Aunque en un principio las agremiaciones algodoneras se mostraron felices con la apertura económica y le brindaron todo su respaldo al gobierno, muy pronto sintieron el peso de la eliminación del crédito de fomento y la aplicación de tasas comerciales de interés, la demora en los pagos del Cert, los efectos de la tasa de cambio y la entrada masiva de algodones baratos provenientes de la antigua URSS que, a la vez, influyeron decididamente en la baja de los precios de la fibra a nivel mundial.
Para presionar soluciones a sus problemas, el 5 de junio de 1992 se realizó una asamblea intergremial en el Cesar y once organizaciones agrícolas de la Costa Atlántica enviaron una carta abierta al presidente Gaviria solicitándole garantías para poder continuar con sus cultivos. Terminan diciendo: «En caso negativo a nuestras solicitudes, señor presidente, ¿estará el Gobierno preparado para afrontar la difícil situación social y de orden público que se acrecentará en las zonas algodoneras? En las actuales circunstancias es imposible sembrar algodón».
La respuesta ha llegado a cuentagotas. Primero fueron las refinanciaciones, prolongando la agonía de los agricultores. Luego se decidió mantener el Cert, pero aún el gobierno no cumple con el pago correspondiente a 1991. Después crearon un Fondo de Estabilización de Precios con muy baja capacidad de maniobra, ya que se asignara, sólo 1.400 millones de pesos cuando el cálculo al respecto supera los 10.000 millones.
Y, por último, el 20 de julio se anunció el establecimiento de un «subsidio» de 100 mil pesos por tonelada de fibra producida en la Costa y el Meta. Sin embargo, es bueno que se sepa que éste sólo equivale a poco más de 20 mil pesos por tonelada de algodón semilla, que es el producto que se entrega al Idema o a las agremiaciones compradoras.
Los paliativos llegan cuando el enfermo entró en coma. Las áreas de siembra para la cosecha Costa-Meta se han deprimido desde 180 mil hectáreas en 1991 a 50 mil en 1993, y Colombia pasó a ser nuevamente importador neto, lo que no ocurría desde 1959. En el año algodonero que terminó, importamos 26 mil toneladas de fibra subsidiada por Estados Unidos.
La miseria se multiplicará en aquellas zonas como sucede en las regiones cafeteras. Sólo en la Costa Atlántica se eliminarán 70 mil empleos como consecuencia de la caída de la extensión sembrada. Las agremiaciones se encuentran arruinadas, cierran oficinas, rematan activos. Incluso se habla de la liquidación de Federalgodón, que tiene 40 años de existencia y agrupa a casi la mitad de los productores. De lo anterior se puede deducir la desesperada situación que viven decenas de miles de recolectores y pequeños agricultores vinculados a los cultivos del que ayer fuera el oro blanco del Cesar.
Los precios internacionales no reaccionan. Las cotizaciones se mantienen entre 55 y 62 centavos de dólar la libra, lo que hace presumir que las difíciles condiciones se mantendrán.