Raúl Arroyave, Secretario general de Fecode, Tribuna Roja Nº 104, noviembre 20 de 2006
Andrés Pastrana y su ministro Juan Manuel Santos le metieron mano a las transferencias territoriales, para recortarlas y abolir el mandato constitucional de que fueran un porcentaje creciente de los Ingresos Corrientes de la Nación. Tomaron dos decisiones: convertirlas en una cifra fija que crecería realmente, entre 2002 y 2008, de 2 a 2.5%, y trastocar las obligaciones del Estado central con las competencias que la ley les ha ido cediendo a los entes territoriales, cambiando «la financiación de la oferta por el subsidio a la demanda». El balance es que en los primeros cinco años de la reforma, los entes territoriales dejaron de percibir 12.4 billones de pesos.
El proyecto uribista
Uribe ha presentado un proyecto de Acto Legislativo para prorrogar indefinidamente, a partir de 2009, lo que debería culminar en 2008. Y aunque ya los ponentes variaron en algo la propuesta inicial y le dieron una vigencia transitoria hasta 2019, ello no es óbice para denunciar que el país está ante una trampa idéntica a la de 2001; y que sin importar las cifras que se aprueben, el gobierno pretende impedir que las transferencias vuelvan a ser un porcentaje creciente de los Ingresos Corrientes de la Nación. De imponerse el gobierno, los entes territoriales dejarían de percibir de 2009 a 2019, la suma de 52 billones de pesos.
El servicio de la deuda y los gastos militares son la causa del déficit fiscal de la Nación, no las transferencias. Mientras en 1995 las cifras eran similares, pues las transferencias valían 2.7 billones de pesos y el servicio de la deuda 2.4 , hoy, según el presupuesto de 2007, aquellas apenas se han multiplicado por 6.2 y valen 16.8 billones y el servicio de la deuda se ha multiplicado por 16.4 y vale 39.5 billones. La deuda y su servicio son intocables, eso lo cumple Uribe en su abyección ante los poderes imperiales. Igual pasa con los desbordados gastos de Defensa. Por tanto, las transferencias pagan con su recorte los desafueros oficiales.
Efectos de los recortes
Las consecuencias son funestas. Varios estudios muestran que en Colombia la búsqueda de cobertura se hace en detrimento de la calidad en la educación, lo que aumenta la brecha entre los grupos sociales. Solo 34% de los escolares tienen una educación de calidad; más de la mitad de los estudiantes de grado 11 se ubican en los niveles bajo y medio-bajo en la adquisición y dominio de las competencias en historia, filosofía, física, química, matemáticas, biología y geografía; el analfabetismo absoluto en Colombia está en 10.1% y el funcional en 15.5%, sin contar las comunidades indígenas y afrocolombianas, infinitamente superiores.
En cuanto al tema de la financiación, entre 1995 y 2001, el gasto educativo creció de 2.4% a 3.4% del PIB, y en los años siguientes hubo una disminución paulatina al punto que en 2004 fue 3.1%; la gratuidad es letra muerta; la planta de personal docente creció entre 1992 y 1999 hasta 312.492, para disminuir a 279.536 en 2004, es decir, 32.000 plazas menos. En consecuencia, el promedio de alumnos por maestro pasó de 22.5 a 28, lo que lleva a más de 45 estudiantes por aula en las zonas urbanas.
La escolaridad y la deserción reafirman lo dicho. Desertan más de 700 mil estudiantes, que se suman a dos millones que carecen de escolaridad, más de un millón de niños desplazados, más de cuatro millones que obtienen resultados medios-bajos y bajos en los exámenes de Estado y más de un millón que no aprueban el año, todo a pesar de los aspavientos oficiales sobre los logros en cobertura.
El cuadro del desastre se completa con el arrasamiento laboral, salarial y prestacional del magisterio, tarea en la que el uribismo ha puesto gran empeño: el decreto 1278 de 2002 niega la carrera docente y legaliza el despido y conculca los derechos de más de 80 mil maestros provisionales con el tramposo concurso.
La política de racionalización determinó la disminución de 20% de la planta de personal de secundaria y el regreso al maestro todero de primaria; la supresión, en la práctica, de los estímulos para las zonas rurales de difícil acceso; el freno deliberado de los ascensos en el escalafón; la conversión del mejoramiento académico en una burla; la entronización de un discrecional régimen de traslados; el asalto a las pensiones, que significó una disminución de 20% de las mismas. Mientras Uribe propone una rebaja en el impuesto de renta de 38.5% a 32%, en beneficio de la oligarquía y las multinacionales, a los educadores nos arrebató 20% de nuestras pensiones de manera vitalicia.
Fiebre descentralizadora y municipalista
El actual debate sobre las transferencias ha servido para que afloren otra vez los discursos sobre equiparar democracia con descentralización, y peticiones desbordadas de autonomía, no sólo administrativa sino fiscal. Detrás se esconde la pretensión de gobernadores y alcaldes para que la ley no les imponga montos y destinos específicos a las transferencias nacionales, es decir, que sean dineros de libre inversión y que los Concejos puedan crear tributos y ordenar su gasto sin la interferencia de la Nación. En estas prédicas se agazapan las viejas tendencias municipalizadoras a las que Fecode se ha opuesto siempre, y mucho más desde que logramos la nacionalización de la educación con la ley 43 de 1975.
Una cosa es la lucha para que el Estado central financie adecuadamente la educación y que la ley de competencias territoriales defina los montos y destinos de estos dineros; y otra muy diferente, que detrás de esta legitima aspiración se imponga la municipalización y que alcaldes y gobernadores terminen disponiendo a su antojo de estos recursos. La descentralización solo debe llegar hasta los departamentos y la actual certificación de municipios debe revertirse.
Es un debate de importancia, dado que reivindicaciones estratégicas como un Estatuto Docente Único no son posibles bajo la municipalización, y la construcción de un sindicato único del sector educativo no puede alcanzarse sino con la negociación colectiva nacional, como factor esencial de aglutinamiento y centralización.
La conquista del Estatuto Docente Único implica derrotar el decreto 1278 de 2002, norma en cuya vigencia el gobierno cifra la esperanza de que los recortes podrán hacerse, a sabiendas de que en dos lustros la nómina amparada por el viejo estatuto se habrá retirado y, por tanto, los costos de la planta bajo el nuevo estatuto serán inferiores, comoquiera que se sustenta en el absurdo de ascender en los grados para rebajar los salarios.
Al paro nacional indefinido
Afortunadamente se superaron los aciagos tiempos en que se pensaba que el paro era una «táctica caduca», y que se trataba de ser «propositivos e inteligentes para negociar». Puestas las cosas como están en el proyecto de Uribe Vélez, el gobierno va por todo y entonces el magisterio y la comunidad educativa deben obrar en consecuencia. Las grandes movilizaciones contra el nuevo recorte a las transferencias han sido exitosas e igualmente los foros nacionales y regionales. Debemos persistir en explicar en detalle la gravedad de esta política y aglutinar a la comunidad educativa y demás sectores sociales, para que en el primer semestre del año entrante hagamos un paro nacional indefinido por la defensa de la educación pública y los derechos del pueblo colombiano.