(Carlos Calvo encabeza en Prados de la Alameda de Fontibón el comité pro junta, aledaño al río, cuyas obras se iniciaron en julio de 1993)
«Mientras estuve trabajando en levantar la casa, nadie vino a protestarme o a preguntar por qué estaba construyendo. Sólo en junio de 1994, se presentó el alcalde a decirnos que no teníamos licencia, que éramos invasores. Él nos pidió que pasáramos los planos a Planeación, y así lo hicimos. En septiembre radicamos los documentos. Nos quedamos tranquilos porque pensamos que ése era el único problema que teníamos. Pero en diciembre este mismo señor llegó con la sorpresa de que el conflicto no era por las licencias, sino por estar nosotros dentro de los 300 metros de la ronda del río y que, por lo tanto, no debíamos existir aquí. Ahí comenzó la lucha. En el cabildo abierto que se llevó a cabo en Fontibón la semana pasada, les explicamos a las autoridades nuestro punto de vista. Nadie nos dio respuesta.
Podemos demostrar con testigos que el anterior alcalde de Fontibón participó en la inauguración de nuestro barrio. ¿Por qué entonces la policía nos atropella? Aquí hay compañeros que pueden atestiguar que los han metido a la cárcel hasta dos y tres veces. ¿Por qué? Porque la orden del señor coronel es que toda persona que empuñe un palustre o que esté manejando una pala sea remitida a la alcaldía menor para después llevarla a la cárcel. La gente debe construir a las escondidas, esquivando los patrullajes. Se nos sigue además negando el agua, con el pretexto de que Prados es un barrio subnormal. Nos vemos obligados a sacarla, después de las 11 de la noche, de una manguera de media pulgada que pasa hacia Mosquera.
En este momento hay más de cien casas terminadas. Muchas otras, que están ya listas para echar la primera plancha, no se han podido continuar porque la policía viene a hostigar mañana y tarde. Las personas sufren grandes perjuicios, porque para construir sus viviendas se endeudaron con las cooperativas o con las empresas donde trabajan.
El anterior alcalde de Fontibón dejó orden de demoler 39 casas. La actual alcaldesa sale ahora con que todas las del barrio deben ser echadas por tierra. De esta amenaza no se salva nadie.
Jaime Castro puso en marcha un plan, por millones y millones de dólares, para hacer aquí un parque industrial, sin tener en cuenta a las comunidades que residen en el área. Para el gobierno no vale nada la gente pobre. El señor Mockus y el gerente del Acueducto han continuado la persecución. Pero lo que dicen que van a recuperar no es de ellos. Estos terrenos no pertenecen al Distrito. Son propiedad privada de nosotros. Todos unidos, con Abasubri a la cabeza, vamos a defender lo que es nuestro.