Bogotá, 28 de febrero de 1997.
La decisión del presidente norteamericano de «descertificar» por segundo año consecutivo a Colombia constituye ocasión para insistir, ante todas las fuerzas políticas y sociales del país, sobre la necesidad imperiosa de la unidad nacional alrededor de la defensa de la soberanía y contra la creciente injerencia norteamericana en todos los asuntos internos del país.
Pero a la vez, la circunstancia es propicia también para reafirmar, desde el punto de vista de los trabajadores y del pueblo de Colombia, que ningún Estado, por poderoso que sea, puede arrogarse el «derecho» de calificar o descalificar a otro, en ningún aspecto de las relaciones internacionales o de su situación interna.
Y mucho menos, si del tema del narcotráfico se trata, ya que como lo reconoce la comunidad internacional, éste es un problema cuya solución implica la responsabilidad y el aporte de todos los países, especialmente aquellos del mundo industrializado, donde se concentra la inmensa mayoría del consumo y del negocio de los narcóticos.
La economía y el capital financiero norteamericano son los grandes beneficiados de un oscuro negocio que mueve más de 500 mil millones de dólares al año, de los cuales sólo una vigésima parte llega a los países productores, según estudios de las agencias oficiales gringas.
Son los Estados Unidos los ganadores de la aplicación del neoliberalismo en América Latina, se benefician de la miseria de los pueblos y la ruina de las actividades productivas nacionales.
Hacen la guerra, negocian la paz, quitan y ponen gobiernos, venden armas y precursores químicos. Su doble moral doblega gobernantes sumisos y complacientes pero jamás atemorizará a los trabajadores y los pueblos.
Esta determinación imperial de los Estados Unidos incrementa la indignación y el desprecio del pueblo a los gobernantes de Colombia, que se han dedicado a consolidar el modelo económico neoliberal para beneficio del interés norteamericano, y a cumplir al pie de la letra todas y cada una de las inaceptables exigencias planteadas por el Departamento de Estado y el virrey Frechette.
La CGTD repudia el proceso de la «certificación», condena la genuflexa actitud de todos los funcionarios oficiales y dirigentes gremiales que se rasgaron las vestiduras en los pasillos del Congreso gringo, exalta la vertical actitud patriótica de la mayoría de la nación, a la que aún le importa la dignidad y la soberanía de Colombia y llama a la generalización de la protesta en las calles y plazas.