Por Enrique Daza Gamba
Cuando el 18 de mayo de 2004 se iniciaron las negociaciones del TLC con Estados Unidos, se nos dijo que el gobierno colombiano defendería los intereses nacionales, preservaría la unidad de la Comunidad Andina y de Latinoamérica y lograría un tratado diferente al aplicado a otros países, como los centroamericanos, México y Chile. Y que se había elaborado una audaz estrategia negociadora, que identificaba las líneas rojas que no se traspasarían.
Los antecedentes de otros tratados, al conocer el proyecto que Estados Unidos presentó, nos señalaron que el gobierno conducía el país a una trampa; que Estados Unidos no haría concesiones especiales y quería era vender sus excedentes; que quienes determinarían qué se negociaba, sobre qué texto y a qué ritmo eran ellos; que se negociaría toda la estructura económica del país y que estábamos ante la inminencia de ser anexados a la economía de la superpotencia. Que Estados Unidos quería todas las ventajas y que cada una de las pequeñas dádivas que dieran nos costaría sangre. Y, si fuera poco, que la diferencia de tamaño de las dos economías nos pondría en una situación desventajosa.
Nos calificaron de pesimistas y en diferentes escenarios de debate nos decían: ustedes creen que el TLC saldrá mal, nosotros que saldrá bien; confíen en nosotros, no cederemos y lograremos un buen tratado, ya que tenemos un buen equipo negociador y claros los objetivos.
Hoy, 20 meses después, el gobierno terminó aceptando todas las exigencias norteamericanas y está llevando el país a un despeñadero. La negociación resultó una gran estafa para la opinión pública. Después de tantos aspavientos, se va a firmar una copia de los tratados de Estados Unidos con Chile y otros países. El ministro Botero ha dicho que era muy difícil para Estados Unidos salirse de esos formatos. Se podía prever que lo ya firmado por Estados Unidos sería el piso mínimo que aceptarían, pues para ellos somos un país más para imponerle las reglas neoliberales.
Los negociadores y el mismo Uribe Vélez hablaron mucho de que no nos servía un acuerdo tipo Cafta, Nafta o Chile. Pero han aceptado que el TLC firmado por Perú, incluso peor que los anteriores, será el firmado por el gobierno colombiano, Su “hábil estrategia negociadora” quedó vuelta añicos. Estados Unidos les hizo toda clase de desplantes e incumplimientos y, a pesar de ello, los negociadores colombianos siempre veían «una excelente actitud de los norteamericanos».
Botero afirmó repetidamente que las preferencias comerciales andinas eran el piso de la negociación, pero al comenzar la última ronda ni siquiera los floricultores y textileros, considerados ganadores si se firma el TLC, tienen sus negocios asegurados. Cada que Colombia llegaba con concesiones, los gringos hacían nuevas exigencias. Las festividades judías, las vacaciones y el clima fueron excusas para aplazar temas y citas, mientras el gobierno colombiano estuvo siempre acucioso, con las rodillas heridas de tanto reclinarse.
Las líneas rojas y la defensa del interés nacional han sido simples farsas. El gobierno de Uribe, desde un principio, se comprometió a no pararse de la mesa de negociaciones por desmesuradas que fueran las pretensionesde Estados Unidos. De antemano tenían una actitud perdedora. Y en otros casos se asumió posición similar. Por ejemplo, Chile renunció a las franjas de precios como mecanismo de protección, y a los agricultores colombianos se les dijo que no se renunciaría a ellas…a menos que se consiguieran mecanismos de protección semejantes o equivalentes. Las franjas desaparecieron, pero no hay mecanismos de protección parecidos. Se ha negado la posibilidad de salvaguardias permanentes que tengan algún efecto paliativo, y el gobierno colombiano sigue tan campante. Al comienzo se hizo demagogia con la protección que se les daría a los productos sensibles. Hoy sólo quedan dos: arroz y pollos, pero no les han explicado a los colombianos cuándo y a cambio de qué fueron sacrificados los demás productos.
La negociación fue presentada como puramente comercial, cuando en realidad fueron aceptados por el gobierno otros temas que son el alma del TLC. Con base en él tendremos que modificar sustancial¬mente muchas características de nuestro sistema económico, mientras que en EU la legislación de cualquier condado prevalece sobre las estipulaciones del Tratado.
El gobierno de Uribe ha ido abandonando sus líneas rojas móviles al ritmo de las exigencias norteamericanas. Su se reduce a poner la firma donde le diga Estados Unidos. El proceso no ha sido más que el acercamiento al texto norteamericano y la negociación ha consistido en un esfuerzo infructuoso por hacer que el TLC sea digerible para la opinión pública y los productores nacionales. Ha sido el esfuerzo gubernamental para convencer al país, y en especial a los empresarios y dirigentes de diversos sectores, de que es imposible no firmar el TLC, así este signifique la recolonización nacional.
Se nos dijo que por el papel de Colombia en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, Estados Unidos nos tendría especiales miramientos. Pero ellos han sido claros: negocios son negocios. Así, lo que fue en su momento «la artillería pesada», el argumento supremo, se devolvió como un bumerang: rehén de la «ayuda» norteamericana, tan necesaria para los programas de «seguridad democrática», el gobierno uribista no tiene más alternativa que marchar al ritmo que impongan los gringos. La Iniciativa Regional Andina y el Plan Colombia se han convertido en instrumentos de chantaje para obligar a Uribe a firmar lo que quiera Estados Unidos. Ni siquiera sus afanes reeleccionistas le permiten aplazar la firma, a menos que los amos consientan en ello. El TLC será firmado cuando y donde los norteamericanos dictaminen, y su aprobación en el Congreso dependerá de que Uribe logre el apoyo de la mayoría de los parlamentarios, no importa cómo lo haga.
A pesar de lo prometido, la CAN quedará herida de muerte con el TLC. El gobierno colombiano intriga para que se modifique la legislación andina y convertir la CAN en un apéndice del TLC. Perderemos con ello nuestro principal socio comercial para productos manufacturados: Venezuela. Y sacrificaremos en el altar del libre comercio con Estados Unidos toda perspectiva de integración regional.
Como si fuera poco, el gobierno colombiano se ha adelantado a los deseos norteamericanos: la legislación sobre inversión, parques naturales, petróleo, agua y bosques presenta concesiones unilaterales y anticipadas a las exigencias del imperio. Uribe se obstina en asegurarle a Estados Unidos privilegios y garantías que estén acordes con lo que se definirá en el Tratado de Libre Comercio. Concesiones hechas por fuera de las mesas de negociación, señales de «buena voluntad», entregas gratuitas y unilaterales para «ablandar el corazón de los Estados Unidos», según la palabrería oficial tan manoseada.
Muchos colombianos han creído en la buena fe del gobierno y han pretendido asesorarlo, aconsejarlo y evitarle perjuicios y desgracias sin fin para el país. Su propia experiencia les permite hoy concluir que se está entregando todo. El movimiento sindical y diversas organizaciones populares no sólo no cayeron en las trampas del gobierno para llevarlos a avalar el Tratado bilateral, sino que lo han rechazado firmemente y han hecho inmensas y aguerridas movilizaciones en su contra. La Iglesia católica ha alertado contra los peligros que conlleva su firma; los intelectuales y artistas quieren que la cultura no se desnacionalice, y los verdaderos representantes de los sectores productivos lo com¬baten, ratificando su rechazo en masivas consultas populares. Solamente lo apoyan un puñado de trasnacionales, intermediarios financieros, grandes exportadores e importa¬dores y dirigentes gremiales fletados por el gobierno.
No nos queda duda de que el debate sobre el TLC es político. Es sobre el rumbo que debe seguir el país. Atarse a los designios norteamericanos o diversificar las relaciones internacionales; ampliar el mercado interno; elevar el nivel de vida de la población; promover la industrialización; resguardar la capacidad del Estado para fomentar el desarrollo y unirse con los países hermanos. Los candidatos a la Presidencia y al Congreso deben pronunciarse sobre tan vital asunto.
Es una hora de las definiciones. Los ciudadanos deben exigirles a sus candidatos estar al lado de los intereses nacionales y no respaldar el TLC. Si no lo impedimos, el TLC será firmado ahora o más adelante y perderemos la soberanía, la cual, en palabras del candidato presidencial Carlos Gaviria, es a los países como la dignidad a las personas.