Por Jorge Enrique Robledo Castillo, coordinador general de Unidad Cafetera Nacional
Se espera que la cosecha de café corrida entre finales de enero de 1996 y e l mismo mes de 1997 apenas llegue a 10.2 millones de sacos. Cómo contrastan estas cifras con las 1991, cuando la producción alcanzó casi 18 millones de sacos. ¡Más de 7.5 millones perdidos en los últimos seis años!
¿Cuánto desempleo, empobrecimiento y quiebra reflejan estas cifras evidentemente catastróficas? ¿Qué porcentaje de la crisis económica general del país tiene origen en la disminución de la capacidad adquisitiva de los pobladores de las zonas cafeteras?
Para ilustrar el problema social que se vive, baste decir que en el pequeño municipio tolimense de Herveo están por iniciarse procesos judiciales contra 78 caficultores endeudados, y eso que allí los beneficiados por la condonación de préstamos inferiores a tres millones de pesos, conseguida por la lucha de Unidad Cafetera, fueron cerca de trescientos.
Si por el lado del café llueve a cántaros, por el resto del agro no escampa. En los últimos años han desaparecido 600 mil hectáreas de cultivos. El problema agropecuario se torna tan grave, que la descomposición viene acosando hasta la ganadería, otrora símbolo de estabilidad. A no dudarlo, uno de los problemas económicos y sociales más graves del país es el de sus zonas rurales, donde, según Fedesarrollo, los habitantes por debajo de la línea de pobreza llegaron en 1995 a siete millones, 70%.
Se sabe bien que la difícil situación que se vive tiene que ver con la implantación de la apertura, que agravó. el viejo sesgo antiagrario de la economía nacional. A un agro que nunca se caracterizó por su fortaleza, pues es falaz decir que antes de 1990 gozaba de la cabal protección oficial, se lo sometió a la baja de los aranceles a las importaciones de productos que le hacen competencia, al desmonte de los escasos precios de sustentación existentes, al aumento de las tasas de interés, a las restricciones en el crédito, al desmantelamiento de las instituciones que en algo lo protegían y a una política cambiaria que le reduce su competitividad en forma truculenta, pero efectiva. La vida demostró que el dogma neoliberal y la supervivencia del campo colombiano son a todas luces incompatibles.
Los cafeteros estuvieron entre las primeras víctimas de la plaga neoliberal que azota al mundo. La implantación del llamado «libre comercio» les entregó el control del mercado a las trasnacionales, que impusieron sus precios a voluntad. A pesar de haber aumentado las exportaciones en forma notable, Colombia perdió más de mil doscientos millones de dólares en los primeros cuatro años posteriores al rompimiento del Pacto del Café. A la par, subieron a niveles de usura las tasas de interés de los créditos, y conseguir un préstamo nuevo se convirtió en una hazaña. Se eliminó el subsidio a los abonos, seguramente el principal componente de la productividad. Y sufren por una política cambiaria diseñada para favorecer a los especuladores financieros de todos los pelambres. Para completar, también padecen por el resto de la política antiagraria que se aplica, porque una porción considerable de sus tierras se usan en otros productos.
Como la política neoliberal que se padece depende de la orientación oficial, resulta apenas obvio que hacia allí se enfilen los reclamos. Si desde el Estado, y con recursos multimillonarios salidos de sus arcas, no se toman toda suerte de medidas de protección, poco o nada podrán hacer los productores entrampados, incluidos los empresarios más tecnificados, para no hablar de los campesinos. La cínica perorata de la tecnocracia neoliberal de responsabilizar a los productores de lo que ocurre, al tiempo que gobiernan contra ellos, debe ser rechazada de plano.
La dificultad para lograr la modificación de una política que está hundiendo a agricultores y ganaderos, y con ellos a toda la nación, tiene que ver con los intereses en juego. Éste también es un caso de ganadores y perdedores. La ruina que padecen millones de colombianos significa un enriquecimiento mayor para el puñado de trasnacionales de la producción y 1 la intermediación agropecuarias. De ahí que estemos ante un pleito que termina en la propia oficina oval de la Casa Blanca y que, por tanto, tiene que ver con si nuestra nación logra ejercer las potestades derivadas de la dirección soberana de sus propios asuntos o si su papel se limita al muy triste de seleccionar cada cuatro años al Gaviria o al Samper que se encargue de ejecutar las órdenes del Banco Mundial.
Dado lo mucho que está en juego, y dadas las dificultades implícitas para la derrota de adversarios tan poderosos, resulta apenas obvio proponer una política de unidad del sector agropecuario, sin distinciones de ningún tipo. El acercamiento debe ir desde los pequeños hasta los mayores productores, desde los agricultores hasta los ganaderos, desde los campesinos hasta los empresarios y desde las agremiaciones más encopetadas hasta las más modestas. Lo que divida, sin excepción, debe ser descartado. Y para este propósito urge convocara la nación toda: a los distintos sectores políticos, la Iglesia, los comerciantes, los transportadores, los industriales, los maestros, los estudiantes, los obreros, en fin, a todos, porque sin excepción son víctimas de lo que ocurre. Y porque todos a una terminarán sufriendo las horribles secuelas del agravamiento de la situación.
La resolución de la crisis agropecuaria colombiana debe pasar, al menos, por la toma de las siguientes medidas: la fijación de precios remunerativos de sustentación, garantizados por el Estado: la existencia de créditos suficientes, oportunos y baratos: el cese de las importaciones de productos agropecuarios y la defensa y desarrollo de instituciones de protección para el sector. Tales medidas no serán otra cosa que aplicar las mismas orientaciones que rigen en los países desarrollados y que, por ejemplo, le han permitido al imperio norteamericano llevar sus exportaciones agrícolas a cincuenta mil millones de dólares al año.
Que no se olvide que el desastre africano, que tanto nos impresiona, tiene como uno de sus componentes principales la aplicación del modelo neoliberal contra el sector agropecuario.