Por Eudoro Álvarez
En la madrugada del viernes 31 de enero, los agricultores de soya del Meta bloquearon la vía Bogotá-Villavicencio, a fin de presionar al gobierno para que respondiera por compromisos acordados con los productores desde el pasado 11 de diciembre.
Los puntos reclamados fueron: compra de la cosecha por parte de la industria de grasas a un precio de 380 mil pesos por tonelada: pago de un subsidio que asuma la diferencia entre este precio -ligado al de la soya importada- y los costos nacionales de producción: además, el reconocimiento de los gastos de almacenamiento durante los dos últimos meses, ante la falta de compradores, ya que la industria se aprovisionó de soya extranjera.
La política de apertura y los acuerdos subregionales con los países andinos han ocasionado que la leguminosa boliviana prácticamente haya acabado con el cultivo en Colombia. En el caso de los Llanos, la superficie sembrada se redujo de 36 mil hectáreas en años anteriores a 12 mil en la presente cosecha.
Producido el bloqueo de la vía a Bogotá, los más amplios sectores salieron a apoyar las firmes exigencias de los agricultores. El gobernador del Meta y el alcalde de Villavicencio manifestaron que aunque no respaldaban el método empleado, encontraban razonables las peticiones y procedieron a solicitar al gobierno solución oportuna y justa. «Esta es la razón de la sinrazón», dijo el mandatario seccional al referirse a la actitud del Ministerio de Agricultura en el manejo de la situación soyera nacional.
Después de casi diez horas de bloqueo se firmó un acta en la cual se aceptaba levantar la protesta sobre la base de una serie de contratos que el gobierno firmó con la industria grasera para que ésta compre, al precio acordado en diciembre de 1996, 22 mil toneladas de soya, ya almacenada en diferentes lugares de Villavicencio. El pago deberá hacerse antes del 7 de febrero de 1997, y se estableció que el gobierno pondrá a consideración del Consejo Nacional Agroindustrial, previa consulta con los productores y el gobierno regional, el subsidio solicitado por los soyeros, incluido el del costo de almacenamiento en los dos últimos meses. Actuarán como garantes del acuerdo el gobernador, el alcalde y el consejero presidencial para la Infraestructura Nacional. También se estipuló un mecanismo vigilancia, que deberá contribuir a que los puntos se cumplan a cabalidad.
Los derechos de los agricultores no se defienden en los conciliábulos con los notables del régimen. La clave de éste y otros exitosos movimientos, como el reciente de los jueces y fiscales, radica en la organización y la protesta, herramientas por excelencia para obligar al gobierno a tomar medidas. La calle será el escenario en donde se dirima el futuro de la producción nacional.
La defensa del precio de la soya, el pago de contado y el rechazo de las importaciones hacen parte de la pelea de los agricultores colombianos contra la apertura económica y, en general, contra la política neoliberal que ha venido aplicando el gobierno de Samper.