«QUIEREN ACALLARME PARA QUE NO DENUNCIE LA TRAICIÓN»

(El siguiente es el texto del mensaje enviado por el camarada José Fernando Ocampo a la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, el 15 de diciembre de 1995, al serle informado que sería destituido de dicho organismo, como en efecto sucedió en enero de 1996 por decisión de la mayoría del comité ejecutivo. La carta está dirigida a Celio Nieves, fiscal de la Federación)

Acuso recibo de su carta, y de los documentos adjuntos, en la que me notifica que se declarará mi vacancia en el comité ejecutivo de Fecode, a menos que pruebe mi vinculación con la Asociación Distrital de Educadores y la Universidad Distrital. No me extraña que usted haga recaer la carga de la prueba sobre mí, no obstante que defendió que la Ley 200 contiene aspectos positivos al incorporar elementos del Código Penal para que le sean aplicados al magisterio, y que no reconozca en mi caso el principio de la favorabilidad en la interpretación de los estatutos de la organización sindical.

Pero esto es lo de menos. Usted y quienes lo acolitan en el comité ejecutivo interpretarán los estatutos de la Federación y las leyes de Colombia de la manera amañada que sea necesario con tal de acomodarlas al propósito de declarar arbitrariamente mi vacancia. La inferencia que sacarán de los términos «para ser miembro del comité ejecutivo», del artículo 21 de los estatutos, servirá a su propósito atrabiliario. Pero lo que no podrán es probar que mi elección no fue ajustada a los estatutos, a pesar de las demandas ante la Fiscalía General de la Nación por parte de los amigos de Boris Montes de Oca en la Universidad Distrital contra el certificado dado por el rector, las cuales no solamente no prosperaron sino que se les revirtieron por falsa acusación.

En efecto, la comisión electoral de las elecciones de 1993 convalidó mi inscripción, el tarjetón nacional ratificó el derecho que había sido reconocido para encabezar una lista, y mi nombre ha sido inscrito por el Ministerio de Trabajo por lo menos en tres ocasiones en este lapso, siempre que ha sido necesario para reconocer los cambios en el comité ejecutivo. El período de mi elección no ha vencido. En su calidad de fiscal usted conocía desde hace dos años mis circunstancias personales, que le sirven ahora de argumento para su torcida aplicación de los estatutos. Sin embargo, permitió que fuera elegido por la junta nacional a la comisión negociadora, que actuara como secretario de asuntos pedagógicos y, en calidad de tal, fuera nombrado coordinador del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes, CEID, que hiciera parte de la organización del Congreso Pedagógico, que se me incluyera en la terna para la Junta Nacional de Educación, que votara en las juntas nacionales y que ejerciera mi derecho de ser miembro del comité ejecutivo.

Lo que pasa es que el propósito suyo, en unión de Boris Montes de Oca, Nelson Franco, Jorge Guevara, Luis Ernesto Romero, Carlos Higuita, Max Correa, Gabriel Manrique y Rafael Cuello, radica en acallarme para que no siga denunciando la traición histórica que han cometido contra el magisterio, al haber cohonestado con el gobierno de Ernesto Samper para que derogara el régimen disciplinario del Estatuto Docente y quedaran los educadores bajo la Ley 200. Me están cobrando también el hecho de no haber firmado el acuerdo de mayo, que entregó los intereses económicos de los maestros colombianos.
¿Qué democracia es la que ustedes predican? En la elección directa del comité ejecutivo de 1993 obtuve 13 mil votos, cuatro veces más que el presidente de Fecode. Esta mayoría abrumadora convierte mi legitimidad en indiscutible, por encima de la arbitraria interpretación del artículo 21 de los estatutos de la Federación. Como es la costumbre de ustedes, pisotean los mismos principios de los que se hacen voceros, en este caso la «democratización» de la organización sindical de que tanto alardearon al proponer la elección por voto directo. Están echando por tierra la legitimidad democrática de los resultados electorales. Yo sé que para ustedes los principios no son sino bagatelas.
¿Cuál es el pluralismo de que tanto se ufanan? En mis veinte años de pertenencia a la dirección de Fecode y desde que el MOIR llegó en la década del 70 a la dirección de los sindicatos del magisterio, jamás hemos interpretado los estatutos para acallar a los contrincantes. Pero eso es lo que ustedes hacen ahora. No soportan mi oposición a la incompetente, arbitraria, antidemocrática, unilateral, progobiernista, antimagisterial dirección que han instaurado en mala hora en Fecode. Su cantinela sobre el pluralismo es una farsa. No soportan ni la diversidad de pensamiento. Lo único que toleran es el sometimiento de los demás a su manera de pensar.

El catálogo de sus traiciones al magisterio durante este año es asombroso. En la negociación del paro de mayo pusieron la independencia de la organización sindical en manos de los senadores Dussán y Pizano, quienes suplantaron a la comisión negociadora de Fecode con el patrocinio de ustedes. Por primera vez los negociadores del paro esperaron sumisamente que sus nuevos agentes les comunicaran los resultados en la sala de espera del ministro Sarabia.

Pero igualmente firmaron un acuerdo aceptando un aumento salarial basado en la inflación proyectada y no en la inflación causada, permitiendo la aplicación del concepto de productividad -del más puro cuño neoliberal- a la educación como si fuera una mercancía, y se contentaron con un 8% de salario profesional, totalmente hipotético, para cada uno de los tres años siguientes.

Jamás los educadores de Colombia se habrían imaginado que iban a perder el Estatuto Docente precisamente con la aprobación de la mayoría del comité ejecutivo y de la junta nacional de Fecode. Han acudido ustedes a todos los subterfugios posibles para disfrazar su defensa de una ley fascista como la Ley 200. Negociaron la aplicación de ésta con el decreto 1726. Propiciaron un proyecto de ley que no deja clara la excepcionalidad de los educadores al régimen único disciplinario. Rechazaron la propuesta de un paro nacional indefinido para defender el Estatuto, esperando que Samper -a quien han defendido no obstante su entrega sin precedentes a Estados Unidos- y sus amigos los saquen del atolladero. Se negaron a exigirle al gobierno la vigencia del artículo 6° de la Ley 60 que mantiene el Estatuto Docente.

Después que Fecode había hecho respetar el puesto de preeminencia que le corresponde con sus propuestas en la discusión de la Ley General de Educación, defendidas con el paro de 1993; después que hubo derrotado las pretensiones de sustituirla encabezadas por la «constituyente educativa», logrado sacarla avante en las vicisitudes del Congreso de la República y haberla constituido en un factor fundamental del proceso educativo del país, ustedes se plegaron a la maniobra de la ministra María Emma Mejía, para entregarles a dos fundaciones enemigas del magisterio y de la educación pública, como Viva la Ciudadanía y La Fundación Social, el proceso espúreo de discusión y elaboración del plan decenal educativo. De un plumazo, Fecode dejó perder lo que había ganado con tanto esfuerzo.

Entre su incapacidad para dirigir, su concepción gobiernista del sindicalismo y su apoyo descarado a Samper, usted y los otros ocho miembros del ejecutivo, que componen la mayoría han conducido la Federación a la peor y más lamentable crisis de sus treinta y cinco años de historia. Y eso es lo que pretenden tapar con la persecución desatada contra mí y contra mi organización política, mediante amañadas interpretaciones estatutarias. ¡Qué lamentable impotencia! ¡Qué desfachatez! ¡Qué descarada negación de la democracia! ¡Qué mentís a su tan cacareado pluralismo!

Procedan como van a proceder. Si declaran mi vacancia, apelo su decisión a la junta nacional como un organismo superior al comité ejecutivo.