Uno de los pilares del proceso de apertura implantado por Gaviria en Colombia consiste en eliminar cualquier obstáculo a la entrada de capitales foráneos, así como protegerlos y otorgarles toda clase de garantías.
Junto con la libre circulación de productos, exigida por Estados Unidos y las multinacionales Banco Mundial y Fondo Monetario, los países latinoamericanos deben permitir la libre movilización de capitales extranjeros y crear las condiciones que propicien su asentamiento en la región. Para cumplir, con los mandatos del imperio, los gobiernos impulsaron la privatización, legislaron en favor de las maquilas y abrieron sus mercados bursátiles a los llamados «fondos país».
El desarrollo de una «zona de libre comercio que se extienda desde el puerto de Anchorage hasta la Tierra del Fuego», compendia el programa para América Latina que enunciara en junio de 1990 el entonces presidente Bush y que sigue vigente con Clinton. Bautizado con el nombre de «Iniciativa para las Américas» el plan se fundamenta en tres elementos: comercio, inversión y problema de la deuda externa. Después de manifestar que «el clima de inversión continúa empañado por el peso agobiante de la deuda», Bush prometió perdonar una porción de ella a los países que «adopten programas enérgicos de reforma económica y de inversiones, con el respaldo de las instituciones internacionales».
Cómo se vende la nación
Tres meses después, Gaviria, durante su viaje a Estados Unidos, anunció que la inversión extranjera tenía las puertas abiertas y que se permitiría su vinculación a los servicios públicos. Declaraciones que arrancaron «calurosos aplausos» de los inversionistas norteamericanos, tal como lo consigna la prensa colombiana del 27 de septiembre de 1990. Tan generosa oferta se concretó con la promulgación de la resolución 51 de octubre de 1991 del Conpes, conocida como el estatuto de inversiones internacionales.
Con la nueva reglamentación se echó por la borda toda la normatividad acordada con otros países latinoamericanos en el marco de la integración. El capitalista foráneo puede ahora cubrir el conjunto de las actividades, incluidos los sectores financiero, de servicios y comunicaciones, sin limitación alguna, ni en el monto ni en las formas de participación del capital. Asimismo, se elimina una serie de trámites, como el de solicitar permiso previo al Departamento Nacional de Planeación, y se admite que se giren al exterior las remesas sin las restricciones de la vieja legislación.
Los acuerdos de protección y promoción a las inversiones, como el que pretendió firmar Gaviria a finales de julio, en Londres, y que piensa luego concretar con Estados Unidos, Alemania o Japón, es sólo un paso más en el extenso recorrido del gobierno en su afán por vender el país.
A principios de noviembre de 1992, los ministros de Hacienda, Desarrollo y Comercio Exterior, y el jefe de Planeación Nacional, realizaron una costosa gira a Estados Unidos para explicarles a representantes de 180 grandes consorcios norteamericanos las bondades que les otorga el gobierno. En el mismo mes comenzó a funcionar la Corporación Invertir en Colombia, Coinvertir, una institución donde participan entidades del sector público, empresas del país y multinacionales, y cuyo objetivo consiste en asesorar a los inversionistas foráneos. En junio pasado, en Londres y como etapa previa al viaje del presidente de la República, su equipo económico efectuó un seminario con el fin de presentar 30 proyectos a los capitalistas ingleses. Entre las entidades ofrecidas a los británicos figuran los bancos del Estado, de Colombia y Central Hipotecario, la Compañía de Seguros La Previsora y acciones de Bancoldex
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Pero esta campaña de subasta no se limita a las esferas oficiales. En junio último, en el Hotel Plaza de Nueva York, ante empresarios norteamericanos, Ernesto Samper, candidato a la presidencia, «relevó las ventajas que se ofrecen a la inversión extranjera en sectores como la minería, la banca y el turismo. Igualmente ofreció plenas garantías y un clima de seguridad para los inversionistas actuales y potenciales (La República, junio 29 de 1993).
Auge de las multinacionales
En el informe La Inversión Mundial 1993, realizado por la Conferencia de la ONU para el Comercio y Desarrollo, Unctad, se dice que las sociedades multinacionales se han convertido en el motor de la «globalización» de la economía mundial. Señala cómo de 7.000 empresas registradas veinte años atrás, se pasó, a principios del actual decenio a 37.000, con 170.000 filiales en el extranjero. Indica, además, que durante 1992 la inversión en Asia oriental, meridional y sudoriental ascendió a 21.000 millones de dólares, contra un promedio de 12.000 millones en la segunda mitad de los ochentas. En América Latina y el Caribe, en igual lapso, la afluencia de capitales varió de 9.000 a 16.000 millones de dólares.
En los cinco primeros meses de 1993 entraron a Colombia, por concepto de inversión directa, 169 millones de dólares, sin incluir la dedicada a actividades petroleras. Dicho valor equivale a un incremento de 18% con respecto al mismo período del año anterior. Debe destacarse que a la industria manufacturera llegaron 78.6 millones de dólares y al sector financiero 55 millones.
El gobierno ha desarrollado diversas modalidades para vincular el capital externo. Una de ellas son los «fondos país», establecidos por la ley 78 de 1989, iniciaron operaciones en junio, de 1992 con un capital de 19 millones de dólares. A mayo de 1993 su monto alcanza la cifra de 92 millones.
Actualmente funcionan en el país 40 de estas instituciones, la mayoría administrada por Cititrust, una filial del City Bank. Los «fondos» están autorizados para colocar sus recursos a través de las bolsas de valores, exceptuando los papeles de renta fija emitidos por el Banco de la República para efectuar control monetario. Sin embargo, hasta ahora sólo han comprado acciones, especialmente del Banco de Bogotá, Corporación Financiera del Valle, Carulla, Bavaria y coltabaco.
El otro conducto, con el cuál los monopolios buscan explotar la mano de obra barata de Latinoamérica, consiste en la maquila. Para Colombia, la resolución 4405 de 1991 del Incomex establece «las medidas relacionadas con el programa de Importación-exportación de las operaciones de maquila», mientras que el decreto 2131 del mismo año reglamenta las zonas francas industriales administradas por los particulares. Frente a toda esta arremetida, los Estados Unidos quieren hacerle creer al país que le está dando un trato recíproco a la obsequiosidad de los gobernantes colombianos, tal cual sucede con la promulgación de la Ley de Preferencias Andinas, que nos concede un supuesto beneficio arancelario. Sin embargo, la lista se refiere a la producción secundaria sin incluir, por ejemplo, bienes actualmente importantes para la economía nacional como las flores, el café y el banano.
Sea una u otra la modalidad que adopte la inversión directa, lo cierto es que los recursos naturales son saqueados por los monopolios extranjeros y el capital foráneo se pasea muy campante por nuestra patria, gozando de cuanta ventaja se le ocurra al servicial régimen gavirista. Entre tanto, los productores nacionales del campo y la ciudad se ven abocados a la ruina y los trabajadores colombianos sufren el desempleo y el drástico deterioro de sus ingresos.