La Asamblea fue elegida el 9 de diciembre y sesionó de enero a julio de 1991, cuando procreó la contrahecha criatura de sus afanes, la Carta de la neocolonización económica.
Marcelo Torres
El nacimiento de la actual Constitución tuvo lugar después de una cadena de violaciones a la anterior Carta política, en la que cada paso era peor y se apoyaba en el precedente. Los reveses iniciales, el plebiscito propuesto por Virgilio Barco en las elecciones del 11 de marzo de 1988 –frente al cual el expresidente Pastrana amenazó con declarar la abstención-, y el hundimiento en el Congreso del proyecto de reforma constitucional del gobierno, en 1989, no hicieron desistir a los inspiradores de la llamada consulta popular, que al final quedó anulada por el pronunciamiento del Consejo de Estado. Y el gobierno de entonces se resignó a someterse a los canales habituales presentando al Congreso la enmienda mediante un proyecto de acto legislativo. La pantomima llegó a su fin cuando el gobierno retiró la iniciativa, tras el artificial alegato contra la no extradición, después de que los parlamentarios la habían aprobado en las dos legislaturas correspondientes.
Para reformar la Constitución por la vía plebiscitaria -procedimiento prohibido por la Carta entonces vigente- había que desprestigiar y someter tanto al Congreso como a la justicia. La nefanda campaña puesta en movimiento desde la Casa de Nariño no tardó en rendir frutos, ante la pasividad de los órganos del Estado afectados.
La llamada «séptima papeleta», en marzo de 1990, con ocasión de la consulta para escoger candidato oficial del liberalismo, materializó un definitivo avance en esa dirección. Era la introducción de una insólita cláusula en las reglas de juego electoral, bajo la mascarada de una supuesta iniciativa estudiantil, impelida por el gobierno y sin fundamento alguno. El decreto 927 del 3 de mayo del mismo año, también de Barco, al convocar el referéndum en tomo a la urgencia de reunir una Constituyente, retomó claramente el camino plebiscitario, vale decir, inconstitucional, para reformar la Constitución. El intenso apremio ejercido desde las altas esferas sobre la Corte Suprema de Justicia para obtener de ella un fallo favorable, desembocó en la inevitable aprobación de la consulta, la cual se llevó a cabo en los comicios presidenciales del 27 de mayo de aquel año, abriéndole así una tronera al ordenamiento constitucional.
El 2 de agosto de 1990, el presidente electo César Gaviria, en su calidad de director nacional de su partido, encabezó el acto en que se firmaron por parte del liberalismo, el conservatismo, el Movimiento de Salvación Nacional y el M-19, varios acuerdos cuya médula era la convocatoria de elecciones a una Asamblea Constituyente. El 23 del mismo mes las fuerzas políticas implicadas ratificaron los compromisos y el 24 el nuevo gobierno las convirtió en norma legal, expidiendo el decreto 1926. Otra vez la Corte Suprema fue presionada sin pudor alguno. Desconociendo el fallo de su Sala Constitucional que declaraba inexequible el decreto, el máximo Tribunal dio luz verde a la convocatoria de la Asamblea. Esta fue elegida el 9 de diciembre y sesionó de enero a julio de 1991, cuando procreó la contrahecha criatura de sus afanes, la Carta de la neocolonización económica.
En el curso de sus deliberaciones no sólo desconoció olímpicamente una providencia del Consejo de Estado que suspendía algunas de sus decisiones sobre materias electorales, sino que declaró, desafiante, que sus determinaciones configuraban actos de «vigencia inmediata» y elevó su reglamento interno a rango constitucional. Domesticada la Corte Suprema, desconocido el Consejo de Estado y derrumbado todo el orden jurídico, sólo le faltaba rematar al arrinconado Congreso, y fue lo que hizo a continuación. Antes de desaparecer, disolvió el órgano legislativo y convocó a nuevas elecciones parlamentarias.
La Corte rechazó el que se incluyera en la convocatoria de la Constituyente un temario oficial, mas la abrumadora mayoría de los 380 artículos permanentes y de los 59 transitorios de la nueva Constitución recogieron lo esencial de lo propuesto por el gobierno: unos basamentos más regresivos, antidemocráticos y antinacionales que las antiguas normas abolidas, Se había puesto en marcha el «revolcón».