El Concejo verbal de guerra realizado en Manizales contra el compañero Oscar Eduardo Gutiérrez Reyes, y la sentencia a un año de cárcel por apoyar la lucha de los recolectores de café de Chinchiná, puso al descubierto, una vez más, los verdaderos objetivos políticos del Estatuto de Seguridad.
Oscar Gutiérrez, asesor del Sindicato Nacional de Trabajadores Agrícolas y dirigente del MOIR, fue detenido en Chinchiná, junto con su esposa, Ángela Escobar de Gutiérrez, y una decena de cosecheros, cuando el 8 de octubre de 1978 repartían volantes en los cuales el sindicato pedía un pago de $5.00 por kilo de café cogido, frente al mísero promedio de $2.80 que los potentados cafeteros venían imponiendo. La consigna fue acogida por cerca de 5.000 trabajadores reunidos ese día en la plaza para “cuadrar” su trabajo de la semana con los agentes de las fincas. La protesta estaba encaminada contra las múltiples injusticias a que se ven sometidos los “andariegos” que legan a las zonas cafeteras en época de cosecha, buscando trabajo. Pasado el medio día, y convocadas por funcionarios serviles de los magnates del café, llegaron a Chinchiná 60 unidades de la Fuerza Disponible que la emprendieron a bolillo contra los jornaleros y arrestaron a sus dirigentes.
Los periódicos de la oligarquía, El país de Cali y La Patria de Manizales, clamaron por la aplicación del Estatuto de Seguridad a los detenidos. Dieron “voces de alerta a los caficultores”. Sindicaron al MOIR de una “conjura” contra la economía nacional. Pidieron, “estricta vigilancia del Ejército y la Policía” en la zona cafetera, y argumentaron que eran “intolerables” los “métodos coercitivos, tales como las hojas volantes”. De manera infame, quines se enriquecen sin mesura con las millonadas de las “bonanzas cafeteras” mientras someten a la miseria a los trabajadores, insinuaron que la justa protesta de Chinchiná era obra de “células urbanas” y exigieron un castigo ejemplar”. El 21 de febrero, Ángela Escobar de Gutiérrez y dos cosecheros que aún estaban presos, quedaron libres de todo cargo. Pero la oligarquía cafetera exigía la condena de Oscar Gutiérrez, y el ejército a su servicio la satisfizo.
Tras intentar impedir a toda costa que el abogado Horacio Gutiérrez asistiera en el juicio al dirigente moirista, la VII Brigada convocó el consejo verbal de guerra en su contra, el 17 de abril, en el Batallón Ayacucho de Manizales. Sirvieron de jurados tres suboficiales, quienes declararon al acusado culpable de “obstruir la vía pública”, y los condenaron a un año de cárcel en virtud del articulo 4º del Estatuto de Seguridad. Tan prefabricado estaría el consejo de guerra, que en la última semana de agosto, el fiscal del Tribunal Superior Militar declaró contra evidente el veredicto. Pero nuestro camarada sólo recobró su libertad, provisionalmente, el 7 de septiembre, cuando ya había ajustado 11 meses en prisión. Es así como opera la justicia oligárquica.
En su intervención durante el proceso, a cuyo “parte pública” los militares impidieron la entrada de más de 150 delegados sindicales, Oscar Gutiérrez dijo que despreciaba las consecuencias que pudieran derivarse de sus convicciones, ya que ellas “provienen de la conciencia clara de un hombre que milita en un partido obrero que lucha por mejores condiciones de vida y de trabajo para el pueblo colombiano, como es el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario, MOIR”. Y luego de poner en el banquillo a sus espurios acusadores, señaló: “El pueblo colombiano, por encima de las cárceles, saldrá adelante y logrará su libertad, su felicidad y su independencia”. Pocos días después, en Chinchiná, estas palabras fueron vivamente aplaudidas por cientos de cosecheros decididos a redoblar su ánimo de combate, en una reunión del sindicato por el cual ha luchado nuestro compañero tanto tiempo, y a cuyas labores ya se ha reincorporado.