(Aunque derrotado en varias ocasiones, Mockus insiste en privatizar los 28 hospitales del distrito, al querer hacerlos depender de la venta de sus servicios)
Por Aldo Cadena, presidente de Sindess
La privatización de la salud pública en Bogotá, que pretende transformar los hospitales en Empresas Sociales del Estado, ESE, ha tropezado con la resistencia masiva de los sectores afectados.
La respuesta al llamado de Sindess a conformar un frente para impedir esta política contó con la participación de numerosas organizaciones sindicales como Anthoc, asociaciones comunales y cívicas, las juntas administradoras locales y varios partidos y movimientos políticos.
En distintas oportunidades han sido derrotados los proyectos de acuerdo presentados por Antanas Mockus en el concejo.
El 18 de julio del año pasado, después de tres días de movilizaciones, el cabildo aprobó por 17 votos a favor y cinco en contra devolver para su estudio y discusión más amplios el proyecto de acuerdo 032. En esa oportunidad señalaron los representantes de las organizaciones populares que la batalla apenas comenzaba.
La constitución de los comités por la defensa de la salud pública, en hospitales, barrios, localidades y la preparación del foro con el mismo propósito, contribuyeron a la reestructuración del intersindical de este sector, y a entrar en contacto con las ligas de usuarios y demás organismos cívicos y comunales para preparar las siguientes tareas.
En octubre, el nuevo proyecto de acuerdo 097 radicado por Mockus naufragó en medio de los masivos cabildos abiertos realizados en las localidades, a los cuales se convocó a los ediles.
Los dirigentes explicaron ampliamente cómo al amparo de la ley 100, de seguridad social, se pretende descentralizar los 28 hospitales en empresas con personería jurídica, financiera y administrativa propias. Su existencia e ingresos dependerán principalmente de la venta de servicios. La estabilidad de los trabajadores y derechos como el de la negociación colectiva desaparecerán al ser clasificados como empleados públicos.
Las obligaciones económicas antes asumidas por el Estado, a través del Servicio Nacional de Salud, se descargan en los pauperizados entes territoriales, y los hospitales subsistirán gracias a lo que puedan facturar por servicios prestados a quienes estén afiliados a una Empresa Promotora de Salud, EPS, o a los pocos que pertenezcan al régimen subsidiado, además de la venta y arriendo de sus instalaciones.
Al suspender el Estado los aportes a los hospitales y puestos de salud, lo que ellos llaman subsidio a la oferta, todos los gastos deberán ser recuperados mediante la venta de los servicios que demanden los empobrecidos asalariados, si es que aún tienen trabajo. Para guardar las apariencias, el gobierno promete subsidios a unos cuantos usuarios, a lo cual le han puesto el nombre de subsidio a la demanda.
Los pulpos financieros, dueños de las EPS privadas, que poco han invertido en la infraestructura de las Instituciones Prestadores de Salud, IPS, encontrarán en la crisis de los hospitales la oportunidad para apropiarse de recursos físicos, técnicos y científicos y de una mano de abra calificada y barata.
Será un negocio redondo, con una afiliación obligatoria, con el traspaso de los recursos del presupuesto para subsidiar sus arcas, con la apropiación directa o indirecta de la red hospitalaria pública y el sometimiento a su férula de los profesionales y los centros médicos particulares.
La comprensión de esta desalmada política permitió que en diciembre, por tercera vez, el proyecto de acuerdo, presentado por Mockus como el 108, fuera también derrotado. Coincidieron en esta oportunidad las movilizaciones de trabajadores y usuarios de la salud con la batalla que adelantan los de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá. Contribuyó a este propósito un importante núcleo de concejales, encabezado por Francisco Pareja y Omar Mejía, quienes respaldaron las justas exigencias.
El 14 de enero, como parte de las tareas preparatorias del paro nacional estatal coordinado por las centrales obreras, se realizó la asamblea popular y de trabajadores frente al concejo distrital, el cual inicia sus sesiones extraordinarias escuchando a los líderes de las diferentes organizaciones.
A pesar de las derrotas sufridas, el gobierno distrital persiste en su intento y presenta el proyecto 01, esta vez alentado por las medidas contenidas en la Ley 344, de ajuste fiscal, promulgada por Samper en diciembre, proyecto que vuelve a ser archivado el 29 de enero.
El comité intersindical ha ratificado su férrea unidad y el propósito de continuar la batalla contra este política neoliberal de privatizar los servicios de la salud por parte del agente que el capital financiero mantiene al frente de la alcaldía de Bogotá.
Al igual que los demás funcionarios públicos, el intersindical participa activamente en la preparación del paro del próximo 11 de febrero, defendiendo sus objetivos. Y más cuando, con la nueva ley de reducción del gasto público, y el decreto 439 sobre incrementos salariales para este sector, se acelerará el proceso de privatizaciones y aumentará la combatividad en todos los demás municipios.