Por Aurelio Suárez Montoya
Después de once rondas de negociación y de las declaraciones del presidente Uribe y del ministro de Comercio, Jorge Humberto Botero, acerca de la inminencia de la firma del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, el balance del proceso contiene la cesión por parte de los negociadores colombianos a Estados Unidos de casi todo el mercado industrial nacional; de la protección del sector agrope¬cuario, el cual queda a merced de las picardías del comercio agrícola norteamericano basado en los subsidios estatales; de la privatización de los servicios públicos esenciales, entre los que se cuentan además las fuentes de agua; de la biodiver¬sidad y los conocimientos ancestrales vinculados a ella; de una parte muy amplia de la legislación nacional, derrumbada o modificada según los intereses expansio¬nistas de Estados Unidos; de la soberanía territorial, al no incluirse en el TLC, por ejem¬plo, conceptos como el de las 200 millas de explotación económica, y hasta de la política económica, subordinada a las maniobras especulativas de los flujos de capital financiero.
Colombia está postrada en las mesas de negociación y, luego de la reunión en el Rancho Crawford, las órdenes de Bush se han implementado a cabalidad. Confirmando lo que se había previsto desde el inicio de las negociaciones, en mayo de 2004, por los sectores más esclarecidos de la sociedad, el gobierno decidió, a partir del trágico-cómico encuentro presidencial, zafarse de los eventuales compromisos que había adquirido con los gremios inquilinos del «cuarto de al lado» y anunció que «asumiría los costos políticos» que le trajera la suscripción del TLC. Se avisó de un rompimiento del ritual de conciliación que tenía felices a todos y no solamente se tiró por la borda en Washington, pocos días después de la cita de Texas, lo que algunos denominan como «estrategia conjunta» sino que en el caso más sonado, en el de la agricultura, ya se está en la idea de apenas brindar alguna defensa a tres productos: maíz, arroz y algunas presas de pollo; una defensa que, al final, será vulnerable. En tanto el compromiso es que tarde o temprano, y más lo segundo que lo primero, no habrá arancel alguno que pueda atajar la avalancha de excedentes venidos del norte de América.
Contra la entrega del país se han venido pronunciando erguidamente, mediante consultas populares, los arroceros, los productores agropecuarios de clima frío y las organizaciones sociales del Cauca, como también los indígenas del Tolima, que llevaron a cabo una gran Minga en días recientes, con una marcha entre El Guamo e Ibagué.
Consulta arrocera
No obstante tan desgraciado comportamiento oficial, acompañado del desprecio por la mayoría de la nación, los agricultores y campesinos de Colombia han adoptado formas de resistencia y de acumulación de fuerzas para cuando los momentos cruciales exijan el embate final. Aprendiendo de las comunidades indígenas y campesinas de los seis municipios del oriente del departamento del Cauca, que en marzo dijeron SÍ a la vida y NO al TLC, los productores de arroz de la zona central hicieron una consulta popular que abarcó los cuatro departamentos que responden por 80 de cada 100 toneladas de arroz de las que se producen en Colombia. En 36 municipios de Tolima, Huila, Meta y Casanare, el domingo 6 de junio hubo más de 90 urnas donde 6.300 productores, 70% de los que podían votar, respondieron dos preguntas acerca de su posición sobre un tratado en el que el arroz y demás productos agropecuarios subsidia¬dos quedaran incluidos. De los votantes, 99,6% contestó que NO. Esto fue, además, un rechazo a la propuesta oficial en la mesa agrícola del TLC preparada en mala hora por Fedearroz.
Consulta a agricultores de clima frío
Del mismo modo, en 20 municipios de los departamentos de Nariño, Boyacá y Cundinamarca, donde se encuentran los cultivos más representativos de trigo, cebada y avena y también zonas muy importantes de siembra de papa y de lechería campesina, el 4 de septiembre se va a hacer una Consulta Popular para conocer la opinión de los cultivadores acerca del TLC, que incluya esos cereales y demás productos agropecuarios de clima frío. Hay que notar que estos productores, en los términos en los cuales se conocen las ofertas que Colombia ha hecho a Estados Unidos, están ya sacrificados por el gobierno al prometerse a los norteamericanos el ingreso inmediato de dichos renglones al mercado nacional, y sin arancel alguno. Los campesinos y agricultores de estas regiones no tienen siquiera la posibilidad de transformarse en productores de otras cosechas; muchos de ellos han persistido en los cultivos tradicionales porque las condiciones ecológicas y económicas no les permiten cambiar.
La competencia entre Estados Unidos y Colombia es completamente desigual. El sector del trigo estadounidense recibió en el año 2003 más de 1.700 millones de dólares en forma de subsidios estatales. Ese país debe exportar cerca de la mitad de lo que produce (43%) y es conocido que sus granos se venden en el exterior con un precio de hasta 44% por debajo de los costos de producción. La producción de un bushell de trigo cuesta 6,24 dólares y se exporta a 3,5. Las importaciones con arancel cero que vendrán con el TLC, según lo entregado por los negociadores colombianos, podrían incluir además las harinas, los residuos de los procesos industriales, las pastas y la sémola. En relación con la cebada, hay que notar que desde el gobierno de César Gaviria el monopolio cervecero (Bavaria, hasta hace poco de Julio Mario Santo¬domingo) había adquirido licencia para comprarla en el extranjero, también a precios por debajo de los costos de producción, lo cual produjo la desaparición a partir de 1992 de casi 30.000 hectáreas y 50.000 toneladas. Las denigrantes acusaciones sobre la «ineficiencia» de los productores colombianos se fundan en un comercio donde el dumping se impone, lo cual quedará completamente legalizado al ser aprobado el TLC. Lo de la cebada es una muestra clara: de acuerdo con lo fijado en la Ley Agrícola de 2002 en Estados Unidos, un productor de dicho cereal recibirá 11 dólares por cada tonelada que produzca y, además, préstamos para comer¬¬cialización a tasas subsidiadas cuando el precio de la tonelada en el mercado sea inferior a 86,35 dólares, y les reconocen pagos compensatorios cuando el precio en el mercado interno esté por debajo de 101 dólares por tonelada.
Con base en lo expuesto, cualquiera puede entender por qué los agricultores de clima frío se deben pronunciar contra la ordalía a que se les va a someter con el TLC. Y esto es extensivo a los productores de papa y leche. En relación con este último producto, se sabe que el pago directo por litro producido en Estados Unidos equivale a 450 pesos colombianos más el precio de compra; esto hace imposible pensar en exportaciones nacionales exitosas con precios remunerativos para los productores y también que cualquier volumen o cantidad importada de leche en polvo o larga vida que llegue a «precio de quema» al país puede perfectamente tirar al piso los precios de compra a los productores; quienes, dicho sea de paso, ya están amenazados con la reciente declaratoria del gobierno de «libertad controlada de precios». En cuanto a la papa, basta mirar que en los estados de Idaho y Nebraska y en otros de los primeros en producción del tubérculo en el país del Norte, el promedio es de 40 toneladas por hectárea, mientras que en Colombia, en el mejor de los casos, no llega a 20. Acá existe la posibilidad de vulnerar el mercado nacional en segmentos donde la demanda se enfoca hacia presentaciones de papa precocida o semipro¬cesada o incluso en chips.
En el Cauca, ampliación de la consulta contra el TLC
También en el departamento del Cauca, para hacerla entre el 26 y el 28 de agosto, fueron convocadas nuevas organizaciones sociales a otra Consulta Popular sobre el TLC. El Consejo Regional Indígena, CRIC, y la Asociación de Pequeños y Medianos Pro ductores del Cauca, Agropemca, entre otras, les pedirán a sus asociados el respectivo concepto sobre el nocivo Tratado. Se espera que por lo menos otros 50 mil productores den su opinión. Igualmente, 117 resguardos indígenas de Colombia, encabezados por los del Tolima, marcharon desde Guamo hasta Ibagué entre el 24 y el 26 de agosto para rechazar el TLC y exigir del gobierno de Uribe atención a las condiciones de miseria y hambre en las cuales viven y que se agravarán cuando entre en vigencia el inicuo Acuerdo.
La conducta oficial y las reacciones gremiales
No es de extrañar que la actitud gubernamental frente a las distintas manifestaciones sociales contra el TLC sea de desdén y menosprecio. Nada importa, el presidente Uribe Vélez ha impuesto el «sí o sí». Frente a la autoritaria conducta, típica del estilo característico del régimen uri¬bista, se empiezan a escuchar en tonos más altos los reproches de los mismos grupos a quienes el gobierno había tenido hasta hace poco como interlocutores válidos. «Es un contrato de adhesión», han afirmado voceros de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, y de la Federación Nacional de Cerealistas, Fenalce.
Y los cultivadores de algodón no justifican que se vaya a otorgar una ventaja imposible de disputar a la fibra norteamericana que se exporta con cotizaciones 55% por debajo de los costos. Los cultivadores de palma africana reclaman por las concesiones hechas a las oleaginosas, como aceites de girasol, canola, maíz, soya y similares, que los afectarán indefectiblemente. un Y en el azúcar, un artículo que es considerado como potencial ganador en el TLC, los productores de caña se quejan de los bajos precios de compra que les anuncian los ingenios para adquirirles su producción , la que será destinada a la elaboración de etanol para ser mezclado con la gasolina y usado por el parque automotor nacional.
Nadie en el sector agropecuario está conforme con la forma como el gobierno ha decidido acometer lo que él mismo llama la fase política de la negociación del TLC. Todo resultó tal como algunas organizaciones, entre ellas la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, lo habían advertido de antemano, y como en forma permanente con gran claridad e inteligencia lo señalara en infinidad de ocasiones el senador Jorge Enrique Robledo, en sus debates en el Congreso y en centenares de conferencias, reuniones y discursos a lo largo y ancho del país.
Debemos reforzar la resistencia civil por la soberanía económica
En la medida en la cual el gobierno arremete y Estados Unidos acosa por una suscripción rápida del TLC, los esfuerzos de unidad y de resistencia del sector agropecuario nacional han de ser mayores. George W. Bush «le puso las botas» a Uribe Vélez para que proceda como capataz de lo que el Imperio considera una manada dócil. Lo deseable es que se forje la más amplia unidad que le produzca al TLC todos los obstáculos posibles para su cristalización: desde los recursos jurídicos hasta la movilización generalizada. En ningún caso habrá razones para discriminar a nadie. Todos los afectados por el Tratado debemos unirnos férreamente.
Si al gobierno sólo le resta como su única carta la capacidad de engaño y manipulación de la opinión rural, a los productores y al pueblo en general les sobran motivos para rechazar la pretensión colonizadora de Estados Unidos, con la connivencia de los gobernantes genuflexos de nuestra nación. A unos se les acaba la retórica, a otros la paciencia. E incluso los sueños de acceso al mercado norteamericano, «el mercado más grande del mundo», que durante tanto tiempo acariciaron algunos, se desvanecen ahora con el duro despertar frente a la decisión presidencial de firmar a toda costa.
El Paro Cívico Nacional del 12 de octubre, entre cuyos propósitos principales se encuentra la lucha contra el TLC, será una primera ocasión para ir aglutinando a todas las clases y sectores dispuestos a librar la batalla frontal contra el TLC. Poco a poco debe irse cuajando un gran frente de unidad nacional que tenga en cuenta que: «Si los colombianos anhelan preservar lo suyo, sus carreteras, puertos, plantaciones, hatos, pozos petroleros, minas, factorías, medios de comunicación y de transporte, firmas constructoras y de ingeniería, todo cuanto han cimentado generación tras generación; y si, en procura de un brillante porvenir, simultáneamente aspiran a ejercer el control soberano sobre su economía, han de darle mayores proyecciones a la resistencia iniciada contra las nuevas modalidades del vandalismo de la metrópoli americana, empezando por cohesionar a la ciudadanía entera, o al menos a sus contingentes mayoritarios y decisorios que protestan con denuedo pero en forma todavía dispersa», tal como lo pidiera Francisco Mosquera en su admirable advertencia contra la apertura del revolcón de César Gaviria y de Rudolf Hommes. Ahora más que nunca debe retumbar por toda Colombia la consigna acuñada por Mosquera: «¡Por la soberanía económica, Resistencia Civil!».