Por Iván Toro López
A las 11 de la mañana del 20 de febrero las computadoras se apagaron, las cajas y bóvedas se cerraron y los 8.250 trabajadores suspendieron labores. Era su respuesta a la decisión del gobierno de continuar el proceso de marchitamiento de la entidad, hasta su liquidación definitiva. A esa hora en la oficina principal de la Avenida Jiménez se desarrollaba una rueda de prensa en la que Jesús Bernal, presidente de Sintracreditario, le anunciaba al país que daba comienzo una histórica huelga en el sector financiero. Aunque el motivo del conflicto era la negociación del pliego, en realidad se trataba de la lucha por la supervivencia de la Caja, amenazada de muerte por la política imperialista de desmantelar las entidades que han prestado algún apoyo a la producción nacional, de manera que ésta sea fácil presa de la ofensiva propiciada por la apertura.
Para este antinacional propósito Samper designó-como presidente de la Caja a Carlos Gustavo Cano, quien durante varios años estuviera al frente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC. Desde las primeras de cambio de su gestión, Cano mostró cuáles eran sus intenciones. Lanzó a los cuatro vientos calumniosas especies tratando de inculpar a los trabajadores de los peculados cometidos por altos funcionarios y acerca de los supuestamente astronómicos costos laborales. Con la colaboración de María Sol Navia, ministra de Trabajo, montó un expediente que le permitiera despedir a la directiva sindical al primer conato de pelea, y sin haberse presentado el pliego procedió a implementar un plan de contingencia con el cual pretendía conjurar el paro.
Con el caballito de batalla de que la causa de las dificultades de la Caja era «la convención más fabulosa del mundo», la presentación de las peticiones sindicales fue respondida con la denuncia de 93 de los 108 puntos de que constaba la convención colectiva.
De nada valieron las profusas explicaciones acerca de las verdaderas razones de la calamitosa situación de la entidad que, como lo demostró el sindicato, se ubicaban en la cuantiosa deuda acumulada por el Estado, del orden de 650 mil millones de pesos; el desmonte de las inversiones forzosas de parte de las demás entidades financieras y de los impuestos CIF` a las importaciones; la eliminación de las ventajas en materia de encaje y provisión de cartera, por cuenta de la Ley 45 de 1990; el desangre económico derivado de operaciones fraudulentas con la complicidad de altos directivos y de préstamos cuantiosos nunca cubiertos, otorgados a conspicuos personajes de la vida nacional y las pérdidas generadas en la venta de activos durante la administración Gaviria, entre otras. Detrás de todo estaba la determinación de liquidar uno de los últimos vestigios del crédito de fomento, ahondar la ruina de la producción agraria y entregar totalmente al campesinado en garras del sector financiero, para lo cual el paso inmediato sería la conformación de un nuevo organismo, controlado por el capital extranjero y regentado por los magnates del agro.
Una vigorosa lucha de masas
Terminadas las etapas legales de negociación, la ofensiva arreció con propuestas engañosas oportunamente desnudadas por el sindicato, y la amenaza perentoria de que si estallaba la huelga se procedería a liquidar la entidad. En tal sentido se manifestaron el propio Cano y la ministra de Agricultura. La réplica no se hizo esperar y más de 95% de los empleados votó a favor del cese. Ante la inminencia del conflicto y en un acto inusual, Samper se pronunció por escrito, en respuesta a una petición del sindicato, reiterando que «si sus aspiraciones laborales no se ajustan a las posibilidades de la Caja, el gobierno nacional se vería obligado a liquidarla para atender los compromisos financieros ya adquiridos». La altanera actitud del Ejecutivo fue respondida con una declaración de todos los sectores del movimiento obrero, brindando su irrestricto respaldo a la lucha de los creditarios, en la que se anunciaba incluso un paro nacional del sindicalismo bancario.
Estas cartas estaban sobre la mesa al iniciarse la contienda. La participación y beligerancia de las bases fue de tal magnitud que el primer día del conflicto sólo reportaron operaciones dieciséis de las 846 oficinas de todo el país, echando por tierra el meticuloso plan de contingencia que le había costado a la institución más de tres mil millones de pesos. En los días siguientes la parálisis fue total. No hubo un solo sindicato de importancia que no expresara su compromiso con la batalla que se libraba entre Sintracreditario, bastión del sindicalismo colombiano, y los voceros del imperialismo liderados por Ernesto Samper. En especial se destacaron las organizaciones de la rama financiera ACEB. UNEB y Fenasibancol, las cuales en medio de la refriega adelantaron un paro de medio día, como prueba de que el movimiento nacional no era una mera expectativa. También jugó importante papel el respaldo de la USO, Sittelecom, Sindess, Sinucom y Fenaltrase. Más de cuarenta parlamentarios, encabezados por Jorge Santos Núñez, firmaron una carta exigiendo una solución que garantizara la permanencia de la Caja y el respeto a los derechos adquiridos.
Carlos Gustavo Cano, con el apoyo de los conglomerados económicos, presionó insistentemente la ¡legalización de la huelga y la convocatoria del tribunal de arbitramento. Orlando Obregón, recién ungido ministro de Trabajo, no dio curso a esas exigencias, lo cual motivó un agudo enfrentamiento entre estos dos funcionarios del régimen samperista, que culminó con la renuncia del presidente de la Caja, derrotado por la combatividad de los trabajadores y la solidaridad del sindicalismo y el campesinado. Que el movimiento no hubiera sido puesto al margen de la ley es un precedente que servirá a todos los trabajadores bancarios.
Ante la imposibilidad de alcanzar los objetivos inicialmente trazados por la administración, el alto gobierno se vio obligado, después de cinco días de inactividad, a un replanteamiento, entrando a negociar. A tal determinación también contribuyeron los anuncios de que para la segunda semana de parálisis se gestaban paros cívicos en numerosos municipios donde la Caja es la única institución bancaria y la realización de marchas campesinas en varios departamentos. De esa manera el conflicto hubiera remontado el marco laboral convirtiéndose en una expresión de lucha del pueblo contra la política neoliberal continuada por Ernesto Samper.
Parte de victoria
Liberada la mesa de negociación de las obstrucciones de Cano, todavía persistían los voceros gubernamentales, reforzados por Antonio Hernández Gamarra, asesor de la presidencia, en la pretensión de recortar las conquistas de los asalariados. Sin embargo, después de intensos diálogos se llegó a un acuerdo que garantiza la continuidad de todos los derechos para los empleados actualmente vinculados y el incremento de los salarios y demás prestaciones en un monto igual a la inflación causada. En cuanto al porvenir de la institución, principal preocupación sindical, se conformó una comisión tripartita que en un plazo de tres meses elabore un diagnóstico y formule propuestas tendientes a su fortalecimiento. A ese escenario concurre el sindicato continuando la batalla para que la Caja recupere su papel de banco de fomento agrario, con base en una legislación especial y el manejo de los recursos oficiales en sus agencias y sucursales en todo el país, entre otras medidas indispensables para su futuro.
Firmados los acuerdos en Caja Agraria y Ecopetrol, donde se lograron resguardar reivindicaciones alcanzadas en décadas de lucha y se impidió el desmonte de estas empresas, se ha desatado una virulenta campaña con el cínico argumento de que el país está siendo entregado a la voracidad de los asalariados. Rudolf Hommes, El Tiempo y los dirigentes gremiales Juan Manuel Ospin (SAC), Jaime A. Cabal (Acopi), y César González (Asobancaria), encabezaron la vocinglería de quienes quieren entregar la riqueza petrolera y el sudor de los campesinos, los recursos naturales y el trabajo de los colombianos, a los verdaderamente insaciables apetitos de los pulpos imperialistas. Lo que no soportan es que las luchas proletarias detengan el avance de la recolonización norteamericana. Mientras ciertos sectores se retuercen desesperados ante las victorias populares, el MOIR las exalta como ejemplo en la defensa de la soberanía económica de la nación.