Gustavo Triana
La posibilidad real de contar con una empresa petrolera estatal sólida y pujante está siendo amenazada de muerte por la política del régimen, que lleva a liquidar, en beneficio de unas cuantas transnacionales; la experiencia y capacidad acumuladas por Colombia en más de cuatro décadas.
En el presente artículo analizaremos dos de los frentes principales en que avanza la conjura contra Ecopetrol: la entrega de Cusiana y otros yacimientos gigantescos a los monopolios foráneos, y las importaciones de gasolina.
Un caso aberrante
La existencia de crudo y gas en el subsuelo del piedemonte llanero fue comprobada por los técnicos de Ecopetrol en el decenio de lo setentas. Pero la exploración no pudo acometerse, pues en 1976 la junta directiva de la empresa no autorizó las inversiones necesarias. Pese a ello, Ecopetrol perforó con éxito los pozos Unete y Tauramena 2X.
Ya, por entonces las proyecciones apuntaban hacía las 159 mil hectáreas de Santiago de las Atalayas I como el yacimiento más promisorio. En 1982, cuando los técnicos y trabajadores colombianos esperaban qué Ecopetrol diera por fin luz verde a la exploración, el presidente de la empresa, José Fernando Isaza, decidió cederla por contrato de asociación a la multinacional Triton, de Estados Unidos.
La Triton no emprendió en serio los trabajos, sino que se ocupó durante años en una serie de negocios especulativos y de reventa. En 1987 se asoció con la British Petroleum Company, BP, y con la Total, de Francia. Lo que los técnicos de Ecopetrol daban por cierto casi diez años antes vino a quedar en evidencia hace apenas unos cuantos meses: la existencia de miles de millones de barriles de crudo, uno de los hallazgos más grandes hechos últimamente en el mundo. Lo paradójico del caso es que el descubrimiento se llevó a cabo con base en los estudios y trabajos previos de Ecopetrol.
La aberración no para ahí. Entre 1989 y 1992 el comité ejecutivo de Ecopetrol autorizó la firma de otros doce contratos de asociación en los alrededores de Cusiana. De esta manera se perdió una de las áreas de reserva más promisorias de la empresa estatal. A tal punto que Ecopetrol se quedó sin depósitos naturales en el piedemonte llanero, a sabiendas de que renunciaba a yacimientos de la magnitud del de Cusiana.
Los resultados están a la vista. La BP, la Triton, la Total, la Maxus y la Occidental, asociadas en parte con el grupo Santodomingo, han empezado a hallar crudo a manos llenas. En el campo Recetor se anunciaron 1.500 millones de barriles; en Samore, la Occidental anticipa mil millones, y los mismos socios de Cusiana dan la noticia de pozos gigantescos en Cupiagua
.
Y mientras les regala tan abundante manantial de riqueza a los trusts, el gobierno mantiene a Ecopetrol explorando en las zonas de mayor riesgo.
Las importaciones de gasolina
En 1992 Ecopetrol se vio obligada a importar 32 mil barriles diarios de gasolina de los 115 mil que cotidianamente consume Colombia. El fenómeno obedece a que las refinerías de la empresa estatal en Barranca, Cartagena, Orito, Tibú y Apiay sólo producen el 75%.
La gasolina se adquirió en el mercado internacional a 26 dólares, perdiendo 12 dólares por cada barril, ya que lo vende a los distribuidores mayoristas únicamente a 14 dólares. Este subsidio concedido a los expendedores le costó el año pasado a la empresa la bicoca de 120 mil millones de pesos.
Para liberarse de dicha carga, en enero de 1991 junta directiva y el comité ejecutivo de Ecopetrol resolvieron acometer la construcción de una refinería en Puerto Triunfo, Antioquia, cuyo costo subía a la sazón a 1.300 millones de dólares. La capacidad prevista en el proyecto era de 100 mil barriles por día, procesados mediante el sistema de alta conversión. La empresa estatal llegó incluso a efectuar la apropiación respectiva, por 950 millones de dólares.
El gobierno de Gaviria decidió aplazar indefinidamente la construcción de la nueva refinería y sometió al país a seguir gastando más de 300 millones de dólares anuales en la importación de gasolina, con lo cual ha privado al trabajo y a la industria de un ambicioso proyecto que reactivaría notoriamente la economía nacional.
Al no construir la refinería y limitarse el gobierno a dejar el negocio en manos del sector privado, se hará realidad en breve la internacionalización de los precios de la gasolina, se disparará la inflación y e déficit alcanzará en el año 2000 los 80 mil barriles diarios, o sea, el 50% de las necesidades domésticas.
Prerrogativas a las multinacionales
Ecopetrol ha demostrado su avance tecnológico en la exploración y explotación de crudo, como lo indican las cifras del siguiente cuadro: El resultado de estos dos y perforaciones se ha traducido en una proporción de éxito del 52% para Ecopetrol y del 30.5% para las empresas asociadas. Por otra parte, el costo del pie perforado por la empresa estatal es de 232.63 dólares, mientras que el de los socios se eleva a 499.50 dólares.
Lo censurable está en que el esfuerzo hecho por nuestros técnicos y obreros en la exploración de superficie, o sea el estudio de las cuencas, es luego usufructuado por las multinacionales a través de los contratos de asociación.
Entre 1988 y 1991 la petrolera colombiana realizó, exploraciones de superficie de 18.901 kilómetros de perfil, no muy lejos de las multinacionales que, en conjunto, sumaron 20.000 kilómetros. Durante el mismo período Ecopetrol sólo hizo 52 pozos exploratorios, mientras que las multinacionales llegaron a 220, buena parte de ellos en zonas estudiadas y maduradas por la entidad oficial.
La Comisión Nacional de Energía y el Conpes han aprobado cederles a los consorcios extranjeros 5 millones de hectáreas reservadas a Ecopetrol. Con lo que aquéllos pasaron de 11 millones en 1988 a 27 millones en 1993, o sea, el 100% de las cuencas estudiadas por el país.
No hay argumentos técnicos, económicos, ni menos de seguridad nacional para actuar tan bondadosamente con el inversionista foráneo, en detrimento de una empresa tan estratégica para la nación.
Más prebendas
La contraparte, entre otras, disfruta de las siguientes garantías:
1. Controla el contrato sin importar que Ecopetrol sea el socio mayoritario del mismo.
En Caño Limón la Oxi es dueña de sólo el 10% de la asociación y sin embargo es la operadora. Manejar la factura de gastos es una gran ventaja para el asociado, si se tiene en cuenta que nuestra empresa debe pagar el 50% de la misma.
2. Al margen de la dimensión del descubrimiento, su participación siempre es del 40%. Así, por ejemplo, la Texas tiene esa porción de Cocorná, de donde se extraen 10.000 barriles diarios, igual que la Oxi en Caño Limón, cuya producción es de 240.000 barriles, o la BP, Triton y Total en Cusianá, que producirá 500.000 barriles diarios. Las condiciones deben modificarse porque los contratos existentes no contemplan que a mayor riqueza del yacimiento ha de aumentar la participación del país dueño del recurso.
Si echamos un vistazo a otras regiones del mundo, digamos, Angola, el asociado recibe un 20%. En Libia, el 17%; en Indonesia, el 9%, y en Inglaterra el 9%. ¿De dónde entonces tanta obsequiosidad de las autoridades colombianas?
3. Puede vender las reservas tanto dentro como fuera del país y sin permiso del gobierno colombiano. Es decir, cede un crudo que a veces incluso no ha sido extraído y que por lo tanto todavía no le pertenece. Además, cuando la transacción se realiza en el exterior, aprovecha para evadir impuestos.
4. Finalmente, el Congreso aprobó reducirle el gravamen por remesa de utilidades de 16% a
12%, mientras que a Ecopetrol se le aumentó el de renta a 373% y a $600 pesos por barril de crudo el llamado impuesto de guerra. La legislación tributaria le permite gozar de exenciones aduaneras para sus importaciones y aumenta así, por distintos medios, la tasa de ganancia.
Como si lo anterior fuera poco, el gobierno ha anunciado para próximos días la firma de un acuerdo bilateral de protección de inversiones con Gran Bretaña, que tendrá vigencia por diez años y que le garantiza a la British Petroleum «la compensación por pérdidas» en caso de conflicto armado, revolución, revuelta o asonada.
También se refiere el acuerdo a un «trato justo y equitativo frente a los inversionistas nacionales». Garantiza a los monopolios la no expropiación de sus inversiones, indemnizaciones adecuadas en dólares ante cualquier eventualidad, libre transferencia de capitales y rendimientos a su país de origen y, en caso extremo, el sometimiento al arbitraje del Centro Internacional de Solución de Conflictos Relativos a Inversión, CIADI, de Washington. Se suma así Colombia a la vergonzosa a lista de países latinoamericanos que ya han firmado convenios de esta naturaleza, conformada hasta ahora por Argentina, Bolivia, Chile; ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
El negocio se daña
Además del oneroso subsidio a las importaciones de gasolina, a Ecopetrol lo agobian varios impuestos, incluidos el de importaciones, predial, de industria y comercio, a las ventas, de renta y el de «guerra». No maneja autónomamente sus utilidades, sino que éstas son transferidas al Conpes.
En 1991, después de aportar al Estado, por distintos conceptos, 423.978 millones de pesos y recaudar $237.272 millones, se le obligó a transferir a la Financiera Eléctrica Nacional, y a Carbocol más de 100 millones de dólares.
Desde 1989 el Conpes ha venido privando de sus utilidades a la empresa e impidiendo su desarrollo, obligándola a estancarse o endeudarse.
De los 121.969 millones de pesos ganados en 1989, se reinvirtieron $60.664 en la empresa. En 1990, $33.969 de los 123.969 millones, y en 1991, tan sólo 51.940 millones de 144.940.
A este ritmo la empresa se ha convertido en la caja menor del ministro de Hacienda.
Por falta de recursos económicos para reinvertir en su desarrollo y proyección, se verá cada vez más opacada, y el terreno ganado en 40 años de eficiencia y competitividad será escamoteado por los conglomerados, que privarán así al Estado y a la sociedad colombianos de los beneficios de la explotación de un recurso tan valioso, tan antiguo y tan necesario como el petróleo.
La última negociación y la defensa de Ecopetrol
En la negociación de la última convención colectiva, la Unión Sindical Obrera puso al orden del día la defensa de la soberanía nacional en materia de política petrolera y logró arrancar al régimen y a la administración cinco valiosos compromisos.
1. El gobierno se obligó a constituir una comisión bilateral USO-Ecopetrol encargada de inventariar las concesiones próximas a revertir. Entre ellas, las más importantes son las de Hocol, en Huila; la de la Texas, en Cocorná; la de Petrocol, en Zulia, y la de la, ELF, en Casanare. Seis meses antes de extinguirse el contrato en cada una de ellas, empresa y trabajadores iniciarán la negociación sobre el destino que habrá de dárseles.
2. Se reactivó la perforación exploratoria y de desarrollo en la Concesión De Mares y sus alrededores. En los próximos dos años se añadirán seis pozos de desarrollo y dos exploratorios.
3. La Planta Cracking Modelo IV de la Refinería de Barranca, que carga 16 mil barriles diarios, se mantendrá en operación, aprovechada al máximo con algunas mejoras tecnológicas, en tanto se construye una planta más moderna y con capacidad para 36 mil barriles.
4. La administración se comprometió a invertir 50 millones de dólares durante 1993 en actividades de exploración directa.
5. Y empleará a término indefinido a 250 trabajadores hoy temporales para atender actividades directas de Ecopetrol Por conquistas tan señaladas, la negociación colectiva de 1993 es, sin duda, la continuación de la tenaz batalla en que venimos empeñados los obreros petroleros para impedir que Ecopetrol sea privatizada y cedida a las multinacionales.