LA DIVISIÓN Y SUS AGOREROS

Para las fuerzas opuestas a la coalición liberal-conservadora que se aprestan a la batalla electoral, el tajante reparto de sus unidades en guarniciones hostiles entre sí, parece un hecho definitivamente consumado. Todo indica que habrá más de un candidato presidencial y más de una unión de organizaciones en el extenso y abigarrado campo de los adversarios del régimen. Fieles a nuestra creencia de que lo que más convenía a la izquierda de Colombia era un solo frente, para sacarle en las elecciones de 1978 el mayor jugo a la crisis aguda del enemigo, no podemos menos de deplorar este desencadenamiento, después de las gestiones adelantadas para impedirlo. Desde luego no nos sumaremos al corro de plañideros y nihilistas seudorrevolucionarios que maldicen a diestra y siniestra y sólo ven en la situación la cara sombría del desastre. Pensamos, primero, que la única actitud sería la de indagar y señalar las verdaderas causas que obstruyeron la más amplia alianza de la izquierda y a quienes las personificaron, y, segundo, que la división también tiene su lado favorable porque permite a las masas destapar a cuantos predican la unidad del pueblo pero no desaprovechan ocasión ni pretexto para interferirla. La revolución colombiana tiene aún mucho por andar y le esperan aguerridas contiendas ideológicas y políticas, a través de las cuales conseguirá sacar triunfantes los postulados unitarios que han venido descubriendo y elaborando, para materializarlos en la construcción del frente único de liberación nacional. Ya no partimos de cero. Contamos a nuestro haber la experiencia de los últimos años que nos ha enseñado qué debemos hacer y no hacer para facilitar la coordinación y cooperación de todas las clases y partidos antiimperialistas, democráticos y revolucionarios.

A Colombia, país neocolonial y semifeudal, sometido a la dominación del imperialismo norteamericano, la conquista de su independencia le resulta indispensable para su transformación y progreso; y aquella será la tarea colectiva de las corrientes sociales contrapuestas a los opresores extranjeros y sus intermediarios criollos. El frente representa la forma organizativa fundamental que adoptaran dichas coordinación y cooperación de todas las clases y partidos antiimperialistas, democráticos y revolucionarios. En consonancia con las condiciones vigentes tanto nacionales como internacionales, la conformación del frente único requiere por lo menos tres requisitos esenciales: que se oriente por un programa nacional y democrático, que se rija por unas normas democráticas de funcionamiento y que no se alinee al lado de ningún bloque de Estados. Sin el programa que compendie las principales y más sentidas reivindicaciones de las masas populares, no se conseguirá que las clases y capas oprimidas por la coalición burgués-terrateniente proimperialista participen entusiastamente en la empresa común libertadora. Sin la democracia organizativa no se logrará la efectividad ni la flexibilidad tan necesarias en la acción conjunta de las diversas agrupaciones aliadas. Sin el no alineamiento el frente tampoco neutralizará o ganará sectores que si bien combaten la sojuzgación que ejerce sobre Colombia el imperialismo norteamericano, mantienen apreciaciones diferentes acerca de la situación internacional. La clase obrera es la más interesada en la creación del frente y los tres requisitos le convienen. De la feliz coronación del programa nacional y democrático dependen los cimientos de la futura sociedad socialista, por la que el proletariado propugna como meta posterior. La democracia organizativa y la dirección compartida tampoco lesionan a éste porque presuponen la autonomía ideológica y orgánica de su partido, que le permitirá velar por sus supremos intereses de clase y luchar eficazmente contra las desviaciones oportunistas. Finalmente, persistir en el no alineamiento del frente, significa una importante garantía de que la nación colombiana, una vez alcance la liberación de las garras del imperialismo norteamericano, no caerá en los colmillos de otro depredador extranjero. Y es sabido que preservar la cabal independencia y la soberanía total es también una premisa básica para la construcción del socialismo.

Ahora hagámonos las reflexiones a la inversa. ¿Será viable la unidad de las clases antiimperialistas con un programa que únicamente contemple las peticiones socialistas del proletariado? ¿Podremos agrupar a fuerzas disímiles en una alianza en la cual las determinaciones las toma omnímodamente un solo partido, haciendo caso omiso de las opiniones del resto? ¿Crecerá el frente patriótico con todas las fuerzas susceptibles de hacerlo si éste llama a ubicarse en determinado bloque de Estados? Que respondan a estos interrogantes cuantos se preocupan por el porvenir de la revolución colombiana, incluidos quienes se rasgan las vestiduras ante el giro tomado por el dinámico proceso y sin aportar nada distinto de su angustia subjetiva. Estos son problemas concretos, reales, de actualidad, que no han sido caprichosamente inventados por nadie y a los cuales habremos de darle una solución correcta. A las preguntas anteriores el MOIR contestó con un NO rotundo y diáfano, y no solo de palabra sino de obra.

Cuando en 1973 empezamos a discutir la alianza que terminó en la configuración de la UNO, nosotros recomendamos, defendimos y sacamos adelante un programa nacional y democrático, ante la sugerencia de reformas de cinco puntos presentada por el Partido Comunista. Al surgir en 1974, después de la victoria electoral de López Michelsen, ilusiones en torno a que el “mandato claro” podría llevar a efecto parte de la plataforma de la UNO, combatimos tales desviaciones y recalcamos el carácter estratégico y revolucionario de nuestros objetivos programáticos. Luego, en las deliberaciones que precedieron a la fundación del Frente por la Unidad del pueblo, coincidimos con nuestros aliados en la necesidad del programa democrático de liberación nacional, sustancialmente idéntico a la plataforma unitaria de 1973. De esa manera el MOIR ha venido haciendo claridad sobre la herramienta unitaria que simboliza el programa, si éste contempla las aspiraciones fundamentales de las clases y capas antiimperialistas, democráticas y revolucionarias.

Cuando dentro de la UNO afloró la “política suelta” de los hechos cumplidos, así como la práctica de infiltrar las organizaciones aliadas, hicimos énfasis en la convivencia vital de respetar las normas democráticas de funcionamiento del frente, las que previamente habíamos debatido y aprobado por unanimidad. Al respecto hubo diferencias notables con el Partido Comunista, en la interpretación y en el comportamiento. Después, profundizando tales enseñanzas de la lucha, el MOIR ha propuesto la democracia organizativa y la dirección compartida, como unas de las condiciones principales para la constitución y consolidación de la unidad de las diversas fuerzas revolucionarias. El frente por la Unidad del Pueblo aclamó sin excepción alguna los principios organizativos democráticos de relación y funcionamiento.

Cuando el Partido Comunista en el segundo semestre de 1975 se presentó públicamente con la proposición de que la gran alianza de la oposición debía matricularse en la política internacional de la Unión Soviética, mediante el expediente de apoyar a Cuba y su gobierno, denunciamos que aquello era un pretexto para impedir el más amplio frente de lucha contra el régimen proimperialista, no obstante decirse lo contrario. Recordamos que la UNO jamás se alineó internacionalmente, mientras fue una unión de organizaciones distintas y autónomas. Rechazamos la gratuita y falsa acusación de que el MOIR pretendía un frente para enfilarlo contra la revolución cubana, e insistimos en nuestra posición de unidad contra los enemigos principales de Colombia, el imperialismo norteamericano y sus lacayos, la gran burguesía y los grandes terratenientes, y de respaldo a todos los pueblos que luchan por su emancipación, la democracia y el socialismo, sin exigir a los aliados que se alineen en determinado sentido dentro del campo internacional, tal y como lo resolvió la plataforma de la UNO, salida de la Convención del 22 de septiembre de 1973. Manifestamos así mismo que aun cuando estamos profundamente convencidos de que nuestro criterio sobre la situación mundial es justo, no hemos pretendido que lo adoptaran en todos y cada uno de sus aspectos los demás copartícipes de la unidad, y sólo reclamábamos la no alineación como transacción positiva, única que no era realmente excluyente. El Partido Comunista se ranchó con sectarismo en su pretexto divisionista y esta es la hora en que a través del anzuelo del apoyo a Cuba, les ofrece a los oprimidos y explotados de Colombia la viscosa perspectiva de adherir a la política de la Unión Soviética, si quieren engrosar la unión de la oposición. De otra parte, el Frente por la Unidad del Pueblo, al margen de que entre sus componentes subsistan concepciones dispares alrededor de los temas internacionales, aceptó concordantemente, cual solución unitaria, el no alineamiento.

Estuvimos en todo momento dispuestos a discutir y encontrar una salida salvadora que evitara la conformación de dos o tres frentes. La izquierda de ANAPO, representada por José Jaramillo Giraldo y Jaime Piedrahita Cardona, que demarcó mojones con la dirección derechista de la casa Rojas y que se había declarado abanderada de la unidad revolucionaria, del programa nacional y democrático, de la democracia organizativa y del no alineamiento, medió pacientemente y por largo tiempo en busca del entendimiento entre las nuevas y viejas agrupaciones políticas ajenas a la confabulación gobernante del bipartidismo tradicional. A pesar de que esta fracción determinante corrigió el rumbo equivocado de ANAPO, abrió sus brazos a todos los revolucionarios y se prestó como lugar neutral para los acercamientos preliminares, el Partido Comunista desdeñoso, soberbio y envanecido como siempre, siguió clavado en su rincón, volteándole la espalda a cuanto llamamiento fraterno se le hizo. En un derroche de viveza, cada día aumentaba una flor en su copioso ramillete de precandidaturas presidenciales, sin descartar la de María Eugenia Roja de Moreno Díaz, con lo que se mofaba de los esfuerzos revolucionarios de la izquierda anapista. Pero acabó enredado en sus propias espuelas. Después de ofrecer a sus adherentes platos suculentos como García Márquez o Luis Carlos Pérez, le salió al final con un munúsculo improvisado y sustraído, a la bandida, del grupo amigo que le había tendido la mano generosamente. La dialéctica de los hechos obligó al Partido Comunista a reconocer en la práctica que lo más indicado era una candidatura surgida del ala progresista y mayoritaria de la ANAPO, como lo visualizó el MOIR. Sin embargo, no acogió el nombre proclamado por dos sucesivos congresos anapistas, sino que sonsacó a Julio Cesar Pernía, el líder cucuteño que había refrendado varias veces con su voto la postulación de Jaime Piedrahita Cardona y había participado en la mesa directiva del Foro del 18 de febrero, aprobatorio del programa y de las normas de funcionamiento del Frente por la Unidad del Pueblo. En una palabra, ante el fracaso de su línea sectaria, el Partido Comunista, en lugar de decidirse por la unidad, jugó desesperadamente en última instancia, la carta de romper a la ANAPO y de aliarse sólo con quienes se dejen poner la jáquima.

Como se ve, el fenómeno de que la izquierda no haya podido marchar unificada a la brega electoral no es fruto del acaso, ni la responsabilidad de la desunión ha de repartirse a prorrata en tantas porciones como movimientos existen. Hay una política de unidad sostenida por la ANAPO, el MOIR, el MAC y los CDPR, cuyas leyes particulares están supeditadas a la situación de Colombia y del mundo, que cuentan con sinceros partidarios entre los sectores más avanzados, de la misma forma que sobreviven agoreros de la división del pueblo, cuyos negros presagios las masas irán desenmascarando progresivamente. Los revolucionarios se hallan obligados a conocer los principios de la política unitaria y a pronunciarse valerosamente sobre ellos, con el objeto de cerrar el paso a los divisionistas. De lo contrario sus preocupaciones por la dispersión reinante en la izquierda, no pasarán de ser hipócritas lamentos que a nadie conmueven ni interesan. El triunfo de la revolución colombiana habrá que agradecerlo a los esclarecidos propugnadores de los principios unitarios.

MIL DESTECHADOS INVADEN EN SINCELEJO

Más de un centenar de familias pobres invadieron el pasado 3 de mayo extensos predios urbanos de Sincelejo. Aunque en las primeras horas los participantes fueron pocos, la noticia se regó como pólvora y al finalizar el día la ocupación había adquirido impresionantes proporciones. Los destechados inmediatamente comenzaron a construir precarias viviendas con la determinación firme de apropiarse la tierra.

En la madrugada del 9, la fuerza pública desalojó a los compañeros a punta de culata y bolillo y en un despliegue de salvajismo incendio sus ranchos y decomisó sus escasas pertenencias. Más de 400 fueron los detenidos entre hombres y mujeres, sin contar a los niños. Los dirigentes fueron llevados a los calabozos del F-2 y el resto quedó arrestado en el coliseo deportivo.

Los invasores fueron puestos en libertad a los pocos días y actualmente se preparan para proseguir la lucha.

LA ANAPO CONDENA OPORTUNISMO DEL PARTIDO COMUNISTA

Bogotá, agosto 1 de 1977

El Comité Ejecutivo Nacional de ANAPO, frente a declaraciones de prensa en las que se anuncia que en el Congreso Convocado por el Partido Comunista para el 6 y el 7 de agosto de 1977 se lanzará la candidatura presidencial del señor Julio Cesar Pernia, como candidato propuesto por ANAPO,

DECLARA:

ANAPO ha sido consciente, defensora e impulsora del proceso unitario del pueblo. Tanto es así, que no vacilamos un instante en librar una aguda lucha contra la dirección que encabezaban los Moreno Díaz, quienes precisamente se oponían al entendimiento necesario del Partido con la izquierda revolucionaria para, en cambio, propender hacia una alianza con el partido Conservador en torno a la candidatura de Belisario Betancur.

Rotos nuestros vínculos con la dirección anterior y conformada la Comisión Coordinadora Nacional, nos dedicamos a impulsar una doble tarea, cuya urgencia era inocultable: la reconstrucción de la ANAPO que se encontraba dispersa y sumida en total desconcierto y la promisión del acercamiento de todos los partidos de la izquierda tendiente a la formación de un solo FRENTE REVOLUCIONARIO en nuestra patria.

Fue así como con fecha del 7 de octubre de 1976, invitamos mediante comunicación oficial a todas las fuerzas de la Oposición Revolucionaria a la realización de un Foro el 18 de febrero de 1977 con el siguiente temario: “Discusión de un programa mínimo, el establecimiento de reglas de juego que ofrezcan garantías a todos los sectores, coordinar la lucha contra el gobierno y la discusión del procedimiento para escoger el candidato presidencial del Frente Revolucionario en las elecciones de 1978”.

El 11 de diciembre de 1976 se realizó el IV Congreso Nacional de ANAPO, tomándose las siguientes decisiones:

1. Convocatoria del I FORO DE LA OPOSICIÓN POPULAR Y REVOLUCIONARIA para el 18 de febrero de 1977 con el temario arriba anunciado.

2. Elección de las directivas nacionales del Partido y nombramiento de José Jaramillo Giraldo como Director Nacional de ANAPO.

3. Escogencia de Jaime Piedrahita Cardona como candidato presidencial de Alianza Nacional Popular, nombre que ANAPO sometería a consideración de las fuerzas revolucionarias del país. Esta decisión fue tomada por unanimidad.

Todas las determinaciones anteriores fueron suscritas y aprobadas por el señor Julio César Pernía.

Al iniciarse el presente año de 1977, retomamos el curso de las conversaciones tendientes a la celebración del Primer Foro de la Oposición Popular y Revolucionaria, El MOIR, el MAC, los Comités Democráticos Populares y Revolucionarios y otros sectores y personalidades democráticas aceptaron nuestra convocatoria.

El Partido Comunista respondió exigiendo la exclusión del MOIR del proceso unitario e inició conversaciones con el sector reaccionario de ANAPO de María Eugenia Rojas.

El Primer Foro del 18 de febrero se realizó con notable éxito. Allí aprobamos: la constitución de la Comisión Permanente por la Unidad del pueblo integrada por la ANAPO, el MOIR, el MAC y los Comités Democráticos Populares y Revolucionarios; el Programa Antiimperialista y Democrático: las normas de organización; la Declaración Política contra el gobierno opresor de López y la convocatoria del II Foro para el 27 de mayo.

Este evento se realizó igualmente con la presencia de Julio César Pernía, quien lo presidió y respaldó todas sus determinaciones.

Posteriormente, en un comunicado con fecha del 16 de marzo de 1977, titulado “Anapistas de Colombia”, anunciábamos la citación para el 23 de abril del Congreso Extraordinario de Reunificación de ANAPO con ANAPO Socialista. Documento suscrito por la Dirección Nacional del Partido con las firmas del mismo Pernía y de Carlos Toledo Plata. Decíamos: “Allí ratificaremos la dirección máxima de ANAPO en el pueblo y en su más querido líder, José Jaramillo Giraldo. Levantaremos el nombre de Jaime Piedrahita Cardona, candidato presidencial de ANAPO, como abanderado de la lealtad al caudillo y portaestandarte de la unidad de la oposición y de la revolución”.

En el Congreso Extraordinario se ratificaron, además, los acuerdos que nuestro Partido firmó en el I Foro del 18 de febrero.

ANAPO realizó nuevos esfuerzos tendientes a construir un solo frente de oposición en Colombia. Fue así como solicitamos una reunión de los Comités Ejecutivos de la ANAPO, el MOIR y el Partido Comunista, para tratar conjuntamente los asuntos relacionados con la UNIDAD de la izquierda. Mientras recibíamos para esta iniciativa la respuesta positiva del MOIR, el Partido Comunista comunicó su rechazo a esta propuesta.

Contrario a nuestra invitación para la formación de un Frente Revolucionario en Colombia, el Partido Comunista inició una política de propiciar la división de la ANAPO a través de acuerdos regionales de carácter exclusivamente electoral. Intentaban así halagar los apetitos electorales de algunos de nuestros afiliados.

En estas condiciones y con las fuerzas políticas que atendieron nuestro llamado, se realizó el II Foro el 15 de julio, en el cual se acogió la propuesta de ANAPO al apoyar la candidatura presidencial de Jaime Piedrahita Cardona y constituir el Frente por la Unidad del Pueblo.

Así pues, Jaime Piedrahita Cardona ha sido el único candidato de la Alianza Nacional Popular, proclamado el 11 de diciembre de 1976 en el IV Congreso, ratificado el 23 de abril de 1977 en el Congreso Extraordinario de Reunificación Anapista y aceptado el 15 de julio como candidato del Frente por la Unidad del Pueblo. Cualquiera otra candidatura presidencial supuestamente anapista, como la que se intenta montar con el señor Julio César Pernía, es una maniobra divisionista y no pasa de ser la candidatura del Partido Comunista.

El Comité Ejecutivo Nacional de ANAPO llama a toda la militancia a rechazar la división que desde afuera se nos pretende introducir, y cerrar filas en torno a su Director Nacional, compañero José Jaramillo Giraldo, y el candidato presidencial del Frente por la Unidad del pueblo, Jaime Piedrahita Cardona.

Por encima de estas mezquindades, ANAPO y el Frente por la Unidad del Pueblo seguirán adelante, llamando a la unidad de las fuerzas revolucionarias para eliminar la opresión del imperialismo norteamericano sobre Colombia y derrocar la oligarquía, construir una Colombia soberana, democrática y prospera en marcha al socialismo.

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE ANAPO
JOSÉ JARAMILLO GIRALDO
Director nacional

DE NUEVO PARO CÍVICO EN CANTAGALLO

Por segunda vez en dos meses, el corregimiento de Cantagallo, a orillas del río Magdalena y perteneciente al municipio de San Pablo, Bolívar, se lanzó al paro cívico. El movimiento, decretado a partir del 27 de julio con carácter indefinido, fue promovido para exigir cumplimiento de compromisos adquiridos durante luchas anteriores.

La región, que produce centenares de millones de pesos al año en petróleo, se encuentra en una situación de miseria y abandono intolerables a causa de la “política de todos los gobiernos para como los sectores populares”, según señala la convocatoria emitida por el Comité Cívico. Aunque ya se encuentran instalados los postes y los cables de la luz, lo mismo que la planta eléctrica, las autoridades se han negado sistemáticamente a ponerla en funcionamiento. Por otra parte Ecopetrol rehusa indemnizar a los propietarios de las humildes viviendas que se han agrietado y averiado al transportar por entre el caserío la pesada maquinaria que la empresa utiliza diariamente en sus labores en una isla vecina. Por estas razones, los mil quinientos pescadores y campesinos pobres, respaldados por la USO, han decidido seguir el ejemplo de “poblaciones enteras que como Florencia, Mompos y Pueblo Rico, se han visto obligadas a lanzarse al combate ante el atropello y la burla de la oligarquía liberal-conservadora”.

ANAPISTAS DEL VALLE DEFIENDEN UNIDAD REVOLUCIONARIA

Numerosas organizaciones anapistas del departamento del Valle del Cauca emitieron el mes pasado una resolución en la que condenan enérgicamente la adhesión del sector que dirige María Eugenia Rojas a la candidatura proimperialista de Belisario Betancur, al tiempo que formulan su determinación de trabajar por la unidad de las fuerzas revolucionarias de Colombia.

La Juventud y el Comité Obrero anapista del Valle, el Comando Municipal de Cali, el Comité Femenino, los comandos de la zona 1, y el Comité Coordinador de Calí.

1. Que la situación política a nivel nacional exige la alianza de los grupos de oposición para derrotar al capitalismo y a su gobierno.

2. Que en estos momentos, los politiqueros de la reacción, infiltrados en nuestras filas con el fin de desorientar a los anapistas, exponen en una carta su adhesión al candidato de la reacción, Belisario Betancur.

3. Que tal actitud ha provocado reacciones de perplejidad y de indignación en las masas anapistas.

Resuelve:

1. Confirmar nuestro deseo de combatir aliados con los grupos de oposición revolucionaria.

2. Protestar y desautorizar las declaraciones que en nombre de ANAPO formuló el reaccionario señor Hernando Segura Perdomo, respaldando la candidatura oligárquica de Belisario Betancur, por cuanto es fiel servidor del capitalismo y agente incondicional del imperialismo norteamericano, y su gobierno afectaría los intereses de las clases populares.

3. Alertar a toda la militancia anapista sobre la actitud oportunista de adherir a candidatos de la caverna capitalista como Belisario, Lleras o Turbay, y reiterar nuestra decisión de continuar firmes con los postulados del General Rojas Pinilla, de propender revolucionariamente por un Estado Socialista.

Parágrafo: transcríbase la presente resolución a la Directora Nacional del Partido, María Eugenia Rojas de Moreno Díaz, al senador Hernando Segura Perdomo y publíquese por carteles.

FILANDIA DERROTÓ ALZAS DE TARIFAS

Cuarenta y ocho horas después de que empezaron a llegar las facturas del servicio de luz con un aumento del 250%, la población de Filandia, Quindío, se amotinó el pasado 12 de agosto, en indignado rechazo al atropello que la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CAR) intentaba cometer y llevó a cabo un exitoso paro cívico que contó con la participación de trabajadores, comerciantes, estudiantes y amas de casa.

Amenazantes, las autoridades conminaron en vano a la reapertura del comercio y cuando la fuerza pública enviada desde Armenia trató de romper el bloqueo de las vías, una iracunda manifestación congregada en la plaza principal cargó contra los uniformados. Luego de severos enfrentamientos y gracias a la firmeza del movimiento, el pueblo logró que la tropa fuera retirada y que una comisión de la CAR se desplazara hasta allí, ese mismo día, para negociar.

En una abigarrada asamblea presidida por el dirigente popular William Velásquez, los azorados funcionarios de la Corporación se vieron en la obligación de revisar las tarifas y no tuvieron más remedio que anular los recibos.

A CREAR COMITÉS DEL FRENTE, ORDENA DIRECCIÓN NACIONAL DEL FUP

Resolución
El Comité Nacional del Frente por la Unidad del Pueblo, reunido en la fecha y Considerando:

A. Que al FUP pueden ingresar todas las fuerzas políticas, religiosas, gremiales y personalidades que se comprometan a respaldar su Programa y a luchar por él y a someterse a sus Normas Democráticas de Organización.

B. Que hay que vencer la tendencia existente en los partidos del FUP a ocuparse en la campaña electoral únicamente de las tareas de agitación, propaganda y preparación de los actos, menospreciando las tareas de organización.

C. Que es necesario extender el FUP por todo el país y dotarlo de una estructura organizativa que, además de vincular los más amplios sectores de masas, permita tener una red de comités en barrios, corregimientos y veredas, como instrumentos indispensables para atender con eficacia las tareas revolucionarias.

Resuelve:
1. Organizar comités del Frente en barrios, corregimientos y veredas por todo el territorio nacional integrados por dos delegados por cada organización aliada y por personas que sin pertenecer a los partidos políticos del FUP respalden su programa y compartan sus objetivos.

2. Estos comités de base deben actuar aceptando la dirección de los comités superiores y conforme a la política nacional del Frente por la Unidad del Pueblo.

FRENTE POR LA UNIDAD DEL PUEBLO “ANAPO, MOIR, COMITES DEMOCRÁTICOS POPULARES Y REVOLUCIONARIOS MAC”.

LESIVA LA REFORMA DEL ICSS CRECE RECHAZO A NIVEL NACIONAL

Por obra y gracia de la reestructuración del ICSS, aprobada el 18 de julio, más de diez mil personas, a quienes el decreto 1651 llamó “funcionarios de seguridad social”, perdieron sus garantías de organización, estabilidad y contratación colectiva. Además, continúan despojados del derecho de huelga y verán desmejorados sus salarios. Trabajadores con sueldos de $2.500 y $3.500 antes vinculados por contrato de trabajo individual, deberán posesionarse en adelante por medio de acta y juramento solemne, según la recién desempacada reglamentación del gobierno.

El nuevo gigantismo
Con el pretexto del llamado “gigantismo del ICSS”, López Michelsen resolvió que ahora, en lugar de un organismo único encargado de dirigir y financiar la seguridad social, habrá nueve. Si antes los pensionados hacían una cola interminable para ser atendidos, ahora tendrán que hacer varias. El duplicado y el triplicado de los documentos pasarán indefinidamente de unas manos a otras, y los trabajadores enfermos no sabrán por último a quien acudir.

En resumidas cuentas, cinco entidades, entre juntas, superintendencias y consejos, atenderán lo que el gobierno denominó “prestaciones económicas” (invalidez, vejez, muerte, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales) y “prestaciones de salud” (enfermedad general y maternidad). Otras cuatro, los llamados Fondos, tendrán que ver con la financiación del ICSS.

El Estado no aportará
Las nuevas medidas lesionan gravemente la seguridad social. La administración de los aportes y el pago de los riesgos profesionales correrán a cargo de la Compañía de Seguros La Previsora S.A., cuyo principal accionista es la Caja Nacional de Previsión, pero ésta a su vez podrá contratar con aseguradoras privadas el cubrimiento parcial de aquellas obligaciones.

Se eliminó legalmente, porque ya en la práctica no existía, el compromiso que tenía el Estado de cotizarle al Instituto de Seguros Sociales. Serán los trabajadores quienes continuarán manteniéndolo. Y un alto porcentaje de los aportes irá, como hoy, a través del IFI y del BCH, a las arcas de las empresas imperialistas y de los monopolios financieros.

Habla Asmedas

Como lo señaló Eduardo Arévalo Burgos, presidente de Asmedas, la reforma ataca directamente el sistema de seguridad social, en perjuicio de más de un millón de trabajadores. Pero también menoscaba los derechos de los asalariados del ICSS. “Nos declararon empleados públicos, aunque nos llaman funcionarios de seguridad social. La contratación colectiva se redujo a la mera discusión de aumentos salariales, cuya aprobación dependerá del gobierno. ¿En qué se diferencia esto de los actuales memoriales respetuosos? Pesará sobre nosotros, además, un régimen de sanciones de tipo carcelario. De unos cien artículos que tiene el decreto 1651, 45 están dedicados a amontonar prohibiciones y sanciones, unas sobre otras”.

Las nuevas medidas no remedian, sino que agravan, la situación ruinosa del Instituto. En las actuales condiciones, sostuvo el dirigente sindical, “la descapitalización del ICSS será inevitable en seis años. Al término de ese lapso, presumimos que a la entidad le será imposible el pago de las pensiones de invalidez, vejez y muerte”. Arévalo Burgos concluyó: “Los nuevos decretos son claramente reaccionarios. Unificadamente, los sindicatos del ICSS echaremos mano a todos los recursos con el fin de derrotarlos”.

El Comité Intersindical
El Comité Intersindical, con la firma de Asmedas, Asdoas, Amda, Asomeva y ocho organizaciones más, repudió enérgicamente las reformas lopistas del ICSS. El pronunciamiento, del 7 de agosto, señala: 1º.). Rechazamos la categoría de funcionarios de seguridad social tal como ha sido decretada por el gobierno, por cuanto ella conculca derechos irrenunciables de los trabajadores, como el ejercicio pleno de organización sindical, expresión y contratación colectiva. 2º.) Los trabajadores de la salud somos conscientes de la necesidad de un mejoramiento de los Servicios Asistenciales para los usuarios del ICSS, aspecto éste que los Decretos mencionados no tocan en sus puntos centrales”.

Otras fuerzas sindicales
Exhortando a sus afiliados a “no dejarse modificar el contrato de trabajo”, el Sindicato Nacional del ICSS y los Sindicatos de Antioquia, Risaralda y Valle ratificaron el 2 de agosto su condena a los decretos que reestructuran los Seguros Sociales. El comunicado afirma en algunos de sus apartes: “Con sólo leer el decreto 1653 y compararlo con las actuales convenciones, se puede establecer el sinnúmero de prestaciones que fueron totalmente desconocidas”.

Al referirse a las normas que en la práctica clasifican a los trabajadores como empleados públicos, los sindicatos denuncian que “son un estatuto sólo adecuado para aplicarse en un régimen de dictadura”. El comunicado alerta por último a los trabajadores para la lucha que se avecina “en defensa de nuestros intereses burlados por el gobierno y abusivamente desconocidos”.

EL CANAL DE PANAMÁ: EL NUEVO TRATADO PROLONGA EL CONFLICTO

Uno de los temas más trajinados en los últimos días ha sido el del nuevo tratado del canal de Panamá. Bogotá sirvió de sede el 5 y 6 de agosto pasados a una reunión de los jefes de Estado de México, Costa Rica, Jamaica, Venezuela, Panamá y Colombia, promovida por el mandatario panameño, con el objeto de presionar a los Estados Unidos en las postrimerías de las largas discusiones tendientes a lograr un acuerdo sobre la cuestión canalera.

La declaración de los seis gobiernos, que toca varios asuntos como la “desnuclearización” de la América Latina, Belice, “nuevo orden económico internacional”, café y otros, celebra los “significativos procesos” en las conversaciones entre Panamá y Estados Unidos, “que aseguren la pronta culminación del Tratado que ponga término a un rezago colonial en América y satisfaga la legítima e inaplazable aspiración de Panamá y recobrar su soberanía sobre la totalidad de su territorio”. El pronunciamiento igualmente destaca “los esfuerzos que han distinguido al jefe de Gobierno de panamá, General Omar Torrijos, en las negociaciones, así como el espíritu que ha guiado la conducta del Presidente Carter en el manejo de las negociaciones sobre el canal y su oportuna comprensión de las relaciones que existen entre el término feliz de tales negociaciones y el fortalecimiento de la amistad y la cooperación en el Hemisferio”. Cabe agregar aquí que en los elogios al presidente de los Estados Unidos, el que más se distinguió, como era de esperarse, fue el señor López Michelsen, quien, con júbilo reverente, dijo de Carter que, “prolonga en el tiempo la tradición de los grandes presidentes progresistas y humanitaristas del linaje de Lincoln y de Roosevelt”.

El aplauso de la gran prensa oligárquica no se dejó esperar, porque, en medio de tan espinoso problema, en el cual toda la razón le asiste a la hermana república latinoamericana, consiguió reiterar su complacencia con los imperialistas norteamericanos, a la vez que recomponer en algo la imagen deteriorada del prócer del “mandato de hambre”. Uno que otro órgano de izquierda, sin beneficio de inventario, también alabó la habilidad del inquilino de San Carlos para promover la causa panameña. Recordemos, sin embargo, que nadie ha superado la tenaz insistencia de López en pedir la debida consideración por la seguridad de los Estados Unidos en Panamá, y prohijar la recomendación de que para defender el Canal el concurso estadinense resulta indispensable. En este aspecto de la defensa y la seguridad, hasta donde más ha llegado el presidente colombiano en su respaldo al país vecino, es en aceptar que los bandos en conflicto, o sea, los colonizadores y los colonizados, deben actuar conjuntamente.

Al comentar los recientes incidentes del litigio que preocupa hondamente a Latinoamérica y en general a las naciones del Tercer Mundo, hay que tener muy en cuenta que el imperialismo norteamericano se sentó a la mesa de discusiones empujado por la heroica lucha del pueblo panameño. Las masas combativas e insobornables del istmo vienen exigiendo desde hace mucho que termine totalmente y para siempre el enclave colonial, mantenido durante tres cuartos de siglo. Ningún planteamiento jurídico o político, ninguna interpretación amañada de las normas que regulan las relaciones entre los países, puede convalidar la bárbara permanencia de los Estados Unidos en Panamá, ni su dominio o condominio sobre la Zona del Canal, ni mucho menos su tan alegado derecho a la defensa. La plena soberanía corresponde al pueblo panameño. Es lo que éste ha rubricado con su sangre ante la faz mundial y lo que ha respaldado la solidaridad internacional dada por pueblos y naciones. Sólo los argumentos de la fuerza bruta esgrimidos por un Estado poderoso frente a una pequeña república explican históricamente que Panamá vea aplazada la más sagrada de sus reivindicaciones.

Las modificaciones principales
Tras los continuos brotes de insubordinación del pueblo de la nación hermana, que por nada se resigna a vivir bajo la planta del agresor extranjero, los imperialistas aceptaron desde 1964 hacerle una revisión global al oprobioso tratado de 1903. El nuevo convenio ya fue firmado por los dos gobiernos, según los cables de las agencias noticiosas que acaparan en buena medida la atención de la opinión internacional. Sobre él se han vertido los más variados y encontrados conceptos, no obstante desconocerse su texto completo. Cuanto sabemos al respecto se limita a las informaciones adelantadas tanto por los norteamericanos como por los panameños. Aunque las versiones no coinciden plenamente y habremos de esperar para emitir un juicio más certero, sí podemos dar por ciertos los siguientes arreglos principales: 1) Se reconoce formalmente la soberanía de Panamá sobre la Zona del Canal, pero la protección y manejo de la misma serán compartidos hasta el final del siglo XX. 2) Aun después de revertir la franja a manos panameñas, en el año 2000, los Estados Unidos seguirán reservándose el privilegio de su defensa ante cualquier eventualidad. 3) Queda abierta la posibilidad de mejorar y ampliar el actual Canal, o construir otro, de común acuerdo. 4) Los Estados Unidos reconocerán una especie de indemnización, aumentarán el monto de los pagos anuales y concederán créditos a Panamá, como parte del ajuste económico.

Ignóranse en detalle las condiciones y la proporción en que concurrirán los dos países mancomunadamente en la administración y seguridad del Canal.

Y aun cuando se aceptan por seguro que las bases militares norteamericanas bajarán de 14 a 3, los imperialistas mantendrán una presencia bélica y una injerencia administrativa decisorias durante 23 años. De todo lo anterior se deduce, de un lado, que desaparece la cláusula del control a perpetuidad de los Estados Unidos sobre la Zona, incierta en el viejo tratado, y del otro, que la influencia determinante del imperialismo norteamericano continua garantizándose por cerca de un cuarto de siglo, así como se consigna sin límites su atribución a inmiscuirse militarmente en Panamá después de dicho plazo. El nuevo compromiso a que se llegó difiere por un tiempo relativamente largo exigencias fundamentales del pueblo panameño y prolonga el conflicto de esta nación con los tiburones colonialistas. La contradicción, por tanto, prosigue, y seguramente en forma más aguda, ya que los anhelos libertarios de Panamá se han hecho cada vez más firmes y conscientes y los opresores extranjeros, a su turno, como lo indica la experiencia revolucionaria de la época, no aflojarán la presa voluntariamente. El propio General Torrijos ha reconocido que el nuevo tratado será para su país una “piedra en el zapato”.

Otra consideración que falta por hacer es la de que el convenio requiere aún para su vigencia la aprobación del Senado de los Estados Unidos y de un plebiscito popular en la república hermana. A pesar de que la lucha panameña goza de enorme simpatía entre el pueblo estadinense, los círculos imperialistas han montado una recia campaña, dirigida a intimidar a Latinoamérica y a propalar el falso criterio de que para Washington es un indescriptible sacrificio abandonar el tratado de 1903. Ello supone dificultades en cuanto a la ratificación, máxime cuando se necesita en la mencionada corporación una votación calificada de las dos terceras partes. El futuro inmediato traerá importantes acontecimientos que reflejarán el fondo del asunto. De una cosa si estamos convencidos: Panamá encontrará el camino de su independencia absoluta y sus gritos de combate repercutirán hasta en los más alejados rincones del planeta. Hagamos hoy un breve recuento de la historia del Canal, que configura una de las más infamantes agresiones en nuestro continente.

El Istmo, un bocado apetecido

Durante el siglo XVI, españoles, ingleses y portugueses vieron la conveniencia de acortar la comunicación entre el Océano Atlántico y el Pacifico a través de Panamá, en busca de rutas fáciles para el oro del Perú y las especias del Oriente. No obstante, los primeros estudios científicos del istmo solo fueron realizados a comienzos del siglo XIX por Humboldt. Y para 1850, la cuestión de una vía interoceánica se había convertido para los Estados Unidos en una obsesión, por la cual venían intrigando y buscando el momento oportuno para caer sobre la codiciada victima.

En 1846, los diplomáticos norteamericanos negociaron con la Nueva Granada, de la que formaba parte Panamá, un Tratado General de Amistad, Comercio y Navegación, llamado Mallarino-Bidlack. En él se estipulaban franquicias y privilegios para el gobierno y los ciudadanos estadinenses respecto al tránsito por el Istmo. A cambio, los Estados Unidos “protegerían” los derechos de soberanía y propiedad de la república latinoamericana sobre esa provincia. Al dar en custodia tales derechos, nuestro país no hacia otra cosa que cederlos. Mientras Panamá conformaba el mapa de Colombia, la infantería de marina yanqui efectuó 11 desembarcos, entre 1856 y 1903, con el pretexto de preservar neutral la vía entre los dos océanos.

En 1848, el gobierno colombiano firmó con un grupo de capitalistas norteamericanos el contrato para la construcción de un ferrocarril que uniera las dos costas panameñas. Su artículo 6º. Estipulaba que durante los 9 años de privilegio exclusivo otorgado a aquellos negociantes, las autoridades nacionales no podían hacer por sí otra línea férrea, ni abrir ningún canal marítimo, ni conceder a compañía alguna la facultad de establecerlos. En 1867 se convino un nuevo contrato que preceptuó que las indemnizaciones a que hubiere lugar por parte de la firma que emprendiera la apertura del canal interoceánico a través del Istmo, se repartirían entre la sociedad del ferrocarril y el gobierno de Colombia. Pero la Compañía Universal que inició la obra, burló esta disposición y no retribuyó en nada al país, debido a que se había hecho propietaria en 1861 de la empresa ferroviaria, y con ella del derecho de concesión.

Colateralmente, en 1901, mediante el Tratado Hay-Pauncefote, Inglaterra renunció a sus pretensiones sobre Centroamérica, y los Estados Unidos tuvieron de ese modo el camino libre para adelantar sus propósitos de construir el canal bajo su hegemonía.

Las vicisitudes del proyecto

La “Nueva Compañía del Canal de Panamá”, consorcio francés creado en 1894, se constituyó sobre la bancarrota de la “Compañía Universal del Canal Interoceánico”, y también francesa, que quebró después de haber excavado 60 millones de metros cúbicos de tierra y haber invertido 262 millones de dólares. La “Nueva Compañía” no buscaba construir el canal sino vender a Estados Unidos la concesión que había adquirido y que vencería en 1904. La compañía hizo, en 1901, el ofrecimiento de traspasar sus prerrogativas al gobierno norteamericano, a cambio de 40 millones de dólares.

El 28 de junio de 1902, el presidente Theodore Roosevelt quedó autorizado por el Senado de su país para comprar la concesión y obtener de Colombia, a un precio “adecuado”, una zona de 6 millas de ancho (más de 9 kilómetros) entre las ciudades de Panamá y Colón.

Los gobernantes colombianos tenían que dar su consentimiento para poder hacer efectivo el endoso de los derechos de la compañía francesa. Jhon Hay, secretario de Estado, adelantó las negociaciones. El documento que se puso a estudio del parlamento colombiano es el conocido Tratado Herrán – Hay, que entregaba invaluables privilegios a los Estados Unidos. Como el Congreso hiciera reparos, Roosevelt, agitando su “Gran Garrote”, vocifero: “Esas despreciables criaturillas de Bogotá deben comprender de que modo están comprometiendo su porvenir”. El 17 de marzo de 1903, el Senado norteamericano aprobó el tratado; el 12 de agosto, el Congreso colombiano lo rechazó.

El zarpazo imperialista
Tres meses después de la negativa al tratado Herrán-Hay, empezó la confabulación separatista yanqui del departamento de Panamá. El aventurero francés Phillipe Bunau-Varilla, uno de los principales accionistas de la “Nueva Compañía del Canal”, y el Departamento de Estado de Roosevelt armaron toda la tramoya. Estados Unidos suministró dinero y apoyo militar a la Junta Provisional fantoche de Panamá, y el 3 de noviembre de1903, Bunau –Varilla proclamó la “independencia” del Istmo. El día 6 a vuelta de correo, llegó el reconocimiento norteamericano. El negociante francés fue nombrado representante diplomático ante Washington. Faltaba menos de un año para que pasaran gratuitamente a Colombia todas las concesiones hechas a los constructores del Canal.

El 18 de noviembre se suscribió el tristemente célebre Tratado Hay-Bunau-Varilla o “Convención para la construcción de un Canal Navegable”. Las garantías de este pacto no tienen fronteras: se otorgaron a perpetuidad a los Estados Unidos “el uso, ocupación y control” de una zona de 16 kilómetros de ancho y otras tierras que pudieran ser necesarias para la construcción y conservación del Canal, además de las islas de la Bahía de Panamá; se cedieron todos los derechos, poder y autoridad en la zona, “los cuales poseerán y ejercitarán los Estados Unidos como si fuera soberanos del territorio… con entera exclusión de la República de Panamá”. Los norteamericanos mantendrían el orden público en las ciudades de Panamá y Colón y sus territorios y bahías adyacentes en caso de que, a su juicio, Panamá fuera incapaz de hacerlo.

Ratificado por la Junta de Gobierno títere de Panamá el 3 de diciembre de 1903, y por Estados Unidos en febrero del año siguiente, éste es el tratado cuyas afrentosas condiciones ha tenido que soportar el pueblo panameño durante los últimos 74 años. Desde entonces ha padecido la permanente violación de su soberanía por parte del imperialismo norteamericano, que dividió en dos el país con una faja colonial llamada “Zona del Canal”, en la cual los nacionales han sido extranjeros en su propia tierra.

El 15 de agosto de 1914 se inauguró el Canal. Costó 365 millones de dólares, sin contar los 10 millones pagados a Panamá como “compensación” y la compra de los derechos a la compañía francesa. La vía tiene una longitud de 82 kilómetros de costa a costa. La Zona del Canal ocupa una superficie de 1.657 kilómetros cuadrados, es decir el 2% de la superficie total de la República de Panamá. En la actualidad transitan por el Canal más de 15.000 buques al año. Los amos norteamericanos acantonan allí más de 10.000 soldados en 14 bases militares, avaluadas en 4.000 millones de dólares, y sostienen numerosos centros de entrenamiento contraguerrillero para toda América Latina. Las tropas yanquis superan en número las unidades de la Guardia Nacional panameña. En todo este tiempo los Estados Unidos han sacado del Canal ganancias más que excesivas a sus inversiones, al tiempo que han tratado de acallar la indignación del pueblo del Istmo con aumentos pírricos en las cuotas anuales de compensación.

Denodada resistencia a la agresión
La historia del Canal no se compone sólo de tratados y negociaciones. Los imperialistas han recurrido sistemáticamente a los marines y a los barcos de guerra para perpetuar su dominio. Panamá se separó de Colombia bajo el tutelaje de la armada norteamericana. El 3 de noviembre de 1903, el acorazado Nashville, repleto de soldados, bloqueó la acción del ejército colombiano.

Entre 1906 y 1920, los efectivos militares de la potencia del Norte estacionados en la Zona del Canal, invadieron en cuatro ocasiones el resto del territorio panameño para “supervisar” las elecciones nacionales.

Desde la fundación misma de la República este país de menos de dos millones de habitantes lucha infatigablemente contra la ocupación extranjera del suelo patrio. El 12 de octubre de 1925 los panameños se lanzaron a las calles de la capital para reclamar la abolición del Tratado de 1903, y en la Plaza de Santa Ana entregaron su vida decenas de patriotas ametrallados por la soldadesca agresora. En 1947 se repitieron las protestas, y en 1958 y 1959 gigantescas manifestaciones estremecieron el país de un extremo a otro.

El 9 de enero de 1964, en Ciudad de Panamá, estudiantes y trabajadores irrumpieron en las posesiones estadinenses e izaron la bandera nacional en pleno corazón del ominoso enclave colonial. El ejército norteamericano abrió fuego contra los manifestantes asesinando a varios de ellos. El pueblo enfurecido se tomó las calles y en violentos combates expresó su repudio a la opresión imperialista. Fueron tres días de sangre y muerte en que perecieron 21 panameños y más de 500 quedaron heridos.

Ferdin Jaen, caído en 1925, Sebastián Tapia, en 1947, y Asacanio Arosemena, en 1964, son sólo algunos de los valerosos luchadores por la independencia de su país, a los cuales rinde homenaje emocionado el pueblo hermano en todas sus batallas.

Panamá cuenta con el respaldo incondicional de los pueblos de América Latina y el mundo entero en sus justas reclamaciones. El pueblo colombiano y el MOIR han apoyado también al pueblo panameño y a su gobierno en la lucha por su emancipación completa, plena soberanía, cabal autodeterminación e integridad territorial, así como por la neutralidad y desmilitarización del Canal.

El nuevo Tratado
A raíz de los sangrientos hechos de 1964, los gobiernos de Estados Unidos y Panamá acordaron concertar un nuevo pacto que considerara las cláusulas lesivas del tratado Hay-Bunau-Varilla.

En 1973, luego de varias rupturas de las negociaciones y cuando aún no se habían logrado mínimos acuerdos, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunió en Panamá, y todos sus miembros, a excepción de los Estados Unidos, coincidieron en la urgencia de abrogar el convenio de 1903 y sus enmiendas; celebrar uno totalmente nuevo; respetar la soberanía panameña en todo su territorio; acabar con la Zona del Canal como área de jurisdicción norteamericana y restituírsela a Panamá, dejando a su arbitrio la exclusiva responsabilidad por el eficiente funcionamiento de la vía interoceánica.

Desde aquella reunión han transcurrido cuatro años. A principios de agosto, durante el encuentro de los seis mandatarios en Bogotá, se supo que la fórmula de ajuste estaba prácticamente lista. El articulado no ha sido dado todavía a la publicidad, como dijimos atrás, y las observaciones esbozadas en esta crónica solo se basan en los adelantos hechos por las fuentes panameñas y norteamericanas. Mientras tengamos la oportunidad de conocer el documento definitivo, que duró 13 años elaborándose, queremos reiterar lo que sostuvimos hace cerca de dos años: “Ni con el alegato de la protección de su seguridad, ni bajo ningún titulo legítimo, al imperialismo norteamericano le está permitido reclamar su intervención en Panamá o en cualquier otro país del globo. Únicamente en el código de la piratería internacional se registra ese inaudito derecho a trasladar tropas, levantar bases militares y mantener jurisdicción en tierras ajenas como lo hace el gobierno de Washington en los cinco continentes. Es la seguridad de Panamá la que ha estado permanentemente amenazada con la presencia del ejército norteamericano. El pueblo panameño lo que exige es soberanía plena en cada palmo de su geografía. El Canal se halla dentro de sus fronteras y al pueblo panameño y a su gobierno les corresponde por consiguiente su indiscutible control”.

INICUO ATROPELLO CONTRA EDILBERTO LAGOS

El 15 de julio, luego de dos meses y medio de encarcelamiento, quedó en libertad el dirigente regional del MOIR en Tunja, Edilberto Lagos.

El 30 de abril, los activistas y militantes de las diferentes organizaciones de izquierda, se encontraban desarrollando las tareas previas a la celebración del 1º. de Mayo unitario en la ciudad. A pesar de que poseían el permiso correspondiente, violentas turbas policiales atacaron el vehículo en que se movilizaban. El estudiante José Bacilio Ávila Navarro, militantes de la Juventud Comunista y el compañero Lagos, fueron detenidos y trasladados furtivamente a Bogotá, a cumplir 30 y 120 días de prisión respectivamente.

Cuando Edilberto Lagos había cumplido 65 días en la cárcel, el gobierno se vio precisado a dejarlo en libertad, ante la presión de obreros y estudiantes. El movimiento popular de la ciudad de Tunja demostró una vez más al régimen despótico y hambreador, que sólo se le arrancan conquistas por medio de la lucha unitaria y decidida de todos los sectores democráticos.