RICARDO SAMPER EN EL PARLAMENTO: UNA TENAZ BATALLA AL RÉGIMEN

Al término de la victoriosa campaña electoral de 1974, los movimientos integrantes de la Unión Nacional de Oposición lograron, como uno de sus positivos resultados, la conquista de varias posiciones en las corporaciones públicas. El compañero Ricardo Samper, elegido entonces como representante a la Cámara, ha llevado la vocería del Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR) en el Parlamento.

El representante del MOIR ha denunciado y condenado los proyectos presentados y aprobados por la coalición liberal-conservadora en el Congreso. Atentados contra el pueblo y la nación colombianas como la ley de aparcería, la de endeudamiento externo, la de elevación de las dietas, la de reorganización de la Contraloría y muchas más, al mismo tiempo que multitud de atropellos oficiales contra el pueblo como el asesinato de obreros, estudiantes y campesinos, o como las determinaciones de la llamada “emergencia económica” y la declaratoria del Estado de Sitio, todos sin excepción, han sido combatidos implacablemente por el dirigente revolucionario. A la vez ha sido enfático en declarar a través de sus intervenciones que el pueblo no debe forjarse ninguna ilusión acerca de que en el “establo parlamentario” se vaya a resolver ninguno de los múltiples problemas que lo aquejan. Por el contrario, Samper ha demostrado cómo desde allí no se hace otra cosa que entregar la soberanía nacional, traficar con los dineros del país y elaborar todo tipo de medidas antipopulares.

El escaño en la Cámara ha sido utilizado por Ricardo Samper como una posición más desde donde se batalla contra el régimen, como una tribuna de agitación revolucionaria y de denuncia de las tropelías del gobierno lopista de hambre, demagogia y represión.

CATADURA REPRESIVA DEL GOBIERNO LOPISTA

El gobierno centro-izquierdista de López Michelsen inauguró este cuatrienio con una muestra clara de lo que sería su rumbo a lo largo del período: a los pocos días de posesionado el nuevo presidente, cayó asesinado por las balas oficiales en Cereté el estudiante Rosmiro Burgos, durante el desarrollo de un justo movimiento cívico en el departamento de Córdoba. Ante semejante crimen oficial Ricardo Samper elevó su más enérgica protesta, señalando claramente a los partidos liberales y conservador como responsables del asesinato, al igual que de toda la violencia que ha asolado al país desde hace muchos años, ya que através de instituciones como la paridad y la alternación han venido ejerciendo coaligadamente el poder del Estado. Y destacó: “Si el Frente Social de Pastrana Borrero en un período de 4 años dejó un saldo de 28 estudiantes vilmente asesinados en las calles, el “mandato claro” de López Michelsen, a los 13 días de iniciado su gobierno ya demostró su catadura antipopular y represiva en el cadáver de un estudiante de 17 años (…). Un gobierno que permite y auspicia esta clase de atropellos contra el pueblo sólo puede ser una estúpida democracia que esconde detrás de la jerga demagógica de López su verdadera esencia de dictadura reaccionaria, vendida a los intereses del imperialismo yanqui y llamada a ser borrada de la historia de Colombia mediante la lucha en ascenso de las masas”.

Quedaba así sentado que en este gobierno sólo existen libertades para la gran oligarqía, mientras que las aspiraciones y demandas populares son acalladas a sangre y fuego. Algunos meses después vendrían a confirmarse con creces aquellas palabras cuando el gobierno, ante la creciente ola de protesta popular, recurrió a la tradicional arma de sus antecesores, la declaratoria del Estado de Sitio. La UNO respondió en el Parlamento a esta nueva medida, enjuiciando al gobierno por los atropellos cometidos contra el pueblo en uso del artículo 121 de la Constitución. Además de las intevenciones del MAC y del Partido Comunista, el representante del MOIR condenó severamente la represión intensificada que se viene adelantando por las autoridades, y en la sesión de la Cámara del 21 de julio de 1975 dijo al respecto: “Nosotros, el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario, MOIR, y la Unión Nacional de Oposición, tuvimos oportunidad en la pasada legislatura de explicar la manera cómo los revolucionarios vemos la situación del país y dijimos, cómo esta coalición continuista, reaccionaria, al sevicio del imperialismo yanqui, que cuenta con el apoyo irrestricto de Ospina Pérez y de Alvaro Gómez Hurtado, era absolutamente incapaz de gobernar a Colombia sin acudir a la intimidación y a la represión utilizando el artículo 121”. Se trata, expresó, de ejercer una “guerra de intimidación política” por medio del Estado de Sitio como remate de la “guerra económica” que significó la utilización del artículo 122 de la Constitución, dirigida “contra las inmensas masas desesperadas que viendo frustradas todas sus aspiraciones se han lanzado a la defensa de sus derechos”.
ALZA DE DIETAS: TRUEQUE MERCENARIO

Al mismo tiempo que el Congreso acogía con beneplácito las primeras y más gravosas medidas del “mandato claro” contra los trabajadores y el resto del pueblo, promulgadas a finales del año pasado, y que desataron la mayor espiral alcista que haya conocido el país en los últimos tiempos, efectuaba un “trueque mercenario”, como lo señaló Samper en sesión de la Cámara del 3 de noviembre de 1974. Este trueque consistía en que los congresistas aprobaban leyes como la de aparcería, que tenía dificultades en el Congreso, a cambio de que López se abstuviera de objetar la ley que consagraba el alza de las dietas en $10.000 mensuales.

La oligarquía, añadió, al tiempo que eleva sus millonarias rentas con el patrocinio del Estado, niega las alzas salariales de los trabajadores argumentando dizque son inflacionarias.

Así son las cosas en el país. “Y los parlamentarios qué hacen?”, preguntó Samper en el mismo orden de ideas. Y respondió: “Salir en la forma más inmoral a resolver el problema. Lo que hacen es decir: como todo el mundo roba, cuadrémonos también!”.

Cuando en el Senado Hernando Echeverri Mejía e Iván López Botero, elegidos por la UNO, votaron afirmativamente el alza de dietas, el Comando Nacional desautorizó tal proceder. La respuesta insolente que dieron al llamado de la dirección nacional de la UNO motivó que el compañero Samper aludiera a dichos sucesos haciendo constar la posición del MOIR frente a los mismos. Desprovistos de todo sectarismo, dijo, estamos dispuestos a respaldar a toda aquella persona que en el país esté dispuesta a combatir a los enemigos del pueblo. Por eso, en base a una plataforma mínima de nueve puntos, participamos en la pasada campaña electoral al lado de Echeverri Mejía y López Botero. Cuando traicionaron los postulados que habían suscrito, la UNO obró en consecuencia. “Seguimos ideas, no caudillos”, indicó Samper, para concluir subrayando: “Y que quede perfectamente claro que la Unión Nacional de Oposición aprobó una enérgica censura a la actitud absolutamente indecorosa y contraria a nuestros postulados asumida por nuestros voceros en el Senado de la República.

En la misma forma, el Movimiento Aplio Colombiano, al cual pertenecen Echeverri y López Botero, ha expedido una declaración de enérgica censura a esa actitud. Y que se sepa que los auténticos revolucionarios de la Unión Nacional de Oposcición respondemos a los intereses de la totalidad del pueblo colombiano, así en la farsa electoral no hayamos obtenido más que 150.000 votos”.

EL ESTADO, CELESTINA DEL CAPITAL FINANCIERO

Dos solicitudes del Ejecutivo a las cámaras legislativas referentes a la deuda pública, encontraron la resuelta oposición del representante del MOIR. La una estaba relacionada con la autorización de un endeudamiento interno por la suma de mil millones de pesos a través de la emisión denominados “Bonos de Desarrollo Económico”, mientras que la otra se remitía a otorgar permiso al gobierno para un endeudamiento externo por una cuantía de mil millones de dólares. Cifras millonarias éstas que no representan cosa distinta a los escandalosos negociados que realiza el Estado colombiano, manipulado por el capital financiero imperialista y sus sirvientes nacionales.

Explicó cómo la emisión de títulos de deuda pública interna es uno de los mecanismos preferidos por la oligarquía para amasar fabulosas ganancias ya que, como en el caso de los bonos propuestos, se facilita por este medio la evasión tributaria pues están exentos del impuesto de renta; además, pagan altos intereses, de los tipos usuarios que se han generalizado en el país desde la creación de las UPAC, y que el Ministro de Hacienda denominaba como “competitivos”, y, en fin, entrañan el desbordamiento de la inflación, puesto que representan a la postre una emisión de dinero por el gobierno cuyas evidentes consecuencias son acrecentar las ganacias de los capitalistas a costa de los ingresos reales de los trabajadores. “Es decir, expresó Samper el 14 de noviembre del año pasado-, por un lado dicen que habrá mecanismos de control a la evasión tributaria y por el otro, el mismo gobierno, como celestina, abre la puerta para los que quieran ocultar capitales y devengar intereses usurarios sobre esos capitales”.

Con posteridad, el 14 de diciembre, tuvo oportunidad el dirigente revolucionario de combatir el proyecto de endeudamiento externo. Con estos términos, extractados de su amplia intervención, calificó la naturaleza de la “ayuda” imperialista: “Estos empréstitos, que se presentan al público con intereses comerciales, con plazos ficticios para que la opinión los tolere, se gastan fundamentalmente en financiar a precios muy altos las exportaciones norteamericanas. Lo mucho o poco que llega se adjudica por intermedio de contratos hechos por licitaciones, las cuales se conceden a través de comisiones ocultas que, desde luego, vienen a gravar por debajo el préstamo. Se establece así un sistema de corrupción que en el fondo no viene a ser más que el fruto de la “Alianza para el Progreso”, para el progreso del imperialismo yanqui y las empresas plutocráticas que se benefician de esos empréstitos”.

EL CONCORDATO COMPONENDA BIPARTIDISTA

El 12 de julio de 1973 el gobierno de Pastrana Borrero suscribió un nuevo concordato con la Santa Sede, el cual estaba para la ratificación del Congreso a finales del año pasado. A el se refirió el camarada Samper en el curso del debate promovido sobre el particular.

A lo largo de su discurso explicó cómo el Concordato era uno de los compromisos fundamentales de López Michelsen y el partido liberal con su socio conservador y la iglesia. Ya en el transcurso de la campaña electoral, cuando el congreso había iniciado la discusión pertinente y algunos liberales se mostraban reacios a la aprobación del convenio, López los reprendió y solicitó que accedieran a su pronta evacuación. Más adelante y ya elegido presidente, López aceptó, como para salvar las apariencias, que el nuevo Concordato sería revisado en el término de diez años a fin de llegar entonces a un arreglo más “satisfactorio” para Colombia. Este fue el último argumento farisaico empleado por Alfonso López con objeto de lograr el asentimiento de los parlamentarios. Aunque estaba lejos de querer un nuevo convenio más equitativo para el país, cual intentaba hacerlo creer, puesto que, como lo recordó Samper en su intervención, no hacía mucho había declarado López que en materias concordatorias “…me encuentro ma´s próximo de la doctrina conservadora que de la doctrina liberal”.

Más adelante la disertación de Samper se orientó a desbaratar las amenazas de las fuerzas reaccionarias de que Colombia se precipitaria a una lucha religiosa de violentas secuelas si no se aprobaba ese tratado, o aún más, si el país se desembarazaba de los vínculos concordatorios -como lo proponían algunos- y pasaba a regir sus relaciones con el Estado Vaticano por las normas internacionales que rigen en estos eventos y en un plano de igualdad y respeto por el manejo autónomo de las cuestiones de cada parte. Ateniéndose además al punto de vista revolucionario que considera que la religión es un asunto privado, del fuero interno de cada persona, en el cual el Estado no debe inmiscuírse, y que por ende debe propenderse por la más completa separación entre la iglesia y el Estado; y fundándose en el criterio de nuestro partido de respeto a las creencias del pueblo, describió Ricardo Samper la amenaza de lucha religiosa de la reacción como un intento de meter cuñas entre el pueblo para dividirlo y desviarlo de sus verdaderos intereses y metas, y una vana pretensión de acallar las corrientes y personalidades patrióticas que luchan por la independencia de Colombia.

Al señalar que al Vaticano por medio del tratado suscrito se le otorga el derecho de intervenir en varios asuntos de la vida nacional -como en la educación, en la administración de los Territorios Nacionales a través de un “régimen de misiones”, en el matrimonio, en la administración de justicia, etc.- destacó el parlamentario del MOIR que se trata de violaciones a la soberanía llevados a cabo por la oligarquía vendepatria. Las clases dominantes han llegado en este caso hasta el punto de violar su misma Constitución, en el afán de otorgar privilegios al Vaticano. En el mismo orden de ideas puso en claro el engaño que en labios de las clases dominantes encierra el principio de la “no intervención”, explicando como en la ONU la delegación colombiana había negado un voto de censura a la dictadura de Pinochet, amparándose cínicamente en el principio aludido. Y añadió: “Claro que es una burla afirmar el principio de no intervención en un momento en que se asiste a una Conferencia de Cancilleres para levantar las inoperantes sanciones a Cuba, a la gloriosa Cuba revolucionaria, dizque por intervención en América Latina, y no se dijo ni una sola palabra sobre la descarada y permanente intevención que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos ejerce en todos los países de América Latina. Qué moral es esa! Dónde está la soberanía de nuestros pueblos! Dónde está la coherencia de los principios! Dónde está el principio de la no intervención!”. En remate de lo dicho expresando la actitud del MOIR en relación al Concordato, dijo Samper: “Vamos a votar en contra de ese concordato porque somos coherentes con nuestra posición nacionalista y patriótica”.

EL ENGENDRO TERRATENIENTE DE LA LEY DE APARCERÍA

Inicialmente la Cámara de Representantes había rechazado en sesión del 11 de diciembre la ley de aparcería, pero luego la acogió a instancias del presidente López. De todas maneras aquella sesión brindó la oportunidad al compañero Samper de enfrentar a la coalición bipartidista en resonante debate.

“En nombre de la Unión Nacional de Oposición siento la más enérgica protesta ante el intento, que parece ya consumado, de aprobar este proyecto profundamente reaccionario…”, dijo ese día para iniciar su fogosa intervención. Pasó luego a evocar las mentirosas promesas que a los campesinos ha hecho la oligarquía en boca de cuanto mandatario ha pasado por el gobierno, cuando lo que realmente han recibido es la represión más brutal cada que han querido tomar la tierra. “Desde 1936 se ha venido hablando de reforma agraria”. indicó. Pero “a pesar de toda la demagogia que se hizo en aquel entonces, los campesinos no tuvieron la tierra con la ley 200 del 36. Se generaron problemas sociales, luchas campesinas de inmensa profundidad”. Más adelante agregó: “Desde el primer gobierno del Frente Nacional, se volvió a hablar de la necesidad de hacer una reforma agraria. Se dictó la ley 135 de 1961 y desde entonces todos los gobiernos, a través del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), a pesar de que han gastado muchos millones de pesos, no han proporcionado una pulgada de tierra a los campesinos”.

En consecuencia, los campesinos, sumidos en una miseria y opresión ya seculares, han tomado en sus manos la tarea de realizar una auténtica reforma agraria que les otorgue la tierra por la vía de arrebatarla a los terratenientes, invadiendo sus extensos fundos improductivos.

Ante esta situación, cuál ha sido la postura del señor López Michelsen?, preguntó el parlamentario revolucionario y pasó a responder, recordando cómo en la campaña electoral el candidato liberal había manifestado que lo importante no era la tierra para los campesinos sino que el capital se vinculara a ella, que no se debían hacer modificaciones a la reforma agraria oficial ya que de lo que se trataba era de comprobar la eficacia de las leyes vigentes y en ese sentido el gobierno mas bien debía procurar ofrecer adecuadas seguridades a los terratenientes para que continuaran su explotación sin sobresaltos. “Y ahora – increpó- solicita de urgencia la aprobación de este proyecto de ley de aparcería que reivindica las relaciones de servidumbre feudal en el campo, cerrando así un capítulo más de la incapacidad de esta oligarquía para resolver los problemas del campo”.

Hecho el anterior recuento, pasó el dirigente del MOIR a referirse a diversos aspectos de la ley, entre los que se destaca lo dispuesto en los artículos 28 y 29, en el sentido de evitar que las tierras puedan ser tocadas por el gobierno. “Pero esta ley tiene otra cosa más grave aún -dijo sobre el particular-, y es que con el simple hecho de conceder tierra en aparcería, quedan excluídos de la posibilidad de ser afectados por el INCORA los terratenientes que entreguen parcelas para cultivadores aparceros. Eso es lo que el ponente, Miguel Santamaría Dávila, expresidente de FEDEGAN, llama la mejor garantía que se da a los terratenientes con esta ley”. Y relató cómo se consagra, a la manera feudal, que el terrateniente deberá proporcionar en su latifundio una huerta al aparcero, destinada a mantenerlo atado a la tierra y en procura de disponer siempre de mano de obra a su servicio, pero bajo una pretendida intención de beneficio para el campesino y la economía nacional -como lo expuso Bertha Hernández de Ospina Pérez, ardorosa defensora del proyecto- porque dizque se promovería de ese modo la producción de “cultivos de pancoger”.

Para finalizar y luego de una extensa crítica de la ley, resaltó la imposibilidad de que pueda lograrse solución alguna para los problemas del campo en el marco del actual sistema, ya que sólo la revolución victoriosa, con la participación decisiva de los millones de campesinos necesitados de tierra podrá confiscársela a los terratenientes. “Nosotros predicamos la revolución agraria”, enfatizó Samper y puntualizó de esta manera: “Los campesinos comprenderán que no va a ser desde arriba, sino por su propia lucha que se desatará, a pesar de las amenazas conminatorias del Ministro de Gobierno contra las invasiones de tierras, el proceso sin el cual no habrá desarrollo en Colombia, que es acabar con toda la estructura latifundista arcaica del agro colombiano y abrir también así la puerta para el auténtico desarrollo industrial del país”.

ENJUICIAMIENTO DE LA CORRUPTELA OFICIAL

Desarrollar una vasta “campaña moralizadora” ha sido una de las fementidas divisas de la actual administración. El primer mandatario convocó en los primeros meses del año el Congreso a sesiones extraordinarias para someter a su consideración un proyecto bipartidista de reformas a la Contraloría. El 15 de abril, en el recinto de la Cámara el camarada Samper destapó el juego oficialista en los siguientes términos: con la reforma de la Contraloría “estamos viendo simplemente una rebatiña burocrática. Por encima de toda la sofistería… lo único que queda es la aspiración del oficialismo de cómo repartirse esta cuota de poder: unos 8.000 empleados, los auditores, los paniaguados de ustedes que se tienen que preparar para la mitaca, el equipito de agitadores que les haga mostrar su pequeño baluarte electoral a través de los funcionarios que puedan nombrar”. “Pero lo cierto -continuó- es que seguirá exactamente la misma corrupción. (…). Lo que se va a seguir dirimiendo es el problema de quién nombra, porque esta oligarquía parasitaria y burocrática simplemente tiene como recurso el de la repartición del presupuesto. Y la cuotica de poder de ustedes -enrostró a los parlamentarios de la coalición gobernante- es el presupuesto de la Contraloría”.

En septiembre ya, y cuando algún parlamentario quiso colocar a Laureano Gómez como ejemplo de honestidad y lucha contra la venalidad y descomposición públicas, Ricardo Samper lo interpeló para recordar el tétrico historial contra el pueblo de aquel jefe conervador quien fuera uno de los principales promotores de la violencia reaccionaria por muchos años. Ante la falta de razones para responder al representante del MOIR, algunos parlamentarios conservadores intentaron agredirlo alevosamente, motivo que lo llevó a dejar una enérgica constancia el 10 de septiembre en la que expresa: “No me extraña la actitud de los parlamentarios conservadores. Lo que hicieron contra mí, el intento de agredirme físicamente, lo vienen haciendo con miles y miles de compatriotas, campesinos y obreros colombianos en todas partes del país. Los gamonales conservadores, en la misma forma que los liberales, explotan y extorsionan a las masas, las reprimen y cuando así lo necesitan, recurren a peores métodos”. Mientras tanto, “seguiré llamando asesinos y criminales a los verdugos del pueblo. Seguiré combatiendo los cabecillas de la oligarquía y el imperialismo en Colombia al riesgo que sea preciso correr”.

ACCIÓN UNITARIA

CONSTANCIA

Los Suscritos Concejales representantes en el Cabildo de las fuerzas de Oposición e independientes de las Directivas Oficialistas consignamos por medio de la presente, los siguientes criterios:

1°.- La designación del señor Luis Prieto Ocampo como Alcalde Mayor de Bogotá, confirma una vez más el carácter del Gobierno actual presidido por el señor López Michelsen. El presente Gobierno representa como ninguno otro, los intereses del imperialismo, de la plutocracia y de las clases oligárquicas liberales y conservadoras.

2°.- Luis Prieto Ocampo es un reconocido agente en Colombia de los intereses extranjeros, del gran capital monopolista y de los grandes terratenientes e intenta enmascararse en un falso tecnicismo y apolicitismo, que no es sino el reflejo de su posición al servicio de los intereses antinacionales y antipopulares.

3°.- Siguiendo la línea trasada por anteriores administraciones de la cual no se escapa la última del doctor Palacio Rudas, este Gobierno continúa adelantando una política de empréstitos con los organismos prestamistas internacionales que hipotecan seriamente la soberanía nacional, comprometen los recursos públicos y encarecen y elevan el valor de las tarifas de los servicios.

4°.- Esta Administración continúa adelantando políticas claramente antipopulares tales como: el Plan Cerros, Las ciudades dentro de la Ciudad, la política sobre migraciones concretada en el Proyecto de Acuerdo sobre Perímetro Urbano y sanitario, cobro del gravámen de Valorización en perjuicio de los pequeños propietarios y en favor de los monopolios urbanizadores, elevación de las tarifas de servicios públicos, y cobros adicionales exhorbitantes para instalarlas. A todas estas medidas anunciamos nuestra beligerante oposición y nuestro concurso y respaldo a las masas, a su inconformismo y a los organismos que ellos han creado para derrotarlas.

5°.- Lucharemos dentro del presente período de sesiones, cuando se estudie el presupuesto de Bogotá, por los derechos de los trabajadores al servicio del Distrito, consignados en sus peticiones de estabilidad, más y mejores prestaciones, aumento de salarios y libertad de organización, movilización y huelga. Esta será nuestra invariable posición en contradicción con la que asumirán los voceros del oficialismo liberal y conservador, cualquiera que sea su matiz, que tratarán de distribuirse el presupuesto con criterio de rebatiña electoral y botín burocrático.

6°.- Elevamos nuestra más encendida voz de rechazo por la represión desatada por el Gobierno contra las fuerzas populares y democráticas y anunciamos que no estamos dispuestos a tolerar amenazas, al tiempo que sabremos defender nuestros derechos.

7°.- No obstante los diversos criterios con los cuales podemos mirar los signatarios de la presente constancia la participación electoral, anunciamos que a pesar de las normas discriminatorias que a nosotros se nos aplican, utilizaremos la próxima campaña electoral para desenmascarar al gobierno, a las fuerzas oligárquicas y pro-imperialistas gobernantes, a los oficialismos de los partidos tradicionales y a sus máximos dirigentes, reconocidos enemigos de los intereses populares y abanderados del atraso, de los monopolios y de los terratenientes.

8°.- Anunciamos que manteniendo cada movimiento y partido su independencia y autonomía para fijar sus propios y particulares criterios, haremos ingentes esfuerzos para adoptar posiciones coincidentes, tendientes a unificar el trabajo en este período de sesiones en el combate contra el régimen.
Bogotá, noviembre 3 de 1975

Por el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR), Carlos Bula Camacho

Por el Movimiento Amplio Colombiano (MAC), Margoth Uribe de Camargo

Por el Partido Comunista (PCC), Teófilo Forero y Mario Upegüi

Por el Movimiento Independiente Liberal, Jairo Bonilla y José María Martínez

EL VIAJE DE LÓPEZ A ESTADOS UNIDOS: «VINE, VÍ, VENDÍ»

La reciente visita de López Michelsen a Estados Unidos lejos de configurar las funciones de un jefe de Estado que atiende responsabilidades internacionales con autonomía, con brillo, con dignidad, pareció más bien el viaje del caporal a informar al patrón cómo anda el fundo y a solicitar instrucciones y autorización para las mejoras que sean menester. Y es que Colombia a pesar de tener himno, bandera y escudo y elegir a veces cada cuatro años un presidente, continúa siendo una enorme hacienda de propiedad de los monopolios estadinenses, como en los años de la separación de Panamá, cuando nuestra república ya era una colonia de nuevo tipo del imperialismo norteamericano. El carácter sumiso del gobierno colombiano ha quedado plenamente patentizado, no obstante los esfuerzos de las agencias noticiosas occidentales y de la gran prensa colombiana de presentar las gestiones del presidente López, en la metrópoli, cual originadas en una posición independiente y hasta contraria en algunos aspectos con la política demarcada por Gerald Ford.

Días antes de la reunión de los dos mandatarios, cables procedentes de Washington tendientes a preparar el terreno para la entrevista, comenzaron a propalar que «Colombia encarna hoy día la nueva actitud latinoamericana de creciente alejamiento de Estados Unidos»; que «Colombia por su prestigio internacional, es el país latinoamericano con mejores condiciones para formar un puente entre Estados Unidos y el Tercer Mundo», y que «Colombia es un país importante y puede desempeñar un papel decisivo como fuerza moderadora en América Latina»1 . Qué más desearía el señor Ford! Pintar con ribetes cuidadosamente improvisados de seudo-decoro nacional al obsequioso régimen colombiano, para luego designarlo como intermediario o «puente» de las relaciones entre los Estados Unidos y los países neocoloniales de Latinoamérica y hasta del Tercer Mundo.

Veamos qué pasó.

1. La cuestión del Canal de Panamá

Sobre los buenos oficios del señor López ante el gobierno norteamericano alrededor del conflicto del Canal de Panamá los comentaristas a sueldo hicieron especial énfasis, resaltando que el dirigente colombiano sería personero de los intereses del pueblo panameño, en nombre del resto de naciones del Hemisferio. Para el despliegue periodístico fue aprovechada la intempestiva aparición en Bogotá del general Torrijos, en vísperas de la salida de López y de su numerosa comitiva. Se promulgó que el gobernante panameño había nombrado a su colega colombiano como emisario de la causa del hermano país durante la gira de éste por Norteamérica. En torno a ello se especuló lo bastante para prefabricar notoria expectativa acerca de la misión internacionalista del procónsul del «mandato claro».

¿Cuál fue el desempeño del señor López con problema tan inquietante para Panamá y para el resto de las naciones latinoamericanas? ¿Qué planteamientos hizo? Sólo sabemos de sus opiniones públicas por versión recogida en la gran prensa y que son de conocimiento general, Con ellas basta para desentrañar los genuinos afectos en política exterior de nuestro caporal en trance de estadista de talla internacional. De lo que pregonó en público podemos deducir cuánto confesaría en privado. A la cuestión canalera se refirió por dos ocasiones. La una en su discurso del banquete de la Casa Blanca y la otra durante rueda de prensa en Washington. Del discurso extractamos al respecto lo que sigue: «Con la debida consideración por la seguridad de los Estados Unidos, es necesario encarar, con un criterio de las realidades de 1975, la modificación de las condiciones que tenían vigencia a comienzos del siglo, creadas bajo un tipo de relaciones internacionales hoy superado»2. Frente a los periodistas complementó la idea. Según el cable de la UPI, «López Michelsen sugirió, que en la tarea de defender al Canal, Estados Unidos debe actuar conjuntamente con Panamá, tratando a ese país como un aliado». Y comentó textualmente: «Nadie ignora que en un evento de tal magnitud, el concurso de Estados Unidos sería indispensable, gústenos o no. Y los panameños están al tanto de ello»3

Como se aprecia, el presidente López, en su representación de portaestandarte imprevisto de los intereses latinoamericanos, resultó terciando del lado de las prerrogativas arbitrarias de los imperialistas. Referente a los derechos de Panamá a ejercer la soberanía en todo su suelo patrio, se limitó a sugerir a su anfitrión que tuviera en cuenta «las realidades de 1975». Mientras con desfachatez pasmosa demandó «la debida consideración por la seguridad de los Estados Unidos» en Panamá, y planteó que el «concurso de los Estados Unidos» en la defensa del Canal «sería indispensable».

Ni con el alegato de la protección de su seguridad, ni bajo ningún título legítimo, al imperialismo norteamericano le está permitido reclamar su intervención en Panamá o en cualquier otro país del globo. Unicamente en el código de la piratería internacional se registra ese inaudito derecho a trasladar tropas, levantar bases militares y mantener jurisdicción en tierras ajenas como lo hace el gobierno de Washington en los cinco continentes. Es la seguridad de Panamá la que ha estado permanentemente amenazada con la presencia del ejército norteamericano. El pueblo panameño lo que exige es soberanía plena en cada palmo de su geografía. El Canal se halla dentro de sus fronteras y al pueblo panameño y a su gobierno les corresponde por consiguiente su indiscutible control. Además, Estados Unidos en tres cuartos de siglo de explotación de aquel, sacó ganancias más que excesivas a las inversiones de 1903.

Los pueblos latinoamericanos respaldan incondicionalmente las peticiones y batallas del pueblo panameño para ponerle punto final al enclave colonialista yanqui en su territorio y lograr disponer libremente del Canal y demás recursos naturales y económicos, sin la ingerencia de ningún poder extranjero. Esta contienda de proporciones gigantescas hace parte de la colosal lucha de los pueblos explotados y oprimidos del tercer mundo por anular y derrotar la intromisión y agresión que tanto el imperialismo norteamericano como el socialimperialismo soviético despliegan sin cesar, en la disputa descabellada por el dominio y reparto del mundo. La corriente histórica de los movimientos de liberación nacional de Asia, Africa y América Latina, fuerza principal de la revolución actual, terminará imponiéndose. Su incontenible desarrollo derrumbará las ambiciones colonialistas del imperialismo y del socialimperialismo y creará las condiciones para la implantación de un nuevo orden internacional, basado en el mutuo respeto y apoyo entre las naciones, en el que desaparezca la extorsión de unos países por otros, la dependencia económica y política y los peligros de la guerra mundial.

La cabeza visible del régimen antinacional y antipopular que sojuzga a Colombia, el presidente López, no pierde oportunidad para posar de demócrata y patriota, pretextando estar con las «realidades de 1975», aún en diligencias tan poco defensables como su viaje a los Estados Unidos. Sin embargo, una vez actúa o abre la boca, queda al descubierto su verdadera naturaleza. Nada más demostrativo de esto que sus ínfulas de amigo ferviente del pueblo panameño. No es patriótico, ni democrático, ni favorece a la causa del pueblo panameño prohijar la tesis norteamericana de que Estados Unidos debe velar por su seguridad en Panamá. No es patriótico porque la presencia de las bases militares estadinenses en el vecino país son una amenaza directa para Colombia. lmplícitamente se está admitiendo que así como el gobierno de los Estados Unidos goza del insólito privilegio de salvaguardar su seguridad nacional en Panamá, lo podría aplicar en cualquier región, en el Caribe, en Europa, en el Mediterráneo, en Asia, en el Medio Oriente, inclusive en Colombia. Tampoco es democrático porque las relaciones internacionales no pueden estar regidas por la ley de la selva, con arreglo a la cual el más fuerte devora al más débil y a éste se le prohibe hasta chistar. Estados Unidos parapetado en una supremacía de fuerza se atreve inescrupulosamente a sustentar la intervención militar en Panamá como medida de su seguridad nacional. Pero es a Panamá al que con toda la razón del mundo y en aras de su seguridad interna le asiste el absoluto e incontrovertible derecho a exigir el retiro de todos los soldados y autoridades norteamericanas de su territorio. Amigo sincero de Panamá sólo será quien respalde incondicionalmente las justas reivindicaciones y la heroica lucha del pueblo panameño por su independencia completa, plena soberanía, cabal autodeterminación e integridad territorial, de las cuales nunca ha disfrutado ya que desde su nacimiento como República el imperialismo norteamericano pisotea su nacionalidad, en el ávido propósito de manipular a sus anchas la puerta que comunica a los dos océanos.

El general Torrijos debió buscar otro emisario digno de mejor confianza.

2. El caso de los cayos Colombianos

El viaje del presidente López estuvo relacionado también con el asunto de Roncador, Quitasueño y Serrana. Expliquemos someramente.

Los cayos de Roncador, Quitasueño y Serrana se encuentran ubicados en aguas territoriales colombianas en el Mar de las Antillas, entre las 35 y 75 millas de distancia de las islas de San Andrés y Providencia. Al margen de los cuantiosos recursos naturales de su subsuelo marino, esta zona posee una flora y una fauna muy variada y rica. Razón más que suficiente para que Estados Unidos la haya apetecido durante cerca de cien años. Pero los cayos pertenecen a Colombia, lo cual se sustenta en una larga tradición y en documentos irrefragables que datan algunos de ellos de la época del régimen colonial español. Sin embargo, desde el siglo pasado los gobiernos norteamericanos se han valido de mil tretas y de su prepotencia armada para mantener la posesión arbitraria de los cayos y aprovechar su capacidad piscícola sin tasa ni medida. Después de múltiples intrigas el despojo se pretendió protocolizar mediante el «modus vivendi» Olaya-Herrera-Kellog de 1928, impuesto compulsivamente tras la complicidad de los vendepatrias colombianos, con el que se establecía el condominio de los cayos de los Estados Unidos y de Colombia, hasta tanto no se resolviera el «litigio». Durante la administración de Pastrana Borrero el gobierno norteamericano resolvió reconocer la propiedad colombiana sobre los cayos de Roncador, Quitasueño y Serrana, en un alarde de falso acatamiento a la soberanía y prerrogativas ajenas, pues se abrogó el abusivo usufructo tanto de la pesca como de la libre navegación por los mismos. Este curioso doble reconocimiento de los derechos de Colombia y Estados Unidos sobre un segmento del territorio y del mar territorial colombianos quedó consignado en el tratado Vásquez-Saccio de 1972. El gobierno de Pastrana jamás clarificó a satisfacción a la opinión pública el nuevo tratado. Ni el gobierno actual tampoco. Con el agravante de que el señor López Michelsen tuvo que ver con el asunto cuando desempeñó el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores en la presidencia de Lleras Restrepo.

El tratado Vásquez-Saccio se encuentra hace más de dos años a la aprobación del Congreso de los Estados Unidos pero éste no lo ha refrendado aún. Uno de los objetivos del viaje de López, conforme se precisó posteriormente, fue presionar la aprobación de dicho tratado en el parlamento norteamericano.

No se conocen las alegaciones que presentó el señor López a los congresistas norteamericanos sobre los cayos de Colombia febrilmente codiciados por la superpotencia del Norte. Contamos con algo mejor, el informe oficial de su gira de una semana que sometió al examen del Senado colombiano. En él argumentó el Presidente, refiriéndose a Roncador, Quitasueño y Serrana: «No obstante el escaso potencial económico, conocido hasta ahora, de los cayos, siempre he considerado que, para Colombia, obtener en forma inequívoca el reconocimiento de su soberanía, garantizando los derechos de pesca norteamericanos, constituye un paso decisivo dentro del propósito constante de alinderar nuestra jurisdicción territorial y marítima»4.

Las palabras citadas agotan por decirlo así el criterio presidencial sobre este tema de vital importancia para la nación. Algo hay oscuro y turbio en el problema que no fue despejado. Demandamos -según el señor López- el reconocimiento de la soberanía colombiana sobre los cayos, pero, y pongamos atención a este pero, «garantizando los derechos de pesca norteamericanos». Tal merced no ha sido lo suficientemente explicada. Simplemente es una frase que se menciona y se desliza entre otras como una más de las cuentas del rosario, sin parar mientes en ella, ¿Por qué tenemos que garantizar los derechos de pesca norteamericanos? ¿Como contraprestación a que Estados Unidos nos conceda el reconocimiento de la soberanía colombiana de los cayos? No hay respuesta para ninguna de estas inquietudes. La notificación recibida por el Congreso menciona a secas: «garantizando los derechos de pesca norteamericanos». A esto se le añade la declaración del subsecretario de Estado, William D. Rogers, quien ratificó hace poco que el mencionado tratado, además de contemplar los derechos de pesca de los Estados Unidos en los cayos, permite «el mantenimiento de ayuda de navegación norteamericana en los mismos»5.

Atando cabos y siguiendo el curso histórico de las violaciones estadinenses de la jurisdicción colombiana en esa porción del Caribe, la conclusión es obligada: por una parte Estados Unidos, después de un siglo de latrocinio, resuelve admitir formalmente que los cayos pertenecen a Colombia, y por la otra, mantiene realmente la franquicia para proseguir percibiendo los beneficios de su integral utilización. He ahí la radiografía del neocolonialismo, o colonialismo de nuevo tipo. En apariencia el acatamiento de las normas internacionales de derecho que rigen las relaciones entre los países y de hecho el saqueo, el atraco a mano armada, el soborno, la violabilidad y la transgresión sistemática de los principios de no intervención y no agresión. Todo indica que semejante cosa está sucediendo con Roncador, Quitasueño y Serrana. Colombia recibe una despreciable reparación en el papel, y en los cayos el imperialismo norteamericano continúa como Pedro por su casa.

Este problema tampoco está aislado de la lucha que libra el tercer mundo contra las fuerzas imperialistas y socialimperialistas. Las flotas pesqueras de Estados Unidos y de la Unión Soviética surcan los siete mares apropiándose de las riquezas ictiológicas de las naciones ribereñas. Los pueblos víctimas de esta sustracción atrabiliaria y conscientes de la necesidad de preservar principalmente ante las dos superpotencias los recursos de sus plataformas marina y submarina, emprendieron la descomunal batalla por la implantación de las 200 millas de mar territorial. Los países y pueblos del tercer mundo que terminaron por integrar un poderoso frente de lucha en las varias conferencias internacionales sobre los problemas marítimos, han propinado duros golpes a las superpotencias. A su vez, el imperialismo norteamericano y el socialimperialismo soviético se asociaron en esas conferencias, acaso como en ningún momento mejor, para oponerse rabiosamente a los proponentes de las 200 millas. La polarización del mundo en estas dos posiciones irreconciliables en lo concerniente a los derechos de las aguas oceánicas resulta apenas natural. Los países pequeños y subdesarrollados, dueños de una riqueza marina y submarina por la cual los pulpos internacionales se relamen, deciden aunar fuerzas entre sí para conseguir instaurar una disposición internacional que autorice a cada república ribereña extender de las 12 a las 200 millas la soberanía sobre su mar territorial y la haga efectiva. En la práctica varias naciones hacen valer actualmente esta conquista. Y viceversa, las dos superpotencias, que se encuentran dedicadas a producir y fortalecer flotas navieras de hondo calado, tanto para fines económicos como militares, pugnan porque se limite al máximo la soberanía marítima y así poder transitar sin mayores trabas en todos los océanos succionando las riquezas de las naciones pobres e intimidándolas.

En su viaje el señor López dio prueba de su sesgo complaciente con estos procederes vandálicos de las fuerzas imperialistas. Por eso tranquilamente habla de «alinderar nuestra jurisdicción territorial y marítima» y al mismo tiempo de garantizar la navegación y la pesca de los barcos norteamericanos en dicha jurisdicción.

3. El asunto del Tapón del Darién

La construcción del sector de la Carretera Panamericana que habrá de unir a Colombia con Panamá, tramo conocido corrientemente como el Tapón del Darién, fue también uno de los tantos negocios que el presidente López trató con el alto mando estadinense.

En más de una oportunidad los colombianos hemos oído comentar sobre este objetivo. Sabemos que consiste en una obra tremenda, un auténtico desafío a la ingeniería que habrá de abrirse paso en medio de la manigua más inhóspita, salvar ríos caudalosos, bordear montes, todo lo cual demanda además una cuantiosa inversión calculada hoy por hoy en cientos de millones de dólares. Las opiniones concuerdan en que la empresa bien vale la pena, no sólo porque complementa la Carretera Panamericana y vincula por tierra a los dos países, sino porque desembotella a una de las regiones colombianas más promisorias e intrínsecamente ricas y a la vez más pobres y abandonadas, como es el Chocó. Los campesinos de los dos lados de la frontera deberían ser los llamados a beneficiarse en primer término del prodigioso avance. Empero el imperialismo norteamericano, que no da puntada sin dedal y lleva décadas sustrayendo el oro, las maderas y la fauna del lugar a cargo de la miseria de la raza chocoana, ya ha hecho cálculos de los beneficios que le aportaría la apertura de la vía y ha ofrecido correr con una buena parte de las erogaciones. Se ignoran en qué consisten exactamente las condiciones financieras de la «ayuda» brindada por el gobierno de Washington, así como el resto de pormenores de un proyecto que contabiliza más de quince años ventilándose. Son secretos de Estado que los funcionarios lacayunos colombianos guardan con singular celo. A sus súbditos les comunican alambicadamente una que otra noticia fragmentaria. No hace mucho se conoció que Estados Unidos impediría la iniciación de los trabajos mientras el gobierno colombiano no pusiera en funcionamiento un plan de sanidad en los departamentos ganaderos que asegurara la extirpación del peligro de transmisión de fiebre aftosa. Hasta aquí en líneas generales la situación de este ambicioso plan, antes del viaje del Presidente y su selecto séquito. Ahora volvamos de nuevo la vista al informe oficial.

El señor López le comunicó al Parlamento que la carretera del Darién ya no valía 150 millones de dólares como en los tiempos de la visita de su antecesor Lleras Restrepo, sino 250 millones de dólares y que Colombia tendría que contribuir con una novena parte del total. El faltante mayor correspondería sufragarlo a los Estados Unidos, Panamá y las repúblicas centroamericanas. Y en cuanto a la exigencia de adelantar las campañas contra la aftosa para evitar su propagación, como medida previa a la hechura de la vía, se expresó concretamente López Michelsen: «Con ayuda norteamericana se vienen dando pasos enderezados a conjurar la posibilidad de tal contagio, atendiendo insinuaciones que se vienen poniendo en práctica por el ICA y el INDERENA, siendo revisado el proceso por las propias autoridades norteamericanas, periódicamente, con resultados satisfactorios»6.

Decíamos al principio de este artículo que Colombia parecía una hacienda del imperialismo norteamericano, cuyo administrador es el presidente de la República. Quienquiera que repare en el mensaje del señor López irá reafirmando esta creencia. Desprovisto de todo recato el mandatario colombiano comenta como la cosa más elemental y obvia la de que «las propias autoridades norteamericanas» vienen supervisando «periódicamente» determinadas actividades del ICA y del INDERENA, dos institutos encargados de la investigación agropecuaria y de la preservación de los recursos renovables, respectivamente. No de ahora sino de mucho rato atrás se tiene la certeza que tales establecimientos públicos son programados, mantenidos y accionados por las correspondientes secciones del engranaje colonialista estadinense. Como conclusión, aquellos organismos promovidos teóricamente para desarrollar y mejorar la agricultura y la ganadería del país y para proteger sus bosques y múltiples especies, muchas de ellas en camino de desaparecer, en lugar de cumplir con su cometido conforme a un riguroso criterio científico y de acuerdo a los intereses nacionales, actúan en consonancia con las conveniencias de los monopolios extranjeros, principales causantes del actual desbarajuste de la producción campesina, de la tala irracional de los depósitos naturales madereros, del cáncer progresivo de la erosión, de la sequía y contaminación de las hoyas hidrográficas, de la extinción implacable de valiosos animales únicos en su género. El Estado colombiano es indolente por completo ante este desastre devastador que lesiona en forma grave la economía patria y el bienestar del pueblo. Cual instrumento dócil del imperialismo norteamericano se preocupa más bien en anestesiar el cerebro de las gentes, de idiotizarlas y tornarlas insensibles como él frente a la intromisión extranjera y demás problemas de repercusión pública y social. Muy acentuada ha de ser la mentalidad colonial en la cúpula estatal, cuando el Presidente informa a la rama legislativa del Poder que las autoridades de una potencia extranjera revisan «periódicamente» funciones de dos establecimientos públicos, cual requisito previo a que esta potencia conceda la autorización para hacer una carretera, y el Parlamento acepte como algo común y corriente tamaña ingerencia en los asuntos internos, violatoria de la soberanía nacional, sin proferir una sola objeción ni hacer una sola pregunta.

En verdad son aberrantes los compromisos adquiridos por el gobierno colombiano en la última salida de su Presidente, por mas que éste los comente con soberano desparpajo.

4. El capítulo de los préstamos

No hay nada que entusiasme más a la gran burguesía y los grandes terratenientes, las clases colombianas usufructuarias de los favores del sistema neocolonial y semifeudal del país, que los empréstitos alcanzados por sus representantes oficiosos. Los préstamos son encubiertos casi siempre con planes y programas de «contenido social». Hoy se dice que benefician al «5O por ciento más pobre de la población colombiana». Sobra agregar que tales consignas forman parte de la alharaca propagandística de un negocio como cualquier otro. Las agencias financieras imperialistas prestan a intereses elevados y después de la correspondiente aprobación de la finalidad a que se destinen sus capitales. Por encima de cualquier consideración se cercioran que sus erogaciones estén respaldadas, seguras y que sean rentables. El Estado se responsabiliza de cumplir con la destinación y de pagar. Al fin de cuentas el pueblo es quien cubre las pérdidas, proporcionales a las ganancias de los prestamistas, los grandes monopolios internacionales, y a las ganancias de los prestatarios, las clases vendepatrias intermediarias.

En el mes de junio del presente año se reunió en París el denominado Grupo de Consulta, integrado por las principales agencias financieras internacionales, uno de los mecanismos de vigilancia y control constituidos por las fuerzas imperialistas para tramitar los empréstitos. En aquella reunión, a la que asistió el ministro de Hacienda Rodrigo Botero a promover la política de endeudamiento del país, se apreció que Colombia podía absorber en el próximo futuro préstamos por la astronómica suma de 2.600 millones de dólares. El Grupo de Consulta emitió exclusivamente el visto bueno, mas con éste las solicitudes gubernamentales son estudiadas y atendidas por la gran banca mundial. El viaje de López a Estados Unidos buscaba precisamente concertar en definitiva con los financistas norteamericanos los proyectos que habían obtenido luz verde, y por eso su comitiva era abundante y escogida. Lo acompañaron, entre otros, los ministros de Hacienda, Desarrollo Económico, Agricultura y Obras Públicas y el alcalde de Bogotá. Cada uno de estos acuciosos servidores públicos velaría por la financiación de los programas y planes de las dependencias a su cuidado ante los usureros del capitalismo internacional. De esta suerte Colombia fue distinguida con pesadas y numerosas deudas que la hipotecan hasta el siglo XXI, y cuya discriminación está todavía confusa. El informe del Presidente menciona algunas. Por su parte, la gran prensa registró otros datos más. Podemos tentativamente esbozar una síntesis en cifras del quehacer internacionalista del «mandato claro»:

 Para el Plan de Desarrollo Rural Integrado, préstamo por 180 millones de dólares, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (B I R F). Serán ejecutores la Caja Agraria y el ICA y se desarrollará en los departamentos de Boyacá, Santander, Nariño, Cundinamarca, Antioquia, Sucre, Cesar y Córdoba.

 Para el Plan Nacional de Nutrición y Alimentación, empréstito de 150 millones de dóIares con el BID, el BIRF y la Agencia Internacional de Desarrollo (AlD). Destinación: producción alimentos de alto poder nutritivo, asistencia técnica, silos y mejoras de comercialización, caminos, electrificación, saneamiento ambiental, escuelas, puestos de salud, investigaciones y mejoras de variedades agrícolas.

 Para el Fondo Financiero Agropecuario, 80 millones de dólares con el BID y el BIRF. Objetivo: ganadería y cultivos comerciales.

 Para el Plan Cerros, conocido también con el nombre de la Avenida de los Cerros, 44 millones de dólares. Prestamista: el BID; destinatario: la ciudad de Bogotá.

 Préstamos especiales de la AlD por 39.9 millones de dólares. Propósitos: carreteras de pico y pala, financiación producción textos escolares, programa SENA-ACPO, programas ciencia y tecnología, programa ICA, nutrición, catastro, investigación pesca, apoyo financiero a cooperativas.

El BID concedió además empréstitos para los siguientes proyectos: Plan de Desarrollo de Buenaventura, US$ 20 millones; control de erosión, Corporación de Defensa de Manizales, Salamina y Aranzazu un total de US$ 10 millones; reforestación INDERENA, US$ 22 millones; acueductos y alcantarillados, ciudades pequeñas, US$ 20 millones.

 El BID concedió también préstamos por 27 millones de dólares para la colonización del Caquetá y por 21 millones de dólares para el desarrollo agrícola del Departamento de Córdoba.

 El alcalde de Bogotá obtuvo del BID un millón de dólares como financiación para un estudio del transporte colectivo de la capital.

 En trámite quedaron préstamos pendientes para los trabajos de regularización de las aguas de los ríos Magdalena y Cauca y construcción de la represa de Salvajina, en el departamento del Valle; para diversas obras en ciudades como Sincelejo, Quibdó, Santa Marta y Tumaco y para programas especiales del Plan Vial.

 Finalmente, la elevada misión consiguió «ayuda» en recursos y equipos para los cuerpos represivos. Objetivo declarado: «ponernos en condiciones de luchar contra las mafias»7.

Este fue un resumen del financiamiento externo, cuyos guarismos divulgó profusamente la gran prensa con motivo de la visita presidencial. Podrá no ser muy exacto, no obstante basta para formar una noción aproximada de cómo todas las actividades esenciales del país se encuentran en última instancia determinadas por la influencia avasalladora del capital financiero norteamericano. Sin ocuparnos de otras herramientas de dominación y explotación como la inversión directa en la banca y la industria, la extracción de materias primas básicas y el control del comercio internacional, la relación anterior de préstamos demuestra hasta qué extremos ha llegado la dependencia de la economía colombiana de los dictados del imperialismo norteamericano. En Colombia el gobierno requiere de empréstitos extranjeros para abrir un hueco y, para cerrarlo, también recurre al endeudamiento externo. En tales condiciones la industrialización del país continuará estancada, los productores nacionales medianos y pequeños caerán sin remedio en la quiebra, los campesinos vivirán en permanente ruina, el desempleo crecerá progresivamente en campos y ciudades, el hambre y la miseria asolará a las grandes masas populares y la sociedad entera se debatirá en una permanente crisis. La nación apenas si alcanza a soportar la pesada cobranza, las gabelas y la despiadada explotación. Todo por el enriquecimiento de los potentados imperialistas y del grupillo de antipatriotas que le sirven de sostén.

Y para escarnio de la paciencia de los colombianos, el presidente López expresó a su regreso a Bogotá: «Cómo me siento de orgulloso de haber reducido la dependencia económica entre nuestros países, sin perjuicio de estrechar las relaciones internacionales»8.

5. La promesa antipatriótica presidencial

Caído el telón y acabada la función de la gira por Estados Unidos, quienes presenciaron este deprimente espectáculo, pudieron observar perplejos en qué forma el gobierno lopista, sin tapujos y después de año y medio de vigencia del «centro-izquierda», a manera de salida a las gravísimas dificultades, le presenta al país la negra perspectiva de ahondar la subordinación y el sometimiento al imperialismo norteamericano. Absolutamente todos los programas del régimen, sus intentos farisaicos para mejorar la «calidad de la vida», como dicen los tratadistas yanquis, sus denominados planes de desarrollo rural y de nutrición, sus proyectos de obras públicas y sus cacareadas estrategias de «contenido social», están definidas por los préstamos, las inversiones, o por cualquier otro «favor» de los monopolios imperialistas. La transformación más audaz, la tan llevada y traída reforma tributaria, a la postre no fue más que un escandaloso aumento del impuesto al consumo de las masas trabajadoras, con el cual se adecuaron las finanzas del Estado para atender el progresivo endeudamiento y los demás compromisos con los capitalistas internacionales.

No estaban muy desencaminadas las agencias noticiosas imperialistas al difundir la peculiar especie de que Colombia actualmente «es el país latinoamericano con mejores condiciones para formar un puente entre Estados Unidos y el Tercer Mundo» y «desempeñar un papel decisivo como fuerza moderadora en América Latina». Eso es una ferviente aspiración del imperialismo norteamericano. Que la vocería de los países neocoloniales en creciente ebullición revolucionaria recayera en un gobierno de fachada democrática, constituido de acuerdo al proceso electoral oligárquico tradicional, con ínfulas de «izquierdismo» y «tolerancia», legalista y dispuesto a ceder a los caprichos de los conquistadores contemporáneos, desde desollar a la nación hasta bañarla en sangre. Un régimen títere «constitucional» para ponerlo de modelo de un Continente anonadado por las dictaduras militares y desarticulado por las convulsiones sociales. Y López Michelsen se apresuró a manifestar a Gerald Ford su predisposición a aceptar el histriónico encargo. «En la débil medida de nuestras fuerzas, señor Presidente -le prometió- estamos dispuestos a acompañar a los Estados Unidos, dentro de nuestra amistad tradicional, a propiciar el cambio, a admitir las realidades, a reconocer derechos, a la par que asumir responsabilidades, conservando lo que sea digno de conservar y reconociendo la obsolescencia de lo que debe ser sustituido»9.

¡Ay de las naciones sojuzgadas que dejan en manos de los colonizadores su propio porvenir! La «amistad tradicional» a los tiburones del capitalismo imperialista se paga con la pérdida de bienes, vida y honra, para usar la antiquísima expresión repetida a menudo por las clases dominantes colombianas. Los problemas ancestrales de Colombia, agudizados al máximo en los campos económico, político y social, tienen como causa primera la explotación y dominación imperialista norteamericana. Un país que no trabaja para el bienestar de sus hijos sino para el enriquecimiento de una potencia extranjera, esta condenado a la bancarrota en todos los órdenes. Y cuando el presidente de aquel país ofrece familiarmente al mandatario de esta potencia que lo acompañará a «propiciar el cambio», no pronuncia sólo un cumplido diplomático de intrascendente consecuencia. Está comprometiendo el futuro de la patria y traicionando a sus conciudadanos. El cambio que propicie Estados Unidos, las realidades que pueda admitir, los derechos que se digne reconocer, las responsabilidades que decida asumir, las cosas que proponga conservar y las que acepte sustituir, no son más que las modificaciones requeridas para incrementar el saqueo de sus neocolonias, a tono con las nuevas situaciones que se vayan presentando. El imperialismo, por ejemplo, no reclama ya de las repúblicas que se mueven en su órbita, la entrega tanto de concesiones de explotación, pasadas de moda, como la buena marcha del sistema de asociación, por medio del cual el inversionista extranjero aparentemente comparte por igual los mismos derechos y obligaciones que el capital nacional, mas con el resultado de que se lleva la ganancia fundamental con un mínimo de riesgos económicos y políticos. Estas son expresiones típicas del neocolonialismo, a las que se ajustan maravillosamente fenómenos como el de la integración latinoamericana, para mencionarlo de pasada. El Pacto Andino lo han inspirado y manejado entre bambalinas los consorcios internacionales, aunque los gobiernos de la subregión aparezcan en el tinglado actuando. El fruto de toda aquella pantomina seudonacionalista, hoy reconocido hasta por la misma burguesía colombiana, ha sido el de que las grandes empresas imperialistas pueden invertir en cualquiera de los países del área, dentro de las mayores seguridades y gozar de un mercado ampliado con mínimas trabas arancelarias. Son los cambios que patrocina el imperialismo. Los compromisos del amo norteamericano con sus satélites. La alianza del jinete y el caballo.

Muy confundidos, por el contrario, han estado en Colombia aquellos que fomentan en una u otra forma la ilusión de que el «mandato claro» y su mayordomo representan una tendencia progresista en el conjunto de los últimos gobiernos colombianos. Acontecimientos como el viaje a los Estados Unidos conducirán a las personas honestamente equivocadas sobre la naturaleza del actual gobierno a reconocer su error, si analizan con ánimo desprevenido y patriótico estos episodios. La revolución saludará fervorosamente el consenso y la unidad de todas las fuerzas políticas en torno al convencimiento consecuente de que el régimen lopista en la práctica no ha sido más que la prolongación de los cuatrienios del Frente Nacional. Con todas sus virtudes y defectos. Y ciertamente el historiador científico del mañana encontrará que López Segundo no se dejó opacar por sus predecesores. Yancófilo fue como Mister Alberto Lleras, folclórico como Guillermo León, transformador como el otro Lleras y pacificador como Pastrana.

T. R. 17, Noviembre de 1975


Notas
1 .Cables de la AFP y de la UPI. «El Tiempo», septiembre 21 y 27 de 1975.
2. «El Tiempo», septiembre 26 de 1975.
3. «El Tiempo», septiembre 27 de 1975.
4. «El Tiempo», octubre 8 de 1975.
5. «El Tiempo», septiembre 22 de 1975.
6. Informe citado.
7. Idem.
8. «El Tiempo», octubre lo. de 1975.
9. Discurso citado.