Los organismos de control se obstruyen unos a otros y los aliados de ayer terminan indisponiéndose, pero todos con el mismo estigma de haber hecho una Constitución tan complicada como antidemocrática
Si algo pone al descubierto el conflicto del «Veedor» es el fariseísmo de la clase gobernante y el caos creado por la multiplicación de los organismos de control que viven enfrentados unos con otros. Ya todos saben que Gaviria, el M19, el alvarismo y demás fuerzas políticas de la Constituyente de 1991 abonaron el terreno para la implantación de la apertura económica. Con este fin había que doblegar a la vieja clase política y esgrimir demagógicamente el argumento de la lucha contra la corrupción y contra el manejo usual que se les ha venido dando a los auxilios parlamentarios. En el fondo se trata de una simple reyerta preelectoral. Bajo este señuelo se puso en marcha el cambio de las reglas del juego democrático y la suplantación del Congreso.
Anticipándose a lo que habría de hacer Fujimori en el Perú, las cámaras fueron cerradas, se dio vida a una Comisión Especial Legislativa (el «congresito») y se citó a nuevas elecciones para diciembre de 1991. Pero los constituyentes fabricaron una vulgar paradoja: los auxilios no fueron suprimidos, sencillamente cambiaron de dueño, pues su manejo lo tiene ahora el gobierno en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal, que los puede transferir, por medio de contrato, a entidades privadas sin ánimo de lucro, conforme lo señala el artículo. 355 de la Carta, o de cualquier otra forma.
En componenda de última hora se inventaron el «Veedor», quien, con una vigencia temporal de sólo tres años, tiene la supuesta misión de impedir el uso de los dineros públicos o del exterior en los comicios. Sin embargo, su régimen es tan abstruso que nadie sabe a qué rama del poder pertenece ni cuál es la autoridad que puede enjuiciarlo y separarlo. Y su ejercicio se asemeja más a una comedia que a un efectivo control de los recursos económicos en las campañas electorales. A modo de ejemplo, el «Veedor» cree que la vigilancia se logra con el registro de los libros contables de los candidatos o con la creación de «veedurías cívicas». Es tal la anarquía reinante que la fiscalización de los auxilios terminó en parálisis de hospitales y centros de servicio a la comunidad, lo cual se quiso morigerar con la arrevesada introducción de un artículo suelto en el reglamento del Congreso. La supervisión de los dineros oficiales, ya estén en manos del presidente o de los parlamentarios, es sencillamente una empresa imposible.
Ocurrió, sin embargo, que algunas investigaciones del «Veedor» incomodaron al Ejecutivo y a sus conmilitones, como en el caso de las becas del Icetex. Esto dio origen a que el investigador fuera investigado: el contralor pidió al procurador que estableciera responsabilidad por esta conducta; el procurador se declaró impedido y solicitó al Congreso que designara un procurador ad hoc, el cual fue nombrado mediante terna que hicieron el Presidente, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. El procurador ad hoc lo acusa y el «Veedor» contraataca diciendo que no tiene competencia para hacerlo, lo cual dio lugar a la intervención del Consejo Superior de la Judicatura, que ordenó al presidente separar al funcionario de su cargo. Y por su parte, la Corte Constitucional precisó que la Sala Disciplinaria del Consejo sólo puede sancionar a funcionarios de la rama jurisdiccional, mas no destituirlos. En su afán de recuperar el espacio político perdido y tirarle las orejas a Gaviria, el M19 y el alvarismo han armado un alboroto propagandístico y judicial en torno del embrollo.
Mucho queda en claro de este triste episodio de la vida nacional. Los organismos de control se obstruyen unos a otros y los aliados de ayer terminan indisponiéndose pero todos con el mismo estigma de haber hecho una Constitución tan complicada como antidemocrática.