El viernes 25 de junio de 1999, las instalaciones de la Caja Agraria amanecieron cerradas y militarizadas, lo que patentizaba la muerte jurídica e institucional que le había decretado el gobierno de Andrés Pastrana. Se anunció que a partir de esa fecha en lugar de la extinta entidad de fomento agrario entraría a funcionar un establecimiento comercial que, bajo el nombre de Banco Agrario de Colombia S.A., atendería los negocios del capital financiero en las empobrecidas zonas rurales del país. Para semejante cometido el gobierno procedió a rajatabla: violentó derechos sindicales y estipulaciones constitucionales y, con siniestro estilo fascista, despidió a ocho mil trabajadores.
Este atentado fue fruto del sórdido plan, no exento de mediocres engañifas, que tramó durante meses una comisión gubernamental encabezada por los ministros de Hacienda y Agricultura y el presidente de la Caja, Juan B. Pérez, y asesorada por funcionarios del Fondo Monetario Internacional, como lo reveló el propio jefe de la reciente misión del Fondo. El plan involucró la contratación de equipos de expertos que redactaron los decretos pertinentes y prepararon en distintas áreas la estructura del nuevo banco. Así, luego de suprimir todo lo que constituía la Caja Agraria, Pastrana pudo con gran cinismo aprovechar la convención de la Asociación Bancaria el 26 de junio para inaugurar la entidad que tan maliciosa y dolosamente había engendrado.
Tradición de lucha
A mediados de los años 70, los trabajadores de la Caja Agraria, orientados por el MOIR, barrieron de sus filas a los dirigentes de la UTC y abrieron cauces en su organización para las ideas revolucionarias y antiimperialistas. Desde entonces, en medio de memorables batallas libradas bajo la guía de políticas y tácticas correctas, se fue consolidando un combativo destacamento sindical.
En la última década se presentaron los enfrentamientos más cruciales. Con miras a su definitiva liquidación, el gobierno de Gaviria dio inició a un tortuoso proceso de marchitamiento de la Caja Agraria. Cuando luego de expedir el decreto 2138 procedió a despedir a más de 1.200 trabajadores, el sindicato respondió con una histórica huelga que frenó las reaccionarias pretensiones. El gobierno de Samper, a través de Carlos Gustavo Cano, tuvo similares propósitos y arremetió contra la convención colectiva. Los trabajadores recurrieron al paro e impidieron el desmonte de los derechos que habían conquistado. En octubre de 1998, siempre persistiendo en asir su eficaz arma, la huelga, libraron durante 21 días la ardua batalla que, en el marco del paro nacional estatal, impidió al régimen pastranista cumplir en ese instante con el siniestro propósito de arrasar la entidad. Tal tradición de lucha de los trabajadores creditarios les forjó un sitio de avanzada en el movimiento sindical.
La táctica que desarmó a los trabajadores
Entre el cúmulo de mentiras que Pastrana le espetó al país durante la pasada campaña electoral figura la de que no cerraría la Caja Agraria. A los pocos días de su posesión, ya sin enmascarar mucho sus reales intenciones, anunció que la sometería a una «cirugía a fondo» y procedería a su «reestructuración». Otros funcionarios, dirigentes políticos y personalidades emitieron sus opiniones y algunos de ellos, como López Michelsen, también hablaron de reestructurarla como alternativa a su eventual liquidación. Hasta que el pasado 20 de abril el ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, disipó cualquier duda que se hubiera podido crear sobre las intenciones del gobierno: en una sesión de la Comisión Quinta del Senado le notificó de manera tajante a la dirección sindical allí presente que la tan mentada reestructuración consistía en liquidar la Caja Agraria y despedir a sus trabajadores.
Se corroboraban así los amenazantes anuncios que se venían lanzando contra esta empresa estatal y que habían llevado a que ya el 24 de febrero de 1999 se planteara abiertamente en reunión del Comité Ejecutivo que dirige al sindicato el debate sobre el camino a seguir. ¿Qué táctica adoptar? El MOIR, por conducto de sus dos únicos militantes que integran dicho Comité, insistió en que debían darse de inmediato pasos concretos en preparación para el inminente enfrentamiento, empezando por alertar a los trabajadores y ponerlos en pie de lucha. Por el contrario, la mayoría de dicho Comité Ejecutivo, siguiendo a su presidente, Jesús Bernal Amorocho, y a pesar de conocer los nefastos alcances de los anuncios gubernamentales, optó por una táctica que sumía en la pasividad a los trabajadores al no advertirlos plenamente sobre lo que el gobierno estaba tramando y rehuir la movilización. Y pese a que la Junta Directiva Nacional, reunida en abril de 1999, aprobó una táctica de movilización, ésta nunca se impulsó consecuentemente por parte de la mayoría del Comité Ejecutivo Nacional.
Todo esto obedecía a que el sector mayoritario del sindicato sacó del baúl de los desechos la idea de privilegiar la «concertación» como el medio fundamental al que debían atenerse los trabajadores, al tiempo que, renunciando al espíritu de lucha que durante años los ha guiado, descartaba el recurso de la huelga. Para sustentar tan absurda conducta, dicho sector amasó una serie de rebuscados argumentos y los difundió por todo el país en labios del mismo Bernal: que la Caja no sería cerrada porque Pastrana se encontraba en dificultades debido al hundimiento de la Reforma Política; que una sentencia de la Corte Constitucional, a raíz de la reestructuración en Codensa, prohibía los despidos; que existían contradicciones entre los ministros Restrepo y Murgas, y que Pastrana carecía de facultades para crear una nueva empresa. Con estas endebles razones se hizo toda una campaña que adormeció, desconcertó y desmovilizó a los trabajadores.
Mientras Juan B. Pérez anunciaba en todos los tonos la «reestructuración», es decir, la liquidación de la Caja, la mayoría de la dirección sindical afirmaba que «aquí no va a pasar nada», que «en el alto gobierno no se ha definido nada todavía», que «el ministro de Agricultura está porque se mantenga la Caja y sólo se la reestructure, mientras que el de Hacienda está porque se liquide», y que «los instructivos de plan de migración y cierre de oficinas son un chantaje de Juan B. Pérez».
En escritos y declaraciones de prensa, en numerosas reuniones de los trabajadores y en intervenciones públicas, el presidente del sindicato no se cansaba de machacar estas encantadoras consideraciones. El 20 de abril ante la Comisión Quinta del Senado, Bernal pronunció un discurso cuyo meollo conoció el país entero cuando la prensa nacional reprodujo una de sus aseveraciones: «Insólito, estoy peleando porque en la Caja Agraria no haya huelga». Y en verdad que era insólito. El presidente del sindicato se erigía como el principal obstáculo a la lucha. Para Sintracreditario y el movimiento sindical, esta expresa confesión del viraje político dado por alguien que había pertenecido al MOIR significó un revés imprevisto. Los trabajadores, consternados, constataron que carecían en su dirección de la organización esclarecida y fiel a sus intereses que en el pasado había garantizado la correcta orientación de sus batallas.
La traición de que fueron objeto los miles de trabajadores de la Caja, con la consiguiente lesión que eso le asestó al conjunto del movimiento sindical, procede de una práctica que hunde sus raíces en el liberalismo que invadió a Jesús Bernal y a la mayoría de los dirigentes de Sintracreditario. Eso los condujo, primero, a retirarse del MOIR y, luego, a desarmar a los trabajadores siguiendo la desatinada táctica que les dictó el comité donde anidan sus nuevos mentores políticos.
Argucias para justificar la inconsecuencia
Bernal y sus asesores, queriendo tapar el sol con las manos, recurren a una explicación que tiene más de argucia que de argumento. Alegan que lo correcto y positivo de su táctica fue que el costo político del cierre de la Caja recayó sobre el gobierno de Pastrana y no sobre el sindicato, como hubiera ocurrido si éste lanza a los trabajadores a la huelga.
Los aspectos de esta novedosa tesis exigen un análisis concreto que los confronte con los hechos. Aunque el gobierno había anunciado desde agosto de 1998 la liquidación de la Caja y el ministro de Hacienda había reiterado en abril ese propósito y anunciado la creación de un nuevo banco, el sector mayoritario del sindicato se abstuvo irresponsablemente de hacer algún preparativo serio para la huelga. Para ellos, sólo el 24 de junio de 1999 «los hechos permitieron concluir que ya el gobierno y la administración de la Caja Agraria habían ‘dado los pasos concretos para producir el cierre a partir del viernes 25 de junio’ (el cierre del balance semestral programado para esa fecha, la destrucción de las chequeras, la centralización de la información y de los documentos financieros y contables en sedes alternas, y la orden de retirar los avisos institucionales de las fachadas de las oficinas)». Entonces, y sólo entonces, «el sindicato decidió el lanzamiento de la huelga».*
Es decir, cuando el gobierno estaba asegurando los cerrojos de la empresa estatal, estos avisados dirigentes concluyeron que se iba a producir el cierre. A esa hora de nona se decidieron a lanzar la huelga. Hacerlo antes hubiera sido, según sus propias palabras, «declarar una huelga prematura», le hubiera dado «al gobierno pretexto… para ilegalizar la huelga y decretar la liquidación de la Caja» y hubiera significado «una salida en falso». Rematan diciendo que los contradictores de su táctica de espantada los hubieran hecho responsables del cierre de la Caja «por haber desencadenado una huelga sin medir las consecuencias».
Decir esto luego de que la huelga así declarada no pudo efectuarse porque esos dirigentes, en lugar de movilizar a los trabajadores, se dedicaron a «buscar una negociación» y a darle curso a su enfoque de que «la mejor forma de preparar la pelea entre los trabajadores radicaba en demostrarles» que el golpe definitivo a la Caja no se debía a «la intransigencia del sindicato» sino a «una decisión política del gobierno», no pasa de ser una estulticia. Como si los trabajadores creditarios no supieran, después de las múltiples batallas libradas y sin necesidad de ninguna demostración, que la embestida contra esa institución era fruto de una determinación política del gobierno; como si no supiesen que a su sindicato siempre le atribuyeron intransigencia sus enemigos, lo cual es natural, y los conciliadores de todas las horas, lo que no es extraño. Esa dirección se dedicó a una especie de pacifismo ante los desafueros de Pastrana, a los «hechos concretos» de la negociación, con la excusa de demostrarles a los trabajadores algo que ellos siempre han sabido, la arbitrariedad gubernamental. ¿Puede el movimiento sindical aceptar semejante ordinariez como «la mejor forma de preparar la pelea»?
La tardía huelga debía iniciarse el viernes 25 de junio a las 11 A. M. Pero ese día los trabajadores supieron que el gobierno llevaba tiempo urdiendo su zarpazo y les había madrugado a las astucias de la dirección: encontraron cerradas las dependencias de la Caja, por lo que no contaron con los escenarios en dónde desarrollar la huelga tan extemporáneamente decretada. Ocho mil trabajadores se preguntan: si ya se sabía que la Caja iba a ser clausurada, ¿por qué los dirigentes sindicales presididos por Bernal le dejaron la iniciativa a Pastrana, quien no dudó en proceder contra la institución y los trabajadores corriendo naturalmente con todos los costos políticos reaccionarios, mientras ellos cayeron en la pusilanimidad y se encogieron sin correr con los costos políticos progresistas y democráticos de la lucha sindical, y mucho menos con los costos políticos revolucionarios de la lucha obrera? La cuestión no era si el gobierno quería, según Bernal y compañía, «escurrirle el bulto al costo político que la decisión significaba y arrojarlo sobre los trabajadores y el sindicato». Seguramente ésa era su querencia. Pero aquí lo que se tiene que responder es por qué la dirección del sindicato, ante la decisión gubernamental de liquidar la Caja Agraria, manifestada en ingentes hechos y declaraciones, le escurrió el bulto a la preparación y realización oportunas de la huelga. Máxime cuando con esa actitud medrosa incurrió en un costo político mayor e irreparable: dejar a los trabajadores inermes ante los embates de sus enemigos.
Si en el movimiento obrero se admitiera la oportunista tesis del costo político, que parece trasladada desde un texto económico neoliberal y que ellos esgrimen por doquier como queriendo exorcizar el demonio de la entrega, jamás los trabajadores tendrían arrestos para librar los inevitables combates, ni nunca recurrirían a la huelga. Aparte de que por su naturaleza el costo político es uno para la reacción y otro radicalmente distinto para los trabajadores, con ese argumento a los asalariados se les invalidaría de antemano cualquier tipo de lucha que se propusieran, pues ¿qué batalla, impuesta o no, está a priori exenta de costos políticos? A lo aberrante de su encogimiento ante la lucha en defensa de la Caja Agraria, ahora Jesús Bernal y sus mentores sindicales y políticos suman los intentos de eximirse de cualquier responsabilidad recurriendo a una tesis que el movimiento obrero no dudará en rechazar por su esencia derechista.
Lastimosa actitud extraña a los trabajadores
Sumidos en la perplejidad que les producía la irresolución de sus dirigentes, los trabajadores experimentaron los golpes a mansalva que les propinaba Pastrana. Asimilaron su situación y se aprestaron para la resistencia. Las tomas de oficinas, los mítines y las marchas para rechazar el atropello fueron acciones de dignidad y valor admirables. En ese momento, cuando el gobierno ya había procedido a la liquidación de la Caja y a la creación del nuevo banco y cuando los trabajadores habían emprendido manifestaciones de denuncia y protesta, la dirección sindical se avivó a «ponerse al frente» de una resistencia que ella nunca quiso alentar ni preparar, pues su enfoque «siempre consistió en que se trataba de una confrontación desventajosa e impuesta» y de allí dedujo que alistarse para la huelga y efectuarla era «aceptar la provocación pastranista» y una «salida en falso» por la que pugnaban los «radicales de última hora». Ese «ponerse al frente» fue un gesto vano y grotesco por cuanto el desarrollo de la resistencia carecía de condiciones: estaba menoscabada por las incitaciones que durante meses se les hicieron a los trabajadores para que se desatendieran de la huelga. Y los dirigentes carecían de legitimidad: se habían entregado a la conciliación con los funcionarios del Estado, lo que utilizaron como soporte para difundir falsas esperanzas.
Con tales precedentes, y si se tiene en cuenta su decadencia, es muy comprensible que en un acto que suspendía la protesta frente a la oficina principal de la Caja en Bogotá, este lastimoso grupo de dirigentes y sus mayorales políticos, ¡que no los trabajadores!, sólo hayan tenido lágrimas de impotencia. Como miembros de un partido proletario siempre nos regocijaremos cuando en cualquier lugar de la tierra se cante La Internacional. Pero el más categórico repudio nos produce que, como se hizo en esa ocasión, este himno de lucha de la clase obrera se entone para enmascarar el hecho de haber rehuido el combate.
Con el «palo porque no bogas» la clase obrera ejerce su crítica
Como ya se ha referido aquí, el ministro Restrepo habló clara y contundentemente el 20 de abril sobre el designio pastranista para la Caja. Mas lo cierto es que estos dirigentes, preñados de ilusiones, siguieron lelos y nunca pudieron discernir las nítidas señales del equipo de gobierno. La confusión que los aquejaba fue reconocida después por ellos mismos: «Aunque el propio ministro de Hacienda había declarado en la Comisión Quinta del Senado que la decisión del gobierno era la de liquidar la Caja y crear un nuevo banco para el agro, declaraciones posteriores de otros altos funcionarios de la administración Pastrana, incluido el presidente de la República, expresaron ambigüedades al respecto». Lo que aquí llaman ambigüedades son las diversas formas que adoptó la engañifa del gobierno, las mismas que durante los dos meses posteriores a esa fecha les sirvieron para tratar de justificar la táctica de conciliación y pasividad que llevó a dejar a los trabajadores expuestos ante las arbitrarias medidas del gobierno.
Ahora, cual si quisieran aliviarse de algún complejo de culpa por haber sido inferiores a su condición de dirigentes sindicales, como sus jefes lo fueron en el plano político, Jesús Bernal y sus amigos presumen que, de haber combatido, los enemigos políticos de su dirección sindical también los estarían criticando y que en tal caso les estarían aplicando «el adagio de ‘palo porque bogas y palo porque no bogas’». Esto no pasa de ser otra escurrida. Si ahora hay palo, y en el futuro indudablemente lo recibirán de parte de todos los trabajadores, es por no bogar. Lo que sí puede servirles de tétrico consuelo es que, al haber adoptado ante el desmantelamiento de la Caja la que siguen considerando «justa táctica» de rehuir la lucha, se han puesto definitivamente a cubierto de que les den palo por bogar.
Antipastranismo de fachada
Al juicio de que la Caja Agraria fue cerrada como producto del fascismo proimperialista de Pastrana, se le debe agregar que el gobierno aprovechó a plenitud la táctica errónea de los mencionados dirigentes del sindicato. Cuestión lógica si se tiene en cuenta que su presidente, al igual que quienes lo orientan, demostró que ignora todo sobre el Estado. Como imaginaban agudas contradicciones entre los ministros de Hacienda y Agricultura –las que luego en sus discursos hacían aparecer cual si fuesen realidades– todavía deben andar preguntando por ellas luego de que el 25 de junio las medidas de cierre se las disiparon. Desde tiempos inmemoriales los gobiernos han utilizado presuntas discrepancias entre sus funcionarios para engañar a los candorosos, por lo que lo único nuevo por saber cuando recurren a esa artimaña es si existen incautos que caigan en ese garlito. Quienes caigan, como es el caso de todos aquellos que fraguaron la dañina táctica, no merecen ser dirigentes de los trabajadores.
A todos los hechos desatinados que se cometieron en Caja Agraria, se suman los incongruentes argumentos que se exponen en un documento en el que han colocado su firma siete integrantes del Comité Ejecutivo de Sintracreditario y su presidente Bernal. En efecto, quienes se guardaron, sacando miles de razones para no combatir, ahora piden que los trabajadores del país libren la «pelea a campo abierto»; quienes reivindican como un mérito «comprender que la situación exigía buscar una negociación», ahora descubren que «el gobierno no contempla la negociación de cuestiones sustanciales con los trabajadores»; a quienes firmaron la aseveración de que el antipastranismo, no el antimperialismo, «es hoy la piedra de toque de la unidad nacional colombiana» y se desgañitaron proclamando que alentarían «todas las manifestaciones de oposición» para «enfrentar al nuevo gobierno», les dio julepe y no atinaron a lanzar una huelga contra el tan señalado blanco pastranista.
Dedicarse al cabildeo con funcionarios y políticos mientras se golpeaba a los dirigentes sindicales que reclamaban consecuencia condujo a que se resquebrajara la necesaria unidad de los trabajadores. Esta situación, y el hecho de que ella derivaba de la táctica de conciliación en que se empecinó el Comité Ejecutivo de Sintracreditario, era algo conocido en las filas del movimiento sindical y suscitó justas críticas. Con todo, las más importantes organizaciones sindicales fueron solidarias cada vez que los creditarios actuaron guiados por una táctica de lucha. Mas ese mismo Comité Ejecutivo, exactamente ocho de sus miembros, como si de la cortedad sólo les brotase soberbia, dicen ahora que ante el atropello las centrales obreras deberían haber convocado «para presentarle al gobierno una respuesta general, masiva y contundente» que «desafortunadamente no se dio». Y agregan que el «movimiento sindical no ha respondido en la proporción correspondiente a la magnitud» de ese atropello. ¿Habrá desfachatez igual?
Precisemos: en el movimiento sindical se deben corregir de manera radical las fallas respecto a proporcionar con denuncias, pero principalmente con hechos, la solidaridad con todas y cada una de las luchas de los trabajadores y el pueblo. Pero quienes atascaron la lucha de los trabajadores entre vanos regateos y falsas esperanzas con la burocracia gubernamental, no tienen autoridad para ningún reclamo o crítica. Reclamar solidaridad presupone la lucha propia.
La lucha es la base para una política amplia
Al presidente del sindicato y algunos de sus amigos políticos se les motejó de serpistas, porque en aras de señalar el nefasto servilismo de Pastrana ante la política de Washington, cuestión necesaria y justa, defendieron y hasta votaron por Serpa excusándole tres años de actos de gobierno que no sólo no atenuaron el avance de la recolonización del país por parte del imperialismo norteamericano sino que lo propiciaron en lo fundamental. Pero hoy, si se compara el comportamiento pasivo de ellos ante el ataque de Pastrana contra la Caja y sus trabajadores y el comportamiento de Serpa justificando y respaldando la decisión de Pastrana de someterse a los dictados del FMI, debe admitirse que ese mote no los descalifica, simplemente los define.
Aquí es necesario aclarar que fueron correctas y necesarias las conversaciones y actividades con personajes como López Michelsen y Serpa, y las gestiones para que ellos y otros dirigentes políticos, así como parlamentarios, autoridades religiosas, funcionarios y legisladores de municipios y departamentos, líderes gremiales y agrarios, dieran su apoyo a la defensa de la Caja Agraria. Buscar el respaldo más amplio posible para sacar avante los intereses de los trabajadores es una tarea ineludible. Pero todo ello debe partir de que sólo su lucha crea una base firme y confiable sobre la cual pueden ser eficaces las eventuales manifestaciones de apoyo. Sin promover esa lucha, como aquí sucedió, los contactos y tratos con todos los mencionados dirigentes y personalidades se convierten en vanidosas y costosas relaciones públicas, como lo sabe el Comité Ejecutivo de Sintracreditario. De allí que las expresiones de respaldo que se dieron no tuvieran un impacto más contundente pues se carecía de una condición necesaria: una política de lucha de masas, ese factor primordial de todo progreso y cambio social.
Lucha antimperialista continúa
A las grandes lecciones que se desprenden de las batallas acometidas durante décadas por los trabajadores de la Caja Agraria, se suman las importantes y muy oportunas que arroja el análisis de este reciente pulso que echaron con el gobierno de Pastrana. Los cuadros políticos y activistas sindicales que las asimilaron por experiencia propia y conservan su consecuencia revolucionaria son hoy puntales y semillas del movimiento obrero. En consecuencia, se unirán con todas las clases y personalidades revolucionarias, democráticas y patrióticas que estén en disposición de defender la soberanía y la unidad de la nación colombiana, rechazar el intervencionismo de Estados Unidos, proteger y promover la producción industrial y agraria de la nación, y luchar por las libertades democráticas y el bienestar del pueblo. Proseguirán, entonces, combatiendo la política de recolonización imperialista que en Colombia ejecuta el gobierno de Andrés Pastrana, en particular la que hoy corresponde a los dictados económicos del Fondo Monetario Internacional. En las combativas luchas que se avecinan, empezando por el Paro Cívico Nacional el 31 de agosto, ocuparán su puesto de avanzada todos los trabajadores de probada firmeza revolucionaria pertenecientes a Sintracreditario.
Orlando Osorio y Luis Horacio Eslava, dirigentes del MOIR y miembros del Comité Ejecutivo Nacional de Sintracreditario.
Firman también los responsables del trabajo en los siguientes departamentos: Marta Ligia Restrepo (Antioquia), Carmelo Medina (Bolívar), Lucy Marina Sánchez (Chocó), Gonzalo Cuesta (Caldas), Pedro Ceballos (Córdoba), Alcibiades García (Cundinamarca), Roberto Acosta (Quindío), Óscar René Estrada (Risaralda), Otoniel Dávila (Valle), Esmeralda Vargas (Santander), Édison Martínez (Norte de Santander), Osvaldo Gazabón (Sucre).