Por Marcelo Torres Benavides
A mediados de diciembre del año pasado sobrevino el escándalo del llamado «narcomico». Inicialmente, una abrumadora mayoría del Senado, en la cual se contaba el senador Jorge Santos Núñez, aprobó lo que en otros tiempos se habría considerado loable y normal reafirmación del principio democrático del debido proceso. Sin embargo, los medios de comunicación afirmaron, y así quedó registrado en la mente de muchos colombianos, que la mayoría de los parlamentarios de Senado y Cámara habían tratado de consagrar la impunidad para los narcotraficantes y sus cómplices. Según la amañada versión de las cosas, sólo la inmediata denuncia de los medios y el repudio unánime de la «parte sana» del país habría evitado el despropósito. El hecho muestra hasta qué punto ha llegado la adulteración, monstruosa, del proceso real que padece el país y la urgencia de librar una consecuente lucha contra el desmantelamiento de las conquistas democráticas.
Un alboroto prefabricado
La «parte sana» de Colombia a que aludieron los dicterios de la prensa y los demás medios se refería especialmente a la posición asumida por el fiscal Valdivieso, Andrés Pastrana y los otros candidatos presidenciales liberales y conservadores. En perfecta identificación, sobra decirlo, con la del Departamento de Estado norteamericano y el embajador Frechette. Según todos ellos, la modificación aprobada por el Senado en torno del delito tipificado como enriquecimiento ilícito conducía a la imposibilidad de investigar, enjuiciar y condenar a quienes incurrieron en tal conducta criminal. Lo que echaría por tierra, como lo afirmó el fiscal, el Proceso 8.000. Con lo cual se desactivaría una de las piezas claves de la actual injerencia norteamericana en los asuntos internos del país. Aquí reside la raíz del escándalo armado alrededor del llamado «narcomico».
Bastó entonces con que el gobierno de Estados Unidos advirtiera que, para expedir un comunicado sobre el asunto, esperaría la respectiva alocución presidencial televisada acerca del tema para que Samper, como ha sido habitual, se sumara presuroso a la posición norteamericana. Con lo cual, como se sabe, la modificación legislativa aprobada se hundió en la Cámara aquella misma noche.
El debido proceso, piedra de escándalo
¿Y cuál era la modificación objeto de tantas iras? Sencillamente, la reafirmación de que los ciudadanos sólo podían ser enjuiciados por enriquecimiento ilícito si previamente se comprobaba que la fuente de tal enriquecimiento era un delito. La Corte Suprema, dos años atrás, había señalado que tal comprobación consistía en la sentencia correspondiente proferida en juicio; ello debía ser así; insistía la Corte, para preservar el debido proceso. Precisamente en dicha sentencia del alto tribunal se basaba el proyecto de modificación legislativo constituido en piedra de escándalo. Es decir, más clara y justa no podía ser la motivación que llevó a los legisladores a aprobar el proyecto de ley. La argumentación contraria, la de la fiscal norteamericana Janet Reno, la del Departamento de Estado gringo y sus corifeos colombianos, se basa en que a los narcotraficantes y sus secuaces no puede juzgárseles según tales procedimientos y principios, que universalmente constituyen las bases democráticas de la justicia.
La tesis implícita es que en la lucha contra el narcotráfico se justifica la supresión de tales preceptos. Viene al caso recordar que, muy explícitamente, el proyecto de reforma constitucional del gobierno de Gaviria, presentado a la Constituyente de 1990, propuso suspender y limitar el derecho de defensa para determinados juicios y delitos. Tal abominación, como las que -especialmente desde 1989- vienen mutilando garantías procesales y preceptos democráticos han sido inspiradas por la política norteamericana antinarcóticos. En su cumplimiento se suprimió el jurado y se erigió la justicia encapuchada. Así, se ha impuesto a la justicia colombiana el falso dilema de impunidad o fascismo, y la conclusión de arrasar las conquistas democrático-burguesas en aras de la lucha contra la delincuencia organizada. En el caso del enriquecimiento ilícito, si ya no es necesario probar previamente el ilícito del cual provendría la riqueza malhabida, equivale ello a exonerar al Estado de la carga de la prueba y en adelante será el acusado quien deberá demostrar su inocencia.
Lo peor del asunto ha residido en que, paralelamente a tales restricciones de la justicia colombiana, los medios masivos de comunicación han venido apabullando y lanzando sobre quienes defiendan los derechos conculcados el anatema de voceros del narcotráfico. El hecho de que se asimile sin más ni más toda defensa de los derechos democráticos en el terreno de ¡ajusticia a un oscuro interés ligado al narcotráfico, no puede calificarse más que como un deplorable envilecimiento de la opinión pública. Tal es el contexto en que se dio el alboroto decembrino contra el Congreso.
Se equipara la democracia a la delincuencia
En el clima de escarnio público y cacería de brujas que se desató en seguida, no fue extraño que la Corte Suprema de Justicia renegara de su propia doctrina como lo hizo, ni que aterrorizados parlamentarios de ambas Cámaras votaran negativamente el mismo proyecto que aprobaron la víspera. La doble afrenta a Colombia -echar atrás una garantía democrática y que ello obedeciera a la voluntad de complacer a un gobierno foráneo- constituye un turbio logro norteamericano sobre el país. El que congresistas y jueces se avergüencen por defender las conquistas democráticas a la luz del día, dice de la magnitud del dominio gringo sobre la nación.
A pesar de todo, abogados y organizaciones de juristas demócratas, empleados de la rama judicial y distintas personalidades, han denunciado valerosamente los pasos concretos de la fascistización de la justicia colombiana. Las varias iniciativas de dentro y de fuera del Congreso por suprimir la llamada justicia sin rostro, son muy justas y merecen el apoyo de los colombianos. No puede admitirse ni justificarse que por el hecho de que voceros o defensores de los traficantes de narcóticos reclamen garantías y esgriman preceptos democráticos, tales garantías y preceptos sean desconocidos.
La experiencia demuestra que tales prácticas, lejos de limitarse a la delincuencia se extienden y aplican a los reclamos y protestas de las masas y contra dirigentes y miembros de las fuerzas opositoras y contrarias al régimen. En los tiempos recientes, el país ha padecido la persecución y el encarcelamiento de huelguistas del movimiento obrero y de líderes políticos bajo la vigencia de esta caricatura de justicia. Es claro que la tendencia apunta a extender esta justicia de excepción a todos los colombianos rasos.
Urge la defensa de las bases democráticas de la justicia
Cuando, luego de la perentoria orden de reversa dada por el gobierno a instancias del imperio, los parlamentarios de Senado y Cámara echaron atrás el proyecto aprobado, el senador Jorge Santos mantuvo su posición. Sostuvo que, lejos de lamentar la aprobación de un proyecto que reafirmaba una garantía democrática, lo vergonzoso era que las mayorías que lo habían realizado reversaran ahora bajo la presión del macartismo y el interés extranjero. No podemos admitir, insistió, que se equipare la defensa de las conquistas democráticas a actos delictivos: cuando un país acepta pasivamente semejante cosa, advirtió, puede ser más fácilmente esclavizado por sus opresores extranjeros.
Santos recordó que el MOIR ha sido partidario de la cooperación internacional para reprimir el narcotráfico en ese ámbito, pero aclaró que lo que impera hoy es una injustificable y descarada imposición de la política antinarcóticos de Estados Unidos en los países de América Latina, especialmente en aquéllos donde se producen las drogas o sirven de puntos intermedios del ilícito tráfico. Una nación, reiteró el senador del MOIR, puede combatir la delincuencia organizada y al mismo tiempo preservar las libertades y garantías democráticas.
El bochornoso episodio del llamado «narcomico» pone de presente la urgente necesidad de la lucha por impedir que prosiga el socavamiento de las bases democráticas de la justicia. Hace casi 150 años, resumiendo las lecciones de la lucha de clases en Francia, Marx aseveró que, después de conquistado el poder, es inherente a la burguesía la tendencia a anular las armas que forjó y le sirvieron en su lucha contra el feudalismo: el parlamento, las libertades públicas, la ilustración, etc., impulso que se acentúa en la época del imperialismo. Entonces, como lo aclarara Lenin, la defensa de las conquistas de la democracia burguesa corre por cuenta de los obreros y las capas más progresivas de la población. Es lo que Jorge Santos, entre otros deberes, cumple en el Senado.