampucheanos alistados a la fuerza, de la escasez de alimentos, de las críticas condiciones de salud de sus tropas, de las enormes dificultades en todos los campos en Viet Nam mismo y del completo aislamiento en la arena internacional”.

Nuevas realidades y cambio de política
En diciembre de 1979, el gobierno de Kampuchea Democrática fue reorganizado con el objeto de unir más ampliamente a las fuerzas nacionales, dentro y fuera del país, para la lucha contra el enemigo vietnamita y la defensa de la patria. De igual modo, se decidió suspender la Constitución y tomar como ley fundamental el programa político del Frente Democrático y Patriótico de Gran Unión Nacional. Khieu Samphan empezó a desempeñarse como primer ministro del gobierno reformado, mientras Ieng Sary continuó al mando del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En una rueda de prensa celebrada a mediados de 1980, Khieu Samphan expresó que el gobierno “se está esforzando para consolidar y ampliar el Frente Democrático y Patriótico de Unión Nacional, y hacerlo más poderoso”. Refiriéndose a las experiencias del periodo anterior a la invasión de Viet Nam, el dirigente señaló: “Cometimos excesos y serios errores. Habíamos intentado movilizar a todo el pueblo para elevar la producción agrícola y mejorar las condiciones de vida lo más pronto posible. Pero obligamos al pueblo a realizar trabajo manual que resultó demasiado duro para algunas personas”.

En consecuencia, algunas gentes murieron de agotamiento, enfermedad y desnutrición. Ieng Sary dijo por su parte que “la decisión de trasladar al campo a los pobladores urbanos fue desastrosa para un crecido número de personas”. Subrayó que “en las áreas administradas por Kampuchea Democrática se han abolido los comedores comunales y el trabajo colectivo forzado, y se han garantizado los negocios privados y todas las libertades civiles”.

La agresión vietnamita creó una situación totalmente nueva en Kampuchea, lo cual llevó a sus líderes a examinar cuidadosamente ciertos hechos del pasado, hacerse una autocrítica con respecto a los errores cometidos y formular una política de salvación nacional que les permitiera trabajar conjuntamente con las inmensas mayorías del pueblo. La organización de la administración y el impulso dado al frente unido son asuntos reveladores de dicho esfuerzo. Es por ello que el 18 de diciembre de 1979, el gobierno de Kampuchea Democrática proclamó solemnemente: “En la actualidad nuestra tarea ya no consiste en llevar adelante la revolución socialista y construir el socialismo; nuestra lucha actual no es ideológica sino que es una lucha por la defensa del territorio y la raza de nuestra amada Kampuchea. La tarea principal y sagrada de toda la nación y el pueblo de Kampuchea consiste en combatir resueltamente a los agresores vietnamitas (…) Por consiguiente, la nueva política estratégica del Frente Democrático y Patriótico de Gran Unión Nacional del Gobierno de Kampuchea Democrática no es una táctica a corto plazo. Es una política estratégica con miras a unir todas las fuerzas de la nación y el pueblo”.

Posteriormente, y tomando como punto de partida la plataforma del Frente Democrático y Patriótico, representantes de éste y del gobierno elaboraron, en junio de 1981, el “Programa Político Mínimo de Cinco Puntos”, que en síntesis contempla: 1) Continuar resueltamente la lucha armada y las otras formas contra la camarilla de Le Duan hasta el retiro de todas sus tropas de Kampuchea. 2) Todas las actividades deben realizarse sobre la base de Kampuchea Democrática, que es la única forma legal del Estado. 3) Todas las fuerzas nacionales unidas contra Viet Nam deben evitar los conflictos entre sí, que redunden en un debilitamiento de su objetivo común. 4) Después de la evacuación de todas las tropas vietnamitas, se efectuarán elecciones generales mediante votación libre, directa y secreta, bajo la supervisión de la ONU. Esta elección conformará la Asamblea Nacional que redactará la Constitución, decidirá el sistema político del país como un sistema parlamentario y no establecerá el socialismo. Kampuchea será un país independiente, pacífico, neutral y no alineado. 5) Todas las fuerzas que combaten a los vietnamitas podrán mantener su propio status político y gozar de libertad de acción, siempre que no violen el programa mínimo.

Consecuente con los lineamientos trazados para enfrentar al enemigo común y facilitar la unidad nacional, el Partido Comunista de Kampuchea emitió el 6 de diciembre de 1981 un comunicado en el que anuncia su disolución y exhorta a su militancia a continuar adelantando la guerra popular contra Viet Nam, en estrecha colaboración con los demás sectores patrióticos.

Por último, entre septiembre y noviembre del año pasado, se reunieron en la capital de Tailandia, Bangkok, representantes de los sectores que conforman la resistencia kampucheana, a saber: los que dirigen Khieu Samphan, Samdech Norodom Sihanouk y Son Sann. Las tres corrientes han venido estudiando el problema de la integración de un gobierno de coalición, no obstante las diferencias políticas existentes entre ellas. En la, actualidad continúan desarrollándose conversaciones tendientes a superar los obstáculos y lograr que todos los grupos tengan representación en pie de igualdad en la administración del Estado. El gobierno de Kampuchea Democrática, por su parte, ha hecho un llamado al pueblo para que discuta ampliamente acerca de cuáles deben ser los principios básicos que permitan establecer un régimen conjunto en el país.

El mundo con Kampuchea
Los pueblos de los cinco continentes manifestaron desde un comienzo su repudio al cobarde ataque de Viet Nam contra una débil nación que no alcanza a los seis millones de habitantes. Moscú y Hanoi se han empeñado en vano por conseguir el reconocimiento internacional del régimen títere impuesto a raíz de la entrada de las hordas vietnamitas a Kampuchea. El 13 de octubre de 1980, la Asamblea General de la ONU rechazó, con 35 votos a favor, 74 en contra y 32 abstenciones, la propuesta de la URSS y Viet Nam que pretendía ceder a Heng Sanrim el puesto de Kampuchea Democrática en dicho organismo. La comunidad mundial se ha negado en varias ocasiones a aceptar la legitimidad del fantoche de Hanoi y sólo reconoce como representante auténtico del pueblo kampucheano al gobierno encabezado por Khieu Samphan.

El 21 de octubre de 1981, las Naciones Unidas aprobaron por 100 votos contra 24 una resolución sobre la situación en Kampuchea, en la que se destaca la exigencia del retiro de todas las tropas foráneas de ese país como base indispensable para cualquier solución al problema.

En marzo del último año, con motivo del anuncio hecho por Heng Samrin de que estaba dispuesto a celebrar elecciones, el presidente del Comité Permanente de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Ansea) afirmó: Los países miembros de la Ansea no pueden reconocer la validez de ninguna elección que obligue al pueblo kampucheano a aceptar candidatos impuestos a él por una fuerza extranjera. Bajo la sombra de 200.000 soldados vietnamitas, el pueblo kampucheano no tiene capacidad de buscar la satisfacción de sus intereses nacionales ni de formar un gobierno de su propia elección ni de elegir libremente a sus dirigentes”.

Entre el 13 y el 17 re julio de 1981 se llevó a cabo en la sede de la ONU, en New York, la Conferencia Internacional sobre Kampuchea, a la que asistieron delegados de los países y territorios. La declaración, aprobada por unanimidad, estipulaba que todas las tropas extranjeras deben salir de Kampuchea lo más pronto posible; que debe respetarse la independencia, la soberanía, la integridad territorial y la posición no alineada y neutral de Kampuchea, y que los demás países deben comprometerse a no intervenir de ninguna manera en los asuntos internos de Kampuchea, sea directa o indirectamente.

Organizaciones democráticas y revolucionarias de todas las latitudes realizaron en 1981, en Tokio, la primera Conferencia sobre Kampuchea, en la que participaron también destacadas personalidades. El evento condenó enérgicamente la agresión soviético-vietnamita e impulsó una campaña mundial de solidaridad. Igualmente, se acordó la realización de la segunda conferencia en 1983 en los Estados Unidos.

No obstante las simpatías que despierta en el orbe la lucha de Kampuchea Democrática y la ayuda que algunos países, entre ellos la República Popular China, han brindado a los patriotas, éstos precisan, al igual que los afganos, de un respaldo continuo y abundante de alimentos, armas y municiones para enfrentar con éxito a los intervensionistas. Apoyar a los kampucheanos significa contribuir a la causa de la emancipación de los pueblos y la derrota del socialimperialismo y sus acólitos.

PRONUNCIAMIENTOS DE LAS FUERZAS REBELDES

La cotidiana lucha a muerte contra el enemigo común se ha traducido en un acercamiento progresivo entre los diversos contingentes de patriotas afganos que se agrupan en el Frente de Combatientes Mudjahidines, el Frente Unido Nacional, el Frente de Harazadjat, el Frente de Nouristan, para mencionar sólo algunas de las principales organizaciones. Separados por diferencias étnicas, religiosas, lingüísticas y políticas de vieja data, estos grupos pugnan por unir sus fuerzas para enfrentar con éxito al agresor y edificar un Afganistán libre e independiente. Aunque todavía no se ha llegado a construir un frente único, los objetivos de casi todos los sectores rebeldes coinciden en los aspectos fundamentales.

El Frente de Combatientes Mudjahidines estipula en su plataforma, entre otros, los siguientes puntos programáticos: 1) Alcanzar la independencia nacional y liquidar por medio de las armas la dominación de la URSS y de sus títeres. 2) Eliminar la injerencia de la URSS y de todos los imperialismos en los terrenos político, militar, económico y cultural y crear un Afganistán islámico independiente de las superpotencias. 3) Defender firmemente las tradiciones del pueblo musulmán y de otras minorías religiosas. 4) Garantizar la igualdad de todas las nacionalidades, luchar contra el chovinismo y el sectarismo y reforzar la unidad política del país por medios democráticos. 5) Defender el principio de independencia y de apoyarse en sus propias fuerzas como guía esencial del Frente. Ni la Unión Soviética, ni los Estados Unidos, ni ninguna otra potencia deberá decidir el destino del pueblo afgano. 6) Luchar contra todas las formas de bloques militares, establecer relaciones con todos los países sobre la base de los cinco principios de coexistencia pacífica y apoyar los movimientos islámicos progresistas, los movimientos de liberación nacional y los países no alineados.

El Frente Unido Nacional sostiene que “la política exterior de la República de Afganistán deberá basarse en los principios de la independencia nacional, de la unión fraternal con el mundo islámico y, en particular, con los países limítrofes, Irán y Pakistán, que tienen la misma religión y el mismo destino, y de relaciones igualitarias con todos los Estados del mundo”. En uno de sus documentos, el Frente indica: “En esta gran guerra decisiva, a pesar del salvajismo y el belicismo de los rusos, la victoria pertenece sin lugar a dudas al heroico pueblo afgano”.

El general Said Asan, jefe del Frente de Hazaradjat, declaró a mediados de 1981: “Yo soy partidario de una auténtica república islámica independiente del Este y del Oeste. Un régimen elegido libremente por la población, que garantice las libertades políticas y sociales en el marco de los principios fundamentales del Islam. Un régimen que no se alinee con ningún país extranjero (…) para asegurar la victoria, debe lograrse la unidad nacional. Deberán crearse organizaciones militares y políticas que agrupen a todos los combatientes de Afganistán a fin de establecer una coordinación y una colaboración multiformes entre todos los pueblos musulmanes de Afganistán”.

Además de los grupos mencionados, diversos sectores de las masas populares han constituido organizaciones que propugnan los mismos fines. La Unión General de Profesores y Estudiantes por la Independencia de Afganistán afirma en su programa: “Nuestro objetivo actual es conquistar la independencia nacional, la democracia y crear una república islámica según la voluntad del pueblo. Nuestra consigna es la libertad y la justicia. Nuestro país no debe ser dependiente ni de la URSS ni de los Estados Unidos, ni de cualquier otra potencia extranjera. El medio para alcanzar dicho objetivo es la conformación de un amplio frente unido que abarque a la totalidad del pueblo”. Por otra parte, la Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán dice en su plataforma: “En este momento, nuestro deber, tanto de hombres como de mujeres, es unirnos todos en la lucha por la independencia de nuestra querida patria. La liberación de las mujeres no significará nada sin la independencia de la nación, sencillamente no será posible”.

POR RESOLUCIÓN EL GOBIERNO ELIGE NUEVA JUNTA DIRECTIVA EN SITTELECOM

Al reconocer la asamblea espuria efectuada en octubre de 1981 por un grupo reducido, que integraban 48 delegados del PC, la extrema “izquierda” y la derecha patronal, el Ministerio de Trabajo consumó el 28 de enero un insidioso golpe de mano contra Sittelecom. El fallo, contenido en la resolución 00580, excluyó por completo de la directiva al sector mayoritario que encabeza el actual presidente, Agustín González, el cual contaba con 71 delegados. Se comprueba así, una vez más, que la ofensiva de las fuerzas oportunistas contra el sindicalismo independiente es alentada por el mismo gobierno.

Entre los días 12 y 17 de octubre de 1981, se debía realizar el XXXI Asamblea Nacional de Sittelecom para escoger la nueva junta y dar el visto bueno al pliego. En la mañana del día previsto para la instalación, sin embargo, un piquete compuesto por algunos trabajadores de base, por delegados de la minoría y por personas extrañas a Telecom irrumpió en la sede y ocupó el auditorio, permaneciendo allí en actitud provocadora y amenazando con agredir a los representantes de la mayoría.

Como resultara imposible en semejantes condiciones dar inicio a la reunión, la junta directiva optó por aplazarla hasta diciembre, no sin antes llevar a cabo una salida que, mediante el acatamiento de los estatutos, permitiera superar el problema.

La minoría procedió por su parte a sesionar sin quórum, nombrando una supuesta junta directiva nacional y decidiendo al mismo tiempo sumarse a la aventura del fracasado Paro Cívico.

No obstante que la maniobra viola de manera flagrante las normas estatutarias y está en contradicción con los principios y mecanismos de la democracia, el Ministerio del Trabajo acaba de impartirle su bendición, entregando a la minoría el manejo absoluto del sindicato.

Que los trabajadores decidan
Los delegados del sector mayoritario de Sittelecom se congregaron en Bogotá a principios de febrero con el objeto de examinar la situación y trasar tareas.

Resumiendo las principales características de la etapa actual, los compañeros señalaron que “la ofensiva oportunista, nos crea dificultades en muchos frentes, pero traerá consigo importantes enseñanzas que redundarán en el fortalecimiento ideológico y político del movimiento obrero”. Añadieron que “solamente el debate contra el Partido Comunista y sus acólitos despejará la confusión reinante” y que “las condiciones son favorables, ya que la bancarrota de las tesis mamertas sobre la unidad sindical nos facilita arrojar mayor claridad sobres las divergencias existentes entre las dos líneas”.

Se acordó ampliar la polémica ante los trabajadores, para que sean ellos quienes definan la suerte del sindicato, hoy amenazado por las intrigas mancomunadas del gobierno y el oportunismo.