En la peor crisis de la historia contemporánea de Colombia, el magisterio está listo para la desobediencia civil, en defensa de la educación pública, de sus derechos y de sus prestaciones. Para los maestros es difícil encontrar en su historia una situación más grave que la actual: se privatiza la educación, se arremete contra todas sus conquistas, se amenaza con liquidar el Fondo de Prestaciones, se pone en marcha un plan atentatorio contra la calidad de la educación y pende contra su estabilidad una espada de Damocles, con el examen de evaluación.
La consigna que el magisterio ha adoptado es la de «sí a la evaluación, no al examen de destitución». Es que Fecode no se opone a que los docentes sean evaluados. En realidad, hoy se desarrollan diferentes sistemas de evaluación educativa: en las instituciones se hace cada año y para vincular nuevos maestros se abre un concurso que califica a los candidatos. Pero la Federación sí está contra el examen de conocimientos y pedagogía dirigido a disminuir la planta de personal, introducido por el gobierno en la Ley 508 de 1999. Es allí donde reside el quid de la cuestión. No tiene ningún fundamento argüir que la prueba está orientada al mejoramiento de la calidad de la educación, porque todas las propuestas del Plan Nacional de Desarrollo, como la del Nuevo Colegio, la de la privatización de la educación media, la jornada complementaria, conspiran contra de la excelencia educativa.
Por orden del Fondo Monetario Internacional, toda la política del gobierno de Pastrana apunta a «racionalizar» el gasto público. Estados Unidos viene presionando la garantía de que se le pague la inmensa deuda externa, para cuya cuota del año entrante exige que se dedique 40% del presupuesto nacional. Destituir cinco mil maestros cada dos años, despedir a los cuarenta mil pensionados en ejercicio, chantajear a los profesores con traslados inaceptables para obligarlos a renunciar, anular la planta departamental de personal sin reemplazarla con plazas del situado fiscal, todo ello se convierte en una exigencia para disminuir la nómina estatal. Por esa razón, el examen de evaluación es la forma utilizada por el gobierno para eliminar puestos de trabajo y «ahorrar» más recursos. La Ley 508 les exige a los gobernadores la firma de un convenio de desempeño que obliga a drásticos recortes de maestros.
No presentar el examen, no llenar los formularios para abrirles camino a los convenios de desempeño, no aceptar los cursos de capacitación para las pruebas, no permitir la reubicación arbitraria, no consentir la imposición de 30 ó 35 estudiantes por profesor, no modificar la duración de las clases a 60 minutos, son las protestas por medio de las cuales se expresa la desobediencia civil. Pero ya se propone también que no se cobre matrícula a los estudiantes y que no se paguen los servicios públicos en las instituciones educativas.
La desobediencia civil hace parte de la resistencia del pueblo colombiano contra la cada vez más descarada intervención del imperialismo estadounidense en nuestra patria. El gobierno de Pastrana intensifica la explotación de los trabajadores, poniéndose al servicio de Estados Unidos, que en su insaciable voracidad de conquista y dominación busca doblegar al país. La rebeldía del magisterio se enmarca así en la lucha de toda la nación, lo mismo que el Paro Cívico Nacional del 31 de agosto.