INVASIÓN EN EL DIFÍCIL (MAGDALENA)

Centenares de habitantes destechados de la cabecera municipal de Ariguaní (El Difícil) ocuparon tierras aledañas a la Escuela Comunal Mixta de esa localidad. Presionadas por su necesidad de abrigo y por el estado de abandono en que se hallaba la Escuela, descuidada al punto de haberse convertido en inaccesible para alumnos y maestros, y cansadas ya de tanto quejarse infructuosamente ante las autoridades, aproximadamente 200 familias resolvieron tomar acciones directas en sólida unión. La fuerza pública no se hizo esperar, e intervino violentamente arrestando a 60 pobladores, de los cuales trasladaron tres a la vecina población de Plato. Mas esto no redujo la voluntad de lucha de los invasores, quienes manifiestan repetidamente su decisión de defender su nuevo barrio, el «8 de diciembre», cueste lo que cueste.

PAROS ESCALONADOS DEL MAGISTERIO: MARZO 25, ABRIL 6 Y 7

Mas de 40 sindicatos nacionales y regionales pertenecientes a Fecode aprobaron la realización de asambleas permanentes durante los días 25 de marzo, 6 y 7 de abril y acordaron jornadas de protesta en las que 180.000 institutores saldrán a las calles para repudiar la reforma educativa lopista y defender el pliego único presentado desde el pasado año al gobierno. 130 delegados presentes en el 23º. Pleno de la federación, que concluyó el 13 de marzo, objetaron además el 7% de aumento salarial ofrecido por el Ministerio de Educación y se solidarizaron con las luchas que en la actualidad libran importantes sectores del proletariado colombiano.

Ninguna solución a los problemas del magisterio

Dijeron directivos de Fecode que “en las negociaciones del pliego se han gastado varios meses sin que el gobierno haya aportado ninguna solución. La situación económica de los maestros es grave. No existe departamento del país en el que estos no se sientan en carne propia las consecuencias del régimen continuista, pero tampoco hay lugar en el que no haya habido la justa respuesta. El panorama de las luchas es brillante”, concluyeron. En Nariño, un paro efectuado por más de 3.500 profesores obligó al gobierno, después de dos meses, el reintegro de cerca de 500 destituidos y al pago de los salarios atrasados. Miles de institutores del Atlántico realizan paros escalonados para enfrentar el despido de 250 compañeros, entre ellos un directivo de Fecode. Y en Risaralda, 800 profesores de secundaria, agrupados en Apror, exigen en asambleas permanentes el cumplimiento del acuerdo pactado desde el año pasado, que contempla a partir del 1º de enero un aumento salarial del 15%. Todas estas luchas concentran el ataque contra la reforma educativa lopista y la falsa nacionalización de la enseñanza.

La letra con sangre entra

Con el criterio de que no va a seguir financiándose la “subversión” desde las escuelas oficiales, el gobierno ha entrado a sangre contra los institutores, generalizando la persecución política. En alarde de inútil prepotencia, el F-2 allanó recientemente la sede de Ademacor en Córdoba, robando los archivos y detenido a 23 activistas, quienes fueron condenados con el 1533 apenas entre 25 y 30 días de arresto. Igualmente fueron encarcelados en Medellín el 9 de marzo seis miembros de Adida, en el curso de una manifestación en la que se exigía solución para los pliegos regionales presentados por el magisterio de primaria y secundaria, al tiempo que se apoyaba el pliego único nacional. La seccional de Córdoba de Aceinem protestó asimismo por el traslado discriminatorio de numerosos compañeros, confinados a regiones apartadas de Nariño en represalia por su participación en actividades sindicales. Son incontable los casos de persecución política. La seccional de Acpes del Valle del Cauca cumplió hasta hace pocos días persistentes paros escalonados, expresando su indignación por el despido de dirigentes sindicales, quienes hasta el momento aún no han sido reintegrados. “Un total de 1.000 educadores destituidos, 800 suspendidos y 2.000 trasladados, en un lapso de dos años, es un indicativo de la situación”, dice un comunicado reciente de Fecode.

Hasta dos meses se atrasan los salarios

Aunque el ministro de educación cacarea que “el movimiento de los maestros es político y persigue objetivos electorales”, un gran porcentaje de los paros llevados a cabo en el curso de los últimos meses se originaron en el atraso de los pagos. En tal sentido, dirigentes de Fecode sostuvieron que “muchas veces, los institutores de las escuelas rurales deben alimentarse tan sólo con esperanzas, porque sus salarios se retardan hasta dos meses”. Un recuento de los recientes combates librados así lo indica.

3.100 maestros pertenecientes a Asoinca del Cauca, cesaron actividades el 8 de marzo porque desde enero no recibían ni un centavo. El 11 de marzo lo hicieron los profesores del Instituto Técnico Industrial, el Liceo Femenino y el Colegio Pacelli de Manizales, reclamando la liquidación oportuna de los sueldos. Los siguieron al día siguiente los del Instituto Universitario e Instituto Chipre en la misma ciudad y los Colegios San Francisco de Chinchiná, bajo las orientaciones de Aprocal. La presa publicó el 15 de marzo que “por fin, después de mes y medio, será levantado el paro de profesores y trabajadores de la Universidad del Tolima, quienes reclamaban el pago de salarios correspondientes al mes de enero”. Dos días después, el Comité de Unidad del Magisterio del Valle, ordenó la realización de asambleas permanentes durante 24 horas, porque desde mediados del 1975 no percibían subsidio familiar. Cesaron actividades, a finales de febrero, igualmente por falta de cancelación de los salarios, los maestros de Corozal (Sucre), los del Instituto Técnico Santiago de Arma de Rionegro (Antioquia), los maestros de Barrancabermeja, los profesores del Inem de Manizales y los compañeros del Liceo nacional Alejandro Humboldt. El 11 de febrero lo hicieron 200 maestros de Puerto Tejada (Cauca).

Mientras el gobierno repleta las páginas de la gran prensa con declaraciones altisonante contra la “subversión” en las escuelas, cientos de miles de maestros, en alejadas e inhópitas zonas rurales y en las barriadas populares de las grandes ciudades, son sometidos al régimen de pan, agua y cárcel. Pero como en una gigantesca marcha de hogueras, sus luchas han convergido en un solo torrente luminoso que está sirviendo de guía para las futuras movilizaciones del proletariado colombiano.

SINDICATOS DEL ICSS DECRETAN PARO NACIONAL

El estatuto de personal o decreto 148, que clasifica a 20.000 trabajadores del ICSS como empleados públicos, constituyó la piedra de toque del enfrentamiento del Comité Intersindical de esa entidad con el gobierno nacional, el cual desembocará eventualmente en un paro de los 22 sindicatos que lo conforman. La clasificación hace parte de la Reforma Administrativa lopista, cuyo alcance cubrirá la totalidad de los asalariados del sector oficial. En virtud de ella, éstos perderán sus derechos convencionales. Las organizaciones sindicales serán igualmente eliminadas.

A la memoria de Lleras Restrepo

La Reforma administrativa data del gobierno de Lleras Restrepo. Los decretos que la configuraron, los 1848, 2400, 3130 y 3135, cobraron triste fama a raíz de la cerrada resistencia que les opuso el proletariado de los servicios públicos. López Michelsen, heredero de las peores lacras del Frente Nacional, ha tomado ahora el encargo sobre sus hombros. Más de 80 decretos dictados, golpean sin discriminación a los trabajadores del Estado.

La determinación adoptada por el Pleno del Comité Intersindical del ICSS, reunido el 19 de marzo, mide la temperatura de las luchas del sector estatal. Resulta indicativo que la decisión de ir al cesa de actividades haya sido tomada por unanimidad. Y el hecho de que el comunicado señale al gobierno como el único responsable de la situación es aún más ilustrativo del creciente aislamiento de López, que aunque subió al gobierno con tres millones de votos, ha encontrado el aguerrido rechazo de las masas.

EN EL BANCO GANADERO: NUEVAS EXPERIENCIAS EN LA LUCHA CONTRA LOS TRIBUNALES

El Banco Ganadero es un pulpo comprometido hasta el extremo con el imperialismo norteamericano y con las clases dominantes, en especial con los grandes terratenientes. Tiene enormes deudas con el BID y la AID, más de un favor le ha hecho a López Michelsen, a quien le prestó en 1974 un piso para la sede de su campaña electoral en la recién inaugurada Torre Administrativa. Con un enemigo de esta catadura se enfrentaron los 2.200 trabajadores durante el conflicto iniciado el 8 de enero, a un año exacto del combativo movimiento que en 1975 desenmascaró al mandato de hambre.

En esta oportunidad, la lucha fue de nuevo contra el gobierno, que colocó la demagógica barrera del 15 por ciento como “máximo aumento salarial”. Olger Forero, miembro de la comisión negociadora sindical y directivo de Aceb, denunció en primer término la actitud del banco, que manera de chantaje presentó un oneroso contrapliego. “Además, dijo el directivo, la empresa apeló en todo momento a la represión. Durante las negociaciones fueron encarcelados dos directivos e invadidas por la fuerza pública las oficinas del banco, donde querían practicar detenciones en masa. Pero los trabajadores respondieron a la altura de las circunstancias e impidieron el atropello”. Manifestó Forero que la movilización de las bases fue exitosa. “Se llevaron a cabo continuos paros escalonados, en apoyo a la posición de la comisión negociadora conjunta de Aceb y Uneb y en solidaridad con los compañeros del Popular y Central Hipotecario”.

Rompiendo la barrera del 15 por ciento

Una vez terminada la etapa de conciliación, los trabajadores rechazaron la convocatoria del tribunal de arbitramento y obligaron a la empresa a mantener negociaciones directas con el sindicato. Después de prolongados contactos, se firmó nueva convención colectiva el 17 de marzo. “De hecho”, afirmó Olger Forero, “rompimos la barrera impuesta por el gobierno, con aumentos que en la gran mayoría de los casos representan el 30º, a más de que derrotamos el contrapliego e impedimos la aplicación del tribunal“. Concluyó el dirigente que la nueva convención “constituye un paso adelante, porque permite además la cohesión de los trabajadores para futuras batallas contra los monopolios financieros y la demagógica política del gobierno”.

CREADO COMITÉ SINDICAL UNITARIO

El 18 de marzo se constituyó en Bogotá el Comité Nacional de Solidaridad, conformado por la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia –CSTC-, el Comité Intersindical Bancario –Cibán-. La Federación Colombiana de Educadores –Fecode-, La Federación de Trabajadores del Cemento y la Construcción -Fenaltraconcem-, la Federación de Trabajadores de Alimentos y Bebidas –Fervecerve-, la Federación de trabajadores del Metal –Fentrametal-, el Comité Intersindical de Trabajadores de Estado, la Asociación Colombiana de Trabajadores de TV –Acotv-, el Sindicato de Trabajadores del Agustín Codazzi y comisiones de los sindicatos en paro. Su objetivo es el de “unificar las fuerzas para prestar un apoyo más efectivo a los trabajadores que actualmente se encuentran en huelga y quienes posteriormente se lancen a la misma”.

La creación del Comité Nacional de Solidaridad, con la recomendación de que se multipliquen en todo el país los Comités de Solidaridad Departamentales, conllevará sin duda alguna al fortalecimiento de las luchas que libra el proletariado colombiano y es un respaldo explícito a los conflictos que se desarrollan en el Ingenio de Riopaila, el magisterio, los Bancos Popular y Central Hipotecario, Vanytex, Gaseosas Colombianas, Coltepunto, Grulla, Ingenio oriente, Confecciones Derby, Indurrajes, Ladrilleras Flam y Calzado Andino. Robustecerá además la decisión de ir al paro tomada por la Unión Sindical Obrera –USO– y el Comité Intersindical del ICSS.

El Comité Nacional de Solidaridad, en su primer comunicado, rechazó en forma enérgica los nuevos decretos represivos del gobierno de López y aprobó tareas de combate, entre ellas la de iniciar la preparación de un paro nacional de 24 horas.

ABANDONO ESTATAL DE LOS HOSPITALES PÚBLICOS

Médicos, estudiantes y pacientes denuncian al gobierno

Paros escalonados de 24, 48 y 72 horas, que se cumplieron desde el 10 de marzo, fueron llevados a cabo por la Asociación de Médicos Residentes e Internos del Hospital Universitario de San Juan de Dios (La Hortúa), el principal centro de asistencia del país, en repudio a la política del gobierno en materia de salud. Francisco Caminos, presidente de la Asociación, dijo a TRIBUNA ROJA que “nuestro cese de actividades viene a oficializar una paralización del hospital que es real desde tiempo atrás, pues la carencia de los implementos mínimos hace imposible la atención de los pacientes. Seguir trabajando en estas condiciones seria hacernos cómplices conscientes de la actitud criminal del Estado al abandonar económicamente al principal centro hospitalario y docente del país”. Denunció Caminos que el déficit del Hospital en 1975 fue de $ 37 millones y para este año la situación empeorará. “El gobierno prefiere seguir impulsando los hospitales privados y semiprivados, a los cuales ha dotado proporcionalmente con mayor presupuesto. Mientras centros como el Lorencita Villegas de Santos y San José éste último con sólo 100 camas asistenciales –recibieron un aumento de 4 por ciento el del Hospital San Juan de Dios que tiene 1.300 camas asistenciales”.

Faltan drogas y equipos

A su vez, el Dr. José Mora Rubio, director del Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, en carta de respuesta al director del hospital, Adolfo De Francisco Zea, afirmó: “En noviembre pasado se analizó la situación y en esa época pedía Ud. la limitación de los servicios de urgencia. Había una carencia casi total de los elementos más indispensables.
No había gasas, ropa quirúrgica, ropa de cama, guantes, yeso ortopédico, no se podía suministrar las drogas más elementales como antibióticos, analgésicos, etc. No había los elementos más necesarios en los laboratorios de diagnósticos o rayos X. Los pacientes se infectaban en forma sistemática después de la cirugía y no había como tratarlos por no existir nada para ello. Nunca ha habido un deterioro tan grande en la asistencia y docencia en toda la historia de la escuela de medicina y del hospital.

Se conoció además un comunicado de apoyo al paro con la firma de 800 paciente del hospital: “Vemos en los médicos y residentes buena voluntad, pero notamos la imposibilidad que tiene para atendernos bien. Por esta razón, estamos de acuerdo con los justos reclamos que los mueven a luchar para exigir solución a estos problemas urgentes”.

85 por ciento del pueblo marginado de asistencia social

800 estudiantes, 120 internos y 143 residentes, que prestan sus servicios en el Hospital San Juan de Dios, ven así limitadas sus posibilidades de solucionar los múltiples problemas de quienes acuden a ese centro. El reducido 15 por ciento de la población colombiana, con acceso a la deficiente salud pública, sufre en carne propia las consecuencias del abandono del gobierno.

OTRO SINDICATO SALE DE LA UTC

Triunfo de trabajadores del Banco de la República
La XXIV Asamblea Nacional de Delegados de la Asociación Nacional de Empleados del Banco de la República – Anebre–, reunida en Ibagué desde el 10 hasta el 14 de marzo, por 48 votos a favor que constituyen más de la 2/3 partes de los asistentes, y después de un agudo debate, se desgajó de la UTC “por considerarla traidora a los intereses de la clase trabajadora colombiana a través de toda su historia”. Este nuevo y severo golpe a las centrales patronales viene a añadirse a la reciente determinación tomada por el Sindicato Nacional de la Caja Agraria. Sólo 22 delegados se retiraron del recinto en el momento de la votación, después de haber tratado inútilmente por todos los medio de quebrar el quórum de la asamblea y realizar numerosos actos de sabotaje para impedir la valerosa decisión de las bases.

Unidad alrededor de Principios
El Banco de la República cuenta con 3.200 trabajadores y es la entidad reguladora de la emisión y el crédito estatales. La desafiliación de Anebre, que “pasa a engrosar las filas del sindicalismo independiente”, quedó plasmada en un documento, del cual reproducimos algunos apartes:

“4º. Declarar nuestra organización sindical independiente del tutelaje patronal. Luchar hasta alcanzar una verdadera unidad de los trabajadores y del gremio bancario en general, sobre bases tales como:

El ejercicio de una autentica democracia sindical.
El combate abierto y decidido contra las camarillas utecistas y cetecistas, hasta lograr su aislamiento de la clase obrera.

Denunciar y atacar a los más caracterizados enemigos de la clase obrera y del pueblo colombiano en general”.