A pesar de la declaratoria de ilegalidad del movimiento, de las detenciones y de la serie de despidos que suman 60 en todo el país, los trabajadores del Ministerio de Hacienda continúan el paro general que realizan desde el 23 de agosto.
El cese de actividades comenzó en Barranquilla y luego se extendió a todas las seccionales. A la exigencia inicial de que se respetaran la antigüedad y la capacidad de los trabajadores al decretarse los ascensos, se sumaron las de aumento de salarios y cumplimiento de los compromisos adquiridos con el Fondo de Empleados a raíz del paro de 1977.
El pasado 6 de septiembre los trabajadores del Estado adelantaron una jornada de protesta, en defensa del pliego unificado y en apoyo a los huelguistas. Esta jornada fue declarada igualmente ilegal y más de 15 dirigentes de los sindicatos del Agustín Codazzi y de la rama judicial fueron destituidos de sus cargos.
Persecución en Sindes
La declaratoria de ilegalidad y los despidos han sido las armas usadas por el gobierno para tratar de intimidar a los trabajadores de la salud, que en este año han realizado varios paros en todo el país. 146 compañeros fueron declarados insubsistentes y otros tantos sancionados en las distintas seccionales. De los despidos, 44 son de Sucre, donde se adelantó durante 13 días una combativa huelga el pasado mes de agosto.