Por Fabio Arias
El 5 de marzo los dos sindicatos existentes en el SENA firmaron con la entidad y con el Ministerio del Trabajo un acuerdo que garantiza la estabilidad para los 8.600 empleados, mantiene el servicio médico a los familiares, no incrementa la jornada de los docentes y configura un sistema salarial de ascensos que empezará a regir en 1997.
Se consiguió asimismo una reasignación de las funciones, que permite 15% adicional al 17% impuesto por el Pacto Social, suma que desde luego no resuelve el atraso histórico que en materia salarial vive el Servicio Nacional de Aprendizaje.
Este importante acuerdo se logró utilizando como instrumento de lucha el anuncio de la movilización de los asalariados.
En efecto, para el 6 de marzo, coincidiendo con la jornada nacional de protesta convocada por la CUT y la CGTD, se tenía previsto realizar un paro en el SENA, en el que tomarían parte alumnos y docentes., lo cual comprueba una vez más, como ocurrió en Ecopetrol y la Caja Agraria, que el arma principal con que cuentan los trabajadores es el combate unificado.
Todavía, sin embargo, queda un largo camino por recorrer. El Consejo Directivo del SENA dejó pasar el plazo que la Ley 119 de 1994 le otorgaba hasta el pasado 24 de marzo para fortalecer la institución. Respaldado por los .gremios, el gobierno de Samper decidió congelar la planta de personal, contrariando incluso las recomendaciones de los expertos que señalaban la necesidad de aumentarla por lo menos a once mil personas.
Trabajadores y alumnos de la entidad, con el apoyo solidario de amplios sectores patrióticos, lograron derogar el privatizador decreto 2149 de 1992, dictado por el régimen gavirista. Pero las amenazas siguen en pie. Por lo cual, el Comité Prodefensa habrá de continuar oponiéndose al cambio de naturaleza del SENA, especialmente al proyecto ya en marcha de abandonar la educación para el trabajo a nivel del aprendizaje, es decir, de calificar trabajadores, que lo ha caracterizado en sus 38 años.
Asimismo, el Comité Prodefensa rechaza el sistema de contratistas para labores permanentes de formación, dado que golpea la calidad de la enseñanza, como también los derechos laborales.
No hay otra alternativa, entonces, que los trabajadores continúen movilizándose a exigir el cumplimiento de los acuerdos suscritos el pasado 5 de marzo y sigan empeñados en la defensa del Servicio Nacional de Aprendizaje como patrimonio de la nación y encargada de la formación para el trabajo.