AGUERRIDOS DEBATES DEL FUP EN CONCEJO DE BOGOTÁ

A lo largo de los seis meses transcurridos de las nuevas sesiones del cabildo en la capital de la República, los concejales del FUP, Consuelo de Montejo y Avelino Niño, han librado una denodada campaña de denuncia de los desmanes del régimen turbayista. Ya desde la sesión de instalación, celebrada el 1° de agosto del año pasado, los representantes del Frente por la Unidad del Pueblo apuntaron contra la desembozada rebatiña burocrática por los cargos del Concejo, en la que se trenzaron las distintas facciones de los partidos de la reacción y el oportunismo. Descorrieron el velo de la exaltación que la prensa oficiosa había tendido sobre la Corporación, y que la mostró como un “concejo admirable y distinto”, “independiente y pensante”, “ajeno al tutelaje del ejecutivo” y “unido en torno a la defensa de los intereses de la comunidad bogotana”.

En una constancia presentada por Avelino Niño el 7 de diciembre de 1980, con motivo de la puja protagonizada en la designación de Contralor, Personero y Tesorero distritales, el dirigente del MOIR, expresó: “Las posiciones que los representantes de los explotadores defendieron no fueron, en el mejor de los casos, más allá de la “crítica constructiva” a los aspectos secundarios de la política despótica de Turbay. Pero, en lo fundamental, todos coinciden y hacen parte del sistema. Si en algún momento fustigaron a funcionarios de la administración, no correspondía a otra motivación distinta que a la de solicitar una nueva repartición burocrática, de acuerdo con los resultados electorales de marzo (…). Todos los reclamos de la población han sido burlados; no hubo reapertura de la Universidad Distrital, se aceptó el reavalúo catastral, el incremento de los precios del cocinol y su continua escasez, el alza en los combustibles y en el transporte, la elevación de los servicios públicos, la ausencia de garantías y derechos democráticos, las persecuciones, los allanamientos, las torturas. ¡Nada los conmovió! Sólo se nombraron comisiones para adelantar estudios cuyos resultados ignoran los interesados (…). Cuando el ponqué de la burocracia estaba en la mesa, todo se aclaró. Había llegado la hora del reparto. El alcalde decretó la crisis y todo el gabinete renunció. Era necesario dejar las manos libres para negociar y ‘dar satisfacción a todos los grupos que en el Concejo apoyan al gobierno’, según señaló el burgomaestre terrateniente Hernando Durán Dussán. Se iniciaron las negociaciones y era tanto el apetito burocrático que lo que había que repartir no alcanzaba (…). El espectáculo fue grotesco. Fue la verificación de la conducta propia de los parásitos de esta sociedad en crisis”.

Condena popular a la matrícula

Una masiva oleada de repudio suscitó el arbitrario cobro de la matricula por el servicio del agua. Ante las puertas mismas del Concejo desfilaron millares de gentes pobres que gritaron su ira contra aquel latrocinio del gobierno distrital. Consuelo de Montejo y Avelino Niño presidieron allí manifestaciones de rechazo a la medida, y concurrieron a centenares de mítines que se celebraron en los barrios. En el debate del problema, los dos concejales del FUP expusieron la auténtica causa del cobro indebido; el cuantioso déficit de 4.500 millones de pesos de la empresa del acueducto, originado en los préstamos suscritos con los bancos imperialistas.

Sin hacer caso de las amenazas de Durán Dussán, la mayoría de los bogotanos se negó a pagar el cobro de la matrícula y comenzó a sumarse a las acciones de protesta y a la Liga de Usuarios de los Servicios Públicos impulsada por Consuelo de Montejo. Cuando las juntas de Acción Comunal de los barrios principiaron a adherir al movimiento reprobatorio, el gobierno y sus politicastros se apresuraron a presentar fórmulas y salidas. Finalmente, acosados por la impopularidad del cobro, los ediles soporte de la administración tuvieron que votar la cancelación del recaudo del Acueducto. Semanas después, y luego de que sus objeciones se derrumbaron, el alcalde Durán Dussán, en una obligada actitud revanchista, para dar acatamiento a las exigencias de las agencias prestamistas norteamericanas, decretó un alza del 73% en las tarifas de los servicios públicos de la capital.

Desentrañado los horrores del turbayismo

También durante las sesiones del año pasado, el compañero Niño desenmascaró la demagogia de los déspotas distritales, quienes mientras hablan de que el problema de los vendedores ambulantes tiene causas sociales, arremeten contra sus pequeños negocios con todo el aparataje policial. En varias ocasiones los comerciantes callejeros se movilizaron hasta el Concejo para apoyar los enjuiciamientos efectuados por su compañero de bregas.

Una de las necesidades más sentidas por miles de humildes familias bogotanas es la del suministro del combustible necesario para cocer sus alimentos. En octubre pasado, Consuelo de Montejo y Avelino Niño demostraron ante funcionarios del gobierno cómo apenas se destinan para el consumo de Bogotá 4 millones de galones de cocinol, volumen que no alcanza a satisfacer siquiera el 30% de la demanda.

En un enérgico debate contra la secretaria de Educación, Pilar Santamaría de Reyes, los cabildantes del FUP la acusaron por mover sus influencias para adjudicar a la compañía, en la cual tiene intereses su esposo, algunas de las licitaciones para la construcción de escuelas. Censuraron el despido colectivo de 909 empleados de aquella dependencia, que violó convenios suscritos por el gobierno con la ADE y Fecode. Igualmente exigieron la inmediata reapertura de la Universidad Distrital, clausurada por las autoridades desde hace más de dos años.

El pasado 29 de enero, Consuelo de Montejo interpeló al gerente de la empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, para reprocharle las “mentiras piadosas” con las cuales pretendía engañar a la opinión, en relación al fracaso de la política de energía de los gobiernos bipartidistas. Un dirigente del MIL expuso que de cada peso que cancelaba un usuario, sólo dos centavos se destinaban a inversiones y obras, mientras el resto se despilfarraba en trámites de cancelación de las deudas externas. Avelino Niño recordó las presiones del Banco Mundial en el manejo de los planes de energía eléctrica en el país. “Valiéndose de todo el peso de su aparato represivo, el gobierno ha venido incrementado precios hasta niveles nunca antes vistos las tarifas de los servicios. Creen los alcabaleros del imperialismo que las masas aceptarán siempre, sumisamente, este atraco. Sin embargo, quiero hoy traer a cuento la valiente actitud de una mujer del pueblo, que hace 200 años en la Plaza del Socorro, rompió los edictos de los impuestos fruto del coloniaje español, suscitando con su actitud la osadía que alimentó la gloriosa revolución comunera. Quiero repetirles a los lacayos de nuestro tiempo que el pueblo colombiano no ha olvidado el ejemplo de Manuela Beltrán y que no transcurrirá un largo trecho para que vuelva a “imitarlo”, finalizó diciendo el concejal del MOIR.

No faltaron circunstancias para que en el Concejo los voceros del FUP fustigaran las posturas ilusas y oportunistas de los ediles del revisionismo y sus consortes. Con vigor, Consuelo de Montejo clarificó su posición patriótica y democrática: “Creo en una revolución y en un cambio hechos netamente a la colombiana. Voy a dar la pelea aquí y en todas partes, por el socialismo, por las clases trabajadoras, porque se rompan los monopolios, pero no voy a permitir, como colombiana que soy, que nuestra revolución y la sangre de los colombianos la vengan a cosechar los papagayos que están al servicio del imperialismo, ya sea el norteamericano o ya sea el ruso”.

VIVA EL BICENTENARIO COMUNERO

Durante todo el año, las masas populares celebrarán los 200 años de la rebelión de José Antonio Galán y los comuneros contra la corona española. El Comité Nacional Pro Conmemoración del Bicentenario ha programado numerosos eventos, entre los cuales figuran manifestaciones, concursos de pintura y fotografía, funciones teatrales y conferencias.

En coordinación con el movimiento «Comuneros 81», con sede en varias localidades de Santander, el Comité Nacional realizará el sábado 14 de marzo una concentración en la Plaza del Socorro, a la que asistirán nutridas delegaciones provenientes de todo el país. El MOIR ha lanzado la orientación general de agitar durante todo el año el recuerdo de la sublevación comunera, y de celebrar el bicentenario a la manera revolucionaria, con la consigna de: «Por la segunda Independencia, unión de los oprimidos contra los opresores».

CINCO AÑOS DE LA ORGANIZACIÓN CAMPESINA DE CASANARE

Con diversos actos conmemorativos celebró sus cinco años de fundación la Ocidec, Organización Campesina Intendencial de Casanare, el pasado 1 y 2 de noviembre. En Yopal se congregó más de un centenar de delgados campesinos, sindicalistas y grupos artísticos, quienes exaltaron el primer lustro de luchas de dicha organización.

Desde apartadas veredas, sumidas en la profundidad del Llano, algunos de los colonos caminaron cinco días con tal de poder asistir a la celebración. Desde Bogotá llegó una delegación encabezada por el concejal del FUP, Avelino Niño; por dirigentes de los sindicatos de Fecode, Sintracreditario, Aceb, Sindillantas, Sintrateléfonos, Sintraicasa, Sinucom, Sintrabancaldas y por el Teatro Libre y el Conjunto Son del Pueblo.

De Boyacá arribaron representantes del Movimiento de Renovación Sindical, de Sindimaestros, de la Seccional del Sindicato de Trabajadores de Acerías Paz del Río y de Aceb de Sogamoso.

El domingo 2 de noviembre, al mediodía, la Ocidec realizó una nutrida manifestación en la Esquina del Transporte, en Yopal. Los oradores recordaron cómo doce años después de la falaz amnistía de 1953, el campesinado llanero se sintió traicionado y más perseguido y oprimido que nunca. Sobreponiéndose al desconcierto sufrido por la entrega y el asesinato de varios de sus dirigentes, los agricultores decidieron organizarse para defender sus vidas y sus tierras. Rompieron entonces con los partidos de los mandamases y principiaron a realizar sus primeros contactos con los sectores más avanzados de la clase obrera colombiana.

Fue este proceso de búsqueda de nuevos caminos el que cristalizó hace cinco años con la conformación de la nueva Organización Campesina Intendencial de Casanare.

Durante la asamblea general de Ocidec, la delegación del municipio de Maní denunció los atropellos de que vienen siendo víctimas más de ocho familias de la vereda Las Brisas, con la tolerancia del alcalde, quien defiende el acaparamiento de baldíos por un terrateniente. Los labriegos del Comité Veredal de Huerta Vieja, del municipio de Pajarito, relataron cómo un escuadrón de policías, enviado por el gobernador de Boyacá, incendió sus viviendas, arrasó los cultivos y confiscó sus papeles de identificación, para también respaldar la concentración de tierras en la región. Los campesinos de Orocué, después de caminar durante cinco días para asistir a la reunión conmemorativa, informaron sobre las componendas de las autoridades con los terratenientes para disponer de más de 50 mil hectáreas de terrenos baldíos y ociosos, y de las intimidaciones contra una veintena de familias que allí laboran la tierra.

El ultraje que mayor repudio suscitó entre la asistencia, fue el cometido contra moradores de la vereda El Caucho, del municipio de Nunchía. Allí los «campovolantes» y los funcionarios han desatado una feroz persecución contra los líderes agrarios y los habitantes de aquella vereda, hasta el punto de prohibir la pesca en las tomas del río Pauto. El 29 de septiembre pasado, por ejemplo, una cuadrilla de sicarios asaltó al dirigente de Ocidec, compañero Gregorio Moreno. Gracias a su coraje, Moreno pudo escapar con vida del cobarde atentado. El 13 de julio, el mismo grupo de matones torturó a uno de los trabajadores de la fundación La Bonanza. A mediados de 1980 fueron arbitrariamente encarcelados Reinaldo Teatín, Angelberto Murillo, José del Carmen Cruz y Neftalí Arias. El 3 de octubre del mismo año agentes del DAS apresaron a Plutarco Urbano en su propio sembrado, luego de haber propalado rumores sobre su muerte con el fin de amedrentarlo. Todos estos actos de terrorismo obedecen a un plan con el cual un minúsculo grupo de terratenientes quiere desalojar a 186 familias de las posesiones que, tras largos y duros años de trabajo, han civilizado en las 26.500 hectáreas del latifundio El Desecho-Quitebe. Sin embargo, en defensa de sus fundos, los habitantes de El Caucho se fundieron como un solo puño, bajo la orientación de la Ocidec, y tres veces se han lanzado a derribar las cercas tendidas por los latifundistas.

La asamblea congregada en Yopal condenó, finalmente, esta oleada de violencia orientada por los déspotas del campo con la anuencia del gobierno, y procedió a elegir nueva junta directiva. Resultaron señalados José Alberto Molina, como presidente; Plutarco Urbano, como vicepresidente; Alfredo Reyes, como secretario; Roberto Chaparro como tesorero y Reinaldo Teatín como fiscal.

SIGUE RACHA DE ALZAS

Durante los últimos meses de 1980 y en lo que va corrido de 1981, el costo de la vida se ha elevado en proporciones alarmantes para la mayoría de los colombianos. En octubre pasado el gobierno decretó un reajuste del 32% en los precios de la gasolina y demás derivados del petróleo, y por quinta vez en el lapso de dos años autorizó un aumento de cincuenta centavos en las tarifas del transporte urbano. Poco tiempo después la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ascendió el valor del servicio en un 45%, estableciendo un sistema de alzas «upaquizadas» que regirá hasta el 31 de octubre próximo. En diciembre de 1980 las autoridades permitieron un incremento en los precios de los arrendamientos, y a principios de 1981 promulgaron una revisión de avalúos catastrales que afecta a millares de familias en los barrios indigentes de Bogotá. Hasta el DANE tuvo que reconocer hace poco que la sal, las gaseosas el azúcar, la carne, la leche, la panela, las frutas, las verduras y muchos otros alimentos habían subido en términos escandalosos. En todo el país se ha desatado un torrente inflacionario que afecta los distintos renglones de la economía y que agrava todavía más la situación de miseria en que se debaten los obreros, los campesinos pobres y los sectores medios de la sociedad.

TRIUNFA PARO DE RECOLECTORES DE ALGODÓN EN CÓRDOBA

Centenares de recolectores de algodón de las zonas de Colombia, El Carito, El Bongo, El Paso de las Flores y Morales, del departamento de Córdoba, realizaron el 12 y 13 de enero de este año, un exitoso paro. Esta lucha fue orientada por las Ligas Campesinas Independientes de Córdoba con las consignas de mejores precios para la recolección, control de las romanas con las cuales se pesa la mota cogida por los jornaleros, transporte hasta cultivos y aprovisionamiento permanente de agua pura para los trabajadores. Pese a la represión que se ejerció sobre el movimiento y al enganche de peones de corregimientos aledaños a la región, para tratar de hacer fracasar el paro, se consiguió arrancar a los explotadores aumentos significativos en el kilo de algodón acopiado, el cual pasó de $2.50 a $3.50 en la mayoría de los casos y hasta $4 tratándose del algodón de primera, y a $5 y $6 el de segunda.

El desempleo y la abundancia de mano de obra barata en Córdoba han contribuido a que los terratenientes paguen sumas irrisorias por la recolección del algodón, muy por debajo de lo que se ofrece en otras zonas del país. Además, a del pesaje, los capataces, mediante la alteración de las basculas, les roban a los recogedores por cada lona de cinco a diez kilos. Tradicionalmente no se cumple ni siquiera con la liquidación del salario mínimo, dominicales, prestaciones sociales, subsidio familiar y, mucho menos, con los servicios de salud.

Los grandes sembradores y las autoridades, ante la justa actitud de los recolectores, militarizaron la región, colocando en cada zorra y tractor un carabinero. La intimidación oficial se dirigió de manera especial contra los dirigentes de las ligas, los compañeros Benito Madera y Miguel Atilano. También contra los sindicalistas que se solidarizaron con la pelea de los campesinos. El 20 de enero, en el municipio de Ciénaga de Oro, agentes del F-2 allanaron la casa de la profesora Consuelo Ahumada, la detuvieron y la trasladaron al batallón Junín de Montería. El Comité Regional de Solidaridad se pronunció contra este atropello y exigió la libertad de la compañera.

VISITA DEL MOIR A CHINA

Atendiendo una cordial invitación del Comité Central del Partido Comunista de China, una delegación de la dirección nacional del MOIR, encabezada por el camarada Francisco Mosquera, visitó la República Popular de China, durante el pasado mes de julio, y efectuó una intensa correría por diversas provincias del país y sitios de atracción histórica y política. El encuentro entre nuestros dos partidos fue aprovechado para examinar asuntos de común interés, no sólo en lo referente al desarrollo de la revolución de Colombia y China, sino a la evolución de los acontecimientos internacionales, particularmente los que tienen que ver con los avances expansionistas del socialimperialismo soviético. Se reiteraron los sentimientos de mutua solidaridad e indestructible amistad que une a los pueblos de Colombia y de China.

INICUA PERSECUCIÓN CONTRA DIRIGENTE DEL MOIR EN ARAUCA

En cumplimiento de los despóticos mandatos del gobierno turbayista, las autoridades de la intendencia de Arauca han desatado una atrabiliaria campaña de hostigamientos contra los dirigentes y militantes del MOIR en esa región. En menos de un año, Juan Simón Rico, secretario de nuestro partido en Arauca, ha sido encarcelado en seis oportunidades, con los argumentos más baladíes. El 1° de abril del año pasado fue detenido, junto con el compañero Luis Francisco Mosquera Gómez, bajo la acusación de mantener vínculos con «grupos subversivos». Rico permaneció incomunicado en las celdas de la VI Brigada, con sede en Villavicencio, en donde fue golpeado y sometido a interrogatorios con vendas en los ojos. Con diversos pretextos volvió a perder la libertad el 5 y 27 de junio, el 30 de julio y el 1 y 2 de septiembre del año pasado.

También han sido blanco de la persecución los compañeros Clímaco Ayala y Francisco Acosta Félix. A este último lo llevaron a la cárcel acusado de recibir propaganda ilegal, luego de que su correspondencia fue violada y a pesar de comprobarse que el sobre sólo contenía recortes de noticias aparecidas en la prensa oligárquica. La Organización Campesina Intendencial de Arauca, Ocida, repudió el ataque que un inspector de la vereda de Betoyes efectuara contra una familia campesina y durante el cual el funcionario disparó contra una anciana de 105 años y encañonó a una niña de siete años en hechos ocurridos el 9 de agosto del año pasado. Posteriormente, la casa del Presidente de la Ocida, compañero Pedro Herrera, fue allanada en dos ocasiones.

Preso militante en Urabá
El 4 de octubre del año pasado, en San Pedro de Urabá, Antioquia, fue encarcelado durante varias semanas y bajo falsas acusaciones el compañero Sixto Negrete. El 6 de julio del mismo año, y en aquella región, la policía detuvo a seis militantes del MOIR cuando regresaban de participar en un acto de homenaje a Consuelo de Montejo.

TRASCENDENTAL XXX ASAMBLEA DE SITTELECOM

Bajo el lema de “Lucha contra el despotismo turbayista, contra las camarillas traidoras de UTC y CTC y contra la conciliación de la CSTC”, se realizó en Bogotá del 24 al 29 de noviembre la XXX Asamblea Nacional de Sittelecom, en la cual midieron fuerzas el sector revolucionario, encabezado por Agustín González, y la contracorriente mamerta. En la confrontación tomaron parte 145 delegados, que representaron a 12.000 trabajadores y a siete regionales y 31 sub-directivas. Los dirigentes del Comité Regional de Solidaridad de Cundinamarca asistieron como delegados fraternales y fueron invitados a ocupar la mesa directiva.
La reunión fue victoriosa para el sindicalismo independiente, puesto que repudió la traición de las centrales gubernistas UTC y CTC, así como el celestinaje de la CSTC, y puso en franca minoría la plancha auspiciada por el partido revisionista. Además, aprobó el pliego petitorio que fue presentado a la empresa en diciembre.

Agustín González, reelegido como presidente del sindicato, rindió el informe central ante los delegados y condenó la política que adelanta el Partido Comunista en el movimiento obrero. Tras denunciar el II Foro por los Derechos Humanos, González dijo: “Lo que más indignación causa es que quienes comandan el esfuerzo por mantener viva en la mente de nuestro pueblo la reaccionaria tradición de 160 años de despótico republicanismo burgués, sean quienes se llaman a sí mismos Partido Comunista, cuando no pasan de ser una adocenada caterva de vencejos liberales. ¿Pues qué otra manera hay de llamar a quienes promueven la división del movimiento obrero aupando la política pro-gobernista y conciliadora del Consejo Nacional Sindical? ¿Hay alguien en esta asamblea que defienda los turbios manejos de las camarillas vende-obreros de la UTC y la CTC?

HOSTIGAMIENTO CONTRA COSECHEROS DE SABANA DE TORRES

Los Comités de Defensa Campesina del Bajo Lebrija, de la región de Sabana de Torres, en Santander, denunciaron a finales del pasado año la permanente represión por parte de los terratenientes, el ejército y las autoridades. Néstor Arenas Moreno, concesionario de la Ford, miembro de la junta directiva del Fondo Ganadero de Santander propietario de más de ocho mil hectáreas de tierra y dueño y accionista mayoritario de importantes empresas, sin poseer ningún título de propiedad, alega ser el dueño de la finca «La Simónica» y, con la complicidad de las autoridades, hostiga permanentemente a las 22 familias que, damnificadas por la violencia del invierno de 1979, decidieron poner a producir aquellos terrenos baldíos.

La quema de ranchos, los encarcelamientos, como el del campesino Álvaro Lozano, quien permanece en la Cárcel Modelo de Bucaramanga desde el 14 de marzo pasado, y los desmanes de los uniformados son el pan de cada día para estas familias laboriosas. El 8 de agosto, por ejemplo, un oficial del puesto militar de Intercol detuvo arbitrariamente al campesino Manuel Botía por estar escuchando unas grabaciones de los discursos pronunciados durante un acto de solidaridad con los colonos de «El León», de San Vicente, que se había efectuado el día anterior. Posteriormente, el 27 de agosto último, una patrulla del ejército retuvo a diez campesinos bajo la única acusación de estar viviendo en la margen de la carretera a Provincia. Tres de ellos permanecieron incomunicaos durante cinco días en la prisión municipal de la Sabana. El Incora, fiel a su papel de aparato del Estado al servicio de los terratenientes, ha permanecido al lado de los opresores. Los supervisores van al campo a presentar la apariencia de preocupación por este conflicto mientras sus directivos regionales andan en comilonas y banquetes con los sojuzgadores de los labriegos.

En un comunicado público los Comités Campesinos Independientes de San Pablo, Bolívar; los Comités Campesinos de Yondó, la Unión Campesina de Santander, Aceb, Sintracreditario, Asandip, Aspu, Sindinalch, Sintucoop, Sintrasec, Sintrageofraficos, Anebre, Sittelecom, Aspes, Sinucom, Sintrabansan, Uso, Sintrametalúrgicos y Sintranal, pertenecientes a la coordinadora del Sindicalismo Independiente de Santander, respaldaron a los campesinos del Bajo Lebrija y rechazaron los atropellos, brindándoles además su plena solidaridad proletaria.

Arrasada invasión en Puerto Nare
Cerca de 50 uniformados desalojaron violentamente, el pasado 29 de agosto, a 250 familias que el 4 del mismo mes habían ocupado predios incultos pertenecientes a un terrateniente de La Sierra, municipio de Puerto Nare. Las hordas policiales acantonadas en Puerto Berrío y Puerto Nare derribaron las humildes viviendas de cartón y palma que habían sido levantadas por los mineros, trabajadores ferroviarios y cementeros, en lo que fue calificado por los sencillos moradores como «un asalto del gobierno turbayista». Varias personas resultaron heridas a consecuencia de la arremetida oficial, algunas fueron encarceladas y una mujer embarazada abortó y su estado de salud fue bastante delicado.

El Regional del MOIR en Antioquia repudió este vil atropello en un comunicado público y alentó a las gentes de La Sierra a perseverar en el combate por la tierra.

OLEADA DE ACCIDENTES LABORALES

Nuevas tragedias han venido a engrosar la abrumadora lista de accidentes laborales. El 17 de enero, once trabajadores murieron y veinte sufrieron graves heridas al hacer explosión el gas metano acumulado en un túnel de la represa de Chingaza, situada al oriente de Bogotá. Como se pudo comprobar, el hecho se debió a la negligencia del consorcio contratista, la firma Ingenieros Civiles Asociados (ICA) de México, que descuidó el mantenimiento en los tubos de ventilación. Un accidente similar, que se produjo en 1978, había costado la vida a cinco obreros.

En Armenia, el 12 de enero, perecieron ahogados ocho trabajadores que limpiaban de escombros un canal subterráneo construido hace 50 años. En este sitio laboraba una cuadrilla compuesta por treinta hombres, cuando un violento aguacero hizo crecer el caudal del alcantarillado. La empresa contratista sólo disponía de una escalera para evacuar a los obreros y, para colmo, la tarea de salvamento no se comenzó a tiempo.

Entre el 15 y el 25 de enero, debido a una contaminación del agua potable, resultaron intoxicados cuarenta trabajadores en la fábrica de camisas Manhattan de Bogotá. Cuatro de ellos fallecieron posteriormente. Desde hace cuatro meses se venían detectando filtraciones de aguas negras en las tuberías del acueducto, sin que la empresa distrital pusiera ningún remedio.

Y el 22 de enero, en la represa de San Carlos, Antioquia, que asimismo construye la empresa mexicana ICA, otra explosión segó la vida de un trabajador e hirió a tres más, por causa de una dinamita en mal estado que estalló antes de tiempo.

Pese a que son innumerables los accidentes laborales, el gobierno se niega a poner en marcha un programa serio de seguridad industrial, para no lesionar los intereses de los patronos. Bajo este régimen, el obrero debe exponer a diario su vida para tener derecho a un salario.